EDUARDO EST\u00c9VEZ<\/p>\n\n\n\n
Instituto Universitario de la Polic\u00eda Federal Argentina (IUPFA), Argentina<\/p>\n\n\n\n
PEDRO L. FAVORITO<\/p>\n\n\n\n
Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina<\/p>\n\n\n\n
\u201cImproving policing is [\u2026] intrinsically related to refreshing and renewing fundamental democratic values\u201d <\/em>Bowling, Iyer, Reiner & Sheptycki (2016: 151)<\/p>\n\n\n\n Title: Police Reform in Santa Fe, Argentina: Context, Process Oscillations and Challenges.<\/p>\n\n\n\n Resumen: desde los a\u00f1os 90 Am\u00e9rica Latina mantiene altas cifras de delitos violentos, problema que no es ajeno a la Argentina y m\u00e1s espec\u00edficamente la provincia de Santa Fe donde tiene especial repercusi\u00f3n la problem\u00e1tica del narcotr\u00e1fico. En el transcurso de la problematizaci\u00f3n creciente del delito urbano, la polic\u00eda comenz\u00f3 a ser puesta en entredicho, sea por falta de efectividad en la prevenci\u00f3n, por su discrecionalidad, por v\u00ednculos espurios con el mundo del delito, o por carecer de controles externos. Adem\u00e1s, con el surgimiento del paradigma de la seguridad ciudadana, como objetivo a lograr, y el planteo de reformas policiales como medio para ello se iniciaron diversas experiencias con variados resultados. Sin embargo, una reforma policial no puede conducirse en el vac\u00edo; siguiendo diversos estudios contempor\u00e1neos referidos a esta situaci\u00f3n en la regi\u00f3n y particularmente, en Argentina, se verifica que los contextos pol\u00edtico, socioecon\u00f3mico e institucional ameritan considerarse para indagar sobre la gestaci\u00f3n, puesta en marcha, o contramarchas, de las reformas policiales. Haciendo uso de herramientas anal\u00edticas provenientes de los enfoques del nuevo institucionalismo y del cambio institucional se analiza y caracteriza la reforma policial implementada en la Provincia de Santa Fe, Argentina, atendiendo tanto los legados, resistencias o la inercia propia de toda organizaci\u00f3n frente a un proceso de cambio as\u00ed como la conjunci\u00f3n de situaciones que representaron puntos de inflexi\u00f3n y favorecieron el proceso de cambio, sus resultados y desaf\u00edos. El art\u00edculo, que abarca el periodo 1983-2015, da cuenta de las sucesivas medidas que fueron conformando la reforma policial en Santa Fe que de manera fragmentaria, en su planificaci\u00f3n e implementaci\u00f3n, han sedimentado capas en las que se fue gestando su cambio institucional caracterizado como un bricolaje institucional que fue combinando viejos y nuevos elementos en materia de organizaci\u00f3n policial.<\/p>\n\n\n\n Palabras clave: reforma policial, Argentina, Santa Fe, estudios policiales, Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n Abstract: Since the 90’s, Latin America suffers high violent crime rates, a problem of which neither Argentina nor the province of Santa Fe are exempt, and where the issue of drug trafficking has a distinctive impact. In the course of the growing problems of urban crime, the police began to be put into question, either due to lack of effectiveness in preventing crime, its discretion, its spurious links to the crime world, or the lack of external controls. In addition, with the emergence of the citizen security paradigm, as a goal to achieve, and police reform as a means to such end, several reform experiences began with varied results. However, a police reform cannot be conducted in a vacuum; following several contemporary studies referred to the situation in the region and particularly in Argentina, the political, socio-economic and institutional contexts deserve to be considered in order to inquire about the development, improvements, or setbacks, of police reforms. Based on analytical tools from the new institutionalism and institutional change approaches the police reform of the province of Santa Fe is characterized and analyzed, taking into account legacies, resistance or inertia of any institution facing a process of change, as well as the combination of situations that represented turning points and favored the change process, its results and challenges. The article, covering the period 1983-2015, gives an account of the successive measures that were forming the police reform in Santa Fe, that in a fragmentary way, in their planning and implementation, sedimented layers where institutional change was brewing, which is characterized as an institutional bricolage, combining old and new elements in the police organization.<\/p>\n\n\n\n Keywords: Police reform, Argentina, Santa Fe, police studies, Latin America.<\/p>\n\n\n\n Recibido: 21 de noviembre de 2019. Aceptado: 2 de diciembre de 2019.<\/p>\n\n\n\n Para citar este art\u00edculo\/To cite this article<\/strong>: Eduardo Est\u00e9vez y Pedro L. Favorito, \u00abReforma policial en Santa Fe, Argentina: contextos, oscilaciones y desaf\u00edos del proceso\u00bb, Vol. 6, No. 1, (2020), pp. 139-162. DOI: http:\/\/dx.doi.org\/10.18847\/1.11.9<\/a><\/p>\n\n\n\n Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n Desde las \u00faltimas tres d\u00e9cadas Am\u00e9rica Latina y el Caribe observa un aumento considerable de las tasas de delito. La dr\u00e1stica modificaci\u00f3n de la situaci\u00f3n de seguridad y violencia se ha asociado, aunque no siempre de modo directo, con una situaci\u00f3n econ\u00f3mica con fuerte desigualdad social, aumento del desempleo o precarizaci\u00f3n laboral, motivos \u00e9stos que han empujado a una porci\u00f3n de poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable a la b\u00fasqueda de recursos mediante actividades il\u00edcitas (Davis, 2016). La violencia m\u00e1s frecuente ocurre en las calles y el temor al delito llega al 43% (Latinobar\u00f3metro, 2017); la regi\u00f3n contin\u00faa siendo la m\u00e1s violenta del planeta, con una tasa de homicidios de 22 por 100.000 habitantes en 2017 (Alvarado y Muggah, 2018).<\/p>\n\n\n\n Este escenario adquiri\u00f3 m\u00e1s notoriedad en la opini\u00f3n p\u00fablica con el creciente protagonismo de los medios de comunicaci\u00f3n. Con la problematizaci\u00f3n creciente del delito urbano, las polic\u00edas comenzaron a ser puestas en entredicho, sea por falta de efectividad en la prevenci\u00f3n, por su discrecionalidad, por v\u00ednculos espurios con el mundo del delito, o por carecer de controles.<\/p>\n\n\n\n Esta puesta en foco y autom\u00e1tica vinculaci\u00f3n de la inseguridad con las condiciones de funcionamiento policial motiv\u00f3 sucesivos, oscilantes y, con mayor o menor notoriedad, intentos de reformas policiales en la regi\u00f3n y en provincias de la Argentina. Con un diagn\u00f3stico de autonom\u00eda y discrecionalidad policial, legados autoritarios, violencia policial, corrupci\u00f3n, la opci\u00f3n de la reforma policial se transform\u00f3 en un imperativo para un policiamiento democr\u00e1tico, \u201cdemocratic policing<\/em>\u201d en los t\u00e9rminos de David Bayley (1997). Pero las \u201c\u2026 diferencias de modelos, miradas y motivaciones hacen que el problema de la reforma policial en Am\u00e9rica Latina se constituya en un proceso dis\u00edmil y dif\u00edcil de evaluar\u2026proceso [que] est\u00e1 lejos de cumplir las expectativas planteadas\u201d (Pont\u00f3n, 2013: 53). Estas reformas generaron su correlato opuesto, contrarreformas.<\/p>\n\n\n\n En los 90\u2019 el concepto de seguridad mut\u00f3 desde la noci\u00f3n tradicional de \u201cseguridad p\u00fablica\u201d hacia la \u201cseguridad ciudadana\u201d, reconociendo la multisectorialidad y multidimensionalidad del delito y la violencia, respetuosa de los derechos humanos y promoviendo la participaci\u00f3n ciudadana (Arriagada y Godoy, 1999). A su vez, en el \u00e1mbito judicial, comenzaron a dise\u00f1arse cambios normativos y funcionales, proceso cristalizado en reformas de los c\u00f3digos procesales penales.<\/p>\n\n\n\n Entendiendo que el contexto pol\u00edtico, socioecon\u00f3mico e institucional no es ajeno a la situaci\u00f3n de la provincia de Santa Fe[1]<\/a>, se indagar\u00e1 sobre la gestaci\u00f3n, puesta en marcha, o contramarchas, de la reforma policial hasta diciembre de 2015. Reconociendo los rasgos propios de la agencia policial, se pondr\u00e1 \u00e9nfasis en legados, resistencias o inercia propia de toda instituci\u00f3n frente a un proceso de transformaci\u00f3n. Adem\u00e1s, se analizar\u00e1 la conjunci\u00f3n de situaciones que representaron puntos de inflexi\u00f3n y favorecieron el cambio institucional, sus resultados y desaf\u00edos.<\/p>\n\n\n\n El debate actual sobre reformas policiales<\/strong><\/p>\n\n\n\n Este ac\u00e1pite explora conceptualizaciones sobre reformas policiales seg\u00fan diversos enfoques con la finalidad de: dar cuenta del paradigma de seguridad ciudadana como rector de las reformas policiales contempor\u00e1neas; delimitar el objeto de estudio abordado en este trabajo; y, por \u00faltimo, comprender las condiciones espec\u00edficas de viabilidad de las reformas en Am\u00e9rica Latina, la Argentina y su relevancia para el caso de Santa Fe.<\/p>\n\n\n\n La irrupci\u00f3n de la seguridad ciudadana<\/em><\/p>\n\n\n\n Las reformas policiales contempor\u00e1neas, incluyendo la desarrollada en la provincia de Santa Fe, se inscriben en el marco del paradigma de seguridad democr\u00e1tica, cuya principal innovaci\u00f3n reside en la introducci\u00f3n de nuevos elementos, extendiendo la visi\u00f3n tradicional centrada en la eficiencia policial medida por tasas de esclarecimientos o detenciones. Ante este desaf\u00edo surgieron nuevas doctrinas policiales objetivadas en el policiamiento democr\u00e1tico o el buen gobierno de la polic\u00eda. Sin embargo, una doctrina policial es una dimensi\u00f3n de estudio que no debe ser considerada independientemente del tipo de sistema de la polic\u00eda y el tipo de pol\u00edtica que la contiene (Roch\u00e9, 2017).<\/p>\n\n\n\n En simult\u00e1neo a la tendencia reformista, Am\u00e9rica Latina comenz\u00f3 a adoptar el concepto de \u201cseguridad ciudadana\u201d ampliando la mirada sobre las causas del delito y las formas de abordarlo, abandonando un enfoque exclusivamente legalista y\/o policial. Busc\u00f3 integrar otras perspectivas (como la sociolog\u00eda, la criminolog\u00eda, la gesti\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas) para promover iniciativas e intervenciones que contribuyesen a generar espacios seguros, hasta entonces ajenos al campo de la seguridad \u201cp\u00fablica\u201d.<\/p>\n\n\n\n Este cambio de paradigma permiti\u00f3 la progresiva definici\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas de seguridad ciudadana e implic\u00f3 un involucramiento de organismos estatales y una orientaci\u00f3n de sus intervenciones para, de modo indirecto, incidir sobre los delitos y la violencia en determinados territorios (Muggah, 2017). Conflu\u00edan las pol\u00edticas sociales y las obras de infraestructura o mejoramiento de accesos a servicios p\u00fablicos para construir espacios de convivencia. Ciertamente,<\/p>\n\n\n\n \u2026 la historia reciente de las pol\u00edticas de seguridad de la regi\u00f3n ha demostrado que, entre las acciones que m\u00e1s \u00e9xito tuvieron en contener los \u00edndices de violencia y criminalidad, han sido m\u00e1s eficaces aquellas que se basan en la participaci\u00f3n comunitaria, asociada a las pr\u00e1cticas de gesti\u00f3n integrada. Por tanto, existe una alianza fruct\u00edfera entre la t\u00e9cnica y la pol\u00edtica. (de Lima, et al.<\/em>, 2014: 7).<\/p>\n\n\n\n Abordajes en la literatura internacional<\/em><\/p>\n\n\n\n El discurso de la reforma policial supone la promoci\u00f3n del policiamiento democr\u00e1tico y el respeto de los derechos humanos, sin embargo, traducirlo en la pr\u00e1ctica es complejo ya que frecuentemente existe una desarticulaci\u00f3n entre lo que se supone que la reforma debe lograr y lo que efectivamente logra su implementaci\u00f3n (Ellison & Pino, 2012). Reformar los sistemas policiales, expresan Collins et al.<\/em> (2016) es esencialmente un proceso pol\u00edtico en donde quien se beneficia y quien pierde resulta inevitablemente un aspecto central de discusi\u00f3n y negociaci\u00f3n pol\u00edtica. Para adecuarse a las demandas, las polic\u00edas deben observar, aprender y adaptarse, aunque esto \u00faltimo es una respuesta reactiva limitada. As\u00ed, para medir el cambio en las agencias policiales es de utilidad la secuencia ajuste, reforma <\/em>y reconstrucci\u00f3n<\/em>, en donde una diferencia significativa entre reforma y ajuste es que la primera puede ser materia de liderazgo pol\u00edtico (Kozma, 2014).<\/p>\n\n\n\n El papel del liderazgo en las reformas organizacionales profundas es tratado para el caso de la polic\u00eda de Suecia, que cuestiona el rol de los l\u00edderes policiales como agentes de cambio promotores de reformas (Haake, et al<\/em>., 2017). Por sus caracter\u00edsticas actuales (gran tama\u00f1o, mayor complejidad y formalismos, m\u00e1s tecnocr\u00e1ticas, m\u00e1s militarizadas) las agencias policiales pueden abandonar los principios del policiamiento comunitario, pilar de las reformas policiales en los 80\u2019 y 90\u2019 (Maguire, 2014). Se ha sugerido desagregar el concepto de policiamiento democr\u00e1tico en dos t\u00e9rminos m\u00e1s precisos: policiamiento para la democracia, y policiamiento democr\u00e1ticamente receptivo. El primero reconoce la contribuci\u00f3n de la polic\u00eda a asegurar y mantener formas democr\u00e1ticas amplias de gobierno; el segundo se cimienta en la teor\u00eda pol\u00edtica para enfatizar los acuerdos para gobernar a los actores policiales bas\u00e1ndose en su capacidad de respuesta (Aitchison & Blaustein, 2013).<\/p>\n\n\n\n El an\u00e1lisis desde la perspectiva de sistemas policiales centralizados versus los descentralizados es otro abordaje (Lowatcharin, 2016). Asimismo, se han estudiado los impactos e implicancias de reestructuraciones a trav\u00e9s de fusiones y amalgamas (Mendel et al, 2017). Tambi\u00e9n se ha abordado la brecha conceptual-contextual en las reformas a trav\u00e9s del prisma del poder, considerando las intervenciones en la reconstrucci\u00f3n en sociedades posconflicto (Divon, 2017).<\/p>\n\n\n\n La cuesti\u00f3n, como plantean Ben Bowling y colaboradores (2016), es en definitiva qu\u00e9 se debe hacer con la polic\u00eda. Y entre los temas que surgen de ello, uno se refiere a que la polic\u00eda debe rendir cuentas a la ciudadan\u00eda y que las pol\u00edticas policiales deben ser monitoreadas para que su funci\u00f3n resulte operacionalmente m\u00e1s efectiva.<\/p>\n\n\n\n Los debates en Am\u00e9rica Latina<\/em><\/p>\n\n\n\n La literatura sobre Am\u00e9rica Latina reconoce diferentes lecturas sobre las condiciones de posibilidad o factores que obstaculizan o facilitan la implementaci\u00f3n de reformas policiales y los elementos a apreciar para evaluar su viabilidad. Unas centran la atenci\u00f3n en las polic\u00edas (y sus caracter\u00edsticas internas o v\u00ednculo con el poder pol\u00edtico) que ser\u00e1n objeto de transformaci\u00f3n. Otras aportan una perspectiva m\u00e1s amplia atendiendo al contexto pol\u00edtico y social, internacional, regional, nacional y local en sus diferentes aspectos.<\/p>\n\n\n\n Respecto de las centradas en lo policial, diferentes autores tienen como objeto de estudio sus caracter\u00edsticas. Estas miradas focalizan cuestiones que obstaculizan cualquier intento de reforma: la herencia<\/em> militar autoritaria y corporativa que puede expresarse actualmente en una autonom\u00eda e insubordinaci\u00f3n policial respecto del poder pol\u00edtico (Sa\u00edn, 2010; Sozzo, 2016a), o la actual militarizaci\u00f3n<\/em> de la provisi\u00f3n de la seguridad p\u00fablica (Hathazy, 2017); los m\u00faltiples obst\u00e1culos<\/em> para reformar las polic\u00edas locales (Zarkin, 2018); un determinado tipo de cultura policial<\/em> que dificulta la introducci\u00f3n de cambios innovadores en los modos de trabajo de las polic\u00edas latinoamericanas (Fr\u00fchling, 2012); la corrupci\u00f3n policial<\/em> y su efectos sobre el estado cautivo (Seri, 2016); una tipolog\u00eda de polic\u00edas definida en funci\u00f3n de los intereses que persiguen las polic\u00edas (Mota Prado et al<\/em>., 2012) que rara vez son determinados por un criterio democr\u00e1tico sino que prevalecen intereses policiales propios (polic\u00eda aut\u00e1rquica<\/em>), externos (polic\u00edas criminales<\/em>, al servicio o en connivencia con grupos delictivos), o intereses ideol\u00f3gicos propios del r\u00e9gimen pol\u00edtico al que sirven (polic\u00eda autocr\u00e1tica<\/em>).<\/p>\n\n\n\n Otros autores buscan fuera de la polic\u00eda los elementos determinantes para explicar la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas de seguridad y las reformas policiales. Se destacan estudios que atienden al contexto de ideas, en \u00e1mbitos acad\u00e9micos y de gesti\u00f3n de la pol\u00edtica p\u00fablica, a nivel internacional, regional y\/o nacional, as\u00ed como la opini\u00f3n p\u00fablica y el rol de los medios de comunicaci\u00f3n en la formaci\u00f3n de esta (Carri\u00f3n, 2007; Pont\u00f3n, 2013; Costantino, 2014; Gonz\u00e1lez, 2014). Otros se centran en reformas que promueven espacios formales de participaci\u00f3n de la comunidad, como medida pol\u00edtica para construir capacidad estatal en la provisi\u00f3n de seguridad (Gonz\u00e1lez, 2014b). Otros estudios abordan el rol de la cooperaci\u00f3n de organismos internacionales en las reformas y la recepci\u00f3n de modelos for\u00e1neos (Pont\u00f3n, 2013; Fr\u00fchling, 2012; Dewey & M\u00edguez, 2017). Se destacan tambi\u00e9n los an\u00e1lisis sobre la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas de seguridad resultantes de pujas en el escenario pol\u00edtico, acuerdos u oposiciones entre fuerzas pol\u00edticas (Carri\u00f3n, 2007) y de las relaciones entre gobierno nacional y gobiernos provinciales (Costantino, 2014). Otro aporte proviene del an\u00e1lisis de las \u201cmotivaciones pol\u00edticas\u201d (que determinan el \u00e9xito de las pol\u00edticas de seguridad y las reformas policiales), referidas a decisiones t\u00e9cnico-pol\u00edticas tales como: a) elecci\u00f3n de un tipo de modelo policial y la confusi\u00f3n que existe en el \u00e1mbito pol\u00edtico sobre ello; b) elecci\u00f3n o elaboraci\u00f3n de doctrina policial, la cual tiende a ser fragmentaria dentro de una polic\u00eda y obstaculiza cualquier tipo de reforma y; c) peso de la opini\u00f3n p\u00fablica y su tendencia a adoptar posiciones cercanas al \u201cpopulismo punitivo\u201d[2]<\/a> (Pont\u00f3n, 2013). Y otros desde las perspectivas del cambio y continuidad institucional y del poder estructural (Gonz\u00e1lez, 2019). En Argentina, diversas publicaciones analizan las reformas desarrolladas principalmente en la provincia de Buenos Aires (Arslanian, 2008; Est\u00e9vez, 2000; Flom & Post, 2016; Gorgal, 2015; Sa\u00edn, 2015).<\/p>\n\n\n\n Marco de referencia te\u00f3rico metodol\u00f3gico<\/strong><\/p>\n\n\n\n Para el an\u00e1lisis del proceso de reforma, este art\u00edculo toma en cuenta desarrollos te\u00f3ricos y conceptuales del nuevo institucionalismo, de la dependencia del camino (path dependence<\/em>), y del cambio institucional. Contin\u00faa as\u00ed con literatura que da cuenta de recientes estudios emp\u00edricos analizando procesos desde tal prisma en sectores como la econom\u00eda, relaciones civiles-militares, e inteligencia. Desde la perspectiva de proceso y contexto, cobran peso nociones como legados y culturas institucionales.<\/p>\n\n\n\n Un trabajo previo (Est\u00e9vez, 2014), analiz\u00f3 el sector de inteligencia en democracia desde los mecanismos de cambio institucional, aplicando la tipolog\u00eda de cambio gradual descripta por Wolfgang Streeck y Kathleen Thelen (2005). Se asum\u00eda la influencia de la dependencia del camino en las trayectorias o procesos, se reconoc\u00edan coyunturas cr\u00edticas emergentes, y se testearon dos mecanismos causales de dicha tipolog\u00eda, conversion<\/em> y layering<\/em>. En este \u00faltimo, el mecanismo para el cambio es el crecimiento diferencial, en donde la introducci\u00f3n de nuevos elementos induce din\u00e1micas a trav\u00e9s de las cuales, con el tiempo, activamente desplaza o suplanta por defecto el viejo sistema. Esta introducci\u00f3n gradual va constituyendo y superponiendo capas<\/em> diferentes, que para el caso de las reformas policiales, est\u00e1n referidas a viejos o nuevos problemas, creaci\u00f3n de organismos, modos de abordar la problem\u00e1tica de seguridad, entro otros.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, Micelotta y otros (2017) propusieron una tipolog\u00eda de cambio institucional basada en dos dimensiones, alcance (scope<\/em>) y ritmo (pace<\/em>). Combinadas, se manifiestan cuatro trayectorias: desplazamiento institucional (displacement<\/em>), alineamiento institucional (alignament<\/em>), acuerdo (accomodation<\/em>), y acreci\u00f3n o acumulaci\u00f3n institucional (accretion<\/em>). Las mismas se reordenan en (1) el contexto de diferentes temporalidades, es decir, ritmo de cambio, como revolucionarias o evolucionarias, y (2) en el contexto diferentes perspectivas, es decir, alcances del cambio, como de desarrollo (developmental<\/em>) o transformacional (transformational<\/em>).<\/p>\n\n\n\n El an\u00e1lisis no puede ignorar algunos supuestos que pueden afectar la implementaci\u00f3n de los procesos de reforma policial. Para Friesendorf (2019), cuyo enfoque se basa en el bricolaje institucional, las reglas informales pueden sobrevivir a cambios en las reglas formales, el cambio organizacional tambi\u00e9n puede ser dram\u00e1tico, y la organizaci\u00f3n suele cambiar como resultado de procesos de difusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La relevancia de reconocer los agentes del cambio se puede desprender del siguiente interrogante:<\/p>\n\n\n\n \u2026 \u00bfpor qu\u00e9 unas instituciones se reforman y otras no? Por ello, es importante analizar los procesos de reforma institucional en el \u00e1mbito de la \u201cvoluntad del poder\u201d que caracterizan las acciones u omisiones pol\u00edticas y los marcos referenciales o contextos donde se circunscriben estas decisiones. (Pont\u00f3n, 2013: 55).<\/p>\n\n\n\n Reconociendo la importancia del contexto, Marenin (2013), subraya que las reformas policiales sostenibles deben abordar el sistema penal, analizar los v\u00ednculos de la polic\u00eda con otras agencias de seguridad, planificarse e implementarse desde un enfoque del gobierno amplio, y plantearse desde una perspectiva que incluya a todos los proveedores locales de seguridad sean formales o informales. Asimismo, es menester tener presente la condici\u00f3n de los gobiernos subnacionales y la influencia de las pol\u00edticas nacionales y situaciones generales de seguridad sobre reformas locales (de Lima, et al<\/em>., 2014).<\/p>\n\n\n\n Este bagaje de herramientas nutre el examen de las trayectorias y resultados del proceso de reforma policial en la provincia de Santa Fe. El per\u00edodo de an\u00e1lisis abarca desde diciembre de 1983, momento en que la Argentina recupera la democracia, hasta diciembre de 2015, cuando concluye el segundo per\u00edodo de gobierno del Frente Progresista C\u00edvico y Social (FPCyS), alianza entre Socialistas, Uni\u00f3n C\u00edvica Radical, y otros partidos.<\/p>\n\n\n\n Para iniciar el an\u00e1lisis del caso, se proceder\u00e1 a una reconstrucci\u00f3n hist\u00f3rica del problema policial, las condiciones iniciales y la secuencia del proceso de reforma. Se trata de reconocer el proceso de transici\u00f3n desde una polic\u00eda de estado hacia una polic\u00eda democr\u00e1tica, las diferentes temporalidades y ritmos que observan diferentes capas identificables, las que ser\u00e1n posteriormente materia de an\u00e1lisis.<\/p>\n\n\n\n Secuencia de la cuesti\u00f3n policial y sus reformas en Santa Fe<\/strong><\/p>\n\n\n\n Durante la dictadura c\u00edvico-militar de 1976-1983 las polic\u00edas provinciales, incluyendo la PSF, estuvieron bajo control operacional de las zonas militares en que se hab\u00eda estructurado el aparato de represi\u00f3n, cumpliendo un papel protag\u00f3nico. Respecto de la PSF, se subraya \u201c\u2026 la autonom\u00eda que el accionar policial exhibi\u00f3 en el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de la represi\u00f3n a nivel local en los primeros a\u00f1os de la dictadura\u201d (\u00c1guila, 2013). Uno de los centros clandestinos de detenci\u00f3n en la provincia se ubic\u00f3 en el edificio de la Jefatura de Polic\u00eda de la Unidad Regional II, en Rosario.<\/p>\n\n\n\n El retorno democr\u00e1tico (per\u00edodo 1983-1995, gobernaciones de Vernet, Reviglio y Reutemann) no supuso una problematizaci\u00f3n ni la aparici\u00f3n en la agenda pol\u00edtica de la pol\u00edtica de seguridad provincial, observ\u00e1ndose una \u201cdelegaci\u00f3n a la instituci\u00f3n policial del dise\u00f1o y ejecuci\u00f3n de pol\u00edticas en esta materia\u201d (Gonz\u00e1lez, 2014a). A nivel nacional, en 1992 se sanciona la Ley 24.059 de Seguridad Interior que sienta las bases del sistema federal de seguridad y del gobierno civil del sector policial.<\/p>\n\n\n\n \u00bfCu\u00e1les fueron las causas o motivaciones para iniciar una reforma policial? \u00bfC\u00f3mo fue el acontecer de los procesos? \u00bfQui\u00e9nes fueron los agentes del cambio? Estos interrogantes tienen varias respuestas ya que a partir de la cronolog\u00eda que sigue se reconocen tres momentos de reforma y binomios gobernador-ministro\/s: 1995-1999 (PJ, Obeid-Ros\u00faa); 2003-2007 (Obeid-Ros\u00faa); 2007-2015 (FPCyS, Binner-Cuenca\/Gaviola y Bonfatti-Corti\/Lamberto) y una contrarreforma: 1999-2003 (PJ, Reutemann-Baltuzzi\/Dom\u00ednguez\/Borgonovo\/Carranza).<\/p>\n\n\n\n Per\u00edodo 1995-1999, primer momento de reforma<\/em><\/p>\n\n\n\n Durante el gobierno de Jorge Obeid con Roberto Ros\u00faa como ministro de Gobierno a cargo de la polic\u00eda, la gesti\u00f3n encontr\u00f3 dos problemas centrales: aumentos de la sensaci\u00f3n de inseguridad y desconfianza de la poblaci\u00f3n hacia la polic\u00eda (Ros\u00faa, 1998). Sobre la PSF, Ros\u00faa diagnosticaba: \u201calto grado de militarizaci\u00f3n\u201d, \u201csensaci\u00f3n de impunidad de sus miembros\u201d, \u201cautonom\u00eda institucional\u201d, \u201canarqu\u00eda evidenciada en el predominio de los objetivos individuales o grupales, legales o ilegales, frente a los objetivos institucionales\u201d, \u201cpujas internas\u201d y \u201cdesconfianza del personal subordinado a sus superiores\u201d, \u201cdesprestigio p\u00fablico en un contexto de creciente aumento de la criminalidad y sensaci\u00f3n de inseguridad\u201d (Ros\u00faa, 1998; P\u00e1gina 12, 1998).<\/p>\n\n\n\n Las medidas de reformas de capacitaci\u00f3n y personal (cambios en: reclutamiento de personal policial, cursos de formaci\u00f3n y curr\u00edcula de Escuelas de Oficiales), la capa de control sobre la polic\u00eda (creaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Provincial de Asuntos Internos). Adem\u00e1s, se destaca, en cuanto a la incipiente pol\u00edtica de seguridad la creaci\u00f3n de Juntas Barriales de Seguridad Comunitaria en Santa Fe y Rosario, la presentaci\u00f3n de Proyecto de Ley de los Organismos de Seguridad P\u00fablica, el cual no fue tratado (Ros\u00faa, 1998) y la creaci\u00f3n de la Subsecretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica, dentro del Ministerio a cargo de Ros\u00faa.<\/p>\n\n\n\n La d\u00e9cada del 90\u2019 observ\u00f3 un crecimiento constante de los delitos contra las personas, 73% a nivel provincial, y la tasa de homicidios tuvo en 1994 un pico de 8,49 cada 100.000 habitantes (Sozzo, 2001). Al cierre de la d\u00e9cada el panorama diagnosticado no resultaba alentador:<\/p>\n\n\n\n Frente al aumento de la criminalidad y a la difundida sensaci\u00f3n de inseguridad las pol\u00edticas de control del delito en la Provincia de Santa Fe han seguido desarroll\u00e1ndose a trav\u00e9s de los par\u00e1metros tradicionales (\u2026) La Instituci\u00f3n Polic\u00eda, frente al crecimiento del delito y la difusi\u00f3n de la sensaci\u00f3n de inseguridad (\u2026) ha continuado reproduciendo mediante sus pr\u00e1cticas la normativa, la organizaci\u00f3n y la cultura institucional hist\u00f3ricamente construida a partir del doble proceso de colonizaci\u00f3n de lo policial por parte de la instituci\u00f3n militar y de la criminolog\u00eda positivista a partir del siglo XIX en toda Argentina, que tambi\u00e9n se verific\u00f3 en la Provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe el proceso de democratizaci\u00f3n iniciado en la d\u00e9cada del 80 no ha significado un proceso de democratizaci\u00f3n de la instituci\u00f3n policial. (Sozzo, 2001).<\/p>\n\n\n\n Per\u00edodo 1999-2003<\/em><\/p>\n\n\n\n El gobierno de Carlos Reutemann, se caracteriz\u00f3 por la inestabilidad del cargo de ministro de Gobierno, sucesivamente \u00c1ngel Baltuzzi, Lorenzo Dom\u00ednguez, Esteban Borgonovo y Carlos Carranza. Aunque se jerarquiz\u00f3 la Subsecretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica, que pas\u00f3 a depender directamente del Gobernador, esto no supuso conducir pol\u00edticamente la polic\u00eda. Consecuentemente, se margin\u00f3 a los funcionarios policiales participantes de las reformas del anterior gobierno otorg\u00e1ndoles destinos \u201cdegradantes\u201d; se \u201cneutraliz\u00f3\u201d a la Direcci\u00f3n de Asuntos Internos. Asimismo, se observaron enunciaciones p\u00fablicas a favor de la autodepuraci\u00f3n de la polic\u00eda, tratamiento del delincuente como \u201cenemigo de la sociedad\u201d y discurso contra el garantismo penal y se equip\u00f3 y se increment\u00f3 la cantidad de personal. El tratamiento del proyecto de Ley de Organismos de Seguridad perdi\u00f3 espacio frente a proyectos legales para ampliar facultades policiales en materia de detenci\u00f3n y requisas, y ces\u00f3 el dialogo con ONGs de derechos humanos (Gonz\u00e1lez, 2007; Sozzo et al<\/em>., 2010). Mientras tanto en el a\u00f1o 2000 se observaba un incremento de las muertes por enfrentamiento policial (Fux, 2004).<\/p>\n\n\n\n Durante los momentos \u00e1lgidos de la crisis social y pol\u00edtica en el pa\u00eds del 19 y 20 de diciembre de 2001, en Rosario se registraron siete civiles muertos por el accionar policial. El fuerte impacto por los hechos y la muerte del militante social Claudio \u00abPocho\u00bb Lepratti contrastaba con el respaldo pol\u00edtico a los polic\u00edas que intervinieron. Se inicia una causa judicial. El ministro Dom\u00ednguez y parte de la c\u00fapula policial son desplazados. La tensi\u00f3n entre el nuevo ministro Borgonovo, y el subsecretario de Seguridad P\u00fablica por la violencia policial de diciembre de 2001 result\u00f3 en la renuncia de ambos en diciembre de 2002 a pedido del Gobernador.<\/p>\n\n\n\n Per\u00edodo 2003-2007, segundo momento de reforma<\/em><\/p>\n\n\n\n El segundo gobierno de Jorge Obeid con Ros\u00faa como ministro de Gobierno, retoma el esp\u00edritu reformista, con pasos significativos que impactaron en capacitaci\u00f3n y personal: creaci\u00f3n del Instituto de Seguridad P\u00fablica -ISeP-, ampliaci\u00f3n del tiempo de formaci\u00f3n b\u00e1sica, y mayor selectividad de los cadetes. Adem\u00e1s, el ISeP adquiri\u00f3 independencia respecto de la c\u00fapula policial y se cerraron la Direcci\u00f3n General de Institutos Policiales, la Escuela Superior de Polic\u00eda, la Escuela de Cadetes de Polic\u00eda y los Centros de Instrucci\u00f3n en Destino de las Unidades Regionales.<\/p>\n\n\n\n La Ley de Personal Policial de 2006, instituy\u00f3 el escalaf\u00f3n \u00fanico abandonando la distinci\u00f3n entre oficiales y suboficiales, introdujo cambios en el sistema de ascensos, mediante concursos p\u00fablicos con tribunal examinador externo a la PSF y en el r\u00e9gimen disciplinario, creando el Tribunal de Conducta Policial.<\/p>\n\n\n\n En cuanto al control de la polic\u00eda, se instaura un sistema de investigaci\u00f3n y enjuiciamiento sumado al establecimiento de la taxatividad de las faltas policiales (que puso fin a un r\u00e9gimen viciado de arbitrariedades).<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, se crea la Direcci\u00f3n Provincial de Seguridad Comunitaria para \u201celaborar planes y promover la participaci\u00f3n de la comunidad en actividades que procuren mejorar las funciones que despliega la polic\u00eda\u201d para prevenir delitos y contravenciones (Decreto 3469\/05) y se reactivan las Juntas Barriales de Seguridad Comunitaria.<\/p>\n\n\n\n En este per\u00edodo la provincia sufre una crisis de inseguridad. Durante el 2007 resulta ser la provincia con mayor tasa de homicidios del pa\u00eds, superando la tasa nacional. Se constatan crecimientos sostenidos de delitos contra la propiedad, y altos niveles de sensaci\u00f3n de inseguridad. Se observa una \u201cpolitizaci\u00f3n\u201d creciente de los debates e iniciativas acerca del \u201cqu\u00e9 hacer\u201d en el campo de las pol\u00edticas de seguridad.<\/p>\n\n\n\n Per\u00edodo 2007-2015, tercer momento de reforma<\/em><\/p>\n\n\n\n El triunfo del FPCyS y del gobernador Hermes Binner marca en 2007 un cambio de color pol\u00edtico partidario de la conducci\u00f3n provincial. Se crea el Ministerio de Seguridad conducido sucesivamente por Daniel Cuenca y \u00c1lvaro Gaviola. Se hereda una situaci\u00f3n precaria en infraestructura y log\u00edstica policial, con deudas en cuestiones laborales, ascensos atrasados y escasa capacitaci\u00f3n. Se plantean pol\u00edticas y medidas bajo la l\u00f3gica de la seguridad ciudadana, cre\u00e1ndose: el Gabinete Social con abordaje interministerial de cuestiones que directa o indirectamente inciden en la violencia y el delito; la Agencia de Seguridad Vial y la Polic\u00eda de Seguridad Vial en 2008; la Secretar\u00eda de Control de Seguridad en 2009 -por la visible participaci\u00f3n policial en delitos-, absorbiendo a Asuntos Internos. Se incrementa el presupuesto en seguridad y se adquiere equipamiento policial; y en 2009 se implementa el Sistema de Emergencias 911. El Plan Estrat\u00e9gico Provincial presentado en 2008, para los pr\u00f3ximos 20 a\u00f1os, alude la cuesti\u00f3n de seguridad entendida de forma amplia, planteando la necesidad de un abordaje integral.<\/p>\n\n\n\n La gesti\u00f3n del ministro Cuenca tuvo sobresaltos:<\/p>\n\n\n\n Si bien desde el gremio policial Apropol tambi\u00e9n protestaron contra la reforma policial, una r\u00e1pida sanci\u00f3n en la Legislatura a un proyecto de ley que destrababa los ascensos de los polic\u00edas y estipulaba algunos de los hist\u00f3ricos pedidos de los agentes logr\u00f3 destrabar el problema. (El Ciudadano, 2009).<\/p>\n\n\n\n Un hito fue la sanci\u00f3n del c\u00f3digo de procedimientos en lo penal, Ley 12.734 de 2007 que reformula integralmente el sistema de enjuiciamiento penal, y avanza hacia un sistema acusatorio, entrando en vigor en febrero de 2014 por su gradual implementaci\u00f3n conforme la Ley 12.912 de septiembre de 2008.<\/p>\n\n\n\n Mientras tanto, en el a\u00f1o 2011, la tasa de homicidios de la ciudad de Rosario trepaba a 13 cada 100.000 habitantes, dato preocupante ya que hab\u00eda variado escasamente desde 2007 (Gan\u00f3n, 2012).<\/p>\n\n\n\n A nivel nacional se firma en 2009, y suscribe el gobierno santafecino, el Acuerdo para la Seguridad Democr\u00e1tica, alianza multipartidaria y multisectorial promotora de reformas en seguridad, justicia penal y sistema penitenciario, para \u201calcanzar acuerdos b\u00e1sicos sobre pol\u00edticas democr\u00e1ticas de seguridad\u201d y expresar el \u201crechazo a pol\u00edticas demag\u00f3gicas e improvisadas\u201d o \u201cpol\u00edticas de mano dura\u201d. Culminando el 2012, durante la gesti\u00f3n de Bonfatti, las premisas de dicho acuerdo dar\u00e1n sustento a un nuevo impulso reformista, en un contexto de crisis pol\u00edtica y policial.<\/p>\n\n\n\n Tras una nueva victoria del FPCyS en 2011, Antonio Bonfatti gobierna con Corti y Lamberto como ministros de Seguridad, sucesivamente. Un hito fue el lanzamiento del \u201cPlan de Seguridad Democr\u00e1tica\u201d. En 2012, se declara por la Ley 13.297 la emergencia de seguridad p\u00fablica. La gesti\u00f3n tuvo cuatro ejes rectores de transformaci\u00f3n: la conducci\u00f3n pol\u00edtica en la implementaci\u00f3n del Plan, nuevas estrategias para los delitos complejos, descentralizaci\u00f3n y regionalizaci\u00f3n del servicio de seguridad, especializaci\u00f3n y profesionalizaci\u00f3n de los agentes (Informe de gesti\u00f3n, 2015). Entre las acciones se destacan: la creaci\u00f3n de Polic\u00eda de Investigaciones (PDI), de la Polic\u00eda Comunitaria en 2014 (asentada en barrios vulnerables de Rosario y Santa Fe), y de la Polic\u00eda de Acci\u00f3n T\u00e1ctica (PAT); la implementaci\u00f3n del Sistema de Videovigilancia; el establecimiento de ascensos policiales por concurso p\u00fablico; y la puesta en marcha de la Comisi\u00f3n de Higiene y Seguridad en el Trabajo, previendo elecci\u00f3n de delegados policiales.<\/p>\n\n\n\n Un cambio relevante fue la reforma de la estructura provincial policial en 2014 -descentralizaci\u00f3n de la Jefatura de Polic\u00eda en cinco regiones, compatibles con jurisdicciones judiciales, rompiendo con la burocracia centralizada y alejada de situaciones locales y ejerciendo m\u00e1s control pol\u00edtico sobre los jefes regionales.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, se crean, desde el Gabinete Social: el \u201cPrograma V\u00ednculos para la prevenci\u00f3n social de la violencia y delito en gobiernos locales\u201d, reconocido en 2014 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como innovaci\u00f3n en la categor\u00eda del Gobierno Seguro \u201cPrevenir el delito y la violencia\u201d; y el Plan Abre para mejorar la infraestructura y h\u00e1bitat en barrios vulnerables.<\/p>\n\n\n\n La intensidad del per\u00edodo estuvo signada por la publicidad en octubre de 2012 de una investigaci\u00f3n de la justicia federal a Hugo Tognoli, por entonces Jefe de la PSF y ex Jefe de la Direcci\u00f3n General de Prevenci\u00f3n y Control de las Adicciones, por conformar una red de protecci\u00f3n a narcotraficantes del sur de la provincia (P\u00e1gina 12, 2012c). Tras renunciar a su cargo, permanece pr\u00f3fugo dos d\u00edas para luego entregarse a la justicia. Este hecho gener\u00f3 conflictos entre el gobierno provincial y nacional, poniendo en agenda varios temas: el control sobre la polic\u00eda provincial; las competencias para la investigaci\u00f3n de delitos federales; la falta de coordinaci\u00f3n y trabajo conjunto entre \u00e1reas investigativas federales y provinciales; y la falta de cooperaci\u00f3n de las fuerzas federales con la polic\u00eda provincial para prevenir la venta de estupefacientes (Clar\u00edn, 2012).<\/p>\n\n\n\n Como consecuencia de dicha crisis pol\u00edtica y policial, se anunciaron medidas tendientes a reformar las estructuras y funciones policiales con los objetivos de: a) mejorar los controles, constituir \u201cun cuerpo t\u00e1ctico \u00fanico provincial de operaciones, dise\u00f1ado como apoyo a las fuerzas territoriales o ante situaciones especiales o de emergencia\u201d; b) conformar un \u00e1rea policial abocada a la investigaci\u00f3n criminal; c) involucrar a los \u201cgobiernos locales para optimizar la planificaci\u00f3n territorial de los programas de seguridad\u201d y; d) generar informaci\u00f3n estad\u00edstica sobre delitos en a\u00f1os pasados. La presentaci\u00f3n de dichos lineamientos coincide con el llamado a la Legislatura Provincial del ministro de Seguridad por el caso Tognoli (P\u00e1gina 12, 2012b). La Ley de Emergencia en Seguridad de 2012 legaliza muchas de las medidas mencionadas y listadas precedentemente.<\/p>\n\n\n\n En marzo de 2013 son amenazados el ministro de Seguridad, su secretario de Seguridad P\u00fablica, un juez de instrucci\u00f3n de Rosario y funcionarios policiales involucrados en investigaciones sobre venta de drogas por la banda \u201cLos monos\u201d de Rosario. En octubre de 2013 balean la casa de gobernador Bonfatti, estando el mismo dentro; la casa recibi\u00f3 10 disparos de arma de fuego. En diciembre de 2013, en el contexto de huelgas policiales en varias provincias del pa\u00eds, se producen reclamos salariales, acuartelamiento de la PSF y medidas de fuerza, y como consecuencia, saqueos en las ciudades de Santa Fe y Rosario (Pereyra y Sem\u00e1n, 2017).<\/p>\n\n\n\n Durante 2014-2015 se constataban reiterados casos judicializados de violencia institucional por parte de la polic\u00eda en Rosario, dirigidos a \u201cvarones j\u00f3venes, provenientes de sectores socioecon\u00f3micos carenciados, o bien pertenecen a un sector de trabajadores asalariados de clase media-baja, que habitan en barrios perif\u00e9ricos, zonas de la ciudad marginales\u201d, pr\u00e1cticas que pon\u00edan \u201cen serio riesgo la implementaci\u00f3n de un paradigma de seguridad democr\u00e1tico\u201d (Gigli, 2018: 70, 72). Un caso resonante, con varios polic\u00edas imputados, tuvo como v\u00edctima a Franco Casco quien, en octubre de 2014, tras ser detenido y llevado a una comisar\u00eda, permaneci\u00f3 desaparecido por 22 d\u00edas hasta que su cuerpo fue hallado flotando en el r\u00edo (La Capital, 2018). Otro caso relevante fue la muerte en enero de 2015 de Jonathan Herrera, baleado durante una persecuci\u00f3n a pie de un sospechoso de robo por j\u00f3venes suboficiales de la PAT, abriendo la discusi\u00f3n sobre la falta de experiencia, capacidad y preparaci\u00f3n de polic\u00edas entrenados durante seis meses (La Capital, 2015; El Ciudadano, 2015).<\/p>\n\n\n\n En cuanto al narcotr\u00e1fico, si bien los estudios marcan un crecimiento de la actividad en Argentina durante la d\u00e9cada del 90 y la primera del siglo XXI el tema se instala en la agenda nacional durante 2008, luego de un triple homicidio de personas ligadas a dicha actividad, en General Rodr\u00edguez, y de que se desbaratara un laboratorio de drogas sint\u00e9ticas, ligado a las v\u00edctimas, en Ingeniero Maschwitz, ambos hechos en la provincia de Buenos Aires. Su trascendencia se vio magnificada porque qued\u00f3 expuesta ante la opini\u00f3n p\u00fablica la corrupci\u00f3n policial y pol\u00edtica involucrada en el caso (Emmerich y Rubio, 2014).<\/p>\n\n\n\n En Santa Fe, y espec\u00edficamente en Rosario, los problemas de narcotr\u00e1fico y narcomenudeo se instalaron cuando, en enero de 2012, en uno de sus barrios m\u00e1s empobrecidos, resultaron v\u00edctimas de homicidios tres militantes sociales a manos de integrantes de una banda de narcomenudeo (y ligados a la \u201cbarrabrava\u201d de un popular club de futbol de la ciudad) que los confundieron con personas que les hab\u00edan encargado asesinar. Ese hecho, sus repercusiones, la publicidad dada al caso Tognoli, el homicidio- en mayo de 2013- de Claudio \u201cP\u00e1jaro\u201d Cantero (conocido l\u00edder de una banda ligada a la comercializaci\u00f3n de estupefacientes), las muertes derivadas por la venganza de ese hecho y las amenazas que recibieron varios funcionarios provinciales de alto rango colaboraron a que el tema se instalara definitivamente en la agenda a nivel provincial y nacional.[3]<\/a><\/p>\n\n\n\n Mientras tanto, la tasa de homicidios de Rosario del a\u00f1o 2014 registraba un pico de 20 cada 100.000 habitantes. El C\u00f3digo de Procedimientos en lo penal entra en pleno funcionamiento ese mismo a\u00f1o, y se crea el Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n responsable de la direcci\u00f3n de investigaciones criminales. Fuertemente asociado a ello fue la creaci\u00f3n de la PDI.<\/p>\n\n\n\n El desembarco de las Fuerzas Federales en Rosario se produce en abril de 2014, colaboraci\u00f3n federal conforme la Ley de Seguridad Interior de la Naci\u00f3n. Se realizan allanamientos en el marco de causas federales por drogas y saturaciones en lugares y barrios puntuales, con una baja inmediata de heridos por armas de fuego y robos en v\u00eda p\u00fablica, y en un cambio en el modo de narcomenudeo. La creaci\u00f3n de la PAT<\/p>\n\n\n\n \u2026 fue una respuesta inmediata a una de las mayores preocupaciones de los funcionarios santafecinos, que pasa por el potencial retiro de los efectivos de las fuerzas federales que llegaron el abril pasado con la misi\u00f3n de estabilizar la situaci\u00f3n en Rosario. (La Naci\u00f3n, 2014).<\/p>\n\n\n\n Y tambi\u00e9n en 2014 se implementan nuevos espacios para tomar denuncias, los Centros Territoriales de Denuncia (CTD), a cargo de personal civil, creados \u201cpara que los ciudadanos no necesiten concurrir a las comisar\u00edas\u201d (Ministerio de Seguridad, 2013), alivianando la carga de trabajo administrativo en comisar\u00edas, y en vinculaci\u00f3n con el Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Con el objetivo de \u201coptimizar el cumplimiento de las funciones policiales y la calidad de los servicios hacia la comunidad\u201d (Plan de Seguridad Democr\u00e1tica, 2015) se implement\u00f3 un plan de construcci\u00f3n y refacci\u00f3n de comisar\u00edas. Adem\u00e1s, la operatividad policial cotidiana comenz\u00f3 a estar supeditada al funcionamiento del Sistema de Emergencias 911, dejando poco margen a la planificaci\u00f3n operativa realizada por las comisar\u00edas. A su vez, las tareas investigativas, tradicionalmente bajo la \u00f3rbita de las comisar\u00edas, fueron traspasadas hacia la PDI en 2014. Dos reportes de la Secretar\u00eda de An\u00e1lisis y Articulaci\u00f3n de Procesos Interministeriales del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, creada en 2014 para promover reformas, ilustraban el estado deteriorado y deficiencias del funcionamiento de las comisar\u00edas (CENAP, 2015a y 2015b).<\/p>\n\n\n\n Caracterizaci\u00f3n y an\u00e1lisis de la reforma<\/strong><\/p>\n\n\n\n Miradas acad\u00e9micas locales a la problem\u00e1tica de Santa Fe<\/em><\/p>\n\n\n\n Autores del campo de la criminolog\u00eda cr\u00edtica abordaron el estudio de la reforma provincial. Sin embargo, sus objetos de estudios son los modos de problematizaci\u00f3n que derivan en la necesidad de llevarla a cabo (Gonz\u00e1lez, 2007); o las representaciones, conocimientos y la recepci\u00f3n por parte de los funcionarios policiales respecto de las reformas ensayadas (Sozzo et al.<\/em>, 2010). Si bien estos trabajos son adecuados para comprender el contexto m\u00e1s amplio de la reforma, no abordan detalladamente, desde una perspectiva de pol\u00edtica p\u00fablica, el conjunto del proceso. Otros trabajos focalizaron las decisiones y medidas implementadas. Sin embargo, no hacen referencia al contexto, haciendo una mera descripci\u00f3n de las creaciones de ciertas polic\u00edas especiales, acompa\u00f1ada de un an\u00e1lisis normativo (Ghiberto, 2017). Otros estudios de car\u00e1cter etnogr\u00e1fico, sin centrarse en la reforma policial, abordan la cultura policial y las pr\u00e1cticas cotidianas de la polic\u00eda provincial (Bianciotto, 2014; Frederic et al<\/em>., 2013).<\/p>\n\n\n\n El presente trabajo procura entonces analizar el proceso de reforma de la Polic\u00eda de la Provincia de Santa Fe (PSF), de modo amplio, asumiendo que las reformas no se producen en el vac\u00edo, que el contexto es relevante (Ellison y Pino, 2012; Collins et al<\/em>., 2016), y entendiendo que no se limita a ser una mera intervenci\u00f3n tendiente a modificar modos de trabajo de las polic\u00edas, sino que consiste en un proceso que involucra a numerosas agencias estatales, as\u00ed como a diversos actores sociales (Brewer, 2017), modos de trabajo, e intereses. Se destaca el estudio de Cuenca (2014) que contempla varios aspectos: el contexto socioecon\u00f3mico provincial, la situaci\u00f3n delictiva, las demandas sociales por la inseguridad, el funcionamiento de la polic\u00eda y el marco de discusiones y acuerdos pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n Diversas capas integrando un bricolaje<\/em><\/p>\n\n\n\n Para comprender la totalidad del proceso de reforma policial en Santa Fe hasta el a\u00f1o 2015, descripto en la secci\u00f3n anterior, resulta \u00fatil el an\u00e1lisis que Cornelius Friesendorf (2019) realiza para el caso de la reforma policial en Ucrania a la que caracteriza como un bricolaje institucional. Para este autor, el bricolaje expresa la mezcla de elementos de preceptos institucionales anteriores elaborados con nuevos elementos, dando lugar a h\u00edbridos institucionales que son tanto viejos como nuevos. La relaci\u00f3n entre componentes policiales nuevos y viejos depende de una variedad de factores, dice Friesendorf, en particular la voluntad pol\u00edtica, los intereses y cultura de la polic\u00eda, condiciones de reforma tales como los niveles de financiaci\u00f3n y la situaci\u00f3n de seguridad, as\u00ed como la presencia y coherencia de la asistencia extranjera.<\/p>\n\n\n\n Lo mismo puede decirse que sucedi\u00f3 en el caso de la reforma policial en la provincia de Santa Fe donde la acumulaci\u00f3n y combinaci\u00f3n de elementos nuevos y viejos fue sedimentando diversas capas identificables, que expresaron respuestas a diversos problemas en diferentes momentos y con diferentes resultados. Es por este motivo que se puede leer al proceso a trav\u00e9s del prisma del layering, entendido como mecanismo espec\u00edfico de cambio institucional al mismo tiempo que se reconocen las m\u00faltiples caras de la polic\u00eda (Brodeur, 2011). Como se ver\u00e1, este bricolaje institucional resultante no atendi\u00f3 ni incidi\u00f3 sobre la cultura policial.<\/p>\n\n\n\n La capa sobre capacitaci\u00f3n y personal fue un elemento constantemente priorizado durante los momentos reformistas. Sin embargo, resulta complicado medir su impacto en la labor policial debido a los vaivenes que sufri\u00f3 el curr\u00edculo en los distintos momentos. Adem\u00e1s, hay que considerar que las continuas reformas de los planes de estudio pueden contribuir a la heterogeneidad de la formaci\u00f3n b\u00e1sica. Por otro lado, medir la eficacia de estos cambios implicar\u00eda no s\u00f3lo observar los cambios en el curr\u00edculo sino ver en qu\u00e9 condiciones y qu\u00e9 actores intervienen en la formaci\u00f3n b\u00e1sica y la capacitaci\u00f3n a lo largo de la carrera policial, entendiendo que las mismas deber\u00edan ajustarse a las m\u00faltiples funciones que cumple el personal policial. Por \u00faltimo, ser\u00eda necesario revisar si hubo o no cambios en el plantel docente encargado de ejercer dichas funciones.<\/p>\n\n\n\n La capa referida a Investigaciones policiales aparece problematizada s\u00f3lo reci\u00e9n en el tercer momento, en el marco de la reforma del Poder Judicial, en donde la nueva PDI debi\u00f3 interactuar con un nuevo cuerpo de fiscales y nuevos procedimientos.<\/p>\n\n\n\n Una capa nueva, la referida al control sobre la polic\u00eda, nace en el primer momento y toma forma y mayor envergadura. Sin embargo, se observa que al aumentar en n\u00famero y complejidad los cuerpos policiales que componen a la fuerza provincial, no se enuncia ninguna medida sustantiva tendiente a aumentar los controles.<\/p>\n\n\n\n Una capa con rasgos de opacidad es la inteligencia policial, cuya vigencia y estructuras fueron perdiendo significaci\u00f3n hasta perder peso como problema a atender. Lo mismo puede observarse para el caso de la doctrina policial, la cual careci\u00f3 de espacio en la agenda gubernamental. Otra capa desatendida fue la referida a la rendici\u00f3n de cuentas por parte de la polic\u00eda. Siguiendo a Dammert (2019) se puede afirmar que la importancia de esta \u00faltima reside en que es un indicador que da cuenta de la capacidad de conducci\u00f3n civil y su fortaleza para asumir temas de seguridad. Adem\u00e1s, se podr\u00eda agregar que las reformas no s\u00f3lo tienen el objetivo de lograr mayor eficacia del desempe\u00f1o policial, sino que tambi\u00e9n persiguen enmarcar las pr\u00e1cticas policiales en la legalidad, la transparencia y la responsabilidad (Minnaert y Stanley, 2007).<\/p>\n\n\n\n Otra capa individualizable es la pol\u00edtica de seguridad. Consiste en dos aspectos decisivos, los planes estrat\u00e9gicos y la normativa vigente. Su relevancia est\u00e1 dada porque si la polic\u00eda no se encuadra en una pol\u00edtica p\u00fablica de seguridad, puede flaquear y hasta fracasar su misi\u00f3n esencial, o continuar siendo un factor de inseguridad. Si bien el proceso reformista santafecino deriv\u00f3 en su tercer momento en la creaci\u00f3n instancias estatales diferenciadas (siendo la m\u00e1s importante la creaci\u00f3n del Ministerio de Seguridad), herramientas imprescindibles para implementar la pol\u00edtica de seguridad, carece a\u00fan de un marco legal integral, sustentado en la seguridad ciudadana, que consolide los logros y el cambio de paradigma.<\/p>\n\n\n\n En efecto, la capa normativa, en especial lo referido a nuevas leyes, s\u00f3lo se expres\u00f3 en la sanci\u00f3n de la ley de emergencia, un mecanismo transitorio, y de ley de personal policial, una herramienta parcial. En t\u00e9rminos de secuencia temporal la carencia durante el per\u00edodo analizado de una legislaci\u00f3n espec\u00edfica sobre seguridad ciudadana y agencia policial, incluyendo su etapa de debate, sanci\u00f3n y vigencia, priv\u00f3 al proceso de reforma, en particular a los avances logrados en varias de las capas identificadas, de un reaseguro o sost\u00e9n relevante y crucial para evitar oscilaciones, incertidumbres, o hasta retrocesos. Ello contrasta con la experiencia de reforma policial de la Provincia de Buenos Aires que iniciada a fines de 1997, se sustent\u00f3 en dos leyes sancionadas a mediados de 1998, una sobre el sistema de seguridad y otra sobre la organizaci\u00f3n de las polic\u00edas, las cuales soportaron una contrarreforma, y luego sustentaron una segunda oportunidad de reforma entre 2004 y 2007.<\/p>\n\n\n\n En la pol\u00edtica de seguridad promovida desde el poder pol\u00edtico aparece, con especificidad, la capa de seguridad comunitaria, abordaje novedoso en el pa\u00eds encuadrado en una concepci\u00f3n de trabajo barrial centrado en j\u00f3venes vulnerables. Asumi\u00f3 diversas particularidades y altibajos durante la reforma (Cozzi et al<\/em>., 2015). Es necesario destacar que a lo largo del proceso de reforma esta capa, junto con la creaci\u00f3n de \u00e1reas ministeriales tendientes a dar respuesta al problema de seguridad, fueron las que no sufrieron ning\u00fan tipo de interrupci\u00f3n durante los momentos reformistas.<\/p>\n\n\n\n La polic\u00eda tradicional, la estructura de agentes uniformados para la prevenci\u00f3n, organizados territorialmente en comisar\u00edas, o funcionalmente, en comandos para patrullaje, es otra capa particular. Pese a su relevancia para el contacto polic\u00eda-habitante, la discrecionalidad que emana de ello y el peso que tiene en la configuraci\u00f3n y reproducci\u00f3n de la cultura y pr\u00e1cticas policiales cotidianas, result\u00f3 desatendida. La dificultad en abordarla estar\u00eda dada en que el oficio policial no es homog\u00e9neo ni lineal, \u201csino que se organiza y estructura en base a numerosas relaciones, saberes, valores y rutinas, que orientan las pr\u00e1cticas observadas\u201d (Bianciotto, 2014). El impacto de omitir reformas en esta capa fue reflejado en una encuesta de victimizaci\u00f3n realizada en 2015 cuando el 80% de las personas consultadas afirm\u00f3 que ten\u00eda \u201cpoca o ninguna confianza\u201d en la PSF (Instituto Provincial de Estad\u00edsticas y Censos, 2016).<\/p>\n\n\n\n La caracterizaci\u00f3n del bricolaje institucional da cuenta de un proceso de reforma policial que careci\u00f3 de un plan director que respondiera a la necesidad reformar la polic\u00eda otorgando coherencia y una diferenciaci\u00f3n exhaustiva de las diversas funciones que recaen sobre las diversas caras de la polic\u00eda y que adem\u00e1s estuviera asociado a lineamientos estrat\u00e9gicos de una pol\u00edtica de seguridad.<\/p>\n\n\n\n Ahora bien, si se analiza y comparan los diversos per\u00edodos de la reforma, se observa que tanto en el primero como en el segundo momento, ciertas medidas indicar\u00edan que los alcances del cambio resultaban de tipo transformacional respecto del orden institucional vigente, en tanto desplazamiento institucional (displacement), como es el caso de la ley de reforma de 2006 sobre personal policial. Este impulso inicial y formal ahond\u00f3 los problemas internos y gener\u00f3 resistencias institucionales y pol\u00edticas,<\/p>\n\n\n\n motivando, indisciplina y p\u00e9rdida de la autoestima; ausencia de mandos medios; confusiones jer\u00e1rquicas; quiebra de la noci\u00f3n de comisaria; saturaciones de detenidos; corrupci\u00f3n creciente sin controles; conexidad con el crimen organizado; ausencia de capacitaciones en Estado Mayor e inteligencia criminal; la ruptura de la cadena de mando creando islas escindidas de la idea de una sola instituci\u00f3n policial. (Secretar\u00eda de An\u00e1lisis y Articulaci\u00f3n de Procesos Interministeriales, 2015).<\/p>\n\n\n\n Durante el tercer momento, la reforma parece ajustarse al proceso de acumulaci\u00f3n institucional (accretion), de \u00edndole evolutiva, donde el cambio resulta promovido por eventos a nivel micro con respuestas pragm\u00e1ticas que se acumulan de forma descoordinada y hasta obstructiva. Como ejemplos se puede mencionar que mientras se invirtieron fondos y esfuerzos por mejorar las comisar\u00edas, hubo medidas para reemplazar parte de sus tareas, -CTD para denuncias y la PDI para investigaci\u00f3n- dej\u00e1ndolas obsoletas con menos personal, perdida de funciones y equipamiento. Otra muestra de improvisaci\u00f3n fue la capa de nuevas polic\u00edas especiales. La muerte de Jonathan Herrera por las PAT suscit\u00f3 fuertes cr\u00edticas de la opini\u00f3n p\u00fablica por la prioridad dada a la cantidad de polic\u00edas de calle en detrimento de la calidad de su formaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Contextualizando<\/em><\/p>\n\n\n\n La irrupci\u00f3n de la cuesti\u00f3n del narcotr\u00e1fico y del significativo incremento de la violencia delictiva a mediados del tercer momento de reforma constituye una coyuntura cr\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n Por un lado, el aumento de los homicidios en Rosario era atribuido autom\u00e1ticamente al enfrentamiento entre bandas del narcotr\u00e1fico. Sin embargo, para Enrique Font, crimin\u00f3logo y ex Secretario de Seguridad Comunitaria durante la primera gesti\u00f3n del FPCyS, el grueso de los homicidios no pod\u00edan explicarse por la disputa entre bandas por el control territorial, sino que se relacionaba con una cuesti\u00f3n cultural e identitaria que gobierna la conducta de los j\u00f3venes que encuentran en la pertenencia a una banda y el ejercicio de la violencia un modo de ser reconocidos en el contexto de condiciones socioecon\u00f3micas precarias y exclusi\u00f3n de los circuitos econ\u00f3micos leg\u00edtimos\/legales (P\u00e1gina 12, 2012a).<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, el trabajo de Lucas Gonz\u00e1lez y Mar\u00eda Bel\u00e9n C\u00e1ceres concluye que el incremento de tasas de violencia en la provincia no resultaba asociado a las variables socioecon\u00f3micas habituales (correlaciones significativas con el ingreso promedio per c\u00e1pita o el coeficiente GINI de desigualdad del ingreso). Seg\u00fan estos autores, el caso de Santa Fe parece confirmar que la violencia aumenta cuando un nuevo partido asume el gobierno, y las autoridades no resultan capaces de ejercer control pol\u00edtico sobre la polic\u00eda provincial otorg\u00e1ndole gran autonom\u00eda, y cuando el nuevo gobierno decide desafiar arreglos informales preexistentes entre pol\u00edticos, polic\u00edas y bandas criminales (Gonz\u00e1lez y C\u00e1ceres, 2019).<\/p>\n\n\n\n En sinton\u00eda con lo dicho, es decir, el reconocimiento de la mejora de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica y aumento de la igualdad en t\u00e9rminos de distribuci\u00f3n del ingreso y simult\u00e1neo aumento del delito desde principios de siglo XXI, Gabriel Kessler (2014) plantea que otras hip\u00f3tesis por indagar son, por un lado, el surgimiento y consolidaci\u00f3n de mercados il\u00edcitos (de autopartes, drogas, trata de personas, entre otros) que inciden en la situaci\u00f3n de violencia y, por otro, la adquisici\u00f3n de bienes socialmente deseados, en un contexto de necesidades b\u00e1sicas mayormente satisfechas por parte de j\u00f3venes pertenecientes a sectores vulnerables.<\/p>\n\n\n\n Significativo es que el problema del narcomenudeo y de las bandas del narcotr\u00e1fico aparece ligado tanto al aumento de la violencia como a la corrupci\u00f3n policial de distintos modos. O bien la PSF vio incrementado los enfrentamientos entre bandas a un punto tal que dificult\u00f3 la continuidad de su regulaci\u00f3n sobre la actividad (Emmerich y Rubio, 2014) o bien la connivencia funcion\u00f3 como un catalizador para que el negocio del microtr\u00e1fico de drogas creciera (Eventon, 2014). La descentralizaci\u00f3n y fragmentaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n del narcomenudeo por \u201cpolic\u00edas de distintas unidades\u201d contribuy\u00f3 a la expansi\u00f3n horizontal del negocio, recrudeciendo la situaci\u00f3n de violencia entre peque\u00f1as bandas familiares (Flom, 2018). Sea cual fuera el motivo del aumento del narcomenudeo, la PSF comenz\u00f3 a ser considerada uno de los factores facilitadores de la actividad, motivando y acelerando as\u00ed su reforma.<\/p>\n\n\n\n Un reciente estudio comparado sobre polic\u00edas y regulaci\u00f3n del narcotr\u00e1fico en las ciudades de Rosario, Argentina, y R\u00edo de Janeiro, Brasil, advierte que \u201cuna reforma completa de la organizaci\u00f3n policial puede detonar una reacci\u00f3n de la fuerza que aumente los niveles de delito y violencia\u201d (Flom, 2018: 51). Aunque por cierto no es la \u00fanica explicaci\u00f3n, ello se constata para en caso de la reforma Santafecina.<\/p>\n\n\n\n Resumiendo, se puede observar entonces que si bien los cambios organizacionales fueron de alcance transformacional, modificando la estructura de la polic\u00eda, esto no se tradujo en un organigrama con funciones distribuidas de modo claro ni coherente. Por otro lado, es dable pensar que las reformas policiales no consisten meramente en transformar la organizaci\u00f3n y pr\u00e1cticas de las fuerzas de seguridad, sino que implican un esfuerzo y un ejercicio continuo y efectivo de la conducci\u00f3n de la transformaci\u00f3n en marcha con el objetivo de buscar un impacto ajustado a los objetivos propuestos, y que ello requiere su nexo con una pol\u00edtica de seguridad sostenible en el tiempo.<\/p>\n\n\n\n Las coyunturas cr\u00edticas emergentes (sea por aumentos de delitos, falta de respuesta policial y\/o conocimiento p\u00fablico de la connivencia policial con el delito organizado) fueron importantes para apalancar la reforma. De esto se concluye que la gravedad de las coyunturas cr\u00edticas atravesadas fue directamente proporcional a la cantidad y el alcance transformacional de las medidas tomadas en el marco de la reforma. Como ejemplo se puede mencionar la coyuntura m\u00e1s cr\u00edtica de la gesti\u00f3n del FPCyS durante 2012-2014 aceler\u00f3 la reforma, dio luz al Plan de Seguridad Democr\u00e1tica, y oblig\u00f3 a la implementaci\u00f3n de numerosas medidas en un periodo acotado, como la creaci\u00f3n de nuevas polic\u00edas actuantes en diferentes capas, coexistentes con viejas estructuras generando escasa coordinaci\u00f3n, indiferencia y hasta rivalidad dentro de la PSF.<\/p>\n\n\n\n Fueron agentes de cambio disruptivo el ministro Ros\u00faa, en el marco del desplazamiento institucional inicial mencionado; y el ministro Cuenca. El agente de los cambios m\u00e1s significativos del proceso reformista fue el gobernador Bonfatti, quien como se se\u00f1alara m\u00e1s arriba, tuvo dos ministros de seguridad durante su gesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Si bien resulta dificultoso aqu\u00ed aplicar la tipolog\u00eda de Mota Prado et al<\/em>. (2012) s\u00ed se puede descartar que la PSF sea del tipo autocr\u00e1tica, ya que las propuestas reformistas tendieron a plantear como prop\u00f3sito declarado dotarla de valores democr\u00e1ticos. Queda pendiente determinar, conforme los indicios existentes, en qu\u00e9 medida la polic\u00eda est\u00e1 atravesada por la corrupci\u00f3n (polic\u00eda criminal) y\/o si se trata de reticencia a acatar la conducci\u00f3n pol\u00edtica (polic\u00eda aut\u00e1rquica). Asimismo, resultar\u00e1 \u00fatil estudiar el impacto de las econom\u00edas del delito en el devenir de la reforma.<\/p>\n\n\n\n Conclusiones<\/strong><\/p>\n\n\n\n Lo policial (\u201cpolicing\u201d), seg\u00fan Fabien Jobard (2014) resulta uno de los objetos sociales m\u00e1s desafiantes para conceptualizar. Aun as\u00ed, resulta ineludible comprender los procesos de reforma policial y los desaf\u00edos de su implementaci\u00f3n teniendo presente que pueden existir reformas que innovan, que reestructuran, pero tambi\u00e9n reformas que reproducen los problemas que se pretenden transformar. Estudiando los l\u00edmites del policiamiento democr\u00e1tico a la luz de la teor\u00eda social de Simmel, Diarmaid Harkin (2015) advierte sobre las limitaciones del policiamiento democr\u00e1ticamente receptivo asociadas a la autonom\u00eda operativa, el dominio no negociable del uso de la fuerza y los privilegios del control de la informaci\u00f3n por parte de la polic\u00eda, aspectos clave de la forma en que se da la relaci\u00f3n polic\u00eda\u2013 p\u00fablico, todo lo cual restringe e inhibe las aspiraciones de democratizar las primeras.<\/p>\n\n\n\n En el periodo analizado se observa que a mediados de los 90\u2019 la seguridad comenz\u00f3 a ser considerada como un problema sui generis a ser resuelto no en su sentido tradicional, sino desde la novel concepci\u00f3n de seguridad ciudadana. Como se mencion\u00f3, a partir del tercer momento reformista se comenzaron a implementar medidas para contribuir a seguridad aplicando medidas que no necesariamente implicaron intervenciones policiales, tales como la ejecuci\u00f3n de obras p\u00fablicas que mejorasen el espacio p\u00fablico (apertura de calles, mejora de la iluminaci\u00f3n) o la contenci\u00f3n de ni\u00f1os y j\u00f3venes, hechos que fueron reconocidos por la poblaci\u00f3n en una encuesta de victimizaci\u00f3n realizada en el a\u00f1o 2015 (Instituto Provincial de Estad\u00edstica y Censos, 2016). El quiebre es visible, a rasgos generales, en la creaci\u00f3n de espacios de participaci\u00f3n comunitaria, la problematizaci\u00f3n sobre el funcionamiento de la PSF, su formaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n, el ejercicio de la conducci\u00f3n y control sobre la misma, y la naciente promoci\u00f3n de una reforma policial provincial que, pese a las contramarchas entre 1999-2003, sigue vigente hasta estos d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n El derrotero de la experiencia reformista de la provincia de Santa Fe, a\u00fan inconclusa, con oscilaciones y avances, da cuenta de la complejidad y multiplicidad de factores y capas que por sus especificidades requieren tratamientos particulares en su implementaci\u00f3n desde una planificaci\u00f3n de pol\u00edtica p\u00fablica, y en tiempos de consolidaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Nota sobre los autores:<\/p>\n\n\n\n Eduardo E. Est\u00e9vez<\/em><\/strong> es consultor independiente, Argentina. Profesor adjunto en el Instituto Universitario de la Polic\u00eda Federal Argentina (IUPFA). Ex Director General de Pol\u00edtica de Prevenci\u00f3n del Delito del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Correo electr\u00f3nico: eduardo_e_estevez@yahoo.com.ar<\/a><\/p>\n\n\n\n Pedro L. Favorito<\/em><\/strong> es Licenciado en Sociolog\u00eda por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ex analista de la Central de An\u00e1lisis de Procesos, Secretar\u00eda de An\u00e1lisis y Articulaci\u00f3n de Procesos Interministeriales del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe. Correo electr\u00f3nico: pedro.favorito@gmail.com<\/a><\/p>\n\n\n\n Referencias<\/strong><\/p>\n\n\n\n Acuerdo para la Seguridad Democr\u00e1tica (2009), disponible en: www.asd.org.ar<\/a><\/p>\n\n\n\n \u00c1guila, Gabriela (2013), \u201cLa represi\u00f3n en la historia reciente argentina: Fases, dispositivos y din\u00e1micas regionales\u201d, en \u00c1guila, Gabriela y Alonso, Luciano (comps.), Procesos Represivos y Actitudes Sociales: Entre la Espa\u00f1a Franquista y las Dictaduras del Cono Sur<\/em>, Buenos Aires: Prometeo, pp. 97-121.<\/p>\n\n\n\n Aitchison, Andy & Blaustein, Jarret (2013), \u201cPolicing for democracy or democratically responsive policing? 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