{"id":629,"date":"2023-06-28T17:15:21","date_gmt":"2023-06-28T17:15:21","guid":{"rendered":"https:\/\/seguridadinternacional.es\/resi\/html\/?page_id=629"},"modified":"2023-06-28T17:15:22","modified_gmt":"2023-06-28T17:15:22","slug":"el-espacio-publico-como-bien-comun-seguridad-y-convivencia-ciudadana","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/seguridadinternacional.es\/resi\/html\/el-espacio-publico-como-bien-comun-seguridad-y-convivencia-ciudadana\/","title":{"rendered":"El espacio p\u00fablico como bien com\u00fan. Seguridad y convivencia ciudadana"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">VICEN\u00c7 AGUADO I CUDOL\u00c0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Universidad de Barcelona, Espa\u00f1a<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">Title: Safety and Uses of Public Space as a Common Good. Safety and Citizen Coexistence <\/pre>\n\n\n\n<p>Resumen: El espacio p\u00fablico constituye el \u00e1mbito para el uso y disfrute general de todas las personas, en el ejercicio de sus derechos y libertades. Sin embargo, la regulaci\u00f3n tradicional se ha orientado a concebirlo desde unas coordenadas esencialmente productivas, situaci\u00f3n que ha llevado a la exclusi\u00f3n de la pobreza, su criminalizaci\u00f3n y estigmatizaci\u00f3n. En este sentido, deben enmarcarse las pol\u00edticas de tolerancia cero, fruto del marco te\u00f3rico propiciado bajo la met\u00e1fora de las \u201cventanas rotas\u201d, como fundamento de la represi\u00f3n de las infracciones de baja intensidad, as\u00ed como el marco jur\u00eddico de las ordenanzas de convivencia ciudadana. En el presente trabajo se defiende la necesidad de configurar el espacio p\u00fablico en el marco de una ciudad de los cuidados, construyendo pol\u00edticas p\u00fablicas que permitan recuperar la ciudad para el conjunto de la ciudadan\u00eda. En este sentido, adquiere relevancia la configuraci\u00f3n del espacio p\u00fablico, no solamente desde la idea de propiedad o titularidad p\u00fablica que comporta el dominio p\u00fablico, sino tambi\u00e9n desde su concepci\u00f3n como bien com\u00fan que permite la participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda en su gesti\u00f3n. La asunci\u00f3n de responsabilidades de la ciudadan\u00eda, de forma compartida con la Administraci\u00f3n, puede constituir un instrumento para que el espacio p\u00fablico constituya un entorno seguro y respetuoso con el ejercicio de derechos y libertades. Se propone dotar de contenido concreto al derecho al espacio p\u00fablico como manifestaci\u00f3n del derecho a la ciudad, que permita dar herramientas a la ciudadan\u00eda para garantizar su funcionalidad. De forma correlativa, la idea de responsabilidad comporta tambi\u00e9n la asunci\u00f3n de deberes por la ciudadan\u00eda que deber\u00eda incorporar la legislaci\u00f3n de r\u00e9gimen local. Asimismo, se examina el papel que pueden llevar a cabo las ordenanzas locales para garantizar este derecho al espacio p\u00fablico. Por \u00faltimo, se alude a la experiencia que se est\u00e1 implementando en los municipios de los agentes c\u00edvicos como medios que pueden contribuir a la realizaci\u00f3n de este derecho al espacio p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n<p>Palabras clave: derecho al espacio p\u00fablico, derecho a la ciudad, bienes comunes, seguridad p\u00fablica, convivencia ciudadana, administraci\u00f3n compartida, ordenanzas municipales, agentes c\u00edvicos.<\/p>\n\n\n\n<p>Abstract: Public space constitutes the scope for the general use and enjoyment of all people, in the exercise of their rights and freedoms. However, the traditional regulation has been oriented to conceive it from essentially productive coordinates, a situation that has led to the exclusion of poverty, its criminalization and stigmatization. In this sense, zero tolerance policies should be framed, the result of the theoretical framework promoted under the metaphor of \u00abbroken windows\u00bb, as the basis for the repression of low-intensity offenses, as well as the legal framework of citizen coexistence ordinances. This paper defends the need to configure public space within the framework of a city of care, building public policies that allow the recovery of the city for all citizens. In this sense, the configuration of public space becomes relevant, not only from the idea of public property or ownership that the public domain entails, but also from its conception as a common good that allows the participation of citizens in its management. The assumption of responsibilities of the citizenry, shared with the Administration, can constitute an instrument for the public space to constitute a safe and respectful environment for the exercise of rights and freedoms. It is proposed to provide concrete content to the right to public space as a manifestation of the right to the city, which allows giving tools to citizens to guarantee its functionality. Correlatively, the idea of responsibility also entails the assumption of duties by the citizenry that should be incorporated into local legislation. Likewise, the role that local ordinances can carry out to guarantee this right to public space is examined. Finally, it alludes to the experience that is being implemented in the municipalities of civic officers as means that can contribute to the realization of this right to public space.<\/p>\n\n\n\n<p>Keywords: right to public space, right to the city, common goods, public security, citizen coexistence, shared administration, municipal regulations, civic officers.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Para citar este art\u00edculo\/to cite this article<\/strong>: Vicen\u00e7 Aguado i Cudol\u00e0, &lt;&lt;El espacio p\u00fablico como bien com\u00fan. Seguridad y convivencia ciudadana>>, <em>Revista de Estudios en Seguridad Internacional<\/em>, Vol. 9, No. 1, (2023), pp. 61-72. DOI: <a href=\"http:\/\/dx.doi.org.10.18847\/1.17.5\">http:\/\/dx.doi.org.10.18847\/1.17.5<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Uso y abuso del espacio p\u00fablico. Seguridad y convivencia ciudadana<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El espacio p\u00fablico constituye el \u00e1mbito formado por aquellos bienes para el uso y disfrute general de todas las personas, en el ejercicio de sus derechos y libertades. Como se ha advertido, en la normativa no hay una definici\u00f3n en abstracto de que lo que debe entenderse que es el espacio p\u00fablico, sino que normalmente encontramos un listado descriptivo de aquellos \u00e1mbitos que suelen considerare como tales (Lasagabaster, 2018: 25). Encontramos no solo bienes de dominio p\u00fablico, municipales o de otras administraciones p\u00fablicas, sino tambi\u00e9n bienes privados afectos a un uso p\u00fablico<a href=\"#_ftn1\">[1]<\/a>, as\u00ed como los bienes p\u00fablicos situados en tales espacios.<\/p>\n\n\n\n<p>La necesidad de garantizar una convivencia adecuada y evitar un uso abusivo ha llevado a su regulaci\u00f3n que se dirige a perseguir el vandalismo y otras conductas que suponen una perturbaci\u00f3n de la tranquilidad y la seguridad de los vecinos. Las entidades locales como administraciones m\u00e1s pr\u00f3ximas a la ciudadan\u00eda son quienes han asumido tradicionalmente estas tareas. Como veremos, la garant\u00eda de la convivencia ciudadana no se construye \u00fanicamente desde pol\u00edticas de seguridad, sino que resulta necesario dise\u00f1ar un conjunto de pol\u00edticas p\u00fablicas que permitan que el espacio p\u00fablico sea un \u00e1mbito respetuoso con los derechos y libertades de todos.<\/p>\n\n\n\n<p>La ausencia de pol\u00edticas p\u00fablicas que permitan construir un espacio p\u00fablico adecuado y sostenible puede derivar en una percepci\u00f3n de incivismo e inseguridad. A inicios de los a\u00f1os 80 del siglo XX, dos crimin\u00f3logos norteamericanos, J. Q. Wilson y G.L. Kelling, publicaron un art\u00edculo titulado \u201cVentanas rotas: La polic\u00eda y la seguridad vecinal\u201d que tuvo una espectacular repercusi\u00f3n y que fue el fundamento de las pol\u00edticas de tolerancia cero contra los des\u00f3rdenes e infracciones menores (Wilson &amp; Kellling, 1982)<a href=\"#_ftn2\">[2]<\/a>. Seg\u00fan apuntaban estos autores la desatenci\u00f3n pod\u00eda llevar a la ruptura de los controles comunitarios. As\u00ed, se\u00f1alaban como un vecindario estable de familias que cuidan de sus hogares y entorno pod\u00eda convertirse en poco tiempo en una \u201cjungla inh\u00f3spita y aterradora\u201d. Esta falta de desatenci\u00f3n se visualizaba a trav\u00e9s de la met\u00e1fora de las \u201cventanas rotas\u201d de un edificio que pod\u00edan llevar a la degradaci\u00f3n del entorno y generar la atracci\u00f3n de delitos cada vez m\u00e1s graves. En base a ello, se propiciaron las actuaciones dirigidas a eliminar de ra\u00edz este tipo de comportamientos para impedir que se agravaran.<\/p>\n\n\n\n<p>La posici\u00f3n de estos autores ha sido controvertida y objeto de cr\u00edticas. La aplicaci\u00f3n de las pol\u00edticas de tolerancia cero contra las \u201cventanas rotas\u201d han sido consideradas como discriminatorias y con una carga estigmatizadora para las clases m\u00e1s desfavorecidas. Existen, por tanto, otros enfoques alternativos que permitan el dise\u00f1o y la regulaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas en base a los cuales construir espacios que la ciudadan\u00eda pueda percibir como seguros, tranquilos y responsables (Ponce Sol\u00e9, 2023a, 2023b). El objetivo de este trabajo es proporcionar herramientas a trav\u00e9s de realizar una propuesta de derecho al espacio p\u00fablico, como manifestaci\u00f3n del derecho a la ciudad, con un contenido preciso, que constituya la llave de b\u00f3veda de estas nuevas y necesarias pol\u00edticas. En dicho contenido cobra una relevancia significativa el derecho a la participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda que debe instrumentarse, m\u00e1s all\u00e1 de las f\u00f3rmulas tradicionales, a trav\u00e9s del ejercicio compartido de funciones p\u00fablicas en el cuidado y la regeneraci\u00f3n de los bienes comunes.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>El espacio p\u00fablico como bien com\u00fan<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tradicionalmente, el espacio p\u00fablico se ha construido en el marco de la teor\u00eda del dominio p\u00fablico que se formul\u00f3 en el C\u00f3digo Civil desde la perspectiva de la propiedad, distingui\u00e9ndose entre propiedad privada y p\u00fablica. Se regulan, precisamente, en un cap\u00edtulo titulado: \u201cDe los bienes seg\u00fan las personas a que pertenecen\u201d. Los bienes de dominio p\u00fablico se han caracterizado, desde esta forma, por la nota de la titularidad o propiedad, que el C\u00f3digo Civil atribuye a la pertinencia del Estado en sentido amplio, y por la de la afectaci\u00f3n que puede ser a un uso p\u00fablico, a alg\u00fan servicio p\u00fablico o al fomento de la riqueza nacional. La Constituci\u00f3n de 1978 establece un mandato a la ley de definir un r\u00e9gimen jur\u00eddico basado en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad (art\u00edculo 132.1 de la Constituci\u00f3n). Se trata de asegurar su protecci\u00f3n ante posibles ventas, o adquisici\u00f3n por prescripci\u00f3n adquisitiva o incluso a trav\u00e9s de un embargo judicial.&nbsp; Desde esta perspectiva encontramos una legislaci\u00f3n de car\u00e1cter general, fundamentalmente contenida en la Ley 33\/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas, as\u00ed como una legislaci\u00f3n de tipo espec\u00edfico seg\u00fan el tipo de bienes como las aguas, las costas, los montes p\u00fablicos, etc. Esta legislaci\u00f3n configura unas potestades administrativas para su defensa (investigaci\u00f3n, deslinde, recuperaci\u00f3n de oficio y desahucio administrativo), as\u00ed como un r\u00e9gimen de autorizaciones y concesiones seg\u00fan se trate de un uso intensivo o privativo.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Junto a los bienes p\u00fablicos y los bienes privados, basados en la idea de propiedad, surge una tercera categor\u00eda de bienes, los bienes comunes, que se superpone a las anteriores. Se trata de aquellos bienes que, sin perder su categor\u00eda de bienes p\u00fablicos, comportan una participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda en la gesti\u00f3n de estos bienes, asumiendo responsabilidades juntamente con las administraciones p\u00fablicas. Estamos ante una nueva forma de participaci\u00f3n que no se basa solamente en las formas tradicionales centradas en la decisi\u00f3n administrativa, a trav\u00e9s de f\u00f3rmulas organizativas y procedimentales, sino que se fundamenta en la participaci\u00f3n en el ejercicio de la funci\u00f3n, compartiendo recursos y responsabilidades con la administraci\u00f3n p\u00fablica. Se trata de la teor\u00eda de la administraci\u00f3n compartida construida en Italia por G. Arena (1997, 2017, 2020, 2022) y que ha venido a implementarse a trav\u00e9s de reglamentos municipales y pactos de colaboraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La regulaci\u00f3n de los usos del espacio p\u00fablico: las ordenanzas municipales<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tradicionalmente, los asuntos de convivencia ciudadana han sido objeto de regulaci\u00f3n por las ordenanzas locales, en cuanto se tratan de los asuntos \u201cdom\u00e9sticos\u201d, propios del \u00e1mbito municipal, pero con una gran incidencia en la vida cotidiana y vinculada con el ejercicio de no pocos derechos constitucionales (Pem\u00e1n Gav\u00edn, 2007: 10). El examen de la evoluci\u00f3n de las ordenanzas locales permite conocer las diversas concepciones del espacio p\u00fablico y determinar su relevancia a la hora de fijar unas reglas que permitan establecer un equilibrio entre los diversos usos del espacio p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante, el Antiguo R\u00e9gimen la funci\u00f3n jurisdiccional, que comprend\u00eda los asuntos administrativos y los propiamente jurisdiccionales, era ejercida por unos mismos \u00f3rganos. El cumplimiento de dichas ordenanzas era garantizado a trav\u00e9s de medidas sancionadoras y de tipo indemnizatorio que eran impuestas a trav\u00e9s de unos procedimientos m\u00e1s expeditivos (Porras Arboledas, 2009), que prescinden de las formas propias del \u00e1mbito jurisdiccional (sin estr\u00e9pito ni figura de juicio). Estas ordenanzas regulaban unos espacios propios de una sociedad rural y pre-industrial. Durante la Edad Moderna se comenz\u00f3 a regular el espacio p\u00fablico con la finalidad de preservarlo frente a su escasez en el \u00e1mbito de los estrechos recintos amurallados y la apropiaci\u00f3n propiciada por los propios vecinos ante la ausencia de control durante la \u00e9poca medieval (Curiel, Cant\u00f3 y Calvo, 1998). El progresivo fortalecimiento de un poder central en manos del monarca absoluto llev\u00f3 a una mayor centralizaci\u00f3n y subordinaci\u00f3n de las entidades locales sujetas a una mayor tutela.<\/p>\n\n\n\n<p>A partir de la Revoluci\u00f3n francesa y la aparici\u00f3n del Estado constitucional, se generalizan durante el siglo XIX las ordenanzas de buen gobierno como manifestaci\u00f3n de la polic\u00eda administrativa, que tiene su fundamento en el orden p\u00fablico en la tr\u00edada seguridad, tranquilidad y salubridad. Estas ordenanzas se configuran como un importante instrumento de transformaci\u00f3n urbana (Anguita Cantero, 1992). El espacio p\u00fablico de la ciudad se modifica, derribando las murallas para incorporar el tr\u00e1fico rodado, se abren nuevos espacios adaptados a las exigencias de salubridad, de acuerdo con las teor\u00edas del movimiento higienista, as\u00ed como se construyen edificios adaptados al ornato propio de la burgues\u00eda de la \u00e9poca. La ciudad se configura como un espacio fundamentalmente productivo para satisfacer las necesidades econ\u00f3micas surgidas a ra\u00edz de la revoluci\u00f3n industrial, en el que expulsa a los sectores marginales, a trav\u00e9s de las propias ordenanzas y la legislaci\u00f3n de vagos y maleantes.<\/p>\n\n\n\n<p>La legislaci\u00f3n de r\u00e9gimen local dio cobertura a este tipo de ordenanzas. En este sentido, podemos mencionar, el Reglamento de servicios de las corporaciones locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, establec\u00eda en la redacci\u00f3n original de su art. 5 que \u201cla intervenci\u00f3n de las Corporaciones locales en la actividad de sus administrados se ejercer\u00e1\u201d, entre otros \u201cpor los siguientes medios\u201d: a) Ordenanzas, Reglamentos y Bandos de polic\u00eda y buen gobierno\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>En la \u00e9poca actual, las exigencias del principio de legalidad y la naturaleza reglamentaria de las ordenanzas llevan a plantar la necesidad de una cobertura legal de las actuales ordenanzas de convivencia ciudadana. Con todo, el reconocimiento constitucional de la autonom\u00eda de los entes locales, as\u00ed como la legitimidad democr\u00e1tica directa de los entes locales, llev\u00f3 a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y tambi\u00e9n la del Tribunal Constitucional aceptaran la flexibilizaci\u00f3n de la reserva de ley, aceptando que las leyes se limitaran a establecer unos criterios m\u00ednimos de antijuridicidad en base a los cuales las ordenanzas locales tipificaran un r\u00e9gimen de infracciones y sanciones administrativas<a href=\"#_ftn3\">[3]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>El reto actual de las ordenanzas locales es el de establecer un adecuado equilibrio entre los diversos usos del espacio p\u00fablico, proporcionando reglas que faciliten el ejercicio de actividades econ\u00f3micas que generen prosperidad y riqueza a la ciudadan\u00eda, pero sin excluir a los sectores menos favorecidos, al mismo tiempo que favorecer que la ciudadan\u00eda perciba el espacio p\u00fablico como un entorno amable y respetuoso con el ejercicio de derechos y libertades, sin ning\u00fan tipo de discriminaci\u00f3n o exclusi\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>El derecho a un espacio p\u00fablico adecuado y sostenible: una propuesta de construcci\u00f3n de su contenido<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El derecho al espacio p\u00fablico constituye una manifestaci\u00f3n o concreci\u00f3n del derecho a la ciudad. \u00c9ste \u00faltimo fue teorizado, desde el \u00e1mbito de la filosof\u00eda y la sociolog\u00eda, por H. Lefebvre (2017). Se trata de una construcci\u00f3n realizada en el marco de las protestas de Par\u00eds del mayo de 1968 que pretende reivindicar el espacio p\u00fablico frente a las apropiaciones mercantilistas y la especulaci\u00f3n inmobiliaria. Se trata de una denuncia de la desigualdad, exclusi\u00f3n y marginaci\u00f3n que provocan estas din\u00e1micas (Garc\u00eda Morales, 2019: 136). Este derecho a la ciudad se ha proyectado en tres \u00e1mbitos distintos, como destaca V. Y. Garc\u00eda Morales (2019: 137): a) como un movimiento social organizado y participativo con la finalidad de reclamar la protecci\u00f3n y el uso del espacio p\u00fablico; b) como una herramienta anal\u00edtica para interpretar y conocer los problemas urbanos; y c) como el reconocimiento formal por algunos ordenamientos jur\u00eddicos como la Constituci\u00f3n de la Ciudad de M\u00e9xico (Nettel, Ruiz y Aguado, 2018: 33-34).<\/p>\n\n\n\n<p>Desde un punto de vista jur\u00eddico, los autores se han referido al mismo como un derecho emergente, especialmente a partir de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. Se trata, como se ha se\u00f1alado, gr\u00e1ficamente de un \u00abderecho de derechos\u00bb. As\u00ed, de acuerdo con J.-B. Auby (2018), el derecho a la ciudad har\u00eda referencia a los asuntos y mecanismos jur\u00eddicos en torno a cuatro problemas: espacios p\u00fablicos, las infraestructuras y servicios p\u00fablicos, la regulaci\u00f3n del uso de los suelos y el gobierno urbano. Refiri\u00e9ndose espec\u00edficamente al espacio p\u00fablico J.-B. Auby advierte como la competencia para su utilizaci\u00f3n adquiere en la actualidad su punto culminante. Encontramos, as\u00ed, usos de car\u00e1cter econ\u00f3mico que van desde la prestaci\u00f3n de servicios, el transporte de productos y mercanc\u00edas, la realizaci\u00f3n de actividades comerciales, la construcci\u00f3n y realizaci\u00f3n de obras. Tales usos econ\u00f3micos conviven con los de car\u00e1cter social, cultural e, incluso l\u00fadico. Como propone este autor, la tradicional libertad de utilizaci\u00f3n de utilizaci\u00f3n del dominio p\u00fablico debe combinarse con la competencia que provocan todos estos usos de forma que resulte necesario regular su acceso y utilizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Como hemos visto anteriormente, la regulaci\u00f3n del espacio p\u00fablico se ha realizado, fundamentalmente, desde la normativa de patrimonio de las administraciones p\u00fablicas en cuanto bien de dominio p\u00fablico. Tambi\u00e9n se ha llevado a cabo desde el Derecho administrativo sancionador, mediante la tipificaci\u00f3n de un r\u00e9gimen de infracciones y sanciones administrativas, por las ordenanzas locales, en base a los criterios m\u00ednimos de antijuridicidad que fija la legislaci\u00f3n de r\u00e9gimen local, que castigan determinados usos no adecuados o impropios del espacio p\u00fablico. A mi juicio, resulta necesario completar este enfoque desde la configuraci\u00f3n del espacio p\u00fablico como un derecho subjetivo de la ciudadan\u00eda, dot\u00e1ndolo de una serie de facultades y delimitando su contenido. Esta nueva aproximaci\u00f3n permite asegurar un necesario equilibrio, de forma que se aseguren \u201clas condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obst\u00e1culos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participaci\u00f3n de todos los ciudadanos en la vida pol\u00edtica, econ\u00f3mica, cultural y social\u201d que como mandato la Constituci\u00f3n de 1978 establece para los poderes p\u00fablicos (art. 9.2).<\/p>\n\n\n\n<p>La mayor\u00eda de leyes auton\u00f3micas de r\u00e9gimen local al regular los derechos de los vecinos se limitan a remitirse al elenco establecido por Ley 7\/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del r\u00e9gimen local (LRBRL). La formulaci\u00f3n m\u00e1s expl\u00edcita del derecho al espacio p\u00fablico la encontramos en la Ley 2\/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi [art. 43.1.c)]<a href=\"#_ftn4\">[4]<\/a>, al mismo tiempo que se formulan una serie de deberes directamente relacionados con el mismo [art. 44.1.c), d, e y f)]<a href=\"#_ftn5\">[5]<\/a>. Se trata de una ley pionera y de referencia en la materia por cuanto m\u00e1s all\u00e1 del cat\u00e1logo de derechos y deberes establecidos por la LRBRL (Aguado i Cudol\u00e0, 2017).<\/p>\n\n\n\n<p>En esta l\u00ednea, se considera necesario la actualizaci\u00f3n de los cat\u00e1logos de derechos y deberes que reconoce la legislaci\u00f3n de r\u00e9gimen local en la l\u00ednea de lo acontecido con la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, propiciando el reconocimiento expl\u00edcito de un derecho al espacio p\u00fablico, como manifestaci\u00f3n del derecho a la ciudad. En los siguientes puntos procederemos a proponer las l\u00edneas esenciales sobre las que, a mi juicio, deber\u00eda construirse y delimitarse su contenido.<\/p>\n\n\n\n<p><em>El uso y disfrute general en condiciones de igualdad y sin exclusiones<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>El derecho al espacio p\u00fablico debe partir de la regla general del uso y disfrute del mismo en condiciones de igualdad y sin exclusiones. Esta regla general puede inferirse del principio de \u201cdedicaci\u00f3n preferente al uso com\u00fan frente a su uso privativo\u201d, que establece la Ley 33\/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas (art. 6). En cualquier caso, resulta de aplicaci\u00f3n preferente frente a su uso privativo que, por tanto, deber\u00e1 estar adecuadamente justificada.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta regla general obviamente no es absoluta, pero requiere que su excepci\u00f3n quede cubierta por la normativa que regula el espacio p\u00fablico. Dicha normativa debe tener la suficiente cobertura legal. Ahora bien, la jurisprudencia ha flexibilizado la reserva de ley, en base a la legitimidad democr\u00e1tica directa del pleno municipal c\u00f3mo \u00f3rgano que ejerce la potestad normativa, mediante la previsi\u00f3n legal de criterios m\u00ednimos de antijuridicidad. Adem\u00e1s, dicha normativa no podr\u00e1 ser discriminatoria y deber\u00e1 basarse en razones objetivas que impidan en el supuesto previsto el uso y disfrute del espacio p\u00fablico. El Tribunal Supremo admite que no conculcan el principio de igualdad aquellas medidas que sean proporcionadas y razonables adoptadas \u201cpor el \u00f3rgano que ostenta la legitimidad democr\u00e1tica para ponderar el estado de opini\u00f3n social y su proyecci\u00f3n en la regulaci\u00f3n de la convivencia\u201d<a href=\"#_ftn6\">[6]<\/a>. De esta forma la jurisprudencia viene admitiendo la posibilidad que se establezcan prohibiciones a conductas como \u201cdormir, hacer tatuajes, practicar el tarot, acampar, vender o comprar alimentos, ofrecer servicios sexuales, realizar actividades que obstruyan el libre tr\u00e1nsito de los ciudadanos\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La normativa municipal no podr\u00e1 regular directamente derechos fundamentales cuyo ejercicio se manifiesta en el espacio p\u00fablico sin una ley previa que establezca estas limitaciones. Tal supuesto, se ha planteado en el caso del derecho a la libertad religiosa y la neutralidad del espacio p\u00fablico ante la prohibici\u00f3n de prendas que oculten el rostro. En este caso, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya admiti\u00f3 la legalidad de la prohibici\u00f3n de ocultaci\u00f3n del rostro prevista en la Ordenanza municipal de Lleida, cuando lleg\u00f3 en casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo fue objeto de anulaci\u00f3n por Sentencia de 14 de febrero de 2013<a href=\"#_ftn7\">[7]<\/a>, salvo un aspecto muy concreto que requer\u00eda la identificaci\u00f3n de la persona. El ayuntamiento (paeria de Lleida) justificaba su regulaci\u00f3n en que solo incid\u00eda en supuestos accesorios del derecho fundamental. Sin embargo, el Tribunal Supremo concluy\u00f3 que la invocaci\u00f3n de una competencia de los ayuntamientos para regular aspectos accesorios de los derechos fundamentales resultaba contraria a la reserva de ley del art. 53.1 de la Constituci\u00f3n. Para el Supremo todo el ejercicio del derecho fundamental est\u00e1 reservado al legislador no pudiendo ser objeto de desarrollo directo por una ordenanza municipal, sino que debe preceder una ley que de suficiente cobertura a la limitaci\u00f3n del derecho fundamental, supuesto que no suced\u00eda en el presente caso.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora bien, como es l\u00f3gico, no toda actividad que se desarrolla en el espacio p\u00fablico es el resultado del ejercicio de un derecho fundamental. Tal es el supuesto de la desnudez que no se ha considerado que sea una manifestaci\u00f3n de la libertad ideol\u00f3gica prevista en el art. 16 de la Constituci\u00f3n de 1978. Ahora bien, la prohibici\u00f3n de tales conductas y su tipificaci\u00f3n como infracci\u00f3n no pueden basarse en tipos abiertos por cuanto se conculcar\u00eda el principio de tipicidad previsto en el art. 25.1 del Texto fundamental. Este es el caso que se plante\u00f3 respecto a la Ordenanza de Barcelona que el Tribunal Supremo en su Sentencia de anul\u00f3 los tipos que conten\u00eda expresiones como \u201ccasi desnudo, casi desnuda o con ropa similar al ba\u00f1ador\u201d, al considerarlas \u201cexcesivamente inconcretas e indeterminadas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otra parte, la jurisprudencia no ha admitido la prohibici\u00f3n general de determinadas actividades en base al criterio de proporcionalidad. Tal es el supuesto del ejercicio de la mendicidad en el espacio p\u00fablico. En este caso, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) vincul\u00f3 esta pr\u00e1ctica con el derecho a la vida familiar (art. 8 del Convenio Europeo) con relaci\u00f3n a la dignidad humana en la Sentencia 14065\/15, de 19 de enero de 2021 (L\u0103c\u0103tus contra Suiza). Si bien el derecho a la vida familiar admite ciertas excepciones como la mendicidad agresiva, el TEDH concluy\u00f3 que no proced\u00edan en el presente caso. En el \u00e1mbito espa\u00f1ol, los Tribunales Superiores de Justicia de Catalunya y Castilla y Le\u00f3n han anulado determinados art\u00edculos de las ordenanzas de Reus<a href=\"#_ftn8\">[8]<\/a> y de Valladolid<a href=\"#_ftn9\">[9]<\/a> por cuanto \u201cla prohibici\u00f3n absoluta de ejercer la mendicidad ultrapasa la competencia\u201d sancionadora que reconoce a los municipios el art. 139 de la LRBRL, justificada en el orden de las relaciones de convivencia y del uso de los servicios y espacios p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n<p><em>La prohibici\u00f3n del dise\u00f1o y la arquitectura hostil<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>El derecho al espacio p\u00fablico resulta incompatible con aquel tipo de medidas dirigidas <em>de facto<\/em> a excluir a las personas del uso del espacio p\u00fablico, adoptadas normalmente a trav\u00e9s de actuaciones de tipo informal en la que no se ha justificado las razones de inter\u00e9s p\u00fablico que pudieran, en su caso, avalarlas. La arquitectura o dise\u00f1o hostil consiste en \u201cel dise\u00f1o de edificios o espacios p\u00fablicos de manera que disuada a las personas de tocarlos, subir o sentarse, con la intenci\u00f3n de evitar da\u00f1os o uso con una finalidad diferente\u201d (Maxwell, 2014). Estos casos entran dentro de lo que se ha denominado \u201cusos impropios del espacio p\u00fablico\u201d en los que nos encontramos con el peligro de la arbitrariedad (Barbero, 2018). Estas medidas han sido consideradas como una manifestaci\u00f3n de las \u201cestrategias de criminalizaci\u00f3n del sinhogarismo\u201d (Romero Riquelme, 2019: 168). Cabe se\u00f1alar que la arquitectura y el dise\u00f1o hostil no es una cuesti\u00f3n exclusiva del sinhogarismo, sino que puede afectar a otros ciudadanos que quieran utilizar el espacio p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n<p>Como he defendido en otro lugar (Aguado i Cudol\u00e0, 2023), el principio general del car\u00e1cter preferente del uso p\u00fablico frente al uso privativo, comportar\u00e1 la necesidad que la Administraci\u00f3n motive suficientemente y, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, la aplicaci\u00f3n de una medida que suponga la exclusi\u00f3n de personas del espacio p\u00fablico. De otra forma, nos encontrar\u00edamos ante una medida claramente arbitraria. Con todo, resulta necesario dotar de normas m\u00e1s precisas a los operadores jur\u00eddicos a trav\u00e9s de normas que regulan y proh\u00edban este tipo de pr\u00e1cticas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En el marco del derecho comparado debemos mencionar el caso del Brasil que ha aprobado la Ley n\u00fam. 14.489, de 21 de diciembre de 2022 (denominada Lei Padre Julio Lancellotti). Esta ley establece las directrices generales de pol\u00edtica urbana, entre las que encontramos:<\/p>\n\n\n\n<p>El fomento del confort, alojamiento, descanso, bienestar y accesibilidad en el goce de los espacios libres de uso p\u00fablico, su mobiliario y sus interficies con los espacios de uso privado, y la prohibici\u00f3n de usar materiales, estructuras, equipamientos y t\u00e9cnicas constructivas hostiles que tengan como objetivo el resultado la expulsi\u00f3n de personas sin hogar, personas mayores, j\u00f3venes y otros segmentos de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En nuestro ordenamiento jur\u00eddico podemos destacar como actualmente se est\u00e1 tramitando en el Parlamento de Catalunya la Proposici\u00f3n de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el sinhogarismo que prev\u00e9 la prohibici\u00f3n de la arquitectura hostil, as\u00ed como la nulidad de pleno de derecho de los contratos del sector p\u00fablico que introduzcan este tipo de medidas.<\/p>\n\n\n\n<p><em>La participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda en la gesti\u00f3n de los espacios p\u00fablicos mediante reglamentos de administraci\u00f3n compartida y pactos de colaboraci\u00f3n<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Como hemos se\u00f1alado anteriormente, la consideraci\u00f3n del espacio p\u00fablico como un bien com\u00fan, categor\u00eda que se superpone a su car\u00e1cter de bien de dominio p\u00fablico o privado de uso p\u00fablico, comporta acudir al concepto de administraci\u00f3n compartida. Se trata de una forma de participaci\u00f3n que va m\u00e1s all\u00e1 de las f\u00f3rmulas convencionales que se centran en la toma de decisiones, ya sea desde una perspectiva org\u00e1nica o procedimental, sino que se trata de la asunci\u00f3n de responsabilidades.<\/p>\n\n\n\n<p>En Italia, esta forma de participaci\u00f3n ha encontrado su fundamento en el principio de subsidiariedad horizontal, recogido en el art. 118 de la Constituci\u00f3n, \u00faltimo apartado, seg\u00fan el cual: \u201cEstado, Regiones, Ciudades metropolitanas, Provincias y Municipios favorecen la iniciativa aut\u00f3noma de los ciudadanos, particulares y asociados, para el desarrollo de actividades de inter\u00e9s general, sobre la base del principio de subsidiariedad\u201d. En el caso espa\u00f1ol, la ausencia de un reconocimiento expl\u00edcito de este tipo de subsidiariedad comporta la necesidad de acudir a otro fundamento, En este sentido, se ha acudido al art. 9.2 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola en el que se manifiesta la cl\u00e1usula del Estado social.<\/p>\n\n\n\n<p>La habilitaci\u00f3n contenida, ya sea en el principio de subsidiariedad del art. 118 de la Constituci\u00f3n italiana ya sea en el mandato del art. 9.2 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola, permite la aprobaci\u00f3n de reglamentos de administraci\u00f3n compartida que permitan la realizaci\u00f3n del derecho de la ciudadan\u00eda a la participaci\u00f3n en la gesti\u00f3n de los bienes comunes<a href=\"#_ftn10\">[10]<\/a>. Tales reglamentos fijan las condiciones en que la Administraci\u00f3n y la ciudadan\u00eda pueden acordar la gesti\u00f3n compartida de bienes comunes. Se trata que la ciudadan\u00eda, asuma al lado de las administraciones p\u00fablicas de funciones con el objetivo del \u201ccuidado, la regeneraci\u00f3n y la gesti\u00f3n compartida de los bienes comunes urbanos, a impulso de la iniciativa de los ciudadanos o a petici\u00f3n de la administraci\u00f3n municipal\u201d<a href=\"#_ftn11\">[11]<\/a>. La asunci\u00f3n de responsabilidades por parte de los ciudadanos que se impliquen en la gesti\u00f3n no puede implicar la exclusi\u00f3n de otros ciudadanos por cuanto de otra forma devendr\u00eda nulo el pacto de colaboraci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n<p>Se trata, en definitiva, que la ciudadan\u00eda activa se implique en el cuidado del espacio p\u00fablico de forma que se evite su degradaci\u00f3n. Como se ha se\u00f1alado, \u201cla experiencia muestra que cuando los ciudadanos est\u00e1n involucrados en la vida de su barrio, incluyendo la seguridad, tienen un sentimiento de pertinencia y valoran mejor su propia ciudad y barrio, incluyendo los espacios p\u00fablicos locales, y as\u00ed ayudan a reducir el desorden y el delito\u201d (Johnston, 2023: 259).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Los agentes c\u00edvicos: delimitaci\u00f3n de funciones con la seguridad privada<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Para garantizar el cumplimiento de la normativa de convivencia ciudadana, muchos municipios han acudido a la figura del agente c\u00edvico (Aguado i Cudol\u00e0, 2020). As\u00ed, podemos mencionar diversas experiencias de ayuntamientos que, mediante planes ocupacionales, han contratado a personas con dificultades de inserci\u00f3n en el mundo laboral que est\u00e1n en riesgo de exclusi\u00f3n social. En este supuesto no estamos propiamente ante una forma de participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda, como ve\u00edamos anteriormente, por cuanto estos agentes c\u00edvicos se incorporan, aunque sea de forma provisional, en la organizaci\u00f3n administrativa y act\u00faan bajo la supervisi\u00f3n de las fuerzas y cuerpos de seguridad.<\/p>\n\n\n\n<p>A estos agentes c\u00edvicos se les encomienda controlar el estado del espacio p\u00fablico dando cuenta a los servicios municipales de los desperfectos y deterioros que puedan darse bien sea debido al uso o tambi\u00e9n como consecuencia de la acci\u00f3n vand\u00e1lica. Tambi\u00e9n pueden comunicar otro tipo de incidencias que pueden ir desde los fallos de iluminaci\u00f3n, cuando las papeleras y contenedores de residuos est\u00e1n llenos, o en general situaciones en la que el nivel de ruido est\u00e9 fuera de los l\u00edmites permitidos. Asimismo, se les asigna funciones de mero acompa\u00f1amiento para personas que transitan por el espacio p\u00fablico a horas intempestivas, as\u00ed como estar situados en lugares estrat\u00e9gicos (por ejemplo, la entrada del metro). La mera presencia, informaci\u00f3n o mediaci\u00f3n puede constituir un elemento disuasorio de realizaci\u00f3n de determinadas actuaciones inc\u00edvicas, as\u00ed como pueden proporcionar una percepci\u00f3n de proximidad y contacto, as\u00ed como tranquilidad y seguridad al vecindario. Este tipo de funciones, por tanto, pueden constituir una aportaci\u00f3n relevante para que el espacio p\u00fablico pueda percibirse como m\u00e1s tranquilo y seguro.<\/p>\n\n\n\n<p>La actuaci\u00f3n de los agentes c\u00edvicos tiene como l\u00edmite preciso la prohibici\u00f3n de asumir funciones de seguridad privada. De esta forma, la Ley 5\/2014, de 4 de abril, de seguridad privada (LSPriv), tipifica como infracci\u00f3n administrativa muy grave: \u201cel ejercicio de funciones de seguridad privada para terceros careciendo de la habilitaci\u00f3n o acreditaci\u00f3n necesaria\u201d [art. 58.1.a)]. Dicha infracci\u00f3n muy grave puede comportar una sanci\u00f3n econ\u00f3mica de 6.001 a 30.000 EUR. Ahora bien, \u00bfpara qu\u00e9 funciones es necesaria la habilitaci\u00f3n o acreditaci\u00f3n de seguridad privada? La LSPriv realiza un listado de actividades que solamente pueden llevar a cabo las empresas de seguridad privada o bien se\u00f1alan la que, con car\u00e1cter exclusivo y excluyente, deben ser realizadas por un despacho de detectives privados (art. 5.1).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Como la propia definici\u00f3n legal de seguridad privada establece se requiere un elemento subjetivo (empresas de seguridad privada, personal de seguridad privada y despachos de detectives privados que cuentan con la habilitaci\u00f3n), uno objetivo (actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas [\u2026] para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, o para realizar averiguaciones sobre personas y bienes) y otro finalista (garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades). La mera presencia de los agentes c\u00edvicos sin intervenir, m\u00e1s all\u00e1 de detectar las conductas inc\u00edvicas, informar a la ciudadan\u00eda, as\u00ed como en su caso realizar labores de mediaci\u00f3n, retir\u00e1ndose en el caso que se produzca un servicio y alertando a la polic\u00eda local, no encaja en el tipo de funciones que la LSPriv reserva a las empresas y personal de seguridad privada, as\u00ed como los detectives privados.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nota sobre el autor<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Vicen\u00e7 Aguado i Cudol\u00e0<\/em><\/strong><em> <\/em>es Catedr\u00e1tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. Director de la C\u00e1tedra Pol\u00edticas P\u00fablicas, Impacto Social y Control Judicial de la UB. Codirector del M\u00e1ster en Pol\u00edticas P\u00fablicas: Pol\u00edticas de Igualdad y Derechos Sociales de la UB. Autor del libro \u2018<em>La contrataci\u00f3n p\u00fablica responsable. Funciones, l\u00edmites y r\u00e9gimen jur\u00eddico<\/em>\u201d (Aranzadi, 2021). Este trabajo se enmarca dentro del proyecto I+D+i \u201cAdministraci\u00f3n compartida y bienes comunes: derecho y pol\u00edticas p\u00fablicas mediante gobernanza colaborativa\u201d (PID2020-114735GB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovaci\u00f3n y Universidades de Espa\u00f1a. Correo electr\u00f3nico: <a href=\"mailto:vaguado@ub.edu\">vaguado@ub.edu<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Referencias<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Aguado i Cudol\u00e0, Vicen\u00e7 (2017), \u201cLos derechos y deberes de las personas vecinas de un municipio de Euskadi\u201d, <em>Revista Vasca de Administraci\u00f3n P\u00fablica \u2013 Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizakaria<\/em>, No. Extra 107, 2, (Ejemplar dedicado a la Ley 2\/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi), pp. 503-554.<\/p>\n\n\n\n<ul><li>(2020), \u201cEl resurgir de los serenos en el \u00e1mbito local: entre la seguridad privada y la convivencia ciudadana\u201d, <em>Revista Catalana de Dret P\u00fablic<\/em>, No. 61, pp. 112-128. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.2436\/rcdp.i61.2020.3487\">https:\/\/doi.org\/10.2436\/rcdp.i61.2020.3487<\/a><\/li><li>(2023), \u201cEl sinhogarismo y la exclusi\u00f3n residencial. Entre el control, los servicios sociales y las pol\u00edticas de vivienda\u201d, <em>Revista Catalana de Dret P\u00fablic<\/em>, No. 66, pp. 39-55. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.58992\/rcdp.i66.2023.3942\">https:\/\/doi.org\/10.58992\/rcdp.i66.2023.3942<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Anguita Cantero, Ricardo (1992), \u201cLas ordenanzas municipales como instrumento de control de la transformaci\u00f3n urbana en la ciudad del siglo XIX\u201d, <em>Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada<\/em>, No. 23, pp. 463-482.<\/p>\n\n\n\n<p>Arena, Gregorio (1997), \u201cIntroduzione all\u2019amministrazione condivisa\u201d, <em>Studi parlamentari e di pol\u00edtica costituzionale<\/em>, No. 117-188, pp. 29-65.<\/p>\n\n\n\n<ul><li>(2017), \u201cUn nuevo derecho para la administraci\u00f3n compartida de los bienes comunes. La experiencia italiana\u201d, <em>Revista de Administraci\u00f3n P\u00fablica<\/em>, No. 203, pp. 423-441. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.18042\/cepc\/rap.203.14\">https:\/\/doi.org\/10.18042\/cepc\/rap.203.14<\/a><\/li><li>(2020), <em>I custodi della belleza, Prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l\u2019Italia fra cittadini e le istituzioni<\/em>, Touring Club Italiano.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Arena, Gregorio y Bombardelli, Marco (Coord.) (2022), <em>L\u2019Amministrazione condivisa<\/em>, Editoriale Scientifica.<\/p>\n\n\n\n<p>Auby, Jean-Bernard (2018), \u201cLa ciudad, \u00bfnueva frontera del derecho administrativo?\u201d, TransJus Working Papers Publications (Institut de Recerca TransJus): <a href=\"https:\/\/diposit.ub.edu\/dspace\/bitstream\/2445\/123327\/1\/3-2018.pdf\">https:\/\/diposit.ub.edu\/dspace\/bitstream\/2445\/123327\/1\/3-2018.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Barbero Gonz\u00e1lez, Iker (2018), \u201cUsos impropios del espacio p\u00fablico\u201d, en Cubero Marcos, Jos\u00e9 I. y Lasagabaster Herrarte, I\u00f1aki (Coords.) (2018), <em>Espacio p\u00fablico y ordenanzas locales: estudio sobre su r\u00e9gimen jur\u00eddico<\/em>, Instituto Vasco de Administraci\u00f3n P\u00fablica \u2013 Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea, pp. 215-231.<\/p>\n\n\n\n<p>Curiel Esparza, Jorge; Cant\u00f3 Perell\u00f3, Juli\u00e1n y Calvo Pe\u00f1a, Mar\u00eda A. (1998), \u201cLas ordenanzas municipales en la Edad Media\u201d, II Congreso nacional de historia de la construcci\u00f3n, pp. 107-109, disponible en <a href=\"https:\/\/ruc.udc.es\/dspace\/handle\/2183\/10559\">https:\/\/ruc.udc.es\/dspace\/handle\/2183\/10559<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Garc\u00eda Morales, Ver\u00f3nica Y. (2019), \u201cDerecho a la ciudad y planeamiento urban\u00edstico municipal\u201d, <em>Anuario de Derecho Municipal<\/em>, No. 13, pp. 133-163.<\/p>\n\n\n\n<p>Guill\u00e9n Lasierra, Francesc y Brotat Jubert, Ricard (Coord.) (2023), <em>40 a\u00f1os de ventanas rotas. Luces y sombras<\/em>, J. B. Bosch Editor.<\/p>\n\n\n\n<p>Johnston, Elizabeth (2023), \u201cUna mirada m\u00e1s all\u00e1 de la ventana\u201d, en Guill\u00e9n Lasierra, Francesc y Brotat Jubert, Ricard (Coord.) (2023), <em>40 a\u00f1os de ventanas rotas. Luces y sombras<\/em>, J. B. Bosch Editor, pp. 249-267.<\/p>\n\n\n\n<p>Lasagabaster Herrarte, I\u00f1aki (2018), \u201cNormativa local reguladora del espacio p\u00fablico: ordenanza y ciudadan\u00eda\u201d, en Cubero Marcos, Jos\u00e9 I. y Lasagabaster Herrarte, I\u00f1aki (Coords.) (2018), <em>Espacio p\u00fablico y ordenanzas locales: estudio sobre su r\u00e9gimen jur\u00eddico<\/em>, Instituto Vasco de Administraci\u00f3n P\u00fablica \u2013 Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea, pp. 21-71.<\/p>\n\n\n\n<p>Lefebvre, Henri (2017), <em>El derecho a la ciudad<\/em>, Capit\u00e1n Swing.<\/p>\n\n\n\n<p>Maxwell, Kerry (2014), \u201cHostile architecture\u201d, <em>Macmillan Dictionary BuzzWord<\/em>, 13 de junio: <a href=\"https:\/\/www.macmillandictionary.com\/buzzword\/entries\/hostile-architecture.html\">https:\/\/www.macmillandictionary.com\/buzzword\/entries\/hostile-architecture.html<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Nettel Barrera, Alina; Ruiz Canizales, Ra\u00fal y Aguado Romero, Gabriela (2018), \u201cGobernanza, Derecho administrativo y Derechos Humanos en la gesti\u00f3n de las ciudades inteligentes\u201d, en Aguado i Cudol\u00e0, Vicen\u00e7; Parisio, Vera y Casanovas i Ib\u00e0\u00f1ez, \u00d2scar (Dir.), <em>El derecho a la ciudad: el reto de las<\/em> smart cities, Atelier.<\/p>\n\n\n\n<p>Ortiz de Urbina, \u00cd\u00f1igo y Ponce Sol\u00e9, Juli (2008), <em>Convivencia ciudadana, seguridad p\u00fablica y urbanismo: diez textos fundamentales del panorama internacional<\/em>, Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local.<\/p>\n\n\n\n<p>Pem\u00e1n Gav\u00edn, Juan M\u00aa (2007), \u201cOrdenanzas municipales y convivencia ciudadana: Reflexiones a prop\u00f3sito de la Ordenanza de civismo de Barcelona\u201d, <em>Revista de Estudios de la Administraci\u00f3n Local y Auton\u00f3mica<\/em>, No. 305, pp. 9\u201355. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.24965\/reala.vi305.9356\">https:\/\/doi.org\/10.24965\/reala.vi305.9356<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Ponce Sol\u00e9, Juli (2023a), \u201cDe las ventanas rotas a las ciudades rotas: derecho a la ciudad: seguridad, vivienda, urbanismo\u201d, en Guill\u00e9n Lasierra, Francesc y Brotat Jubert, Ricard (Coord.), <em>40 a\u00f1os de ventanas rotas. Luces y sombras<\/em>, J. B. Bosch Editor, pp. 131-156.<\/p>\n\n\n\n<ul><li>(2023b), \u201cPol\u00edticas p\u00fablicas para evitar los espacios rotos, \u2018coserlos\u2019 y garantizar el derecho a la ciudad\u201d, en Guill\u00e9n Lasierra, Francesc y Brotat Jubert, Ricard (Coord.), <em>40 a\u00f1os de ventanas rotas. Luces y sombras<\/em>, J. B. Bosch Editor, pp. 157-197.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Porras Arboleda, Pedro A. (2009), \u201cLas Ordenanzas Municipales: sus or\u00edgenes, contenidos y posibilidades de investigaci\u00f3n\u201d, <em>Vasconia. Cuadernos de historia-geograf\u00eda<\/em>, No. 36, pp. 19-35. <a href=\"https:\/\/ojs.eusko-ikaskuntza.eus\/index.php\/vasconia\/article\/view\/330\">https:\/\/ojs.eusko-ikaskuntza.eus\/index.php\/vasconia\/article\/view\/330<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Romero Riquelme, Luisa C. (2019), \u201cCiudades del control y la restricci\u00f3n. Las personas sin hogar y la arquitectura hostil\u201d, <em>La Raz\u00f3n Hist\u00f3rica: Revista Hispanoamericana de Historia de las Ideas<\/em>, No. 42, pp. 163-178. <a href=\"https:\/\/www.revistalarazonhistorica.com\/app\/download\/11588642698\/LRH+42.10.pdf?t=1549272095\">https:\/\/www.revistalarazonhistorica.com\/app\/download\/11588642698\/LRH+42.10.pdf?t=1549272095<\/a> <\/p>\n\n\n\n<p>Wilson, James Q. &amp; Kelling, George L. (1982), \u201cBroken Windows: The police and neighborhood safety\u201d, <em>The Atlantic<\/em>. <a href=\"https:\/\/www.theatlantic.com\/magazine\/archive\/1982\/03\/broken-windows\/304465\/\">https:\/\/www.theatlantic.com\/magazine\/archive\/1982\/03\/broken-windows\/304465\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> As\u00ed, por ejemplo, se menciona el caso de los autobuses que son propiedad privada de la empresa que presta el servicio de transporte urbano o una calle privada afecta al uso p\u00fablico (Lasagabaster, 2018: 26).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\">[2]<\/a> Existe una traducci\u00f3n al espa\u00f1ol de este art\u00edculo en Ortiz de Urbina y Ponce Sol\u00e9 (2008: 307-325). Una valoraci\u00f3n actual del impacto de esta formulaci\u00f3n puede encontrarse en Guill\u00e9n Lasierra y Brotat Jubert (Coord.) (2023).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref3\">[3]<\/a> Sobre esta evoluci\u00f3n jurisprudencial v\u00e9ase Lasagabaster (2018).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref4\">[4]<\/a> Entre los derechos que esta Ley reconoce a los que tengan la condici\u00f3n de vecinos se encuentra el de \u201cdisfrutar de un medio ambiente y un espacio p\u00fablico adecuado y sostenible\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref5\">[5]<\/a> Entre estos deberes se encuentran los de: \u201ccumplir la normativa local y colaborar en su aplicaci\u00f3n, informando a las autoridades locales de cualquier infracci\u00f3n que pueda producir a las normas de convivencia en el espacio p\u00fablico, y de las anomal\u00edas que dificulten o impidan la prestaci\u00f3n de un servicio o representen un peligro para las personas usuarias o terceras personas\u201d (letra c); \u201chacer un uso racional y adecuado del patrimonio municipal y de las infraestructuras y servicios municipales, colaborando en su preservaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n. Asimismo, deber\u00e1n respetar los equipamientos y servicios p\u00fablicos municipales, incluida la se\u00f1alizaci\u00f3n viaria y el mobiliario urbano, y colaborar, en su caso, en su preservaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n\u201d (letra d); \u201crespetar las normas de convivencia ciudadana en el espacio p\u00fablico y respetar los derechos de las dem\u00e1s personas\u201d (letra e); \u201cpreservar y contribuir a la mejora del medio ambiente, del espacio p\u00fablico y del paisaje urbano, mediante comportamientos ecol\u00f3gicos y sostenibles\u201d (letra f)\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref6\">[6]<\/a> En esta l\u00ednea la STS de 23 de marzo de 2015.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref7\">[7]<\/a> Roj: STS 693\/2013 \u2013 ECLI:ES:TS:2013:693 Id Cendoj: 28079130072013100034<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref8\">[8]<\/a> Sentencia 714\/2019, de 18 de septiembre.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref9\">[9]<\/a> Sentencia 1692\/2013, de 8 de octubre.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref10\">[10]<\/a> El modelo de reglamento de administraci\u00f3n compartida italiano puede consultarse en <a href=\"http:\/\/idpbarcelona.net\/docs\/recerca\/bens\/reglamento.pdf\">http:\/\/idpbarcelona.net\/docs\/recerca\/bens\/reglamento.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref11\">[11]<\/a> V\u00e9ase <a href=\"http:\/\/idpbarcelona.net\/docs\/recerca\/bens\/reglamento.pdf\">http:\/\/idpbarcelona.net\/docs\/recerca\/bens\/reglamento.pdf<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>VICEN\u00c7 AGUADO I CUDOL\u00c0 Universidad de Barcelona, Espa\u00f1a Title: Safety and Uses of Public Space as a Common Good. 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