LAURA Z\u00da\u00d1IGA RODR\u00cdGUEZ<\/p>\n\n\n\n
Universidad de Salamanca, Espa\u00f1a<\/p>\n\n\n\n
Title: The Capture of the Peruvian State by Drug Trafficking: the Case of \u00abthe White Collars of the Port\u00bb<\/p>\n\n\n\n
Resumen: <\/strong>Desde los a\u00f1os ochenta el Per\u00fa es una pieza clave en el escenario internacional del tr\u00e1fico de drogas. Segundo productor de coca\u00edna del mundo y uno de los pa\u00edses donde se cultiva el principal insumo, la hoja de coca, el puerto de El Callao, siendo uno de los principales puertos de Am\u00e9rica Latina por su volumen, se presume que es desde donde salen importantes cargas de esa droga. La interceptaci\u00f3n de las comunicaciones en 2018 para investigar el crimen organizado violento que se desarrollaba en esa Provincia, desvel\u00f3 una red de jueces, fiscales, congresistas, empresarios, que colaboraban con los narcotraficantes favoreci\u00e9ndoles con la impunidad. No es el primer intento de captura del Estado peruano por el narcotr\u00e1fico. En la d\u00e9cada de los noventa, el gobierno de Fujimori-Montesinos, utiliz\u00f3 el dinero del narcotr\u00e1fico \u2013entre otros- para sobornar a las m\u00e1s altas autoridades del pa\u00eds: jefes militares, Corte Suprema, Fiscal de la Naci\u00f3n, medios de comunicaci\u00f3n, empresarios, todos afines al gobierno. Los \u201cnarcoindultos\u201d del segundo gobierno de Alan Garc\u00eda son otro s\u00edntoma de la gravedad de la colaboraci\u00f3n de autoridades de las m\u00e1s altas esferas del Estado con los poderosos narcotraficantes. Se pone en evidencia la \u201cdoble moral\u201d de la Pol\u00edtica Criminal peruana contra el tr\u00e1fico internacional de drogas, fuerte para los d\u00e9biles y d\u00e9bil para los fuertes: penas altas para los peque\u00f1os traficantes e impunidad para los que se encuentran en el v\u00e9rtice de las organizaciones criminales. Adem\u00e1s, resulta preocupante la enorme capacidad corruptora del dinero proveniente del narcotr\u00e1fico (blanqueo de dinero) para capturar miembros de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El caso \u201ccuellos blanco del puerto\u201d es una muestra emp\u00edrica de la intersecci\u00f3n de la corrupci\u00f3n judicial \u2013y sus adl\u00e1teres- dentro del Estado peruano y las organizaciones del crimen organizado. Para conjurar estas alianzas, es preciso poner el acento en la punici\u00f3n de los delincuentes de cuello blanco del narcotr\u00e1fico y sus colaboradores: abogados, jueces, fiscales, etc., que utilizan su profesi\u00f3n como tapadera para enriquecerse personalmente, en desmedro del bien com\u00fan.<\/p>\n\n\n\n Palabras clave: Tr\u00e1fico internacional de drogas, Corrupci\u00f3n judicial, Blanqueo de dinero, Delincuente de cuello blanco, Impunidad.<\/p>\n\n\n\n Abstract: Since the 1980s, Peru has been a key player in the international drug trafficking scenario. The second largest producer of cocaine in the world and one of the countries where the main input, the coca leaf, is grown, the port of El Callao, being one of the main ports in Latin America due to its volume, is presumed to be where important cargoes of this drug leave from. The interception of communications in 2018 to investigate the violent organized crime that was taking place in that province revealed a network of judges, prosecutors, congressmen, and businessmen who were collaborating with drug traffickers, favoring them with impunity. This is not the first attempt to capture the Peruvian State for drug trafficking. In the 1990s, the government of Fujimori-Montesinos used drug trafficking money -among others- to bribe the country’s highest authorities: military chiefs, the Supreme Court, the Attorney General, the media, and businessmen, all of whom were close to the government. The \u00abnarco-indulgence\u00bb of Alan Garc\u00eda’s second administration is another symptom of the seriousness of the collaboration of authorities from the highest spheres of the State with the powerful drug traffickers. The \u00abdouble standard\u00bb of the Peruvian Criminal Policy against international drug trafficking is made evident, strong for the weak and weak for the strong: high penalties for small-scale traffickers and impunity for those at the apex of the criminal organizations. In addition, the enormous corrupting capacity of money from drug trafficking (money laundering) to capture members of the powers of the State: Executive, Legislative and Judicial, is of concern. The \u00abcase of the white collars of the port\u00bb is an empirical example of the intersection of judicial corruption -and its minions- within the Peruvian State and the organized crime criminal organizations. In order to conjure up these alliances, it is necessary to emphasize the punishment against the white-collar criminals of drug trafficking and their collaborators: lawyers, judges, prosecutors, etc., who use their profession as a cover to enrich themselves personally to the detriment of the common good.<\/p>\n\n\n\n Keywords: International drug trafficking, Judicial corruption, Money laundering, White collar crime, Impunity.<\/p>\n\n\n\n Recibido: 9 de noviembre de 2020. Aceptado: 20 de noviembre de 2020.<\/p>\n\n\n\n Para citar este art\u00edculo\/To cite this article<\/strong>: Laura Z\u00fa\u00f1iga Rodr\u00edguez, \u00abLa captura del Estado peruano por el narcotr\u00e1fico: el caso de los ‘cuello blanco del puerto'\u00bb, Revista de Estudios en Seguridad Internacional<\/em>, Vol. 6, No. 2, (2020), pp. 175-191. DOI: http:\/\/dx.doi.org\/10.18847\/1.12.10<\/a><\/p>\n\n\n\n Introducci\u00f3n: el narcotr\u00e1fico como delito transnacional<\/strong><\/p>\n\n\n\n El narcotr\u00e1fico es una de las industrias m\u00e1s rentables del mundo. Su capacidad para generar grandes ganancias r\u00e1pidamente le convierte en un fen\u00f3meno criminal con una dimensi\u00f3n corruptora sin precedentes. Los beneficios acumulados (que deben ser reciclados, es decir, introducidos a la econom\u00eda legal) sirven de anzuelo para las autoridades de los Estados que se ven f\u00e1cilmente tentados por los ofrecimientos de los narcotraficantes, incomparables con los bajos sueldos que ganan como funcionarios p\u00fablicos. Se trata, por tanto, de un negocio ilegal sumamente exitoso: mientras crecen los beneficios de los infractores, los Estados -m\u00e1s en \u00e9pocas de recortes- se ven limitados en sus medios materiales y personales para la persecuci\u00f3n penal. Es, pues, un combate desigual en armas, donde se mide indudablemente la fortaleza de las instituciones estatales y de su sociedad.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, el narcotr\u00e1fico es un fen\u00f3meno criminal que ofrece todas las dificultades para su persecuci\u00f3n penal caracterizadas de la criminalidad organizada: se comete por medio de organizaciones criminales (de diversos tipos y magnitudes), de car\u00e1cter transnacional, utiliza negocios l\u00edcitos, uso de la violencia, b\u00fasqueda de la impunidad, etc. Estamos ante la principal expresi\u00f3n de la criminalidad organizada transnacional<\/em>, la cual, al lado de la trata y tr\u00e1fico de personas, genera las mayores ganancias del crimen global. Por tanto, uno de sus principales problemas es su car\u00e1cter transnacional, esto es, que se aprovecha de la libertad de movimientos, los avances de las telecomunicaciones, las debilidades de los Estados, la pobreza y la miseria de sus Sociedades, para medrar y expandirse por todo el orbe con la utilizaci\u00f3n de sus incalculables medios econ\u00f3micos. Se trata de un negocio a escala internacional, donde existen repartos de territorios, funciones, mercados, suministradores de bienes y servicios, etc., muy similarmente a la empresa-red de la econom\u00eda formal. Con la ventaja de que esta industria supera todas las fronteras y las leyes de los Estados nacionales, los principios de los Estados democr\u00e1ticos de Derecho y, por supuesto, no paga impuestos.<\/p>\n\n\n\n Por tanto, la capacidad de seguir creciendo y conseguir escala a nivel global es tremenda. No en vano, las organizaciones criminales de car\u00e1cter internacional son considerados \u201cactores no estatales\u201d en el escenario mundial multipolar. Efectivamente, terminada la Guerra Fr\u00eda y al albor de la desregulaci\u00f3n financiera que facilita el reciclaje de las ganancias obtenidas, algunas organizaciones criminales internacionales, especialmente las dedicadas al narcotr\u00e1fico internacional, han conseguido una estructuraci\u00f3n compleja, mimetizadas en el tejido social, que las convierte en \u201cnuevos poderes\u201d con dominio de territorio y mercado, con capacidad de poner en jaque la seguridad de algunos Estados nacionales, \u00faltimamente muy mermados por el modelo liberal, seg\u00fan el cual han externalizado buena parte de los costos de sus aparatos.<\/p>\n\n\n\n Son muchas las ventajas competitivas que ofrecen las organizaciones criminales internacionales del narcotr\u00e1fico sobre los Estados nacionales, que explican su exitoso desarrollo en las \u00faltimas tres d\u00e9cadas. En este trabajo me centrar\u00e9 en el an\u00e1lisis de aquellas que constituyen las m\u00e1s relevantes del caso peruano, que expresan el caldo de cultivo del narcotr\u00e1fico en este pa\u00eds, su crecimiento exponencial y su pretendida captura del Estado.<\/p>\n\n\n\n El narcotr\u00e1fico en el Per\u00fa<\/strong><\/p>\n\n\n\n No cabe duda que el Per\u00fa juega un papel fundamental en el tablero del narcotr\u00e1fico internacional. Considerado segundo productor mundial de coca\u00edna, seguido de Colombia, ocupa un puesto importante y clave en la red de las organizaciones criminales dedicadas a la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de las drogas. Su posici\u00f3n central de cara al Oc\u00e9ano Pac\u00edfico le otorga un puesto privilegiado para enviar \u201ccargas\u201d importantes a cualquier parte del mundo, especialmente por v\u00eda mar\u00edtima, principal medio de transporte de la coca\u00edna. As\u00ed, no solo es el pa\u00eds desde el que se extrae el principal insumo, la hoja de coca y se produce y comercializa el clorhidrato de coca\u00edna es, adem\u00e1s, lugar de tr\u00e1nsito de las sofisticadas redes de los traficantes de los c\u00e1rteles del propio pa\u00eds, M\u00e9xico y Colombia. Desde Per\u00fa salen cargamentos de drogas hacia Europa, Este de Asia, M\u00e9xico, El Caribe y otros pa\u00edses latinoamericanos (AMERIPOL, 2013: 116).<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, el Per\u00fa sigue siendo, conjuntamente con Colombia y Bolivia los principales productores de hoja de coca, elemento b\u00e1sico para la elaboraci\u00f3n de la coca\u00edna que se vende en todo el mundo.[1]<\/a> Se dice que es el clima, la tierra, el cultivo ancestral de la hoja de coca en dichos pa\u00edses lo que hace pr\u00e1cticamente monop\u00f3lico el cultivo de la misma, lo cual ha generado no pocos problemas en las sociedades colombiana, boliviana y peruana. En efecto, corrupci\u00f3n, proliferaci\u00f3n de una econom\u00eda informal, distorsiones en los tipos de cambio, aumento del consumo de drogas, violencia, incluso narco-terrorismo, por citar los efectos m\u00e1s evidentes. Pero adem\u00e1s de los perjuicios generados a las personas encarceladas y sus familias, a los consumidores de drogas, puede observarse \u00faltimamente tambi\u00e9n el da\u00f1o que est\u00e1 generando al medio ambiente el cultivo de hoja de coca. La Pol\u00edtica Criminal auspiciada por Naciones Unidas desde 1998 de desarrollar cultivos alternativos para finalmente controlar la producci\u00f3n de la coca\u00edna, ha tenido resultados irregulares, dif\u00edciles de valorar dada la complejidad de la situaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Debe recordarse que, en Per\u00fa el cultivo de la hoja de coca corresponde a una tradici\u00f3n ancestral. En los pueblos andinos de Per\u00fa y Bolivia existe la costumbre de \u00abchacchar\u00bb (masticar, en quechua) las hojas de coca para tener fortaleza en las labores y soportar el fr\u00edo. Adem\u00e1s, con la hoja de coca se elaboran mates que ayudan a sobrellevar las alturas y se fabrican otros productos derivados como jarabes, pomadas, caramelos, etc. Por tanto, existe una porci\u00f3n de producci\u00f3n legal de hoja de coca. He ah\u00ed el primer problema: las autoridades tienen que controlar cu\u00e1nto corresponde a la producci\u00f3n legal y cu\u00e1nto a la producci\u00f3n ilegal, pudiendo saltarse muy f\u00e1cilmente esa dif\u00edcil l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n La coexistencia de un mercado legal con otro ilegal complica la persecuci\u00f3n de estos \u00faltimos, m\u00e1s a\u00fan si el comportamiento del tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas, como bien recuerda la soci\u00f3loga St\u00f6ckli (2016: 10) \u201carticula sectores de producci\u00f3n, transforma\u00adci\u00f3n y de comercializaci\u00f3n como lo har\u00eda cualquier producto legal del sistema capitalista, con la gran di\u00adferencia de los altos costos de corrupci\u00f3n y de lava\u00addo de activos, que elevan el costo del producto final\u201d. Asimismo, el desarrollo de la producci\u00f3n de la hoja de coca se produce principalmente en zonas empobrecidas, en las que no existen articulaciones con los mercados m\u00e1s productivos del pa\u00eds, dejando a los agricultores a merced de los narcotraficantes. Producida una cadena de valor m\u00e1s rentable que gira alrededor del narcotr\u00e1fico, resulta dif\u00edcil la sustituci\u00f3n de la producci\u00f3n de la hoja de coca, como reclama Naciones Unidas.<\/p>\n\n\n\n Ciertamente que se ha conseguido erradicar zonas de producci\u00f3n de hoja de coca, proponiendo cultivos alternativos como el cacao, pero la complejidad de la problem\u00e1tica que puede considerarse sist\u00e9mica (pobreza, pr\u00e1ctica inexistencia del Estado peruano en amplios territorios, consolidaci\u00f3n de cadenas de valor alrededor del narcotr\u00e1fico), produce rendimientos desiguales en las diferentes zonas (Manrique-L\u00f3pez, 2015). Ello agravado con las alianzas con grupos terroristas restantes de Sendero Luminoso, localizados principalmente en la zona del VRAEM (Valle de los R\u00edos Apur\u00edmac, Ene y Mantaro), cuya producci\u00f3n representa el 43% de la hoja de coca peruana. La coalici\u00f3n narcotr\u00e1fico \/ terrorismo amenaza seriamente la institucionalidad del Estado peruano, pues no son pocos los casos de gobiernos locales y regionales procesados por narcotr\u00e1fico y\/o corrupci\u00f3n. Siendo as\u00ed, la estrategia de sustituir los cultivos de hojas de coca para disminuir la producci\u00f3n de la droga resulta muy limitada por varios motivos. Primero, porque se aprecia \u00faltimamente que con menos hoja de coca se est\u00e1 produciendo m\u00e1s clorhidrato de coca\u00edna. Segundo, porque lo que suele suceder es que los agricultores mantienen ambos cultivos, el sustituto y el de la hoja de coca. Tercero, creada una cadena de valor vinculada al narcotr\u00e1fico, es dif\u00edcil sustituirla dada la rentabilidad que en ella se genera. Mientras exista un aumento de la demanda por el consumo, parece complicado erradicar la producci\u00f3n del principal insumo de la coca\u00edna, la hoja de coca[2]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Situados en este punto, es f\u00e1cil comprender lo complejo que resulta la persecuci\u00f3n penal con estas coordenadas sociales y la expresi\u00f3n del fen\u00f3meno del narcotr\u00e1fico peruano con todas estas aristas que representan un enraizamiento en amplias zonas del pa\u00eds. Muestra de lo que ha calado en ciertas \u00e1reas econ\u00f3micas vinculadas al narcotr\u00e1fico, son las actividades de blanqueo de dinero que se desarrollan principalmente en esos lugares atrapados por la narcoeconom\u00eda, como cooperativas y diversos actos de corrupci\u00f3n (IDEHPUCP, 2018).<\/p>\n\n\n\n Existen razones suficientes para caracterizar el fen\u00f3meno del narcotr\u00e1fico peruano con todos los componentes que los analistas de la criminalidad organizada transnacional suelen subrayar: gran capacidad de adaptaci\u00f3n al medio local, aprovechamiento de vac\u00edos del Estado en cuanto a la provisi\u00f3n de mercado laboral y de desarrollo, ocupaci\u00f3n de territorios donde no llegan las autoridades estatales, f\u00e1cil integraci\u00f3n en el mercado internacional. Como apunta Armao (2014: 9), la competitividad de las organizaciones criminales internacionales se basa en su capacidad para imitar y adaptar los modelos pre-modernos a las demandas de un mercado internacional de bienes y servicios il\u00edcitos. Esto es, han demostrado una adaptabilidad de las relaciones econ\u00f3micas capitalistas en un mundo globalizado para integrar lo local y lo global de una manera eficaz, como ning\u00fan otro actor internacional (Piedrahita, 2020).<\/p>\n\n\n\n Seguidamente me ocupar\u00e9 de desarrollar algunas claves que explican el particular desarrollo del narcotr\u00e1fico en el caso peruano, adem\u00e1s de las antes citadas.<\/p>\n\n\n\n La \u201cdoble moral\u201d: delitos consensuados<\/strong><\/p>\n\n\n\n Una de las particularidades del tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas que lo convierte en un fen\u00f3meno social tan exitoso es que se trata de un delito consensuado<\/em>: es un delito en el que el victimario (vendedor de droga) y la v\u00edctima (consumidor) est\u00e1n de acuerdo (Chabat, 2010: 10). Ello significa que la supuesta v\u00edctima no va a denunciar a su vendedor, sino m\u00e1s bien lo va a encubrir. As\u00ed las cosas, el consumidor es una parte colaborativa en el delito, por lo cual se dificulta sobremanera su persecuci\u00f3n penal. El delito se mantiene invisible ante el contubernio entre traficantes y consumidores de drogas. Es m\u00e1s, respecto al consumo de coca\u00edna, una gran parte de los consumidores suelen ser personas con posiciones sociales elevadas, como pol\u00edticos, empresarios, gente del espect\u00e1culo, sujetos no interesados en acabar con ese mercado. Por eso tambi\u00e9n se considera que detr\u00e1s de la persecuci\u00f3n penal hay una doble moral: simb\u00f3licamente se persigue, pero realmente hay muchos interesados en que esa persecuci\u00f3n no sea real y efectiva.<\/p>\n\n\n\n Por tanto, estamos ante la categor\u00eda de delitos ambiguos<\/em>, en los que no existe una clara conciencia social de que se trata de conductas reprochables, intolerables, delitos graves, salvo en casos de uso coactivo o abusivo que puede darse cuando se vende a j\u00f3venes o la imponen los tratantes a sus v\u00edctimas. La sociedad suele ser tolerante con este mercado il\u00edcito. Tan es as\u00ed que el consumo de drogas est\u00e1 permitido en la mayor\u00eda de pa\u00edses. Ello es producto de una sociedad hedonista, donde no ve mal, sino todo lo contrario, la b\u00fasqueda del placer por medio de sustancias psicoactivas, incluso prohibidas. No existe reproche social en el consumo de drogas y, por tanto, poco o nada en la venta de las mismas. El aumento de la demanda de consumo de drogas que es una constante, especialmente desde el mundo desarrollado, prueba de que se trata un bien que crece en inter\u00e9s. En sociedades hiperactivas, donde existe exceso de informaci\u00f3n, de b\u00fasqueda de resultados inmediatos, el uso de sustancias psicoactivas se explica por s\u00ed mismo.<\/p>\n\n\n\n Como nos recuerda Torrente (2001: 75), el propio concepto de delito es ambiguo por su naturaleza moral y de construcci\u00f3n social. Para que un delito acabe en una definici\u00f3n legal y se persiga penalmente antes tiene que ser reconocido socialmente. Si, como es el caso, la sociedad es tolerante con la pr\u00e1ctica del consumo de drogas, se inhiben los mecanismos de control social informal y la persecuci\u00f3n penal se convierte en un mecanismo que se aplica selectivamente, de manera desigual y simb\u00f3lica, sujeta a mecanismos deleznables, como la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Existe, pues, un discurso p\u00fablico<\/em>, oficial sobre la lucha contra la droga y otro privado<\/em>, soterrado sobre su pr\u00e1ctica. Los traficantes y sus colaboradores lo saben, lo mismo que algunos miembros de las fuerzas del orden, que tienen pocos escr\u00fapulos en entrar en el juego de este simbolismo. La falta de mecanismos inhibitorios, la poca o nula consciencia de estar haciendo algo malo, explican el contubernio de los traficantes con buena parte de la sociedad. Si a ello se a\u00f1ade que existen muchas personas beneficiarias en el mercado de la droga, la impunidad est\u00e1 servida.<\/p>\n\n\n\n Efectivamente, en Per\u00fa, siguiendo a St\u00f6ckil (2014: 10), \u201cmuchos actores identifican al narcotr\u00e1fico como un fen\u00f3meno de \u201cdoble moral\u201d. Por un lado, el sistema de libre mercado, con su objetivo de lucro, motiva la existencia de una narcoeconom\u00eda, que permite obtener grandes cantidades de capital, asociada con la narcopol\u00edtica, que genera la producci\u00f3n y reproducci\u00f3n del capital en alianza con el crimen organizado y cuerpos paramilitares (Su\u00e1rez-Sala\u00adzar, 1989). Por otro lado, las acciones de lucha con\u00adtra la producci\u00f3n y el tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas son una forma de control social, puesto que permite al Estado controlar zonas donde su presencia es d\u00e9bil y hay estructuralmente un bajo monopolio de la violencia, mediante acciones represivas intermi\u00adtentes (erradicaci\u00f3n de cultivos de hoja de coca, interdicci\u00f3n en insumos qu\u00edmicos, entre otros)\u201d.<\/p>\n\n\n\n Entre este doble juego discurren dos variables importantes: la desigualdad en la persecuci\u00f3n penal y la corrupci\u00f3n, ambas, por supuesto, interrelacionadas.<\/p>\n\n\n\n Una lucha orientada de manera desigual<\/strong><\/p>\n\n\n\n Es com\u00fan pensar que, en el combate frente al tr\u00e1fico de drogas, existe una selectividad penal evidente que orienta el castigo principalmente a los sectores menos favorecidos de la cadena de valor del mercado de la droga, agricultores, peque\u00f1os traficantes, \u201cburriers\u201d, mientras que los grandes traficantes se ven continuamente liberados de las penas de prisi\u00f3n. Esto es, las pol\u00edticas criminales punitivistas que propician penas muy duras, con tipos penales abiertos que castigan por igual toda actuaci\u00f3n de favorecimiento del delito, se aplican con mayor frecuencia a los peque\u00f1os traficantes, sino a los propios consumidores, quedando en muchos casos fuera del alcance de la selectividad penal los grandes capos de las mafias de la droga, infringiendo claramente un principio b\u00e1sico del Estado de Derecho, el principio de proporcionalidad.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan un estudio realizado por Sober\u00f3n (2010: 81), en el Per\u00fa, en promedio entre el 20 y el 24 por ciento de la poblaci\u00f3n penitenciaria est\u00e1 en la c\u00e1rcel por delitos de drogas. S\u00f3lo la tercera parte de esta poblaci\u00f3n, aproximadamente, tiene su situaci\u00f3n jur\u00eddica definida, siendo la mayor\u00eda presos preventivos. Este dato nos da un reflejo insuficiente de la incidencia del narcotr\u00e1fico en el Per\u00fa, porque como se ha dicho, los que suelen ser encarcelados son los peque\u00f1os traficantes, quedando fuera de estos \u00edndices los grandes capos de las organizaciones de narcotraficantes.<\/p>\n\n\n\n Esta ha sido una constante, lamentablemente, en Am\u00e9rica Latina. Gracias al discurso de \u201cguerra contra las drogas\u201d proyectado desde los Estados Unidos desde los a\u00f1os ochenta, se han promulgado leyes represivas que no respetan el principio de proporcionalidad, incidiendo en los eslabones m\u00e1s bajos de las organizaciones criminales. Esta pol\u00edtica criminal en sinton\u00eda con la tolerancia cero de la criminalidad callejera supone la represi\u00f3n dura frente al microtr\u00e1fico, olvidando la gran criminalidad del narcotr\u00e1fico que, en muchos casos est\u00e1 emparentada con la corrupci\u00f3n pol\u00edtica. Se trata de propuestas de \u201cduros contra los d\u00e9biles y d\u00e9biles contra los duros\u201d que, finalmente es expresi\u00f3n de la gran Pol\u00edtica Criminal punitivista, simb\u00f3lica, excesiva y de doble moral, que domina nuestro tiempo con un marcado acento en el mantenimiento del status quo y del encarcelamiento de los sectores marginados de la Sociedad (Paladines, 2015: 13).<\/p>\n\n\n\n Es tambi\u00e9n una Pol\u00edtica Criminal en l\u00ednea con una mayor tolerancia hacia la delincuencia de cuello blanco que, adem\u00e1s, posee mayor cantidad de dinero para una defensa m\u00e1s eficaz, est\u00e1 bien situada social y econ\u00f3micamente, y cuenta con los prejuicios sociales at\u00e1vicos de la opini\u00f3n p\u00fablica de asociar la delincuencia con delitos de sangre, violentos, con v\u00edctimas observables emp\u00edricamente. Como ya se ha dicho, en estos supuestos del tr\u00e1fico de drogas, las v\u00edctimas no son realmente v\u00edctimas en la mayor\u00eda de los casos, sino sujetos cooperadores con el delito que consensuan en un mercado il\u00edcito la compra de un bien deseado. En muchos casos, los agentes del tr\u00e1fico de drogas situados en las altas esferas de la cadena de producci\u00f3n ilegal cuentan tambi\u00e9n con la connivencia de los aparatos del Estado, v\u00eda corrupci\u00f3n, pagos de sobornos para que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n las fuerzas del orden, los jueces o fiscales se retraigan en la persecuci\u00f3n penal.<\/p>\n\n\n\n Por tanto, se constata una gran desigualdad en la persecuci\u00f3n penal dentro del tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas<\/em>.[3]<\/a> Por un lado, un punitivismo contra el microtr\u00e1fico y los agricultores de la hoja de coca y, por otro, impunidad para los grandes narcotraficantes; lo cual permite dar curso a esa doble moral que caracteriza la persecuci\u00f3n penal del tr\u00e1fico de drogas: simb\u00f3licamente se pueden dar cifras de eficiencia penal con los datos de incautaciones y sujetos encarcelados por drogas, por otro lado, los grandes capos de las mafias del narcotr\u00e1fico mantienen el negocio il\u00edcito de drogas para sus consumidores y los sujetos integrados en la cadena de valor del mercado ilegal.<\/p>\n\n\n\n Como es dif\u00edcil cuantificar la incidencia del tr\u00e1fico de drogas en un pa\u00eds, resulta muy f\u00e1cil mostrar a la opini\u00f3n p\u00fablica cifras de \u201c\u00e9xitos\u201d sobre lucha contra las drogas, con detenciones, incautaciones y estad\u00edsticas de encarcelamiento que poco inciden en su real prevenci\u00f3n. Como sostiene Pel\u00e1ez (2014: 47): \u201ces imposible saber cu\u00e1ntos delitos de tr\u00e1fico de drogas se comete porque simplemente no se denuncian y tampoco se detectan. Para contabilizar la incidencia del tr\u00e1fico de drogas, se emplean otros datos, como por ejemplo el n\u00famero de personas detenidas a las que se le imputa el delito de tr\u00e1fico, y eso siempre ocurre a posteriori<\/em>, una vez detenido el delincuente\u201d. Tampoco los pa\u00edses suelen contabilizar las tasas de delitos cometidos por organizaciones criminales, sino simplemente las estad\u00edsticas suelen realizarse por los delitos emblem\u00e1ticos de tr\u00e1fico de drogas, trata de personas, blanqueo de capitales, etc.<\/p>\n\n\n\n El fen\u00f3meno de la corrupci\u00f3n (del narcotr\u00e1fico) en el Per\u00fa<\/strong><\/p>\n\n\n\n Por supuesto que no cabe en este trabajo desarrollar las complejas relaciones sociales y econ\u00f3micas que genera la corrupci\u00f3n en el Per\u00fa, pues sus ra\u00edces pueden encontrarse desde la Colonia, por tanto, incluso antes del nacimiento de la Rep\u00fablica. Como anota el gran estudio sobre la corrupci\u00f3n peruana de Quiroz (2013: 29), \u201cVarias generaciones de redes corruptas adeptas a la violaci\u00f3n end\u00e9mica de reglas establecidas, as\u00ed como sus afines interconexiones internacionales, surgen como factores que ligan las pr\u00e1cticas corruptas en las esferas p\u00fablica y privada\u201d. Por tanto, el narcotr\u00e1fico no puede considerarse causa o efecto de la corrupci\u00f3n, pues confluyen una serie de variables sist\u00e9micas del pa\u00eds, pero s\u00ed puede decirse que se trata de un ingrediente importante.<\/p>\n\n\n\n Las vinculaciones del narcotr\u00e1fico con la corrupci\u00f3n de las altas esferas del Estado ha sido una constante en el Per\u00fa, pues desde que el fen\u00f3meno del tr\u00e1fico de drogas internacional empez\u00f3 a desarrollarse con fuerza, esto es desde los a\u00f1os ochenta, ha debido de contar con la colaboraci\u00f3n de algunos miembros de las fuerzas del orden para asegurar la producci\u00f3n, comercializaci\u00f3n del clorhidrato de coca\u00edna y su exportaci\u00f3n a los mercados internacionales. Y, en el caso de ser procesados los autores, no han faltado jueces y fiscales que han asegurado la impunidad de los grandes narcotraficantes.<\/p>\n\n\n\n El fen\u00f3meno del terrorismo que se desarrolla en los a\u00f1os ochenta precisamente con m\u00e1s fuerza en las zonas donde se cultiva la hoja de coca, que expresa tambi\u00e9n alianzas estrat\u00e9gicas entre narcotr\u00e1fico y guerrilla, va a ser un buen pretexto para que las fuerzas del orden neutralicen el compromiso del gobierno con la erradicaci\u00f3n de la coca y la interdicci\u00f3n del tr\u00e1fico de coca\u00edna. Un informe de septiembre de 1989 de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos afirmaba que \u201clos militares peruanos est\u00e1n ahora involucrados con los traficantes de drogas al tiempo que intentan erradicar la insurgencia\u201d (Quiroz, 2013: 347).<\/p>\n\n\n\n Pero el culmen de esta alianza de militares con el narcotr\u00e1fico llega con el Gobierno Fujimori-Montesinos. Sabedores del impacto econ\u00f3mico y sociopol\u00edtico del tr\u00e1fico de drogas en el pa\u00eds, una estrategia fundamental de ese gobierno fue el dominio militar de la pol\u00edtica antidroga y su ejecuci\u00f3n. En 1990 Fujimori reorganiz\u00f3 el Ministerio del Interior en un af\u00e1n por centralizar el control militar tanto de los operativos antinarc\u00f3ticos como antiterroristas, a la par que minaban los tribunales especiales que procesaban los delitos relacionados con drogas, reemplaz\u00e1ndolos por tribunales ordinarios presididos por jueces y fiscales patrocinados por Montesinos. Un mayor control por parte de los militares y los servicios de inteligencia que lideraba Montesinos estaba justificado para prevenir la alianza de los narcotraficantes con los terroristas en algunas zonas del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Como recuerda Quiroz (2013: 410), \u201cla participaci\u00f3n pasada de Montesinos en la defensa legal de narcotraficantes y en el suministro de informaci\u00f3n a la CIA, tuvo un papel crucial en sentar las bases del perverso sistema antidrogas que qued\u00f3 firmemente asentado despu\u00e9s del golpe de 1992\u201d. Por Decretos ejecutivos el ej\u00e9rcito tom\u00f3 el mando exclusivo de las operaciones antidrogas en regiones claves, adem\u00e1s del control de los aeropuertos y puertos mar\u00edtimos. Se instal\u00f3 un sistema que daba curso a la doble moral de la persecuci\u00f3n del narcotr\u00e1fico, \u201cpor un lado, Montesinos contaba con el necesario respaldo local e internacional para asumir el control de las operaciones de interdicci\u00f3n de las drogas, que bajo su mando fueron consideradas \u201cefectivas\u201d por los especialistas. Por otro lado, el aparato militar-SIN (Servicio de Inteligencia) permit\u00eda las actividades de narcotraficantes, pero, al mismo tiempo, orde\u00f1ando para beneficio propio los ingresos derivados de estas\u201d (Quiroz, 2013: 411)[4]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n El dinero proveniente del narcotr\u00e1fico fue, conjuntamente con otros ingresos dinerarios como las privatizaciones, los porcentajes de comisiones de compras de armas, desvi\u00f3 de fondos antidrogas desde los Estados Unidos, etc., el lubricante para financiar el tr\u00e1fico de influencias y los sobornos para comprar todas las instituciones centrales del pa\u00eds, en la d\u00e9cada infame del gobierno Fujimori-Montesinos de los a\u00f1os noventa. Se trata de la mayor captura del Estado por parte de la corrupci\u00f3n pol\u00edtica de la historia del Per\u00fa. Los tent\u00e1culos del aparato Fujimori-Montesinos se propagaron por los altos mandos militares, policiales, Fiscal\u00eda, Poder Judicial, el Congreso, los medios de comunicaci\u00f3n, los empresarios m\u00e1s poderosos. La cleptocracia se instal\u00f3 en el pa\u00eds por todas las esferas m\u00e1s altas del poder econ\u00f3mico y pol\u00edtico, con redes clientelares dominadas desde la c\u00fapula del gobierno, con un costo inconmensurable para el desarrollo de la sociedad civil y el progreso de los m\u00e1s desfavorecidos (Lamas, 2019)[5]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n La (pen)\u00faltima captura del Estado: el caso \u201ccuellos blancos del puerto\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n Precisamente las escuchas telef\u00f3nicas decretadas judicialmente para la investigaci\u00f3n de una banda de narcotraficantes que se sospechaba actuaban en el puerto de El Callao, destap\u00f3 el contubernio de las autoridades judiciales de la provincia y, poco a poco, se fue desmadejando una gran trama de corrupci\u00f3n judicial y pol\u00edtica de alto nivel. El proceso judicial abierto a estos magistrados se denomin\u00f3 \u201clos cuellos blancos del puerto\u201d.<\/p>\n\n\n\n Como antecedente para el lector, debe se\u00f1alarse que el puerto de El Callao, situado en la mitad del continente suramericano a orillas del Pac\u00edfico, es el puerto m\u00e1s importante en volumen de carga del continente americano. Aunado a esto, el Per\u00fa es el segundo exportador del mundo de coca\u00edna y \u00faltimamente las rutas de comercializaci\u00f3n de este producto se realizan fundamentalmente por v\u00eda mar\u00edtima. Ergo, es f\u00e1cil colegir que desde este puerto salen al extranjero toneladas de coca\u00edna[6]<\/a>. Las exportaciones v\u00eda contenedores, es decir, grandes cub\u00edculos en los que se introduce diversos productos, facilita que, dentro de ellos, o precintados para introducir en alg\u00fan lugar de la ruta, se env\u00eden sustancias ilegales. Por supuesto que no se pueden revisar todos los contenedores y ello lo saben los narcotraficantes. Basta con que alg\u00fan aduanero no revise alg\u00fan contenedor en concreto para que la coca\u00edna salga del pa\u00eds. La proliferaci\u00f3n del crimen organizado en el lugar no es algo sorprendente. En 2015, al menos 21 personas fueron asesinadas a manos de sicarios, normalmente j\u00f3venes. La violencia entre bandas criminales se desat\u00f3 creando gran alarma social entre la poblaci\u00f3n lime\u00f1a[7]<\/a>. Cabe se\u00f1alar que, en Per\u00fa, a diferencia del caso colombiano, el uso de la violencia no es una constante por lo que inmediatamente saltan a la luz cuando aumentan los \u00edndices de violencia. Como se\u00f1ala Cubides (2014: 684) \u201cen el caso de Per\u00fa, este no manifest\u00f3 niveles altos de violencia relaciona\u00addos con el narcotr\u00e1fico puesto que participa \u00fanicamente en el cultivo y la producci\u00f3n de la coca\u00edna, dimensiones que en s\u00ed mismas no implican la aplicaci\u00f3n de violencia. Sin embargo, una observaci\u00f3n regional evidenci\u00f3 que, si bien el cultivo no es condici\u00f3n de presencia de altas tasas de homicidio, si a esta se le suman variables como la presencia de \u00e1reas estra\u00adt\u00e9gicas y \u00e1reas en disputa, pueden manifestar niveles de violencia altos. Esto explica que, aunque la tasa nacional no llegue a los niveles colombianos, habr\u00e1 algunas regiones del pa\u00eds que tengan tasas de homicidio superiores a la tasa nacional\u201d. Ciertamente el puerto de El Callao se convirti\u00f3 en un puesto estrat\u00e9gico para la exportaci\u00f3n de la coca\u00edna, desarrollando niveles de violencia nunca antes vistos.<\/p>\n\n\n\n Las interceptaciones telef\u00f3nicas investigando m\u00faltiples delitos del crimen organizado en esa zona desvelaron que el entonces Presidente de la Corte Superior del Callao, un Magistrado de la Corte Suprema[8]<\/a>, ex Consejeros del Consejo General del Poder Judicial (\u00f3rgano judicial encargado de la selecci\u00f3n y promoci\u00f3n de los jueces), favorec\u00edan con sus resoluciones casos de narcotr\u00e1fico, entre otros. Estas escuchas mostraron las vinculaciones de la criminalidad organizada con diversos estamentos judiciales y pol\u00edticos del pa\u00eds. Cual redes clientelares, los fen\u00f3menos de la criminalidad organizada se entrecruzan con la corrupci\u00f3n de la Administraci\u00f3n del Estado asegurando la impunidad de aquella y perpetuando el negocio il\u00edcito del narcotr\u00e1fico, para beneficio de altos funcionarios inescrupulosos capaces de poner precio a sus servicios en beneficio personal. Se presenta, as\u00ed, la intersecci\u00f3n entre las organizaciones criminales del narcotr\u00e1fico con las organizaciones de la corrupci\u00f3n p\u00fablica (IDEHPUCP, 2019). El asunto sigue en proceso de juzgamiento, pues se ha ido descubriendo a lo largo de la investigaci\u00f3n los nexos con otros funcionarios de la Corte Suprema, la Fiscal\u00eda de la Naci\u00f3n, empresarios, miembros del Congreso de la Rep\u00fablica, lo cual demuestra el calado de la corrupci\u00f3n en el pa\u00eds. Hechos, por tanto, que se han desarrollado a lo largo de varios a\u00f1os, por medio de redes clientelares a favor del beneficio il\u00edcito personal, en desmedro de las funciones p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n Lo cierto es que se trata del caso m\u00e1s grave de corrupci\u00f3n judicial en el pa\u00eds, pero no es el \u00fanico. Como se se\u00f1ala Ojo P\u00fablico (2020a) \u201ces solo la punta del iceberg de las redes il\u00edcitas infiltradas en las instituciones encargadas de investigar el delito. La semana pasada, la Procuradur\u00eda P\u00fablica Especializada en Delitos de Corrupci\u00f3n (PPEDC) difundi\u00f3 el estudio denominado \u201cCorrupci\u00f3n en el sistema de justicia: Caso Los Cuellos Blancos del Puerto\u201d, el cual se\u00f1ala que un total de 334 magistrados (151 jueces y 183 fiscales) est\u00e1n involucrados o sentenciados por presuntos actos de corrupci\u00f3n en todo el pa\u00eds\u201d. Por tanto, no se trata de un caso aislado, sino de un fen\u00f3meno bastante generalizado[9]<\/a>, lamentablemente, en el sistema judicial del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Lo grave en el asunto \u201ccuello blanco del puerto\u201d es la captura por parte del narcotr\u00e1fico de personalidades emblem\u00e1ticas, como es el caso del Presidente de la Corte Superior del Callao (m\u00e1ximo \u00f3rgano de la Provincia) y de al menos un Magistrado de la Corte Suprema, muy vinculado con varios magistrados de instancias inferiores (a los que llamaba \u201chermanitos\u201d, seg\u00fan los audios,), incluso presuntamente Fiscales Supremos que est\u00e1n siendo investigados con grandes dificultades dada su condici\u00f3n de aforados. Se trata pues, de que el narcotr\u00e1fico en el Per\u00fa logr\u00f3 obtener la colaboraci\u00f3n de funcionarios del Estado en las m\u00e1s altas esferas judiciales para asegurarse la impunidad. Nuevamente, una expresi\u00f3n del entrecruce de las redes del crimen organizado con las redes de la corrupci\u00f3n judicial. Se trata de, al menos, dos organizaciones criminales que tienen nodos comunes, que colaboran entre ellas con una finalidad com\u00fan: el lucro il\u00edcito. Evidentemente, el da\u00f1o al Estado peruano y a la sociedad civil es inconmensurable, en la confianza de los ciudadanos, en el grado de democratizaci\u00f3n del pa\u00eds, en el sistema financiero, en las expectativas en la justicia. En un pa\u00eds con grandes desigualdades sociales, con problemas de cohesi\u00f3n social, la corrupci\u00f3n judicial ahonda las brechas sociales y la fiabilidad de los ciudadanos \u2013especialmente de los m\u00e1s vulnerables- en el respeto de sus derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n Corrupci\u00f3n judicial y narcotr\u00e1fico en el Per\u00fa<\/strong><\/p>\n\n\n\n Como ha podido verse, el caso \u201ccuellos blanco del puerto\u201d es solo un s\u00edntoma de un problema m\u00e1s profundo: la corrupci\u00f3n sist\u00e9mica en el pa\u00eds andino. El estudio profundo del historiador Quiroz (2013) muestra innumerables etapas de la historia peruana protagonizadas por el aprovechamiento de las estructuras estatales para el enriquecimiento il\u00edcito propio. El caso Odebrecht en los \u00faltimos a\u00f1os desat\u00f3 un terremoto pol\u00edtico, mostrando tambi\u00e9n c\u00f3mo las autoridades que dirigen el pa\u00eds (presidentes, expresidentes) o pretenden dirigir el pa\u00eds (candidatos a la presidencia), empresarios con prestigio econ\u00f3mico y social, se dejaban sobornar por la empresa brasile\u00f1a para obtener contratos p\u00fablicos millonarios[10]<\/a>. La corrupci\u00f3n, por tanto, lamentablemente, es una constante en los procesos sociales del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Pero el problema es may\u00fasculo cuando son los aparatos encargados de hacer cumplir la ley los que trabajan del lado de los delincuentes, para enriquecerse personalmente. El da\u00f1o al Estado de Derecho, a la Democracia, es tremendo porque a los ciudadanos se les conculca su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, principal monopolio del Estado, lo cual alimenta la anomia, precisamente caldo de cultivo del crimen organizado. Se produce, as\u00ed, un c\u00edrculo vicioso dif\u00edcil de contrarrestar, que puede ir creciendo como una gran bola de nieve, llegando un momento en que es muy complicado hacer frente a organizaciones criminales poderosas, porque se han infiltrado en los aparatos del Estado, siendo capaces de amenazar la seguridad nacional, como sucede lamentablemente en M\u00e9xico[11]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n De ah\u00ed que la Pol\u00edtica Criminal moderna se preocupe de los llamados \u201ccolaboradores\u201d con el crimen organizado. Un estudio realizado en Espa\u00f1a sobre los perfiles criminales en la delincuencia organizada espa\u00f1ola se\u00f1al\u00f3 que casi un 60% de los sujetos imputados por delitos de la criminalidad organizada mantienen su actividad legal en paralelo a su actividad delictiva (Gim\u00e9nez-Salinas, 2011: 28). Esto nos muestra que el mundo del crimen organizado no s\u00f3lo est\u00e1 compuesto por profesionales del delito, es decir criminales dedicados organizadamente a la realizaci\u00f3n de delitos, sino tambi\u00e9n por colaboradores de distintas profesiones que dan soporte de todo tipo a las organizaciones criminales. Esta informaci\u00f3n resulta relevante para inducir que existen muchas personas que se encuentran en la periferia de las organizaciones criminales, no integran las mismas, pero son las que las alimentan, asesoran y hasta aseguran la impunidad.<\/p>\n\n\n\n Se trata de un ej\u00e9rcito de polic\u00edas, militares, jueces, fiscales, abogados, aduaneros, empresarios, pol\u00edticos, asesores, que est\u00e1n al servicio de las organizaciones criminales, por supuesto no a tiempo completo como miembros de las mismas, pero que al realizar sus colaboraciones dentro del ejercicio de sus actividades profesiones, no levantan ninguna sospecha, por lo cual resulta muy dif\u00edcil desenmascarar. Nos encontramos ante los delitos de cuello blanco que se realizan en contextos normalizados (Z\u00fa\u00f1iga, 2018) y que pueden actuar impunemente porque les protege la inmunidad de su actuaci\u00f3n dentro de actividades inocuas, socialmente admitidas, incluso respetadas.<\/p>\n\n\n\n Nuevamente el juego de la doble moral hace su aparici\u00f3n. Se trata de sujetos que aparentan cumplir con las reglas del ejercicio de su profesi\u00f3n, pero por detr\u00e1s de las cortinas realizan importantes colaboraciones con el crimen organizado. Colaboraciones tan importantes, que a veces son m\u00e1s relevantes que las propias de las actividades de los miembros de las organizaciones criminales. No por menos ha de valorarse una sentencia a favor de la comisi\u00f3n delictiva, un habeas corpus que pone en libertad un narcotraficante, los indultos en favor de procesados por narcotr\u00e1fico[12]<\/a>, el asesoramiento para el blanqueo de dinero, etc., etc. Pueden ser innumerables los casos que se inscriben en esta l\u00ednea. En el \u00e1mbito judicial desde \u201cpeque\u00f1as ayudas\u201d como diferir la investigaci\u00f3n por parte del fiscal o el juez, como \u201cgrandes ayudas\u201d como poner en libertad al narco o asegurarle una sentencia absolutoria o de menor pena. Todo tiene un precio diferenciado, por supuesto. Y, en muchos casos, los abogados defensores son los intermediarios.<\/p>\n\n\n\n Grandes preguntas se plantean ante esta realidad criminol\u00f3gica. \u00bfEl narcotr\u00e1fico y el crimen organizado tienen un efecto corruptor en las estructuras judiciales o las organizaciones criminales encuentran un h\u00e1bitat de corrupci\u00f3n que favorece esta colusi\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n No existen a\u00fan profundos estudios criminol\u00f3gicos al respecto para dar respuestas ciertas a esa interrogante, pero lo cierto es que queda claro que en el pa\u00eds existen importantes alianzas entre el crimen organizado y la corrupci\u00f3n judicial de las m\u00e1s altas estructuras del Estado. Sino no se explica el exitoso desarrollo del negocio il\u00edcito del narcotr\u00e1fico, trajinado por la doble moral de persecuci\u00f3n penal dura para los d\u00e9biles y d\u00e9bil para los fuertes.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n resulta una evidencia que el crimen organizado encuentra en el pa\u00eds andino unas coordenadas sociales propicias para su desarrollo que es la Gran Corrupci\u00f3n. Como apuntan Ugaz y Hava (2016: 281), en todos los pa\u00edses se presentan rasgos de corrupci\u00f3n a diferentes niveles de la Administraci\u00f3n P\u00fablica. El problema se presenta cuando se trata de la Gran Corrupci\u00f3n: \u201cactos cometidos en los niveles m\u00e1s altos del gobierno que involucran la distorsi\u00f3n de pol\u00edticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los l\u00edderes beneficiarse a expensas del bien com\u00fan\u201d. Sin duda la distorsi\u00f3n de la labor de la Administraci\u00f3n de Justicia en las m\u00e1s altas esferas del Estado para favorecer a los narcotraficantes, se inscribe dentro de esta definici\u00f3n de Gran Corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Por tanto, las alianzas entre el crimen organizado y la corrupci\u00f3n pol\u00edtica, especialmente la judicial, se inscriben en un contexto de Gran Corrupci\u00f3n, donde los factores econ\u00f3mico, pol\u00edtico, sist\u00e9mico, social, impunidad se conjugan para fortalecer las redes criminales del narcotr\u00e1fico y del enriquecimiento il\u00edcito de la administraci\u00f3n de justicia, traducida en esa doble moral de que se persigue la criminalidad organizada pero no efectivamente, o, al menos, no contra los grandes capos de la droga, normalmente protagonistas del tr\u00e1fico internacional de drogas.<\/p>\n\n\n\n Las grandes cifras de la informalidad de la econom\u00eda peruana facilitan el reciclaje del dinero de procedencia il\u00edcita, pues puede circular libremente en ese mercado paralelo. Otro \u00edndice relevante es la cantidad de fallos del sistema judicial para perseguir este el blanqueo de capitales. Los mayores registros de fondos il\u00edcitos involucrados en los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Per\u00fa (UIF) provienen del tr\u00e1fico de drogas (Prado, 2016: 379). Este mismo autor denuncia la timidez en la prevenci\u00f3n y control del blanqueo, sino malas pr\u00e1cticas o indecisiones observadas en el tratamiento penal de los casos judicializables o judicializados, los cuales marcan una preocupante proyecci\u00f3n hacia la impunidad. Queda claro que en un pa\u00eds donde no se persigue id\u00f3neamente el blanqueo de capitales proveniente del narcotr\u00e1fico, encuentran sus autores terreno abonado para perpetrar sus pr\u00e1cticas il\u00edcitas. No s\u00f3lo no existen desincentivos, sino m\u00e1s bien existen incentivos para proseguir ampliando el mercado de drogas il\u00edcitas. Las ingentes cantidades de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico es una herramienta corruptora de primer calibre que ha mostrado hist\u00f3ricamente su capacidad para capturar las altas esferas de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.<\/p>\n\n\n\n El \u00faltimo Informe de GAFILAT (2019: 12), reconoce los avances el pa\u00eds en mejorar el aparato jur\u00eddico, pero considera que, pese a la existencia de investigaciones, procesos y condenas por lavado de activos, \u201clos resultados no son congruentes en magnitud con respecto al nivel de riesgo al que est\u00e1 expuesto el Per\u00fa. La mayor\u00eda de las condenas por lavado de activos est\u00e1n relacionadas con el delito determinante de tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas y en menor grado con otros. Se identifican los casos de lavado de activos para investigaci\u00f3n, pero no resulta evidente que en las investigaciones de casos complejos se est\u00e9 persiguiendo la recuperaci\u00f3n de activos y desarticulaci\u00f3n financiera de las redes criminales, en la generalidad de los casos\u201d.<\/p>\n\n\n\n Un marco m\u00e1s amplio: delito de las organizaciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n La prevenci\u00f3n del narcotr\u00e1fico y el blanqueo de capitales para ser eficaz ha de enmarcarse en un \u00e1mbito m\u00e1s amplio que es una Pol\u00edtica Criminal contra la corrupci\u00f3n y el crimen organizado de cuello blanco<\/em>. Se trata de analizar estas redes delincuenciales que se entrecruzan, colaboran y establecen alianzas, encontrando en el Per\u00fa en el n\u00facleo el dinero proveniente del narcotr\u00e1fico. En el trasfondo encontramos los denominados por los crimin\u00f3logos delito de organizaciones<\/em> (Torrente, 2001: 83-84). Efectivamente, la sociedad suele tolerar estas formas delincuenciales que discurren en el ejercicio de la profesi\u00f3n por la poca visibilidad que despiertan y porque no se trata de una confrontaci\u00f3n directa con las normas sociales (doble moral, o al menos, delitos ambiguos). La filosof\u00eda de estos delincuentes profesionales tiene un sesgo cognitivo que les alienta (\u201ctodo el mundo es deshonesto\u201d, \u201ctodo el mundo es corrupto\u201d, \u201ccada persona tiene un precio\u201d) y cuentan con una sociedad que va en l\u00ednea con el reconocimiento social \u2013 y hasta la adulaci\u00f3n- de quien m\u00e1s dinero tiene sin importar c\u00f3mo lo ha obtenido. Adem\u00e1s, se trata de delitos complejos, con v\u00edctimas invisibles o colaboradoras con el autor, que se desarrollan en contextos normalizados (negocios legales), a lo largo del tiempo, con una diversidad de intervinientes, dif\u00edciles de identificar y, por tanto, detectar, perseguir y castigar. Los procesos suelen ser largos, complicados, con muchos procesados, engorrosos por la multiplicidad de pruebas y escritos que se presentan. Su dinero les permite tener los mejores abogados defensores. Todo esto lo saben los delincuentes de cuello blanco y cuentan con ello, apoyados por sus amigos de las redes clientelares.<\/p>\n\n\n\n No puede olvidarse que el narcotr\u00e1fico provee de trabajo, bienes y servicios a ciertos sectores de la poblaci\u00f3n al que el Estado peruano no suele llegar. Por tanto, suele existir muchas personas necesitadas que viven del mercado del narcotr\u00e1fico. Son los que est\u00e1n en los puestos m\u00e1s bajos de las organizaciones y pueden aparecer socialmente como delincuentes. Pero los que se sit\u00faan en los escalones m\u00e1s altos con frecuencia alternan con las \u00e9lites de la sociedad no delincuente y, por tanto, no son etiquetados como desviados sociales. A vueltas con la doble moral.<\/p>\n\n\n\n Si el Derecho Penal es eminentemente selectivo, en la persecuci\u00f3n penal del narcotr\u00e1fico y la corrupci\u00f3n que genera esta selectividad se vuelve m\u00e1s evidente. Punitivismo para los d\u00e9biles y mano suave para los poderosos, en un juego de simbolismos que es preciso desenmascarar, analizar y conjurar. As\u00ed, las autoridades siempre tendr\u00e1n cifras de operaciones exitosas, incautaciones que ofrecer p\u00fablicamente, mientras en la realidad criminol\u00f3gica siguen discurriendo relaciones sist\u00e9micas de cultivo, producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de coca\u00edna, con la que se benefician algunos de las altas esferas de la sociedad.<\/p>\n\n\n\n \u00bfC\u00f3mo desarticular estas redes del narcotr\u00e1fico y el mercado ilegal que generan? Obviamente las respuestas son de largo alcance y sobrepasan los l\u00edmites de este trabajo porque sin duda se deben combinar la prevenci\u00f3n y la represi\u00f3n, lo cual merecer\u00eda una Pol\u00edtica Criminal integral que aborde los diversos factores coadyuvantes. Los estudiosos barajan la discusi\u00f3n sobre la despenalizaci\u00f3n del tr\u00e1fico de drogas, pues la legalizaci\u00f3n traer\u00eda consigo acabar, al menos, con la corrupci\u00f3n y la violencia que genera la comercializaci\u00f3n de sustancias estupefacientes, como sucedi\u00f3 en su d\u00eda con la venta de alcohol. Otros abogan por una \u201cprohibici\u00f3n flexible\u201d, como D\u00edaz (2017: 402). Siguiendo a Valle define esta tipolog\u00eda, como aquella en la que \u201cconvive un derecho penal m\u00e1ximo para el caso de producci\u00f3n y distribuci\u00f3n mayorista de drogas, con un derecho penal m\u00ednimo, para el caso de consumo y distribuci\u00f3n minorista\u201d. Todo lo contrario de lo que sucede en la actual realidad penol\u00f3gica que, como hemos dicho, se caracteriza por ser fuerte para los d\u00e9biles y d\u00e9bil para los fuertes.<\/p>\n\n\n\n Con esta propuesta al menos se dar\u00eda un paso para desenmascarar la doble moral que se ha instalado en la Pol\u00edtica Criminal contra las drogas y, neutralizar\u00eda algo \u2013al menos- las alianzas entre las \u00e9lites y el narcotr\u00e1fico, rebajando su capacidad para infiltrarse y capturar los poderes del Estado. Poner el acento en la persecuci\u00f3n penal de los narcotraficantes de cuello blanco y sus colaboradores (que, como se ha dicho, a veces realizan aportaciones m\u00e1s importantes que los propios miembros de la organizaci\u00f3n) es una importante arista de esta problem\u00e1tica sin fin.<\/p>\n\n\n\n Nota sobre la autora<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n Laura Z\u00fa\u00f1iga Rodr\u00edguez<\/em><\/strong> es Catedr\u00e1tica de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, Espa\u00f1a. Correo electr\u00f3nico: lzr@usal.es<\/a><\/p>\n\n\n\n Referencias<\/strong><\/p>\n\n\n\n AMERIPOL (2013), An\u00e1lisis situacional del narcotr\u00e1fico. Una perspectiva policial. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panam\u00e1 y Per\u00fa<\/em>, Bogot\u00e1: FIIAPP. http:\/\/www.ameripol.org\/portalAmeripol\/appmanager\/portal\/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=48019<\/a><\/p>\n\n\n\n Armao, Fabio (2014), \u201cCriminal Clusters: State and Organised Crime in a Globalised World\u201d, The European Review of Organised Crime<\/em>, Vol. 1, No. 1, pp. 1-44.<\/p>\n\n\n\n Chabat, Jorge (2010), \u201cEl Estado y el crimen organizado transnacional: amenaza global, respuestas nacionales\u201d, Revista de Historia Internacional<\/em>, Vol. 11, No. 42, pp. 3-14. http:\/\/200.92.215.37\/images\/electronicos\/Seguridad\/ELeSTADOyELcRIMENoRGANIZADOtRANSNACIONAL.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n Cubiedes Salazar, Olga M. (2014), \u201cLa violencia del narcotr\u00e1fico en los pa\u00edses de mayor producci\u00f3n de coca: los casos de Per\u00fa y Colombia\u201d, Papel Pol\u00edtico<\/em>, Vol. 19, No. 2, pp. 657-690. http:\/\/www.scielo.org.co\/pdf\/papel\/v19n2\/v19n2a11.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n D\u00edaz Cort\u00e9s, Lina M. (2017), \u201cLas razones de la legitimidad de las pol\u00edticas criminales frente a las drogas il\u00edcitas: An\u00e1lisis a partir de los modelos de control jur\u00eddico (I)\u201d, en Z\u00fa\u00f1iga Rodr\u00edguez, Laura (Dir.), Criminalidad organizada transnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados democr\u00e1ticos<\/em>,Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 377-419.<\/p>\n\n\n\n El Comercio (2016), \u201cMiguel Facundo Chinguel: las 7 claves del caso narcoindultos\u201d, 16 de agosto. https:\/\/elcomercio.pe\/politica\/justicia\/miguel-facundo-chinguel-7-claves-caso-narcoindultos-398312-noticia\/?ref=ecr<\/a><\/p>\n\n\n\n GAFILAT (2019), \u201cInforme de Evaluaci\u00f3n Mutua del Per\u00fa\u201d. http:\/\/www.fatf-gafi.org\/media\/fatf\/documents\/reports\/mer-fsrb\/GAFILAT-Mutual-Evaluation-Peru-2019-Spanish.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n Gim\u00e9nez-Salinas, Framis A. (2011),\u201c\u00bfExiste un perfil de delincuente organizado? Exploraci\u00f3n a partir de una muestra espa\u00f1ola\u201d, Revista Electr\u00f3nica de Ciencia Penal y Criminolog\u00eda<\/em>, Vol. 13, No. 3, pp. 1-32. http:\/\/criminet.ugr.es\/recpc\/13\/recpc13-03.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n IDEHPUCP (2018), \u201cLavado de activos en cooperativas de la regi\u00f3n de Ayacucho provenientes del tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas y su inserci\u00f3n al mercado legal\u201d. https:\/\/cdn01.pucp.education\/idehpucp\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/14171043\/3-lavado-de-activos-en-cooperativas_-proyectoanticorrupcion-idehpucp.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n Lamas Puccio, Luis (2019), Corrupci\u00f3n, cleptocracia y globalizaci\u00f3n<\/em>, Lima: LP Abogados.<\/p>\n\n\n\n Manrique L\u00f3pez, Hern\u00e1n (2015), \u201cPol\u00edtica de drogas y narcotr\u00e1fico en el Per\u00fa: del triunfalismo peruano al laberinto de la coca\u00edna\u201d, Revista Cultura y droga<\/em>, Vol. 20, No. 22, pp. 64-85.<\/p>\n\n\n\n Noticias ONU (2020), \u201cR\u00e9cords de cultivo de hoja de coca, nuevos c\u00e1rteles y aumento de la violencia: la droga en Am\u00e9rica Latina\u201d, 27 de febrero. https:\/\/news.un.org\/es\/story\/2020\/02\/1470231<\/a><\/p>\n\n\n\n Ojo P\u00fablico (2020a), \u201cEnemigo en casa: los jueces y fiscales corruptos que coparon el sistema judicial en el Per\u00fa\u201d, 6 de mayo. https:\/\/ojo-publico.com\/1809\/el-enemigo-en-casa-magistrados-corruptos-en-el-sistema-de-justicia<\/a><\/p>\n\n\n\n Paladines Rodr\u00edguez, Jorge V. (2015), \u201c`Duros contra los d\u00e9biles y d\u00e9biles contra los duros\u00b4. La lecci\u00f3n no aprendida\u201d, Rebeli\u00f3n<\/em>. www.rebelion.org\/docs\/204138.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n Panorama (2015), \u201cViolencia en el Callao: ganancias con muerte\u201d, 22 de febrero. V\u00eddeo de Youtube, 15:03. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=EXp_bMTRSgY<\/a><\/p>\n\n\n\n Pel\u00e1ez Pi\u00f1eiro, Luis (2014), Estrategias de respuesta de la Guardia Civil en materia de delincuencia grave y organizada<\/em>, Trabajo de Fin de M\u00e1ster. Universidad Internacional Men\u00e9ndez Pelayo.<\/p>\n\n\n\n Piedrahita Bustamante, Pedro (2020), \u201cLocal y global: el Estado frente al delito transnacional\u201d, Revista Derecho del Estado<\/em>, No. 46, pp. 137-160. https:\/\/revistas.uexternado.edu.co\/index.php\/derest\/article\/view\/6503\/8850<\/a><\/p>\n\n\n\n Prado Saldarriaga, V\u00edctor (2016), \u201cCriminalidad organizada y lavado de activos en el Per\u00fa\u201d, en Z\u00fa\u00f1iga Rodr\u00edguez, Laura (Dir.), Ley contra el crimen organizado (Ley N\u00ba 30077). Aspectos sustantivos, procesales y de ejecuci\u00f3n penal<\/em>, Lima: Instituto Pac\u00edfico, pp. 355-385.<\/p>\n\n\n\n Quiroz, Alfonso (2013), Historia de la corrupci\u00f3n en el Per\u00fa<\/em>, Lima: Instituto de Estudios Peruanos.<\/p>\n\n\n\n Rehren, Alfredo (2000), \u201cClientelismo pol\u00edtico, corrupci\u00f3n y reforma del Estado\u201d, documento de trabajo No. 305, Santiago de Chile, Centro de Estudios P\u00fablicos. https:\/\/www.cepchile.cl\/cep\/site\/artic\/20160304\/asocfile\/20160304093611\/refor2_02_rehren.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n Reina, Elena (2020), \u201cDetenido en EE UU el jefe del Ej\u00e9rcito mexicano del Gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto\u201d, 16 de octubre. https:\/\/elpais.com\/mexico\/2020-10-16\/detenido-en-ee-uu-el-ex-secretario-de-la-defensa-con-enrique-pena-nieto.html<\/a><\/p>\n\n\n\n Sober\u00f3n, Ricardo (2010), \u201cLegislaci\u00f3n en materia de drogas y situaci\u00f3n carcelaria en el Per\u00fa\u201d, Transnational Institute (TNI). http:\/\/druglawreform.info\/es\/informacion-por-pais\/america-latina\/peru\/item\/251-peru<\/a><\/p>\n\n\n\n St\u00f6ckil, Gabriela (2014), \u201cEl narcotr\u00e1fico en el Per\u00fa: \u00bfLucha contextualizado o contexto en lucha?\u201d, Revista de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica del Per\u00fa<\/em>, No. 7, pp-8-17.<\/p>\n\n\n\n Torrente, Diego (2001), Desviaci\u00f3n y delito<\/em>, Madrid: Alianza Editorial.<\/p>\n\n\n\n UNODC (2020) \u00ab Efectos del Covid en los mercados de las drogas\u201d. https:\/\/wdr.unodc.org\/wdr2020\/field\/V2002977_ExSum_Spanish.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n Ugaz, Jos\u00e9 y Hava, Esther (2016), \u201cC\u00f3mo definir la Gran Corrupci\u00f3n\u201d, en Z\u00fa\u00f1iga Rodr\u00edguez, Laura (Dir.), Ley contra el crimen organizado (Ley N\u00ba 30077). Aspectos sustantivos, procesales y de ejecuci\u00f3n penal<\/em>, Lima: Instituto Pac\u00edfico, pp. 275-297.<\/p>\n\n\n\n Z\u00fa\u00f1iga Rodr\u00edguez, Laura (2018), \u201cCorrupci\u00f3n y la categor\u00eda \u201cdelito de cuello blanco\u201d: cuando los delitos se cometen en contextos normalizados\u201d, Ius et Veritas<\/em>, No. 57, pp. 162-169.<\/p>\n\n\n\n [1]<\/a> Como recuerda Naciones Unidas, 27 de febrero de 2020, \u201cR\u00e9cords de cultivo de hoja de coca, nuevos c\u00e1rteles y aumento de la violencia: la droga en Am\u00e9rica Latina\u201d: \u201cNo olvidemos que Am\u00e9rica del Sur es responsable de la producci\u00f3n total de la hoja de coca, pasta base y clorhidrato de coca\u00edna en todo el mundo. Toda la red y las mafias que se originan para trasladar este producto a Europa y, sobre todo a Am\u00e9rica del Norte ha corrompido a funcionarios y est\u00e1 implicada con la poca predisposici\u00f3n para combatir esta situaci\u00f3n en sistemas corruptos\u201d (Noticias ONU, 2020).<\/p>\n\n\n\n [2]<\/a> Un \u00faltimo Informe de UNODC (2020: 8) se\u00f1ala \u201cEl cultivo del arbusto de coca contin\u00faa a un nivel hist\u00f3ricamente muy alto (244 200 hect\u00e1reas). La superficie dedicada al cultivo de coca permaneci\u00f3 estable de 2017 a 2018. Sin embargo, la fabricaci\u00f3n mundial estimada de coca\u00edna alcanz\u00f3 una vez m\u00e1s un m\u00e1ximo hist\u00f3rico (1 723 toneladas) y las incautaciones mundiales aumentaron marginalmente (1 131 toneladas)\u201d. Esta aseveraci\u00f3n corrobora los an\u00e1lisis de un mayor rendimiento en la producci\u00f3n de la coca\u00edna desde la hoja de coca.<\/p>\n\n\n\n [3]<\/a> Como constata Torrente (2001: 13): \u201cEl delito es una forma de desigualdad que se suma a otras. V\u00edctimas y delincuentes no se distribuyen de forma aleatoria entre la poblaci\u00f3n. Se concentran en las personas que ya padecen otras formas de discriminaci\u00f3n\u201d. Si esto es as\u00ed con car\u00e1cter general, en el caso de la persecuci\u00f3n del delito de tr\u00e1fico de drogas esta desigualdad es a\u00fan m\u00e1s acuciante.<\/p>\n\n\n\n [4]<\/a> A comienzos de la d\u00e9cada de 1990, Demetrio Ch\u00e1vez Pe\u00f1aherrera, alias \u201cVaticano\u201d, operaba desde una pista de aterrizaje en Campanilla, regi\u00f3n del Alto Huallaga, como proveedor de pasta b\u00e1sica de coca\u00edna a los c\u00e1rteles colombianos. Sus operaciones comprendieron 280 vuelos de aviones ligeros entre Per\u00fa y Colombia entre 1991-1993. Vaticano declar\u00f3 en su juicio haberle entregado 50 000 d\u00f3lares mensuales a Montesinos y a los comandantes de la zona militar para que ignoraran los vuelos. Se neg\u00f3 a pagar cuando la cuota fue elevada a 100 000 d\u00f3lares mensuales y entonces huy\u00f3 a Colombia. En enero de 1994 Vaticano fue arrestado en Bogot\u00e1 y extraditado al Per\u00fa, donde se le acus\u00f3 de colaborar con terroristas y se le tuvo aislado, sometido a torturas en una prisi\u00f3n militar. El caso fue transferido a un tribunal civil ante las evidencias de falta de conexiones con hechos terroristas. En este juicio Vaticano declar\u00f3 haber sobornado a Montesinos y a las autoridades militares y que ocasionalmente recib\u00eda mensajes radiales advirti\u00e9ndole de las inminentes incursiones antidrogas (Quiroz, 2013: 411).<\/p>\n\n\n\n [5]<\/a> Siguiendo a Rehren (2000: 137): \u201cla corrupci\u00f3n tiene entre sus caracter\u00edsticas que inhibe la formaci\u00f3n de grupos aut\u00f3nomos en la sociedad civil, cre\u00e1ndose poderosos v\u00ednculos de dependencia y de explotaci\u00f3n en las grandes mayor\u00edas por parte de grupos, aunque minoritarios, lo suficientemente poderosos y corruptos. Se reduce la pol\u00edtica y la discusi\u00f3n de temas de inter\u00e9s p\u00fablico a un \u00e1mbito de intereses facciosos, deslegitimando el proceso formal, el rol de los partidos y las instituciones pol\u00edticas. En este contexto, la permeabilidad de la clase pol\u00edtica a la corrupci\u00f3n tiene un impacto desintegrador para la sociedad en su conjunto. Adem\u00e1s, las consecuencias econ\u00f3micas de la corrupci\u00f3n tienden a minar las bases econ\u00f3micas que sustentan una democracia liberal\u201d.<\/p>\n\n\n\n [6]<\/a> Aunque existen otros puertos, como el de Paita al sur del pa\u00eds y Moyendo en el norte, lo cierto es que desde el puerto de El Callao se realizan las principales exportaciones del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n [7]<\/a> Vid. el Reportaje del Programa de TV Panorama (Panorama, 2015).<\/p>\n\n\n\n [8]<\/a> Pr\u00f3fugo de la justicia y con orden de extradici\u00f3n desde Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n [9]<\/a> Continuamente se dan a la luz por los medios casos de jueces y fiscales comprados por el narcotr\u00e1fico. Solo como ejemplo, <\/a>\u201cJuez prohibi\u00f3 a la Fiscal\u00eda y a la DIRANDRO que sigan investigando a \u201cETECO\u201d por narcotr\u00e1fico\u201d (Ojo P\u00fablico, 2020b). <\/a>En fallo judicial in\u00e9dito en el Per\u00fa, el juez Mariano M\u00e9ndez de Tarapoto fall\u00f3 a favor de H\u00e1beas Corpus interpuesto por Miguel Ar\u00e9valo, sindicado por la Fiscal\u00eda y la Dirandro como cabecilla de una organizaci\u00f3n criminal dedicada al tr\u00e1fico de drogas. Juez advirti\u00f3 al fiscal \u00c1lvaro Rodas y al jefe del grupo de inteligencia Ori\u00f3n, coronel PNP Walter Lozano, que lideran el caso desde el 2018, de ser denunciados, bajo \u201cresponsabilidad funcional\u201d, en caso sigan investigando a \u2018Eteco\u2019 (Miguel Ar\u00e9valo). Cabe se\u00f1alar que Tarapoto es una zona de selva en la que se desarrolla el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n [10]<\/a> Sintom\u00e1tico es el hecho de que Alejandro Barata, el intermediario en el caso Odebrecht revelara que \u00e9l no corrompi\u00f3 a las autoridades peruanas, \u00e9stas ya estaban corruptas, demostrando la facilidad con la que este se\u00f1or pod\u00eda sobornar a dichas autoridades.<\/p>\n\n\n\n [11]<\/a> Las sucesivas fugas del Chapo Guzm\u00e1n, los sonados casos de corrupci\u00f3n de militares, jueces, y hasta del expresidiente Pe\u00f1a Nieto muestran una tremenda infiltraci\u00f3n de la criminalidad organizada en los m\u00e1s altos estratos del Estado mexicano. La siguiente noticia es expresi\u00f3n de esas colusiones: (Reina, 2020), \u201cDetenido en Estados Unidos el jefe del ej\u00e9rcito mexicano del gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto\u201d: \u201cEstados Unidos ha sacudido M\u00e9xico con la detenci\u00f3n del que fuera el jefe m\u00e1ximo del Ej\u00e9rcito mexicano durante el Gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto, de 2012 a 2018. El general Salvador Cienfuegos fue arrestado el jueves por la noche en el aeropuerto de Los \u00c1ngeles a petici\u00f3n de la Agencia de Drogas Estadounidense (DEA), mientras viajaba con su familia\u201d.<\/p>\n\n\n\n
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