Presentación del monográfico

Crimen organizado y narcotráfico en América Latina: implicaciones en seguridad

Organized Crime and Drug Trafficking in Latin America: Implications in Security

JUAN CARLOS GACHÚZ

MOHAMED BADINE EL YATTIOUI

CLAUDIA BARONA CASTAÑEDA

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), México

El presente monográfico está enfocado en el análisis de temas de seguridad en América Latina. En esta línea, un equipo de investigadores de latitudes geográficas diversas y con visiones distintas presentan contribuciones académicas que tratan de discernir y aportar elementos innovadores para el estudio de los diversos temas vinculados con la seguridad en la región y, de esa manera, aportar nuevas variables e interrogantes en la búsqueda de soluciones regionales y globales.

Asimismo, consideramos que un número especial dedicado a la seguridad en América Latina sería útil para que académicos y público interesado dispongan de nuevas herramientas y diversos análisis contemporáneos que permitan al lector reflexionar sobre el complejo tema de la seguridad. El avance del crimen organizado es un tópico que a su vez es el resultado de diversos factores exógenos y endógenos. Ante ello, es necesario fortalecer los espacios de cooperación regional para enfrentar las nuevas amenazas, sus mutaciones y diversidad de actores.

Desde fines de la década de 1990, Estados Unidos decidió fortalecer la seguridad de su frontera sur. Hay dos razones principales para explicar esta situación: por un lado, la inmigración indocumentada de México, de Centroamérica y de América del Sur y, por otro lado, el incremento de actividades del crimen organizado a nivel regional. En este tenor, dos países han sido prioritarios para Washington, Colombia y México.

México tiene una frontera compartida con Estados Unidos que facilita no solo el intercambio de bienes y personas, sino también de grupos criminales, cárteles y células de organizaciones delictivas.  Por su parte, Colombia sigue siendo un tema prioritario en la agenda de seguridad estadounidense, debido a la evolución del país sudamericano en la producción y trasiego de drogas, así como su colaboración con cárteles mexicanos y centroamericanos. Las presiones y restricciones internas, ya sean administrativas o parlamentarias, explican en gran medida la importancia de estos temas y la necesidad de que Washington fortalezca la cooperación con México y Colombia como países "clave" en estas áreas.

Otro factor a considerar es que la región tiene el nivel más alto de homicidios por cada 100,000 habitantes y estas estadísticas han aumentado en los últimos años. Si bien el narcotráfico es el más citado, el conjunto completo de sus actividades incluye fraude bancario, delito cibernético y el tráfico ilegal de bienes y personas, entre otros temas (Rodriguez, 2016).[1] El crimen organizado debilita y desestabiliza regiones y países. América Latina tiene un problema de gobernabilidad con respecto a la seguridad, y los autores de este monográfico indagan al respecto. Las herramientas para mejorar la implementación de políticas públicas para combatir el problema se vuelven urgentes en este contexto.

Las organizaciones criminales han aprovechado la globalización expandiendo sus redes y convirtiéndose en organizaciones internacionales. La globalización trae consigo también la necesidad de reformar la manera en que están estructuradas las instituciones domésticas de combate al crimen organizado. La cooperación internacional entre instituciones nacionales no es ya suficiente para enfrentar desafíos internacionales como el crimen global. El avance en la región de América Latina y su relación con el mercado de Norteamérica muestra que la cooperación requiere nuevas estructuras institucionales que involucren la participación de actores estatales y no estatales para buscar alternativas y soluciones ante el problema grave del crimen regional y global.

Asimismo, encontramos que no existen elementos suficientes para establecer que los beneficios de la globalización sólo impactarían en actividades legales y que no habría efectos colaterales indeseados para alentar operaciones o transacciones ilegales. Las redes transnacionales del crimen organizado ahora tienen acceso a las tecnologías más avanzadas para el transporte de drogas ilícitas (aviones, submarinos, drones, etc.) y utilizan operaciones cibernéticas complejas para el lavado de dinero, así como las actividades financieras.

Las alternativas para controlar el narcotráfico y el crimen organizado también deben tener en cuenta las variables sociales que intervienen de manera directa e indirecta en el problema. Por ejemplo, las condiciones socio-económicas, los bajos salarios y el deterioro en las condiciones laborales de la región constituyen condiciones previas (de manera generalizada) para que los jóvenes se vean motivados a ingresar a las redes criminales. Falta de expectativas laborales para las nuevas generaciones, carencia de seguridad social y deserción escolar son factores que también intervienen para explicar el incremento del crimen organizado en América Latina.

El ejercicio, como se ve a lo largo de los distintos artículos, debe ser integrador. La lucha contra la corrupción en los diferentes niveles del gobierno también es un requisito básico para lograr resultados a corto, mediano y largo plazo. Esto a su vez implica la implementación de mecanismos más efectivos que permiten una mayor transparencia y participación de la sociedad. Una condición previa para controlar el narcotráfico y las actividades relacionadas con la delincuencia es erradicar la corrupción de los gobiernos locales y nacionales- Adicionalmente, los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben ser más transparentes y operar con recursos suficientes para vencer prácticas recurrentes de impunidad en la región.

Las líneas anteriores nos permiten concluir que, el presente monográfico titulado Crimen organizado y narcotráfico en América Latina: implicaciones en seguridad, engloba los temas anteriormente mencionados para intentar contribuir al diálogo, el debate y un análisis plural con alternativas que permitan lograr enfoques más diversos y complementarios. El objetivo es proporcionar una visión general de los problemas de seguridad en la región y las posibles herramientas, gobiernos y actores no estatales para abordarlos. A fin de cubrir este amplio espectro hemos divido la obra de la siguiente forma.

Mohamed Badine El Yattioui y Claudia Barona Castañeda analizan en el artículo Narcotráfico entre América Latina y África: un caso contemporáneo entre seguridad y gobernanza global, dos escenarios que se han visto involucrados como productores y distribuidores de droga. Los autores inician afirmando que el narcotráfico constituye en América Latina un vector económico verdaderamente consistente, tan solo en Perú, Colombia y Bolivia, aproximadamente una de cada seis personas está involucrada en la explotación de sustancias ilícitas. Por otro lado, El Yattioui y Barona consideran que, África Occidental ha dejado de ser una mera zona de tránsito a corto plazo para convertirse en un área de almacenamiento y re-envasado al por mayor, re-direccionamiento y, a veces, reventa de la droga. La policía francesa estima que 240 toneladas de drogas pasan cada año entre Cabo Verde, Guinea-Bissau y Senegal.

Finalmente, ambos autores concluyen que África es, de hecho, una puerta de entrada, una zona de tránsito para todo tipo de drogas que son luego transportadas a los Estados Unidos, Europa y Asia. Al no poder afrontar este problema África Occidental, Estados Unidos, la ONU, y Europa están tratando de intervenir, poniendo en marcha algunos proyectos para la guerra contra las drogas, ya que también ponen en riesgo sus intereses económicos. Además de que, en cierto modo, son responsables de que se haya convertido en el punto de tránsito de drogas.

En definitiva, se teme que el tráfico de drogas sea motivo para generar violencia al grado de llegar a asesinatos como ocurren en América Latina, específicamente México. Asimismo, resaltan que debido a la débil gobernanza de los estados y la diversidad de las rutas, canales o gasoductos que hay en la subregión no hay motivo de lucha. Los inversores están menos dispuestos a hacer negocios en países de tránsito de drogas porque los entornos inestables son riesgosos y operar en áreas de mayor criminalidad implica mayores costos comerciales, además de que se ha visto que cuantos más estados combaten contra los narcotraficantes, más compiten ingenuamente para que sus productos lleguen desde la producción hasta el consumo.

A continuación, el artículo titulado Tráfico de drogas en Estados Unidos y México: globalización, cooperación y desafíos, Juan Carlos Gachúz analiza la situación actual del tráfico de drogas entre México y Estados Unidos. El autor establece en su contribución que las organizaciones criminales han aprovechado algunos beneficios que el proceso de globalización ha traido en la región (nuevas tecnologías, incremento en el intercambio de mercancias y de personas, mayor flujo en los controles fronterizos (de México a Estados Unidos y viceversa) etc.) y de esta forma han expandido sus redes convirtiéndose en organizaciones regionales y transnacionales. El proceso de globalización conlleva la necesidad de reformar la forma en que están estructuradas las instituciones de combate al crimen organizado, involucrando actores estatales y no estatales y fomentando la uniformidad de marcos legales para el control y combate del crimen organizado en los dos países.

Carlos Antonio Flores Pérez revisa, por su parte, el caso de México y las redes que se han construido en su interior. El artículo Contrabando, tráfico de drogas y la configuración de circuitos institucionales para su protección en México, sostiene que en México delitos como el contrabando y tráfico de drogas no han podido mitigarse -especialmente en estados del norte- y lejos de ello se han configurado circuitos institucionales que consienten y protegen estas actividades ilícitas. ¿Cómo entender este actuar al parecer contradictorio a la naturaleza del Estado y sus instituciones?

Justamente a la pregunta anterior es a la que responde este artículo y comienza por teorizar sobre la forma en que se toman las decisiones políticas en el Estado; examinando la posición de Robert Dahl y posteriormente juzgando la concordancia entre su modelo y la realidad. Sin embargo, el modelo parecer incapaz de entender la realidad institucional mexicana, por lo que él migra a un enfoque de institucionalismo histórico. El documento se compone de cuatro partes más introducción y conclusión. La primera dedicada a un análisis general de México en materia de trafico de drogas y contrabando, la segunda, atañe a la década de 1960, la tercera al periodo entre 1970 a 1980 y finalmente la cuarta a la década de los 90s. Estructura que permite al lector comprender la complejidad de estas organizaciones consideradas por muchos especialistas como protoestados.

El artículo se complementa con la aportación de Seguridad pública en México; del cuestionamiento teórico-legal, a la realidad empírica del papel militar en responsabilidades civiles de Victor Manuel Saavedra Salazar y Joel Romo Navarro.

El artículo parte de la siguiente premisa: desde los años 90, México sufre una crisis de violencia sin precedentes en la historia reciente. Con el fin de comprenderla, introduce una revisión a nivel teórico-legal de los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad publica, que atañen a los intereses nacionales de integridad del territorio, soberanía y democracia, a los de tranquilidad y paz pública, y finalmente a los de inviolabilidad el orden jurídico y respeto a las instituciones, respectivamente.

Posteriormente, remarca que, aunque haya una definición teórica y jurídica de esos términos, la última puede llegar a ser ambigua, lo que ha llevado -en especial al poder ejecutivo federal- a combinar seguridad interior y seguridad nacional, decantando en la militarización del país. Una vez alcanzado este punto, el articulo ofrece una breve revisión histórica de esta problemática remontándose a finales del siglo XX y subsecuentemente pasa a la revisión de las estrategias de seguridad y cifras con respecto a sus resultados en los gobiernos de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, haciendo énfasis en los últimos dos.

Como colofón, revisa el Plan Nacional de Paz y Seguridad de López Obrador, donde observa que la implementación de la Guardia Nacional no cambiaría la situación actual de país donde el ejército está llevando a cabo responsabilidades civiles y en cambio propone un modelo donde las materias de seguridad pública vuelvan a ser responsabilidad civil, es decir, de cuerpos policiacos y donde el actuar del ejército esté de facto regulado para que se puedan tutelar derechos humanos, cuyas violaciones, demuestra el artículo, han aumentado desde la implicación del ejército en materias de seguridad pública.

Al revisar estos puntos se debe considerar el avance de las tecnologías y su implementación en la lucha contra el crimen organizado. Manuel Ignacio Balcazar Villar concentra su investigación en las implicaciones de una modernización de los sistemas de inteligencia más acorde a un entorno globalizado.

Balcazar titula su artículo Modernización del Sistema de Inteligencia Estratégica para la Seguridad Nacional en México, donde el autor inicia afirmando que el país se encuentra en fase de desarrollo de sus propias capacidades en materia de seguridad pública ciudadana, interior y nacional. En ese tenor considera que hay cuatro dimensiones centrales: política, espacial, conceptual y legal-programática.  Se derivan procesos que involucran a distintos actores y los articulan entre sí de una manera integral para ejercer poder, impactar directamente en la sociedad y en el pensamiento nacional, influyendo en los productos y procesos de niveles de inteligencia nacional.

El autor usa entrevistas como herramientas para identificar si los consumidores o productores de inteligencia que optaron por el impulso de agendas nacionales o institucionales por encima de visiones personales o de grupo, lo hicieron bajo convicciones personales, más que como parte de una cultura organizacional, por lo que la eficiencia de la inteligencia ha mostrado un comportamiento oscilante entre los fracasos y la alta eficacia, enfrentando hoy un profundo desafío que tiene dos grandes expresiones: la corrupción y el crimen organizado en el país.

Los estudios sobre seguridad y narcotráfico en América Latina, como se ha visto a lo largo de estas páginas, no se comprenden en su totalidad si no se analiza el caso de Colombia. La antigüedad, su evolución e influencia a nivel regional a la par del caso mexicano nos permite tener una visión holística del objeto de estudio.

Olmer Muñoz Sánchez, Julie Pontvianne y Sebastián Álvarez Posada abordan, desde la historia, la evolución del narcotráfico, la seguridad y el terrorismo en Colombia. Bajo el título de El terrorismo en el escenario del posacuerdo en Colombia, los autores afirman que el terrorismo no es una amenaza nueva a la seguridad nacional, sino una constante a transformar. Los procesos han estado vinculados. Es decir, a la existencia del conflicto armado interno y a la evolución del método de acción de sus actores principales o periféricos. En afán de comprender ese proceso se deben analizar los tipos de terrorismo que han existido en Colombia, así como la manera en la que han afectado la seguridad, para presentar la evolución del terrorismo en el contexto político nacional hasta el escenario actual del posacuerdo.

El presente monográfico cierra con la obra de R. Guy Emerson, La biopolítica y la necropolítica en la frontera norte. Una visión teórica y metodológica que aborda de manera novedosa las implicaciones de una seguridad fronteriza. El autor inicia con la revisión de la división del estatus ciudadano/ no- ciudadano, a través del Programa Nacional para la Prevención del Delito, que plantea desde el eje de seguridad ciudadana la vigilancia de aquellos ciudadanos abyectos (migrantes o refugiados) sin plantearse su inclusión paulatina dentro de la sociedad. En este sentido, el resultado de las políticas de seguridad como el PRONAPRED son el resultado de una perspectiva de seguridad biopolítica que se entiende como la reproducción de la vida a través de las políticas públicas, es decir, se encuentra regulado dentro de un parámetro institucional.

Por tanto, la anatomopolítica es entendida como el resultado de conductas de prevención representadas a través de los cuerpos, frente a los riesgos a los que estos puedan verse enfrentados. Es el caso de los grupos de autodefensa, por ejemplo.

Los ciudadanos abyectos necesitan ser regulados a través de programas de seguridad biopolítica como el PRONAPRED, debido a que su capacidad de riesgo frente a conductas anatomopolíticas limita la seguridad de los que son considerados ciudadanos.

Las políticas del PRONAPRED funcionan a partir de dos ejes: prevención y contingencia, para la vigilancia de aquellos no ciudadanos, debido a que se les considera una amenaza para la seguridad pública.

El autor parte como eje principal de las distinciones necesarias para reconocer los ejes de la población que son la biopolítica (eje central que es la vida), anatomopolítica (el cuerpo) y la onto-política (las condiciones de emergencia de la vida).

Cerramos esta presentación afirmando que estos siete artículos aportan una visión fresca y novedosa de la seguridad y el narcotráfico en América Latina. Cada texto se va hilando para dar al lector una visión global, académica y accesible que permita entender un fenómeno que se ha extendido más allá del continente americano y que sirve de ejemplo para elaborar políticas públicas claras y certeras al respecto.