V\u00cdCTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR<\/p>\n\n\n\n
JOEL ROMO NAVARRO<\/p>\n\n\n\n
Universidad de Guadalajara, M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n
Title: Public Security in Mexico; from the Theoretical-Legal Questioning, to the Empirical Reality of the Military Role in Civil Responsibilities<\/p>\n\n\n\n
Resumen: M\u00e9xico atraviesa por una crisis de violencia cuyas manifestaciones m\u00e1s evidentes son producto del combate al crimen organizado y al narcotr\u00e1fico en particular. En este sentido, las \u00faltimas administraciones federales han recurrido a las fuerzas armadas para llevar a cabo acciones consideradas propias de la seguridad p\u00fablica, medida que ha sido objeto de m\u00faltiples cr\u00edticas por destinar elementos militares para tareas que constitucionalmente deber\u00edan estar en manos de civiles. Con la transici\u00f3n pol\u00edtica, todo parec\u00eda indicar que la estrategia de seguridad cambiaria, pero tras la presentaci\u00f3n del nuevo modelo, las expectativas se fueron reduciendo, de manera que el pa\u00eds continuar\u00e1 con un proceso de militarizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Palabras Clave: Estrategia, Fuerzas Armadas, Militarizaci\u00f3n, Seguridad Interior, Seguridad P\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
Abstract: Mexico is going through a crisis of violence whose most evident manifestations are the result of combating organized crime and drug trafficking in particular. In this sense, the last federal administrations have resorted to the armed forces to carry out actions considered proper to public security, a measure that has been object of multiple criticisms for assigning military elements for tasks that constitutionally should be in the hands of civilians. With the political transition, everything seemed to indicate that the strategy of exchange security, but after the presentation of the new model, expectations were reduced, so that the country will continue with a process of militarization.<\/p>\n\n\n\n
Keywords: Armed Forces, Internal Security, Militarization, Public Security, Strategy.<\/p>\n\n\n\n
Para citar este art\u00edculo\/To cite this article<\/strong>: V\u00edctor Manuel Saavedra Salazar y Joel Romo Navarro, \u201cSeguridad p\u00fablica en M\u00e9xico: del cuestionamiento te\u00f3rico-legal, a la realidad emp\u00edrica del papel militar en responsabilidades civiles\u201d, Revista de Estudios en Seguridad Internacional<\/em>, Vol. 5, No. 1, (2019), pp. 59-70. DOI: http:\/\/dx.doi.org\/10.18847\/1.9.5<\/a> <\/p>\n\n\n\n Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n M\u00e9xico registra niveles de violencia in\u00e9ditos en su historia reciente y el a\u00f1o 2018 ya est\u00e1 considerado como el m\u00e1s violento de la historia contempor\u00e1nea. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P\u00fablica (SESNSP) el pa\u00eds registr\u00f3 en 2018 m\u00e1s de 50 mil muertes violentas (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P\u00fablica, 2018).<\/p>\n\n\n\n Ante este panorama que ha venido padeciendo el pa\u00eds desde hace, al menos, 18 a\u00f1os, el reclamo popular y de distintos organismos de la sociedad civil ha sido reformular la estrategia de seguridad, de manera que se puedan depurar y profesionalizar los cuerpos policiacos para regresar al Ej\u00e9rcito a los cuarteles y que sean las instituciones civiles las encargadas de cumplir con el mandato constitucional de garantizar la seguridad y el orden p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n Este panorama obliga a reflexionar qu\u00e9 acciones se han tomado y qu\u00e9 estrategias se contemplan en M\u00e9xico, para dilucidar si pese a haber un cambio de administraci\u00f3n federal e incluso un llamado -ret\u00f3rico al menos- a realizar un cambio de r\u00e9gimen, que decante, entre otras cosas, a dar un golpe de tim\u00f3n en la estrategia punitiva militar que hasta el momento pareciera que \u00fanicamente ha exacerbado la violencia sin que se tenga un horizonte de disminuci\u00f3n de actividades criminales y de violencia, tema que fue protag\u00f3nico en los discursos de quienes el a\u00f1o pasado disputaron la Presidencia de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n El esquema de seguridad en M\u00e9xico<\/strong><\/p>\n\n\n\n La delincuencia organizada y las actividades en torno al narcotr\u00e1fico han constituido de las principales amenazas a la seguridad nacional del Estado mexicano. De acuerdo con Alvarado y Zeverucha (2010: 228), esta situaci\u00f3n propici\u00f3 que exista una creciente participaci\u00f3n de las fuerzas armadas en los cuerpos de polic\u00eda, desarrollando tareas de seguridad p\u00fablica, persecuci\u00f3n de delitos y tareas de vigilancia. De manera que los militares han asumido un papel preponderante en la definici\u00f3n e instrumentaci\u00f3n de las pol\u00edticas de seguridad p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, dentro del esquema de seguridad mexicano es pertinente aclarar algunos conceptos, porque pareciera que la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad p\u00fablica han avanzado hasta convertirse en una misma cosa. En este sentido, Gonz\u00e1lez, L\u00f3pez y Y\u00e1\u00f1ez (1994), plantean una distinci\u00f3n entre cada uno de los t\u00e9rminos argumentando, en primer lugar, que la seguridad nacional es una noci\u00f3n cargada de ideolog\u00eda y su definici\u00f3n var\u00eda seg\u00fan el estudio que lo aborda, algunos la denominan seguridad de Estado y la relacionan con la geopol\u00edtica y la doctrina que divide al mundo de acuerdo a los intereses de las potencias. Esta noci\u00f3n tiene que ver no s\u00f3lo con la soberan\u00eda y defensa del territorio ante riesgos y amenazas, sino que contempla la preservaci\u00f3n de la democracia, el mantenimiento del orden constitucional, as\u00ed como el desarrollo econ\u00f3mico, pol\u00edtico y social de un pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n La seguridad interior, por su parte, involucra la idea de tranquilidad y paz p\u00fablica, de acuerdo a Moloeznik y Su\u00e1rez (2012: 21), se trata de una categor\u00eda intermedia entre seguridad nacional y seguridad p\u00fablica que, en caso de verse vulnerada, representa una situaci\u00f3n de conmoci\u00f3n interior e inestabilidad social, pero que no reviste una gravedad preocupante como para ser considerada una amenaza a los intereses vitales de la naci\u00f3n y, para la cual, dispone de una pol\u00edtica (fuerzas intermedias), con lo que se evita desempe\u00f1ar a los militares. En el caso de la seguridad interior es necesario enfatizar que no necesariamente se obliga la intervenci\u00f3n de las fuerzas armadas, pues \u00e9stas intervienen solamente cuando los cuerpos de seguridad p\u00fablica han sido desbordados y los conflictos atentan contra los intereses de la naci\u00f3n, tales como la soberan\u00eda, integridad del territorio y la rep\u00fablica democr\u00e1tica (Gonz\u00e1lez, L\u00f3pez y Y\u00e1\u00f1ez, 1994: 46).<\/p>\n\n\n\n Finalmente, se encuentra la seguridad p\u00fablica, que refiere a la inviolabilidad del orden jur\u00eddico, los derechos humanos y las instituciones del Estado. Seg\u00fan Gonz\u00e1les, L\u00f3pez y Y\u00e1\u00f1ez (1994), se concibe como el conjunto de pol\u00edticas y acciones coherentes y articuladas, que tienden a garantizar la paz p\u00fablica a trav\u00e9s de la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n de los delitos, el sistema de control penal y la polic\u00eda administrativa. Para Gonz\u00e1lez (2002: 125), el tema de la seguridad p\u00fablica forma parte de una mejor condici\u00f3n de bienestar que permite a las personas realizar sus actividades cotidianas sin riesgo o peligro.<\/p>\n\n\n\n En s\u00edntesis, se trata de tres conceptos que, aun cuando mantienen una estrecha relaci\u00f3n, son diferentes. Es preciso hacer esta aclaraci\u00f3n porque suelen manejarse como si fueran uno solo. Sandoval (2000) advierte que en M\u00e9xico particularmente los conceptos de seguridad interior y seguridad p\u00fablica se utilizan como sin\u00f3nimos, y ello es producto de las acciones fomentadas por el gobierno para que las fuerzas armadas participen dentro de la instrumentaci\u00f3n de las pol\u00edticas impulsadas desde la d\u00e9cada de los ochenta. Moloeznik (2010: 15) denomina este fen\u00f3meno como el proceso de militarizaci\u00f3n de la seguridad p\u00fablica, en un marco de crisis de Estado, el cual surge a la par de la descomposici\u00f3n de los cuerpos de seguridad p\u00fablica y justicia penal, por lo que el aparato militar asume un papel preponderante en respuesta la delincuencia organizada.<\/p>\n\n\n\n El esquema constitucional mexicano, sin embargo, hace una distinci\u00f3n entre la seguridad interior y la seguridad p\u00fablica. El primer t\u00e9rmino aparece dentro de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de M\u00e9xico, en el art\u00edculo 89, fracci\u00f3n VI, facultando al Presidente de la Rep\u00fablica para:<\/p>\n\n\n\n preservar la seguridad nacional, en los t\u00e9rminos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ej\u00e9rcito, de la Armada y de la Fuerza A\u00e9rea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federaci\u00f3n (CPEUM, reforma DOF 05-04-2004).<\/p>\n\n\n\n Siguiendo a Moloeznik (2003), la seguridad interior dentro del marco normativo carece de una concepci\u00f3n clara. Para comprender el termino se recurre a la tipificaci\u00f3n de delitos descritos en el C\u00f3digo de Justicia Militar, el C\u00f3digo Penal (Federal) y el C\u00f3digo Penal del Estado de Jalisco, los cuales contemplan como asuntos de seguridad interior, la conspiraci\u00f3n, rebeli\u00f3n, sedici\u00f3n, mot\u00edn, terrorismo y sabotaje. <\/p>\n\n\n\n La seguridad p\u00fablica, en cambio, aparece en la CPEUM dentro del art\u00edculo 21, se\u00f1alando que:<\/p>\n\n\n\n es una funci\u00f3n que se encuentra a cargo de la Federaci\u00f3n, las entidades federativas y los municipios, comprende la prevenci\u00f3n de los delitos, la investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n para hacerla efectiva, as\u00ed como la sanci\u00f3n de las infracciones administrativas, en los t\u00e9rminos de la ley (CPEUM, reforma DOF 29-01-2016).<\/p>\n\n\n\n En el art\u00edculo se a\u00f1ade que las instituciones de seguridad p\u00fablica ser\u00e1n de car\u00e1cter civil, disciplinado y profesional.<\/p>\n\n\n\n Concatenada a esta redacci\u00f3n, en 2009 surge la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad P\u00fablica (2017), la cual en su art\u00edculo 2 refrenda que la seguridad p\u00fablica es una funci\u00f3n a cargo de la federaci\u00f3n, las entidades federativas y los municipios, pero adem\u00e1s, tiene como fines:<\/p>\n\n\n\n salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz p\u00fablicos y comprende la prevenci\u00f3n especial y general de los delitos, la sanci\u00f3n de las infracciones administrativas, as\u00ed como la investigaci\u00f3n y la persecuci\u00f3n de los delitos y la reinserci\u00f3n social del sentenciado (LGSNSP, reforma DOF 17-06-2016).<\/p>\n\n\n\n Derivado de lo anterior, el marco legal mantiene una l\u00ednea de separaci\u00f3n entre la seguridad interior y la seguridad p\u00fablica, pero a falta de una normativa m\u00e1s espec\u00edfica, y dadas las condiciones de violencia que comenz\u00f3 a padecer el pa\u00eds, las autoridades gubernamentales trataron de resolver el conflicto, combinando las fuerzas armadas con las de seguridad p\u00fablica. La estrategia consisti\u00f3 en la militarizaci\u00f3n de funciones de vigilancia, y todav\u00eda hoy, algunos actores pol\u00edticos conservan la hip\u00f3tesis de que el problema del narcotr\u00e1fico es tan complejo que solamente con la intervenci\u00f3n de las fuerzas armadas es posible terminar con \u00e9l, aunque est\u00e1 la contraparte que sostiene que, al encargar a estos elementos dicha seguridad, es completamente contrario al desarrollo arm\u00f3nico del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Visto lo anterior, veamos a continuaci\u00f3n cu\u00e1l ha sido la ruta seguida por las \u00faltimas cuatro administraciones del gobierno federal mexicano. Esto permitir\u00e1 contextualizar con mayor claridad la problem\u00e1tica descrita anteriormente, a la par de que se observar\u00e1n las estrategias de seguridad y algunos de sus principales resultados.<\/p>\n\n\n\n Las estrategias de seguridad en las \u00faltimas administraciones del Gobierno Federal<\/strong><\/p>\n\n\n\n Sin duda, la seguridad es un tema central de la agenda pol\u00edtica, puesto que es un concepto que nace a partir de la construcci\u00f3n de los Estados Modernos, y cuyo objetivo hace referencia al mantenimiento de la paz y el orden p\u00fablico. En M\u00e9xico, sin embargo, este tema he obtenido relevancia en los \u00faltimos sexenios, dado que el combate a la delincuencia organizada ocupa un lugar destacado en la agenda del gobierno mexicano.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con Chabat (2010: 22), desde la d\u00e9cada de los ochenta exist\u00edan grupos dedicados al tr\u00e1fico de drogas, pero \u00e9ste no era un tema de discusi\u00f3n p\u00fablica ni un punto de conflicto con la comunidad internacional. El panorama cambi\u00f3 con la exportaci\u00f3n masiva de coca\u00edna proveniente de Colombia dirigida hacia los Estados Unidos, situaci\u00f3n que trajo a M\u00e9xico un aumento y fortalecimiento de las bandas narcotraficantes que operaban en territorio mexicano. El dinero del narco corrompi\u00f3 a las autoridades mexicanas a mediados de los ochenta, pese a los intentos de los presidentes Miguel de la Madrid (1982-1988) y Carlos Salinas (1988-1994) por disminuir el problema.<\/p>\n\n\n\n Posteriormente, Ernesto Zedillo consider\u00f3 a la seguridad p\u00fablica como un asunto prioritario dentro del plan nacional de desarrollo (1995-2000), y con ello dio inici\u00f3 un proceso para encabezar la lucha contra la delincuencia y la inseguridad mediante estrategias de coordinaci\u00f3n y profesionalizaci\u00f3n de los cuerpos policiales. No obstante, con el impacto mundial que tuvo la inseguridad de los a\u00f1os noventa, aunado a la revoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica e inform\u00e1tica, las crisis econ\u00f3micas, el acelerado proceso de urbanizaci\u00f3n, la violencia, el consumo de drogas y el fortalecimiento del crimen organizado, los resultados no fueron los esperados.<\/p>\n\n\n\n La seguridad en M\u00e9xico comenz\u00f3 a empeorar en la segunda mitad de la d\u00e9cada de los noventa, aunado a que en el a\u00f1o de 1995 se registr\u00f3 una crisis econ\u00f3mica que incidi\u00f3 para el incremento de los \u00edndices delictivos del pa\u00eds. Ante este panorama, el gobierno desarroll\u00f3 tres tipos de respuesta seg\u00fan lo planteado por Chabat (2010): 1) reformas institucionales, las cuales aumentaron penas y sanciones por crimen organizado y asociaci\u00f3n criminal, como por ejemplo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, adem\u00e1s de la constituci\u00f3n del Sistema Nacional de Seguridad P\u00fablica y la formaci\u00f3n de organismos como el Centro de Investigaci\u00f3n y Seguridad Nacional (CISEN) y el Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD); 2) mayor colaboraci\u00f3n con el gobierno de los Estados Unidos, a fin de mejorar las capacidades del gobierno mexicano en su combate a la delincuencia organizada, a trav\u00e9s de instituciones como el Grupo de Contacto de Alto Nivel (GCAN) y la Drug Enforcement Administration (DEA); y 3) uso del Ej\u00e9rcito para combatir el narcotr\u00e1fico apoyando operativos para la captura de narcotraficantes.<\/p>\n\n\n\n Respecto a este \u00faltimo punto, existieron versiones antag\u00f3nicas de quienes criticaron el uso del Ej\u00e9rcito en labores de seguridad, argumentando que no estaba preparado para ejercer las funciones de la polic\u00eda, exponiendo a sus miembros a la corrupci\u00f3n del narcotr\u00e1fico (Chabat, 2010: 27). El gobierno por su parte, manifest\u00f3 que la utilizaci\u00f3n de las fuerzas armadas en el combate directo al narco era una medida temporal, aunque su uso, lejos de reducirlo, aument\u00f3 en los a\u00f1os siguientes.<\/p>\n\n\n\n En el a\u00f1o 2000 el pa\u00eds vivi\u00f3 un momento importante de transici\u00f3n pol\u00edtica, a la presidencia lleg\u00f3 un partido diferente (Partido Acci\u00f3n Nacional) al que hab\u00eda gobernado en los \u00faltimos 71 a\u00f1os (Partido Revolucionario Institucional), y bajo el mando del presidente Vicente Fox (2000-2006) se crey\u00f3 que la situaci\u00f3n pod\u00eda mejorar. La inseguridad y violencia implic\u00f3 una mayor preocupaci\u00f3n, y en este sentido, se intent\u00f3 construir una nueva visi\u00f3n a partir de la prevenci\u00f3n del delito, una nueva cultura de valores y respeto a las instituciones. En el marco de la seguridad p\u00fablica, se decidi\u00f3 atender la delincuencia de la mano de organizaciones como la Agencia Federal de Investigaci\u00f3n (AFI) y la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica (SSP), a la par de que se busc\u00f3 regular la actividad de la inteligencia civil a trav\u00e9s de la Ley de Seguridad Nacional (2005).<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el sistema no funcion\u00f3 como deb\u00eda hacerlo, por lo que, ante el aumento de los \u00edndices de violencia e inseguridad, se continu\u00f3 utilizando al Ej\u00e9rcito en el combate al narcotr\u00e1fico y los grupos delincuenciales. Durante esta administraci\u00f3n la presencia militar se fue posicionando, y ejemplo de ello fue la llegada del general Rafael Macedo de la Concha a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR).<\/p>\n\n\n\n En el nuevo sexenio encabezado por Felipe Calder\u00f3n (2006-2012), la inseguridad vivi\u00f3 uno de sus momentos m\u00e1s \u00e1lgidos. Es precisamente en este per\u00edodo cuando el gobierno intent\u00f3 responder al reto dise\u00f1ando una estrategia de seguridad p\u00fablica, cuyo proyecto se plane\u00f3 desde lo civil, pero qued\u00f3 supeditado a las actividades militares, de manera que la coerci\u00f3n del Estado en la seguridad, articul\u00f3 a las fuerzas armadas con las fuerzas policiales, as\u00ed tambi\u00e9n, se cambiaron los objetivos militares, al transformar antiguas tareas de defensa por las nuevas amenazas internas (Alvarado y Zaverucha, 2010). Adem\u00e1s de la intervenci\u00f3n de las fuerzas armadas, se conform\u00f3 un Consejo de Seguridad P\u00fablica, se form\u00f3 la Polic\u00eda Federal Preventiva (PFP), se intent\u00f3 fortalecer la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, as\u00ed como las polic\u00edas estatales y municipales. Los resultados tampoco fueron los esperados.<\/p>\n\n\n\n Un informe del Centro de Investigaci\u00f3n y Docencias Econ\u00f3micas (CIDE), elaborado por P\u00e9rez (2015), se\u00f1ala que durante el sexenio del presidente Calder\u00f3n hubo un total de 132,065 homicidios, lo cual, en comparaci\u00f3n con las cifras del sexenio anterior (70,899), represent\u00f3 un aumento de 86%, la tasa de homicidios dolosos pas\u00f3 de 9.7 a 17.9 por cada cien mil habitantes, el robo a instituciones bancarias creci\u00f3 90%, la extorsi\u00f3n 100%, el robo de veh\u00edculos con violencia 108% y los secuestros 188%. El n\u00famero de homicidios no s\u00f3lo afect\u00f3 a la ciudadan\u00eda, sino que tambi\u00e9n repercuti\u00f3 a las corporaciones policiacas. Seg\u00fan este mismo reporte (P\u00e9rez, 2015), de diciembre de 2006 a junio de 2011, fallecieron 2,886 elementos de seguridad pertenecientes a los tres niveles de gobierno, derivado de los enfrentamientos y agresiones en contra de la autoridad. <\/p>\n\n\n\n La pol\u00edtica antidrogas, implementada en el sexenio hizo que aumentaran considerablemente el n\u00famero de operaciones efectuadas, tanto por la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (SEDENA), como por la Secretar\u00eda de Marina (SEMAR), pero as\u00ed tambi\u00e9n aumentaron el n\u00famero de quejas y denuncias por violaciones a los derechos humanos. Ello lo confirma un informe de la organizaci\u00f3n Human Rights Watch (2016), en el que sostiene que el gobierno ha logrado muy pocos avances en el juzgamiento de abusos cometidos por soldados y polic\u00edas.<\/p>\n\n\n\n Con el reconocimiento de que la seguridad p\u00fablica era una asignatura pendiente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regres\u00f3 de nueva cuenta a la presidencia de la rep\u00fablica bajo la titularidad del presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto (2012-2018). Se prometi\u00f3 realizar cambios en el modelo de seguridad y se manifest\u00f3 que la estrategia pasar\u00eda de una guerra abierta contra los carteles de la droga a reforzar las labores de inteligencia. La estrategia planteada al inicio de la administraci\u00f3n plante\u00f3 un dec\u00e1logo de puntos prioritarios: 1) prevenci\u00f3n del delito y reconstrucci\u00f3n del tejido social, 2) justicia penal eficaz, 3) profesionalizaci\u00f3n y fortalecimiento de los cuerpos policiacos, 4) transformaci\u00f3n del sistema penitenciario, 5) promoci\u00f3n y articulaci\u00f3n de la participaci\u00f3n ciudadana, 6) cooperaci\u00f3n internacional, 7) informaci\u00f3n que sirva al ciudadano, 8) coordinaci\u00f3n entre autoridades, 9) regionalizaci\u00f3n de la estrategia de seguridad, y 10) fortalecimiento de la inteligencia (Animal Pol\u00edtico, 2013).<\/p>\n\n\n\n Ahora bien, las acciones realizadas por el gobierno se enfocaron a la conformaci\u00f3n de la Gendarmer\u00eda Nacional, la rector\u00eda del Sistema Nacional de Seguridad P\u00fablica (SNSP) a cargo de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, adem\u00e1s de presentar dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, un Programa Nacional para la Prevenci\u00f3n Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), tambi\u00e9n conocido como \u201cM\u00e9xico nos mueve la Paz\u201d (Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, 2016). Este \u00faltimo ten\u00eda por objeto \u201catender los factores de riesgo y de protecci\u00f3n vinculados a la violencia y la delincuencia\u201d, y sus acciones se centraban en cinco ejes: 1) prevenci\u00f3n social mediante participaci\u00f3n y desarrollo de competencias, 2) reducci\u00f3n de vulnerabilidad y delincuencia en poblaciones de atenci\u00f3n prioritaria, 3) generar entornos que favorezcan la convivencia, 4) fortalecimiento de capacidades institucionales, y 5) coordinaci\u00f3n entre dependencias. A este programa, el gobierno federal destin\u00f3 m\u00e1s de 10 mil millones de pesos para el financiamiento de las acciones durante el per\u00edodo 2013-2016 (M\u00e9xico Eval\u00faa, 2015).<\/p>\n\n\n\n El PRONAPRED, al igual que la estrategia planteada al inicio de la administraci\u00f3n, no logr\u00f3 atajar las causas sociales de violencia y la delincuencia, como tampoco tuvo un efecto que haya reducido los homicidios dolosos u otros delitos donde se implement\u00f3. Merino y Torreblanca (2017) se\u00f1alan que el programa no tuvo ning\u00fan logro cuantificable, pues desde su planeaci\u00f3n, hasta su ejecuci\u00f3n, lo que fall\u00f3 fue el diagn\u00f3stico, es decir, se quiso combatir la violencia, pero no entenderla. Signific\u00f3, adem\u00e1s, como en otros programas, s\u00f3lo un mecanismo para transferir m\u00e1s dinero a los estados.<\/p>\n\n\n\n La administraci\u00f3n del presidente Pe\u00f1a Nieto ha sido la de peores resultados y tambi\u00e9n la que registra las cifras m\u00e1s sangrientas desde que, en dos d\u00e9cadas, se lleva un registro oficial de indicadores criminales. Los especialistas y acad\u00e9micos han calificado la estrategia en seguridad como un verdadero fracaso, teniendo dentro de este sexenio los a\u00f1os m\u00e1s violentos en la historia contempor\u00e1nea del pa\u00eds (Tabla 1).<\/p>\n\n\n\n