MIGUEL ÁNGEL CANO PAÑOS
Universidad de Granada, España
Title: The Threat from the Jihadist Foreign Fighters Returned to Spain. Matter of Concern? *
Resumen: La caída del califato proclamado en junio de 2014 por parte de Abu Bakr al Baghdadi desde la Gran Mezquita de Mosul ha traído consigo el regreso a Europa de miles de combatientes terroristas extranjeros, muchos de ellos acompañados de mujeres y niños. Y, en este sentido, España no ha sido una excepción. No cabe duda de que, dentro de los sujetos retornados a España y a otros países de Europa y Occidente, existe un número importante de ellos que lo hace considerando su experiencia vivida en términos de trauma y pesadilla. Sin embargo, existen también aquellos otros que regresan por conveniencia, tratando de ocultar a las autoridades de su país crímenes horrendos cometidos durante su estancia en zonas de conflicto. Con respecto a España, los combatientes retornados han podido ser hasta ahora únicamente condenados por delitos de integración en organización terrorista, o bien traslado a un país extranjero con finalidades terroristas. Al contrario que en otros países, en el caso de España todavía no se ha producido ninguna condena de un sujeto retornado por delitos de carácter grave (asesinatos, torturas, lesiones, etc.) cometidos en territorio sirio o iraquí. Por ello, el objetivo de este trabajo es exponer cómo otros países del entorno cultural europeo han podido recabar las pertinentes pruebas para enjuiciar y condenar a sus súbditos desplazados a zonas de conflicto por la comisión de delitos de carácter grave.
Palabras clave: Estado Islámico, terrorismo yihadista, combatientes terroristas extranjeros, foreign fighters, Derecho penal.
Abstract: The fall of the caliphate proclaimed in June 2014 by Abu Bakr al Baghdadi from the Great Mosque of Mosul has brought with it the return to Europe of thousands of foreign terrorist fighters, many of them accompanied by women and children. And, in this sense, Spain has not been an exception. There is no doubt that, within the subjects who have returned to Spain and to other countries in Europe and the West, there is a significant number of them who do so considering their experience in the caliphate in terms of trauma and nightmare. However, there are also those who return for convenience, trying to hide from the police forces of their country horrendous crimes committed during their stay in conflict zones. With regard to Spain, the returned foreign fighters have so far only been sentenced for crimes of integration into a terrorist organization, or transfer to a foreign country for terrorist purposes. Contrary to other countries, in the case of Spain there has not yet been any conviction of a subject returned for serious crimes (murder, torture, injury, etc.) committed in Syrian or Iraqi territory. Therefore, the aim of this article is to expose how other countries of the European cultural environment have been able to collect the relevant evidence to prosecute and sentence their subjects displaced to conflict zones for committing serious crimes.
Keywords: Islamic State, jihadist terrorism, foreign terrorist fighters, Criminal Law.
Para citar este artículo/To cite this article: Miguel Ángel Cano Paños, <<La amenaza proveniente de los combatientes yihadistas retornados a España. ¿Motivo de preocupación?>>, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 8, No. 2, (2022), pp. 189-203. DOI: http://dx.doi.org.10.18847/1.16.11
Introducción
Según los últimos datos publicados en el Informe Anual de Seguridad Nacional, un total de 258 yihadistas desplazados desde España se encontraban en el año 2021 en zonas de conflicto, principalmente en Siria e Irak. Este grupo está compuesto por nacionales, binacionales o bien extranjeros residentes en España (Gobierno de España. Presidencia del Gobierno, 2022: 44). De esos 258 sujetos, 227 eran hombres y 31 mujeres. Del contingente de desplazados, 57 han retornado a España, mientras que 76 habrían fallecido.
La inapelable derrota del autoproclamado Estado Islámico (EI), la cual se confirmó en marzo del año 2019 (Cano Paños, 2019), no puede ocultar la honda preocupación que dicha derrota implica en cuanto a la desmovilización de sus seguidores, ya sean estos terroristas –los denominados desde el año 2014 (Naciones Unidas. Consejo de Seguridad, 2014: 2) «combatientes terroristas extranjeros» (CTE, en lo sucesivo)–[1] o bien familiares de estos que los habían acompañado a consolidar el asentamiento y expansión territorial de EI.[2] En este sentido, la caída del autoproclamado «califato» llevó a que decenas de miles de combatientes –en muchos casos con mujeres y niños– ingresaran en cárceles y campos en el noroeste de Siria bajo control de las milicias kurdas. Por otro lado, si bien EI ha sido derrotado militarmente, existe sin embargo todavía como entramado clandestino internacional, debiendo también tener en cuenta la amplia presencia de su ideología a través de Internet.
Con la pérdida del «califato», en los países de origen de los desplazados a Siria e Irak se abrió el debate sobre si era posible llevar a cabo un retorno de sus súbditos bajo control policial.[3] Con el tiempo, este eventual retorno se convirtió en un auténtico reto para países como el Reino Unido, donde se calcula que podrían haber regresado ya más de 400 personas (Jenkins, 2019: 17). Con respecto a España, el dato de 57 sujetos retornados puede en principio no resultar preocupante desde un punto de vista cuantitativo en comparación con otros Estados miembros de la Unión Europea (UE). Sin embargo, tal y como señala Echevarría Jesús (2019a: 5), sí que debe considerarse preocupante desde un punto de vista cualitativo, dado el perfil de dichas personas.
Los CTE procedentes de España y que han retornado son individuos que viajaron hacia Siria e Irak para incorporarse a organizaciones yihadistas activas en esos dos países –principalmente al EI, aunque también a la rama siria de Al-Qaeda y otras entidades relacionadas con la misma–. Pero no todos los retornados alcanzaron el destino que ambicionaban ni llegaron a recibir entrenamiento en el uso de armas y explosivos o bien a implicarse en actividades de violencia y terrorismo. Es el caso de, por ejemplo, algunas de las 31 mujeres que han sido parte de aquel elenco de CTE partidos de España.
Al hilo de lo señalado en el párrafo anterior, tanto desde un punto de vista científico como práctico se distinguen actualmente tres tipos diferentes de sujetos retornados: (1) los desilusionados; (2) los traumatizados, y (3) los ideologizados (Fouad, 2017).
(1) Al primer grupo pertenecerían aquellos sujetos para quienes su estancia en Siria e Irak constituyó una especie de experiencia ilusionante, pero que se tornó en pesadilla. A menudo tenían ideas ingenuas sobre la vida en un mundo supuestamente mejor, considerando auténticos los mensajes de propaganda procedentes de EI. Sin embargo, una vez en el autoproclamado califato, estos adolescentes y jóvenes adultos, en la mayoría de los casos, experimentaron justamente lo contario. Allí fueron enviados a campos de entrenamiento, siendo adiestrados para el combate o para operaciones suicidas. Las jóvenes adolescentes terminaron por regla general en el mercado del matrimonio, donde a menudo fueron entregadas como esposas a combatientes de EI que ni siquiera conocían. La utopía pronto se convirtió en una desilusión, en una pesadilla. Resulta evidente que, en algunos casos, los desilusionados pueden aportar su negativa experiencia para ayudar a las fuerzas de seguridad a descubrir redes islamistas. Al mismo tiempo, este grupo de retornados posiblemente puede ser considerado como un activo importante de cara al trabajo de prevención.
(2) Con respecto al grupo de los traumatizados, la atención profesional no sólo es deseable, sino diríase incluso que imprescindible, ya que en este caso se trata de sujetos que en su momento se desplazaron al territorio del supuesto califato provistos ya una ideología radical y violenta, estando dispuestos a participar tanto en combates como en actos graves de terrorismo. No es raro que estos sufran un trastorno de estrés postraumático, similar al que pueden experimentar los soldados que regresan del frente. Los traumatizados han sido testigos de atrocidades, han perdido amigos y han estado sujetos a un intenso estrés psicológico. Si bien el grupo de los traumatizados, una vez regresado, no constituye un peligro importante en lo relativo a la comisión de un atentado, sin embargo, el riesgo de que estas personas acaben de nuevo en entornos extremistas es mucho mayor que en el caso de los desilusionados.
(3) Finalmente, los retornados ideologizados constituyen sin duda la principal preocupación para las fuerzas de seguridad. Su estancia en el califato ha fortalecido su orientación extremista, tratándose a menudo de sujetos que han sido en cierto modo deshumanizados debido a su permanente convivencia con la violencia, pudiendo haber llevado a cabo incluso delitos graves como torturas o asesinatos. Algunos también pueden haber recibido entrenamiento en armas y explosivos, regresando a sus países de origen con la orden expresa de llevar a cabo un atentado terrorista a corto o medio plazo. Dentro de este tercer grupo debe en principio hacerse una distinción adicional entre dos perfiles distintos: Si existen suficientes pruebas para la incoación de un procedimiento penal, estas personas, una vez arribadas a sus países de origen, son inmediatamente internadas en un centro penitenciario para responder ante la justicia. Si hay indicios de que ha podido cometer un delito, pero los mismos, sin embargo, no resultan suficientes para un arresto, las fuerzas de seguridad disponen de varias medidas para monitorear y vigilar a estos sujetos que se encuentran en libertad. Tanto en uno como en otro supuesto, y centrando aquí el análisis en el caso español, el desafío al que se enfrentan las autoridades con respecto a los sujetos ideologizados no puede ser en absoluto ignorado. Por un lado, debido a la posibilidad de comisión de atentados terroristas por parte de estas personas, de profunda motivación y carga ideológica; por otro, por la influencia que dichos hombres y mujeres que ya se encuentran en prisión pueden ejercer en el siempre vulnerable entorno carcelario (Echevarría Jesús, 2019a: 22).
No cabe duda de que el mayor desafío para las fuerzas de seguridad radica en asignar a los sujetos retornados a uno de los tres grupos mencionados. En muchos casos, el flujo de datos suele ser escaso, estando también estos sujetos muy poco interesados y dispuestos a proporcionar información a las autoridades. Este aspecto adquiere una relevancia muy importante si se tiene en cuenta el escenario del que regresan estos CTE; un escenario de violencia extrema en el cual pueden incluso haber participado activamente en actos de terrorismo, ya incluso en crímenes de guerra, y que a su regreso al país de origen pretenden ocultar, exponiendo a las autoridades policiales su experiencia en el califato en términos de trauma o pesadilla. Por otro lado, está fuera de toda duda que los familiares de los activistas de EI –esposas e hijos– plantean ya en algunos casos, y lo harán aún más en el futuro, importantes desafíos de seguridad de carácter multidimensional (Echevarría Jesús, 2019b: 63). Esto adquiere si cabe una importancia fundamental en el caso de los menores desplazados, ya incluso nacidos en Siria o Irak, y que han sido educados y socializados en unos parámetros ideológicos y de violencia que se encuentran en las antípodas de los vigentes en Occidente.
La nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019 centra la amenaza principal en aquella proveniente del terrorismo de base yihadista, incluida la asociada a los CTE (Gobierno de España. Presidencia del Gobierno, 2019). Uno de los objetivos de la mencionada Estrategia es que el posible retorno de estos yihadistas se vea acompañado de su encarcelamiento, para con ello poder minimizar el riesgo que suponen.[4] En concreto, y dentro del ámbito externo, el citado documento señala entre sus líneas estratégicas el potenciar «instrumentos bilaterales con otros países para facilitar la investigación y puesta a disposición judicial de los autores y los medios empleados en caso de comisión de acciones terroristas», así como el «establecer mecanismos que permitan incorporar al procedimiento judicial las evidencias obtenidas en zonas de conflicto, con las correspondientes garantías procesales y salvaguardando la reserva de las investigaciones en curso» (Gobierno de España. Presidencia del Gobierno, 2019: 55-56).
Pues bien, teniendo en cuenta la preocupación específica de las autoridades españolas con respecto al potencial peligro proveniente de los CTE, el Estado español decidió en su momento enviar a agentes al escenario sirio-iraquí con el objetivo de recopilar información de interés para la seguridad nacional; y ello en el marco de una gran operación de identificación de personas desplazadas en su día al califato, entre ellas las que lo hicieron para combatir en las filas de EI y de grupos afines a Al Qaeda. Esta operación, la cual está liderada por los EE.UU., fue en su momento bautizada con el nombre de Gallant Phoenix (Echevarría Jesús, 2019b: 63).[5] En dicha operación, impulsada por el FBI y el Departamento de Defensa de los EE.UU., y que está dirigida por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Joint Special Operations Command) desde una base militar en Jordania, colabora Europol, pero también los servicios secretos de un total de 22 países europeos, entre ellos España. La tarea de la misión consiste, entre otras cosas, en evaluar documentos, soportes de datos, restos de ADN y huellas dactilares que las fuerzas especiales han podido encontrar e incautar en los territorios controlados en su día por EI. Con ello se pretende identificar y recuperar todo tipo de vestigios, indicios y pruebas que permitan no solo identificar a los terroristas que han conseguido regresar a Europa y los EE.UU., o bien que permanecen todavía detenidos en Siria e Irak, sino también enjuiciarles y condenarles por delitos graves de terrorismo. En el caso español, toda la información que los agentes recaban en Siria e Irak es transmitida al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Además de los vestigios, indicios y pruebas ubicables en el territorio sirio e iraquí, hay que considerar también el rastro dejado por los CTE en las redes sociales y otras plataformas insertas en la red global de Internet. Como es conocido, muchos combatientes de EI utilizaron ampliamente las redes sociales, lo que significa que hay una gran cantidad de material auto-inculpatorio en Internet, antes y durante el tiempo que los CTE pasaron en zonas de conflicto (Jenkins, 2019: 20). Material que puede en algunos casos resultar decisivo para imputar delitos graves de terrorismo a estos sujetos que, en no pocos casos, pretenden ocultar sus fechorías una vez de regreso a Europa.
Los agentes destinados a la lucha contra el terrorismo de base yihadista en España vienen señalando en las últimas fechas las dificultades que están teniendo a la hora de imputar a los CTE que han retornado su participación en actos concretos de terrorismo en los territorios ocupados en su día por EI. Hasta ahora, aquellos sujetos que se encuentran cumpliendo una pena de prisión han sido condenados por integración en una organización terrorista (art. 572 del Código Penal, CP) y/o traslado a o establecimiento en un país extranjero (art. 575.3 CP). El motivo que viene impidiendo la formulación de una acusación por delitos, por ejemplo, de asesinato, torturas o lesiones graves es la falta de indicios o pruebas que puedan sustentar esa acusación. Tal y como al respecto señala Reinares (2018: 2), una situación así se produce por lo común cuando, pese a que las fuerzas y cuerpos de seguridad o los servicios de inteligencia conocen la trayectoria de esos individuos, las investigaciones sobre los mismos no arrojan la suficiente evidencia incriminatoria, a veces muy difícil de obtener.
En el concreto caso de España, conviene hacer mención a la Sentencia 17/2018, de 28 de junio (Roj: SAN 2472/2018), la cual condenó a Ahmed Samsam, un joven danés de 29 años, a una pena de ocho años de prisión por la comisión de un delito de integración en organización terrorista (arts. 571 y 572.2 CP), si bien, en este caso, no se trataba ni de un individuo español, ni tampoco con residencia habitual en España. Por el contrario, Samsam fue detenido en el año 2017 en Estepona, lugar donde se encontraba de vacaciones.
El acusado, con familia de origen sirio y residente en Dinamarca, tras haber culminado su propio proceso de radicalización en la doctrina islamista radical y violenta, se desplazó a Siria entre los años 2012 y 2014 hasta en tres ocasiones para combatir en las filas de las organizaciones armadas precursoras del que a partir del año 2014 se autodenominó «Estado islámico». A pesar de su regreso a Europa, Ahmed Samsam seguía manteniendo el contacto con otros miembros y combatientes de EI en Siria y en otras zonas de conflicto.
Samsam también apoyó económicamente a EI aportando diferentes sumas de dinero. Asimismo, a través de su teléfono móvil y de Internet, el yihadista condenado difundía con profusión vídeos con imágenes extremadamente violentas, en las que se exhibían decapitaciones y sangrientos combates llevados a cabo por EI.
Hay que señalar por último que Ahmed Samsam ha demandado a los estados español y danés ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) por considerar que no recibió un juicio justo. Así, Samsam sostiene que actuó como colaborador de los servicios de inteligencia daneses, que ciertamente no han rechazado ni confirmado ese supuesto, y que ello, sin embargo, no fue tenido en cuenta en el proceso penal celebrado en la Audiencia Nacional. Con todo, y salvo la condena por integración en organización terrorista, Samsam no fue condenado por la comisión de delitos graves de terrorismo, y ello a pesar de que en las sesiones del juicio oral quedó demostrado que este yihadista danés participó en acciones violentas en Siria, tras recibir allí adiestramiento en el uso de armas.
Al contrario de lo sucedido en España, en otros países sí que se han podido encontrar pruebas suficientes para poder condenar a largas penas de prisión a CTE retornados, más allá por tanto de los «clásicos» delitos de integración en organización terrorista y traslado a un país extranjero para integrarse en, colaborar con una organización terrorista, o bien adiestrarse con el objetivo de cometer una acción terrorista. Un ejemplo paradigmático es la denominada «célula de los Beatles». Se trata de un grupo de cuatro foreign fighters británicos que en su momento estuvieron involucrados en la tortura y decapitaciones de rehenes occidentales retenidos por EI, incluidos dos súbditos estadounidenses y dos británicos, y cuya célula fue en su momento bautizada con ese nombre debido al marcado acento británico de sus integrantes. Uno de los cuatro terroristas fue eliminado en un ataque aéreo llevado a cabo por los Estados Unidos.[6] Otro fue arrestado y se encuentra en prisión en Turquía. Los dos restantes fueron detenidos en 2019 por las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés). El gobierno británico, quien no quería ver a los dos hombres devueltos al Reino Unido, despojándoles para ello de la ciudadanía británica, estuvo de acuerdo en que ambos terroristas fueran extraditados a EE.UU. para ser sometidos allí a juicio, mostrándose dispuesto a compartir con la justicia norteamericana todas las pruebas y evidencias que había recopilado sobre las acciones llevadas a cabo por dicha célula. Y lo hizo sin obtener las garantías habituales de que ambos sujetos no serían condenados a muerte ni enviados a Guantánamo. La madre de uno de los terroristas impugnó dicha decisión ante los Tribunales británicos, pero su recurso fue rechazado en enero de 2019.
Al respecto cabe decir que en abril del presente año 2022, la justicia de Estados Unidos enjuició a El Shafee Elsheikh, de 33 años, hallándole culpable de cuatro delitos relacionados con la trama para el secuestro y otros tantos de conspiración para el asesinato de los periodistas James Foley y Steven Sotloff; de los cooperantes Peter Kassig y Kayla Müller, así como del secuestro del periodista español Marc Marginedas. Foley, Sotloff y Kassig fueron decapitados mientras los terroristas les grababan en video. Müller, trabajadora humanitaria, fue violada y esclavizada por el líder de EI, Abu Bakr al Baghdadi. Elsheikh, nacido en Sudán y criado en Londres, perdió la nacionalidad británica en el año 2018. Fue capturado en Siria en 2019 junto a otro miembro de la célula: Alexanda Kotey. Éste, de 38 años, se declaró culpable de los cargos en septiembre de 2021, siendo condenado a cadena perpetua el 29 de abril de 2022. La sentencia para Elsheikh fue dictada el pasado 19 de agosto de 2022, siendo, como cabía esperar, condenado también a una pena de cadena perpetua, tras haber alcanzado la justicia estadounidense un acuerdo con el gobierno británico para no aplicar la pena de muerte.
Pero este caso, en el cual dos CTE han podido ser condenados en Occidente –en concreto en los EE.UU.– por crímenes deleznables mientras se encontraban en territorio sirio o iraquí, no es desde luego el único. De hecho, varios países europeos han podido recabar las suficientes pruebas para condenar a CTE nacionales retornados no solo por integración en una organización terrorista, sino también por delitos más graves. Uno de estos países es Alemania. Para ello, a continuación se va a analizar el denominado caso «Nils Donath», el cual ejemplifica las consecuencias, procesales y penales, que para los CTE retornados puede tener una minuciosa labor policial y de inteligencia a la hora de recopilar pruebas del paso de estos yihadistas por el territorio del extinto califato.
El caso «Nils Donath»
Nils Donath, alias Abu Ibrahim al-Almani, es un individuo alemán nacido el 29 de julio de 1990 en la ciudad de Dienslaken, en el Land de Renania del Norte-Westfalia. En su momento perteneció a la denominada «Brigada Lohberger», un grupo compuesto por unos 25 adolescentes o jóvenes adultos que tomaron su nombre de un barrio de Dienslaken con una fuerte presencia de inmigrantes musulmanes (Piper, 2019). La mayoría de ellos se trasladaron a zonas de conflicto en distintas etapas, engrosando las filas de EI y falleciendo muchos de ellos en Siria o Irak, bien en combates, bien en atentados suicidas (Gezer & Schmid, 2014: 28). Así, Philipp Bergner –primo de Nils Donath–, otro joven alemán converso, utilizó un coche-bomba para llevar a cabo en julio de 2014 un atentado suicida contra los peshmerga kurdos en Ali Rash, cerca de Mosul (Irak), matando a veinte personas (Schwenk & Werner, 2014). Por su parte, David Gäble murió en enero de 2014 en combates contra el Ejército Sirio Libre (FSA, por sus siglas en inglés) en Isil (norte de Siria). Hassan Diler, Yunus E. y Marcel L. murieron en un ataque aéreo en Kobane en diciembre de 2014. Varios de ellos regresaron en su momento a Alemania, estando cumpliendo condena o bien encontrándose en libertad tras haberla cumplido.
Nils Donath, apodado entre sus amigos con el nombre de «El Gordo» (der Dicke), debido principalmente a su marcada obesidad, se crio en la mencionada ciudad de Dienslaken, situada en plena comarca del Ruhr. Cuando era adolescente abandonó un curso de formación como mecánico. Su empresa de formación lo despidió debido a que Donath no acudía a las clases de capacitación profesional. En cambio, Donath se fue poco a poco introduciendo en ambientes ligados a la delincuencia menor, siendo varias veces condenado a penas de prisión cuya ejecución fue suspendida, por ejemplo, por un robo en una panadería. A la edad de catorce o quince años engendró un hijo que nunca cuidó.
En agosto de 2011, Donath se convirtió al Islam, tras frecuentar una asociación con sede en Dienslaken, denominada «Instituto de Formación Dienslaken» y cuyo presidente era un conocido islamista llamado Mustafá Topal. A principios de octubre de 2013 huyó a Siria vía Ámsterdam y Turquía. Para poder financiar su viaje, Nils Donath firmó media docena de contratos de telefonía móvil, vendiendo en el mercado negro los terminales que adquiría. También vendió a través de Internet televisores que ni siquiera existían, o bien traficaba con marihuana; droga que también llegó a consumir con regularidad durante su adolescencia.
Una vez llegado a Siria, Donath se unió en Aleppo al grupo Majlis Shura al-Mujahideen, que entonces estaba dirigido por Amr al-Absi y que, ya en aquel momento, se había unido al entonces denominado «Estado Islámico en Irak y Levante» (ISIS, más tarde EI). A través de dicho grupo, Donath entró en contacto con varios destacados individuos de la escena yihadista europea como Abdelhamid Abaaoud, Salaheddin Ghaitun, el belga Abu Sobher o Salim Benghalim. Cabe recordar que Abaaoud fue el spiritus rector de los atentados de Paris cometidos en noviembre del año 2015.
Posteriormente, el grupo al que había sido asignado lo envió a la ciudad siria de Manbij, empleándolo como guardián en una prisión que entonces estaba dirigida por un individuo marroquí llamado Abu Obaida al-Maghrebi. Según señaló posteriormente el propio Donath, él solo trabajaba como cocinero y limpiador en la prisión. En todo caso, entre sus colegas que también trabajaban en la mencionada prisión se incluían otros yihadistas procedentes también de la «Brigada Lohberger».
Tras el atentado suicida llevado a cabo por su primo Philipp Bergner en julio de 2014, Nils Donath –tras haber obtenido la aprobación de Reda Seyam, un conocido yihadista egipcio con pasaporte alemán inserto en los escalafones más altos de la estructura de EI– regresó de Siria en noviembre de 2014, llevando a cabo el viaje en autobús, con origen en Estambul, a través de la denominada «ruta gitana» (Zigeunerroute), a buen seguro para evitar posibles controles en los aeropuertos. El 19 de noviembre de 2014, antes de subir al autobús de larga distancia que le debía trasladar de regreso a Dienslaken, Donath borró en su totalidad la memoria de su teléfono móvil (Diehl et al., 2016: 32). Durante el viaje por carretera, los funcionarios fronterizos de Bulgaria comprobaron los datos personales de los viajeros del autobús. La policía pudo observar que Nils Donath figuraba en el Sistema de Información de Schengen (SIS) como individuo sometido a una vigilancia encubierta. Los agentes búlgaros informaron inmediatamente a sus colegas alemanes, permitiendo al islamista continuar su viaje sin menoscabo de ningún tipo.
Desde su llegada a Alemania, Donath estuvo permanentemente bajo vigilancia policial; tanto su teléfono móvil como su vehículo fueron objeto de medidas policiales dirigidas a controlar sus movimientos y sus conversaciones. Sin embargo, el 10 de enero de 2015, a saber, un día después de los atentados yihadistas cometidos en París en el semanario satírico Charlie Hebdo y en el supermercado judío, un Comando Móvil de Intervención de la Policía alemana (MEK, por sus siglas en alemán), arrestó a Donath en Dienlaken sobre la base de una orden de arresto emitida por el Fiscal Federal General (Generalbundesanwalt), el cual le acusaba de estar preparando un delito violento grave contra la seguridad del Estado (§ 89a del Código Penal alemán, Strafgesetzbuch, StGB).
Nils Donath afirmó inicialmente ante la policía que solo había trabajado como cocinero para EI en la prisión de Manbij. Posteriormente realizó una confesión más completa a lo largo de cuarenta interrogatorios, mostrándose dispuesto a colaborar con la policía. En dichos interrogatorios hizo extensas declaraciones relacionadas en particular con los terroristas que, en los años 2015 y 2016, actuaron en París y Bruselas. Así, al yihadista alemán le fueron mostradas cientos de fotos por parte de la Oficina Federal de Investigación Criminal del Land de Renania del Norte-Westfalia, marcando aquél con un círculo los campamentos de EI en imágenes de satélite, incriminando a otros yihadistas como el propio Reda Seyam, o describiendo las reglas y la vida cotidiana de los terroristas en el frente sirio (Kampf, 2016).
Al respecto resulta aquí interesante destacar la información que Donath proporcionó en su momento a la policía (principios del año 2015) en relación a los estrechos lazos personales que existían en Siria entre la escena yihadista alemana y europea. Así, según informó Donath en varios interrogatorios, los alemanes vivieron en una casa situada en la pequeña ciudad de Kafr Hamra, la cual compartieron con algunos de los posteriores atacantes de París, muchos de los cuales procedían de los suburbios de Molenbeek y Schaarbeck, situados en la ciudad de Bruselas. Según Donath, algunos de los yihadistas alemanes lucharon en unidades dirigidas por belgas, como la sanguinaria unidad de combate de EI llamada «Madschlies al Shura». Esto significaría que la conexión entre yihadistas belgas y alemanes sería mucho más estrecha de lo que en un principio se creía. Según una investigación llevada a cabo por el semanario alemán Focus, la Oficina de Investigación Criminal transmitió esta información personal relevante a sus colegas de Francia y Bélgica. Sin embargo, todo indica que dicha información sensible fue desoída en ambos países (Hufelschulte & Spilcker, 2016: 25-26).
A lo largo de los interrogatorios, Nils Donath también proporcionó información más o menos extensa sobre varias figuras conocidas en la escena yihadista alemana. Con base en las declaraciones de Donath, la Fiscalía Federal emitió órdenes de arresto contra seis miembros de EI. Nils Donath se personó como testigo clave en varios juicios; por ejemplo, en el proceso contra Ayoub Balti y Ebrahim Hadj Belgacem ante el Tribunal Superior de Justicia de Celle en 2015 o en el proceso penal contra Mustafá Çelik ante el Tribunal Superior de Justicia de Düsseldorf. A cambio, las autoridades le prometieron que la sentencia en su propio proceso sería «lo más benigna posible».
El 20 de enero de 2016 se inició el juicio oral contra Nils Donath ante la Sala de Protección del Estado (Staatsschutzsenat) del Tribunal Superior de Justicia de Düsseldorf (Oberlandesgericht) bajo la presidencia de Barbara Havliza. Frente al tribunal, Donath se mostró de forma deliberada como un sujeto inofensivo: «no sería capaz ni de cortar la cabeza de un pollo, incluso si tuviese hambre», señaló el terrorista. El tribunal creyó sus declaraciones, en las que indicó que solo había trabajado como cocinero para EI. Hasta el día de hoy no está claro por qué las investigaciones policiales no pudieron dilucidar que, como se analizará a continuación, Nils Donath era también miembro de la policía secreta de EI (Rijaal al-Hisbah)[7] y que, además, era responsable de tres asesinatos como consecuencia de haber torturado a tres individuos encarcelados en la prisión de Manbij en la que trabajaba (Vogel, 2016). Aparentemente, el Estado alemán se dio por satisfecho con el hecho de que Nils Donath revelara un amplio conocimiento sobre EI, presentándose, además, como testigo principal en otros procesos penales seguidos contra yihadistas alemanes.
El 4 de marzo de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Düsseldorf condenó al acusado a cuatro años y seis meses de prisión al considerarlo responsable de un delito de pertenencia a una organización terrorista extranjera (§ 129b StGB) (expediente número: III – 6 StS 5/15). Dicha benevolente pena –teniendo en cuenta que la pertenencia a una organización terrorista se castiga en Alemania con una pena de prisión que puede llegar a los diez años– debería haberse cumplido el 29 de septiembre de 2019, por lo que Nils Donath hubiese sido un hombre libre.
Sin embargo, dos días antes de que se dictase la sentencia, el diario sensacionalista Bild publicó un extenso artículo de su corresponsal en Oriente Próximo, Björn Stritzel (2016). Entre los numerosos refugiados que se encontraban entonces en Turquía, el periodista había descubierto a un ex prisionero de Manbij, el cual disponía de informaciones que permitían ver las «actividades» de Nils Donath en el campo de prisioneros de Manbij bajo una luz completamente distinta a la explicada por éste ante la policía y a la analizada durante el juicio oral.
Mohammed E., un ex miembro del Ejército Sirio Libre (FSA) procedente de Alepo, había sido capturado por EI en julio de 2014 y enviado al campo de prisioneros de Manbij. Éste acusó a Nils Donath de haber torturado a varios prisioneros en la ciudad de Manbij en mayo de 2014. Según declaró al periodista alemán, los prisioneros eran metidos en pequeñas cajas de madera, a veces durante días. Mientras que en las cajas más grandes los prisioneros podían permanecer de pie, en las pequeñas solo podían ponerse en cuclillas. Según manifestó Mohammed E., Donath fue personalmente responsable de la muerte de tres prisioneros, a quienes mató a golpes junto con otros dos guardias. Mohamed E. pudo reconocer claramente a Nils Donath en las fotos mostradas por el periodista de Bild, llegando incluso a recordar la kunya, a saber, el apodo árabe que Donath se dio a sí mismo (Abu Ibrahim). En la mencionada entrevista, el testigo sirio describía también el método de tortura conocido como «balango» y que era aplicado también en la prisión de Manbij: los brazos del prisionero son atados a la espalda, luego lo suben al techo. Muchos de los torturados de esta manera se dislocan en agonía y lentamente los brazos de las articulaciones de los hombros (Diehl & Schmid, 2018: 51).
Las explicaciones bastante detalladas emitidas por el testigo Mohammed E. coincidían en gran parte con el conocimiento disponible sobre las condiciones en la prisión siria de Manbij, por lo que la Fiscalía Federal General decidió a mediados de julio de 2018 acusar de nuevo a Nils Donath, esta vez de tres cargos de asesinato, ante la Sala de Protección del Estado del Tribunal Superior de Justicia de Düsseldorf (número de expediente: GBA: 2 StE 6/19-9).
El comunicado de prensa del Fiscal Federal General señalaba al respecto lo siguiente:
«El 13 de julio de 2018, la Fiscalía Federal ha presentado ante la Sala de Protección del Estado del Tribunal Superior de Justicia de Düsseldorf acusación penal contra Nils D., ciudadano alemán de 27 años. El acusado resulta suficientemente sospechoso de, en tres casos, y como miembro de la organización terrorista extranjera Estado Islámico (EI), haber asesinado cruelmente y por motivos viles a una persona (parágrafo § 211 apartado 2 variantes 4 y 6; parágrafo § 129b apartado 1 en relación con el parágrafo § 129a apartado 1 StGB) y, por lo tanto, haber violado también el Código Penal Internacional (parágrafo § 8 apartado 1 núm. 1 y núm. 3 Völkerstrafgesetzbuch, VStGB)».
En el escrito de acusación se exponían esencialmente los siguientes hechos:
«Entre julio y noviembre de 2014, el acusado, siendo miembro de EI, perteneció a un grupo compuesto por siete u ocho personas que regularmente torturaban a los presos encarcelados en una prisión de EI situada en Manbij, Siria. Estos eran obligados a confesar las conductas de las que eran acusados por parte de EI. En al menos tres casos, los presos murieron después de las torturas a que fueron sometidos por parte del acusado junto a otros dos miembros de EI».
Sin embargo, el 10 de octubre de 2018, la Sala de lo penal núm. 6 del Tribunal Superior de Justicia de Düsseldorf rechazó inicialmente la incoación de un nuevo proceso penal al existir, en su opinión, una «consumición de la acción penal» (Strafklageverbrauch)[8] (número de expediente: III – 6 StS 5/18). En un comunicado de prensa del Tribunal, fechado el 10 de octubre de 2018, se decía al respecto lo siguiente:
«Con la resolución dictada el 10 de octubre de 2018, la 6ª Sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Düsseldorf (Sala de Protección del Estado) ha desestimado la acusación penal presentada por el Fiscal Federal General el 6 de julio de 2018 contra el ciudadano alemán de 28 años, Nils D., por tres cargos de asesinato y comisión de crímenes de guerra, actuando como miembro de la organización terrorista extranjera EI, por lo que no se ha abierto el procedimiento principal (Hauptverfahren) por razones legales. Aquí existe un caso de «consumición de la acción penal (Strafklageverbrauch) (…).
En términos temporales y de contenido, la nueva acusación hace referencia en gran medida al mismo evento histórico que fue objeto de la anterior acusación y de la correspondiente sentencia dictada el 4 de marzo de 2016, a saber, las conductas llevadas a cabo por Nils D. en el período de tiempo comprendido entre julio a noviembre de 2014 en relación con la administración de la prisión en Manbij/Siria y el trato dispensado allí a los prisioneros. También el hecho de que allí se llevaran a cabo torturas que condujeron a la muerte de seres humanos, las cuales Nils D. conocía y que incluso presenció, fue objeto de la anterior acusación y de la sentencia de 4 de marzo de 2016. Por tanto, tras la sentencia firme dictada el 4 de marzo de 2016, este evento histórico no puede ser nuevamente objeto de un proceso penal (…).
Según las conclusiones de la citada sentencia, el acusado, además de otras acciones realizadas en su condición de miembro de EI, había desempeñado entre mediados de octubre de 2013 y principios de noviembre de 2014 funciones de guardia en la zona de acceso a una prisión en Manbij/Siria, en la que se practicaban torturas que conducían a la muerte. También trabajó en la administración de dicha prisión. En la acusación presentada en ese primer juicio, al acusado también se le reprochaba el haber estado personalmente presente en las torturas infligidas a, al menos, 20 prisioneros».
Como cabía esperar, el Fiscal Federal General apeló contra la decisión del tribunal. Pues bien, el Tribunal Supremo alemán (Bundesgerichtshof, BGH) decidió el 18 de diciembre de 2018 que los hechos a los que hacía referencia la nueva acusación no entraban dentro del instituto conocido como «consumición de la acción penal» (número de expediente: StB 52/58). Por tanto, el 18 de febrero de 2019, el BGH admitió el recurso presentado por la Fiscalía, por lo que Nils Donath debía responder nuevamente ante la justicia alemana. Esta vez por la comisión de delitos de especial gravedad como miembro de la organización terrorista EI.
El segundo juicio contra Nils Donath comenzó el 4 de septiembre de 2019 ante la 6ª Sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Düsseldorf bajo la presidencia del juez Jan Reinhard van Lessen (nuevo número de expediente: III – 6 StS 5/18). La acusación estuvo representada por el Fiscal jefe Bernd Meisner. En la vista oral fueron citados un total de siete testigos, incluido Mohammed E, si bien este último no se pudo desplazar a Alemania, siendo únicamente interrogado al respecto por las autoridades turcas.
En vista de los nuevos cargos presentados contra Nils Donath en este segundo proceso, debían valorarse de nuevo las pruebas antiguas que aún existían. Así, en su teléfono móvil se encontró una foto en su día borrada, la cual pudo ser reconstruida por los investigadores. La misma mostraba a Nils Donath apuntando con una pistola a la nuca de un prisionero encapuchado y atado. Durante un interrogatorio anterior, Donath señaló que la foto era solo una broma en presencia de los «hermanos» alemanes, si bien la Fiscalía ahora lo interpretó de una manera distinta. El propio Donath señaló durante el juicio oral su negativa a asumir la responsabilidad de que le acusasen de ser un verdugo y un torturador.
Por otro lado, en el curso de las investigaciones, los agentes alemanes, a través de costosas pesquisas, pudieron encontrar a más testigos que también habían estado encarcelados en la prisión de Manbij en el año 2014 y que incriminaron gravemente a Donath. Por ello, el Magistrado presidente Jan Reinhard van Lessen elogió expresamente en su sentencia condenatoria a los agentes de policía y especialmente al jefe del grupo de investigación: Sin ese minucioso trabajo desarrollado durante varios años, el juicio no podría haberse llevado a cabo.
Así, durante las sesiones del segundo juicio oral se pudo demostrar cómo el 28 de julio de 2014, varios miembros de EI torturaron en la prisión de Manbij a dos hermanos jóvenes que, integrados en el Ejército Sirio Libre (FSA), habían luchado contra el régimen de Assad y también contra EI. Uno de ellos, Hassan N., fue golpeado, pateado y apaleado por cuatro yihadistas, entre los que se encontraba el propio Donath. Tras las torturas, y una vez descolgado del techo, Hassan N. fue conducido malherido a una celda, donde falleció horas después. Según se señaló en el juicio, Donath arrojó entonces una bolsa para cadáveres a uno de los testigos sirios, diciéndole que debía introducir al «infiel» dentro de ella. Luego le lanzó a éste con desprecio una segunda bolsa para cadáveres, diciéndole: «¡Esta es para ti!». La Sala de Protección del Estado del Tribunal Superior de Justicia de Düsseldorf dictaminó que Donath actuó con dolo eventual, considerando probado la comisión de un delito de asesinato como miembro de EI.
El 26 de noviembre de 2021 recayó sentencia condenatoria contra Nils Donath, al que finalmente se le consideró únicamente responsable de un delito de asesinato. Sin embargo, la pena impuesta fue sorprendentemente leve: en lugar de cadena perpetua, Donath solo fue sentenciado a diez años de prisión. El Magistrado presidente explicó que, a la hora de determinar la pena a imponer, debía tenerse en cuenta que, tras su regreso a Alemania, Donath había testificado contra otros miembros alemanes de EI, si bien tanto los investigadores como el Fiscal Federal General dudaron de que estos testimonios hubieran sido realmente útiles (Stritzel, 2021). Conviene señalar que la defensa de Donath recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo alemán; estando, a la hora de concluir este trabajo, a la espera del pronunciamiento del Alto Tribunal germano.
En todo caso, Nils Donath no es en modo alguno el único yihadista alemán del que se dice que participó en torturas en el extranjero. Así, se afirma que Abdulkarim al-B., Mustafa K., Martin Lemke, Marcel L., Harry Sarfo[9] y un tal Abu Anis al-Almani han cometido también crímenes de guerra, habiendo algunos de ellos llegado a Alemania con la ola de refugiados producida entre los años 2014 y 2016.
Conclusiones
Actualmente, y pese a la debilidad manifiesta de EI, una vez perdido el control del territorio en el que en su día Abu Bakr al Baghdadi proclamo el califato, dicha organización terrorista sigue estando plenamente activa como entramado clandestino internacional. La pérdida del califato físico ha supuesto el retorno de miles de individuos que en su momento sucumbieron a los cantos de sirena procedentes de esta ideología del odio y la violencia. No cabe duda de que, dentro de los CTE retornados a España y a otros países de Europa y Occidente, existe un número importante de ellos que lo hace considerando su experiencia vivida en términos de trauma y pesadilla. Sin embargo, existen también aquellos otros que regresan por conveniencia, tratando de ocultar a las autoridades de su país crímenes horrendos cometidos durante su estancia en zonas de conflicto. También hay otros que regresan con el objetivo de cometer atentados, intentando continuar con el proyecto impulsado por Al Baghdadi en el año 2014. Tal como acertadamente señala Reinares (2018: 3), ignorar o minimizar la criminalización de los CTE no resulta propio de un Estado de Derecho, ni tampoco es acorde con la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo, donde se insta a los Estados miembros a establecer las correspondientes sanciones penales para aquellos sujetos responsables de delitos de terrorismo, acordes con su gravedad, debiendo impulsarse el intercambio de información pertinente recabada por las autoridades competentes de los Estados miembros en el marco de procesos penales en relación con delitos de terrorismo.
Por tanto, aquellos yihadistas retornados a España que son responsables de atrocidades cometidas tanto en Siria como en Irak, deben ser procesados por sus crímenes, que incluyen en ocasiones asesinatos en masa, así como el secuestro y la decapitación de rehenes. Ello implica –como se ha visto en el caso de Alemania– un arduo trabajo de recopilación de indicios y pruebas tanto por los servicios de inteligencia como por las propias fuerzas de seguridad; y ello en colaboración con otros colegas de países extranjeros confrontados también con el regreso de nacionales a sus países de origen y/o residencia. Llegado el caso, estos yihadistas detenidos pueden resultar un recurso potencial capaz de proporcionar a las autoridades españolas información sobre EI, pudiendo aquellos incluso aportar las pruebas necesarias para otras acusaciones. Siendo la desradicalización y la reintegración herramientas necesarias en la lucha contra la amenaza yihadista, las mismas no pueden solapar o eliminar la responsabilidad penal de aquellos CTE retornados autores de los más execrables crímenes.
Nota sobre el autor:
Miguel Ángel Cano Paños es Profesor Titular de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Granada. Correo electrónico: macano@ugr.es
Referencias
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* El presente trabajo ha sido realizado en el marco de una estancia de investigación como profesor visitante en la Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Alemania) durante los meses de abril, mayo y junio del año 2022.
[1] Dicha denominación fue acuñada por la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada el 24 de septiembre de 2014. En la citada Resolución, los combatientes terroristas extranjeros son definidos como aquellas «personas que viajan a un Estado distinto de su Estado de residencia o nacionalidad con el propósito de cometer, planificar o preparar atentados terroristas o participar en ellos, o de proporcionar o recibir adiestramiento con fines terroristas, incluso en relación con conflictos armados».
[2] Según un trabajo del Centro Internacional para el Estudio de Radicalización (ICSR, por sus siglas en inglés) del King’s College de Londres (Cook&Vale, 2018), a junio del año 2018, un total 41.490 personas (incluyéndose combatientes extranjeros, mujeres y niños) procedentes de 80 países, se habían unido a EI tanto en Irak como en Siria. El trece por ciento de este contingente eran mujeres y el doce por ciento eran menores. Entre los países de la Unión Europea que cuentan con un mayor número de foreign fighters se encuentran Francia, Alemania, Reino Unido y Bélgica. De los 41.490 combatientes extranjeros en Siria, el mencionado estudio señala que 7.366 (es decir, alrededor del 18 por ciento) habían regresado a su país de origen, incluidos 1.765 (o el 30 por ciento) de los 5.904 que originalmente partieron de Europa Occidental.
[3] Hay países que se niegan a acogerlos, como el Reino Unido, Holanda o Suiza. Otros están dispuestos a recibir a sus nacionales, pero tampoco dispone nadie de una fórmula mágica para detectarlos, detenerlos, procesarlos, condenarlos y rehabilitarlos, en caso de que ello sea posible. Según un estudio presentado por Berrada (2019), Marruecos es el país que aporta cifras oficiales más precisas sobre la situación de sus nacionales desplazados en su día a zonas de conflicto: los marroquíes que viajaron a Irak y Siria entre 2013 y 2017 fueron 1.664, entre ellos 285 mujeres y 378 niños. De ellos, 596 murieron en combate o en ataques suicidas. Y volvieron 213. Entre ellos hay 52 mujeres y 15 niños. De los 200 retornados, casi todos ellos han sido llevados ante la justicia y se encuentran ahora en la cárcel, con sentencias que van desde los 10 a los 15 años, según fuentes oficiales.
[4] También la UE (European Parliamentary Research Service, 2018) ha identificado esto como un tema prioritario, introduciendo para ello un paquete de medidas legales para aumentar la capacidad de la UE y de sus Estados miembros para hacer frente a los CTE que regresan.
[5] Dicha operación también tuvo eco tanto en los medios de comunicación españoles (López-Fonseca, 2019) como extranjeros (Zeit-Online, 2018).
[6] Se trata de Mohammed Emwazi, más conocido como «Jihadi John», un individuo británico de 27 años, de origen kuwaití, que en su momento adquirió triste notoriedad al aparecer en varios vídeos que mostraban la imagen de rehenes occidentales antes de ser decapitados por este yihadista.
[7] Dicha unidad, compuesta en su mayoría por yihadistas extranjeros encapuchados, era responsable de las detenciones, torturas y ejecuciones de presuntos blasfemos, espías y delincuentes.
[8] En el Derecho procesal penal alemán, la acusación por parte de la fiscalía no es admitida por el Tribunal cuando concurre la denominada «consumición de la acción penal» (Strafklageverbrauch). Dicho instituto jurídico puede ser equiparado a lo que en España se conoce como excepción de cosa juzgada. En este sentido, el Art. 103 apartado 3 de la Ley Fundamental germana establece lo siguiente: «Nadie podrá ser penado más de una vez por el mismo hecho en virtud de las leyes penales generales». La Asamblea Constituyente recurrió para ello al antiguo principio jurídico «ne bis in idem». Este imperativo legal –y a la vez problema– también surgió en el caso Donath.
[9] Otro de los casos conocidos en Alemania en relación a yihadistas retornados acusados de delitos de especial gravedad es el de Harry Sarfo. Este sujeto alemán, de 27 años, de ascendencia ghanesa y residente en Bremen, se unió en su día a EI. De regreso a Alemania y detenido por la policía, afirmó haberle dado la espalda a dicha organización terrorista debido a las atrocidades por él presenciadas en Siria. El 5 de julio de 2016, la Sala de Protección del Estado del Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo le condenó a tres años de prisión al considerarlo miembro de una organización terrorista extranjera. Al igual que ocurrió en el caso de Nils Donath, la benevolente sentencia se debió a la vasta información facilitada por Sarfo sobre otros yihadistas y sobre el propio EI, si bien, de forma deliberada, minimizó su propio papel en el califato. Poco después de la indulgente sentencia, apareció un video titulado «El turismo en la ummah», el cual mostraba que Harry Sarfo estuvo en junio de 2015 al menos indirectamente involucrado en la ejecución de un prisionero llevada a cabo en Palmira, posiblemente incluso disparándole él mismo. En un comunicado de prensa del Fiscal Federal General se señalaba lo siguiente con respecto a esos hechos: «Harry S. vitoreó a los tiradores con fuertes gritos. Durante la ejecución, se quedó a un lado de la carretera para evitar ser alcanzado por una bala. Desde allí apuntó y disparó a los cuerpos que yacían en el suelo». Sin embargo, en una resolución adoptada el 12 de octubre de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo rechazó la apertura de un nuevo juicio, ya que ello, en su opinión –tras la sentencia dictada por el mismo Tribunal el 5 de julio de 2016– equivaldría a una doble punición. Para ello acudió al anteriormente mencionado instituto de la «consumición de la acción penal». En marzo de 2018, la 3ª Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (BGH) confirmó la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo. El recurso presentado por la Fiscalía Federal fue «rechazado por infundado». Entretanto, la Fiscalía Federal ha iniciado nuevas investigaciones contra Harry Sarfo: Al parecer, y junto con otros individuos, Sarfo torturó hasta la muerte a tres prisioneros de EI en el norte de Siria.