Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n El narcotr\u00e1fico es el delito transnacional organizado m\u00e1s rentable del mundo. Desde la producci\u00f3n de materias primas hasta la venta minorista y el lavado de activos, diferentes sustancias il\u00edcitas atraviesan y afectan a m\u00faltiples pa\u00edses. Dentro de este esquema de comercio globalizado, Am\u00e9rica Latina se destaca por ser el principal productor de coca\u00edna, en la regi\u00f3n andina \u2013 Colombia, Per\u00fa y Bolivia \u2013 y el punto de tr\u00e1nsito de drogas ilegales hacia los principales mercados de consumo, sea Estados Unidos como Europa.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, en las \u00faltimas d\u00e9cadas ha crecido sustantivamente el consumo de drogas en la regi\u00f3n como as\u00ed tambi\u00e9n la violencia asociada a la distribuci\u00f3n de estupefacientes (CICAD-OAS, 2015). Con respecto al Cono Sur, Brasil es el segundo consumidor de coca\u00edna luego de Estados Unidos y Chile el principal de marihuana, mientras que Argentina tambi\u00e9n ostenta altos niveles de consumo de ambas drogas (United Nations Office on Drugs and Crime, 2016).<\/p>\n\n\n\n Am\u00e9rica Latina es la regi\u00f3n m\u00e1s violenta del mundo: teniendo solo el 8 por ciento de la poblaci\u00f3n mundial, registra un tercio de los homicidios (Erickson, 2018). Pr\u00e1cticamente todos los pa\u00edses de la regi\u00f3n padecen el narcotr\u00e1fico y la violencia asociada al mismo, aunque se manifiesta una clara variaci\u00f3n interregional e inter-temporal en esta problem\u00e1tica. Mientras que los estudios acad\u00e9micos y period\u00edsticos sobre violencia suelen concentrarse en M\u00e9xico, Colombia, Centroam\u00e9rica y Venezuela, Brasil concentra 13 por ciento de los homicidios globales (Muggah and Aguirre Tob\u00f3n, 2018). Aunque los otros pa\u00edses del Cono Sur presentan menores niveles de violencia, \u00e9sta ha crecido sustantivamente en los \u00faltimos a\u00f1os. De igual manera, la forma en que los Estados lidian con este fen\u00f3meno var\u00eda considerablemente entre y dentro de los pa\u00edses de esta subregi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En t\u00e9rminos de respuesta al narcotr\u00e1fico, por un lado, los Estados nacionales abordan este fen\u00f3meno mediante la suscripci\u00f3n a diferentes convenciones de las Naciones Unidas, estableciendo agendas de cooperaci\u00f3n entre sus respectivos gobiernos y realizando operaciones conjuntas entre distintas fuerzas de seguridad o agencias judiciales. Dada la preeminencia de respuestas punitivas, se suele considerar que los actores m\u00e1s relevantes para afrontar el narcotr\u00e1fico son las fuerzas policiales nacionales <\/em>o federales, <\/em>seg\u00fan el sistema de gobierno que se trate.[1]<\/a><\/p>\n\n\n\n Sin embargo, una parte significativa de la respuesta estatal al narcotr\u00e1fico depende de actores estatales subnacionales<\/em>, puntualmente, gobiernos y fuerzas policiales provinciales o municipales. Estos gobiernos generalmente carecen de la atribuci\u00f3n legal para conjurar el narcotr\u00e1fico a nivel transnacional mientras que deben lidiar cotidianamente con la violencia local asociada a este delito, especialmente su distribuci\u00f3n minorista.<\/p>\n\n\n\n Am\u00e9rica Latina se caracteriza por instituciones formales d\u00e9biles, bajo cumplimiento de la ley y violaciones sistem\u00e1ticas del Estado de derecho, incluso por parte del propio Estado (Levitsky and Murillo, 2013). En un contexto donde no abundan los incentivos para cumplir la ley, entender las respuestas de los gobiernos con respecto al narcotr\u00e1fico no puede limitarse a un an\u00e1lisis del marco jur\u00eddico vigente o las operaciones conforme a derecho de los agentes estatales. Por el contrario, las fuerzas policiales regulan <\/em>el narcotr\u00e1fico, especialmente su componente de distribuci\u00f3n minorista, de manera informal o ilegal, mediante una combinaci\u00f3n de represi\u00f3n, tolerancia, y extracci\u00f3n de rentas.<\/p>\n\n\n\n Este art\u00edculo define y explica las distintas modalidades de regulaci\u00f3n informal del narcotr\u00e1fico por parte de gobiernos subnacionales en dos pa\u00edses del Cono Sur: Argentina y Brasil. Me concentro en los casos de las \u00e1reas metropolitanas de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe en Argentina y en los Estados federativos de Rio de Janeiro y S\u00e3o Paulo en Brasil desde principios del siglo XXI. La pr\u00f3xima secci\u00f3n define el concepto de regulaci\u00f3n y sus distintas variantes. La tercera secci\u00f3n describe la metodolog\u00eda empleada para este trabajo. La cuarta secci\u00f3n ilustra las diferencias entre estos distintos reg\u00edmenes regulatorios a partir del an\u00e1lisis de los casos enunciados. La quinta y \u00faltima secci\u00f3n establece algunos lineamientos para el an\u00e1lisis de las respuestas estatales al narcotr\u00e1fico en otros pa\u00edses del Cono Sur y Am\u00e9rica Latina. <\/p>\n\n\n\n Regulaci\u00f3n de la delincuencia organizada: el tr\u00e1fico minorista de drogas <\/strong><\/p>\n\n\n\n El concepto de regulaci\u00f3n se refiere al dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de normas formales e informales con respecto a una actividad econ\u00f3mica por parte de una agencia, o agencias, espec\u00edficas (Baldwin, Cave, y Lodge, 2012). En este caso, la actividad econ\u00f3mica ser\u00eda el narcotr\u00e1fico y la agencia reguladora la polic\u00eda, en general (aunque no siempre) cumpliendo las \u00f3rdenes del poder pol\u00edtico. Los agentes del Estado \u201cdise\u00f1an y aplican\u201d un conjunto de normas informales, no escritas ni p\u00fablicamente pronunciables por cuanto lindan con la ilegalidad\u2014aunque no son sin\u00f3nimo de ella (Helmke y Levitsky, 2004).<\/p>\n\n\n\n En el caso puntual del narcotr\u00e1fico, las acciones regulatorias de la polic\u00eda pueden incluir el dise\u00f1o de diferentes tipos de arreglos, acuerdos o pactos de convivencia con los narcotraficantes y su aplicaci\u00f3n mediante diferentes combinaciones de tolerancia, represi\u00f3n (legal e ilegal), extracci\u00f3n de rentas o participaci\u00f3n directa. Un ejemplo es el pacto entre c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico y actores estatales en M\u00e9xico durante la hegemon\u00eda del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Entre otras cosas, el Estado autorizaba la venta de droga en ciertas zonas\u2014por ejemplo, lejos de colegios\u2014y a cambio los narcotraficantes aseguraban bajos niveles de violencia y pagaban su tasa de protecci\u00f3n (Hern\u00e1ndez 2013). En este sentido, este art\u00edculo busca realizar una contribuci\u00f3n emp\u00edrica a una amplia literatura que se ha concentrado primordialmente en los casos de M\u00e9xico y Colombia (Ver, entre otros, Snyder y Duran-Martinez ,2009; Lessing, 2018; Dur\u00e1n-Mart\u00ednez, 2018). Asimismo, en t\u00e9rminos anal\u00edticos, se busca complejizar el tratamiento de la relaci\u00f3n entre el Estado\u2014o m\u00e1s bien diferentes agencias del mismo\u2014con el crimen organizado, explorando la variable de coordinaci\u00f3n para explicar niveles de violencia y contemplando distintos tipos de acciones dentro del concepto m\u00e1s amplio de regulaci\u00f3n (Cf. Rios, 2015).<\/p>\n\n\n\n Es sabido que el narcotr\u00e1fico es una actividad il\u00edcita que comprende muchas etapas. A modo general, se pueden se\u00f1alar la producci\u00f3n primaria, elaboraci\u00f3n, distribuci\u00f3n mayorista, transporte internacional, distribuci\u00f3n minorista\u2014incluyendo la diluci\u00f3n o adulteraci\u00f3n\u2014y consumo final (Reuter, 2014).[2]<\/a> En este trabajo, me restringir\u00e9 al tr\u00e1fico minorista de drogas il\u00edcitas, por dos motivos. Primero, porque es la faceta m\u00e1s visible del delito y la m\u00e1s anclada al territorio donde se realiza. Segundo, porque es la que en el Cono Sur est\u00e1 m\u00e1s fuertemente asociada a la violencia,[3]<\/a> sea por disputas entre bandas por control de ese territorio, lo que Peter Reuter denomina \u201cviolencia sist\u00e9mica\u201d, o como resultado de adictos que act\u00faan bajo influencia de distintas drogas o cometen actos violentos \u2013asociados al robo\u2014para satisfacer su adicci\u00f3n (Goldstein, 1985; Reuter, 2009). De esta manera podemos examinar m\u00e1s n\u00edtidamente el papel del control territorial de las fuerzas policiales subnacionales.<\/p>\n\n\n\n \u00bfPor qu\u00e9 la polic\u00eda regula informalmente el narcotr\u00e1fico, trat\u00e1ndose de una abdicaci\u00f3n de sus deberes de funcionario p\u00fablico? Podr\u00edamos se\u00f1alar dos conjuntos de razones. Por un lado, hay razones ligadas a la naturaleza del fen\u00f3meno. Est\u00e1 claro que la magnitud del consumo de sustancias il\u00edcitas genera una sobreabundancia del delito. Los marcos jur\u00eddicos de prohibici\u00f3n generan un mayor registro y procesamiento de casos que los que la polic\u00eda est\u00e1 generalmente dispuesta o es capaz de administrar. A su vez, cuando el consumo se manifiesta en zonas socialmente postergadas, disminuye el incentivo policial (y estatal) de intervenir para aliviar el problema.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, existen razones ligadas a la organizaci\u00f3n policial en s\u00ed. En el Cono Sur, como en el resto de Am\u00e9rica Latina, las polic\u00edas, sobre todo la base de la pir\u00e1mide organizacional, en general tienen bajos salarios, malas condiciones de trabajo y equipamiento o infraestructura insuficiente o inadecuada.[4]<\/a> Esto genera un aliciente para suplir este magro ingreso con fondos de diferentes actividades delictivas, ya se trate de un soborno por ignorar las leyes de tr\u00e1nsito o por proteger a un grupo de narcotraficantes. En el segundo caso, por supuesto, el ingreso es mayor, al igual que el riesgo. Asimismo, el polic\u00eda puede razonar que es preferible ignorar el delito o negociar con los delincuentes que confrontar con bandas armadas dedicadas a la venta de drogas. Adicionalmente, en niveles m\u00e1s altos de la organizaci\u00f3n policial, dada la falta de carrera profesional basada en criterios meritocr\u00e1ticos, el pago de suplementos monetarios puede ser condici\u00f3n necesaria para ascender, obtener el traslado a un destino codiciado o alg\u00fan otro beneficio laboral. Si a esto le sumamos los altos niveles de impunidad, merced de la complicidad del resto de la organizaci\u00f3n, el poder judicial y el gobierno pol\u00edtico, est\u00e1 claro que son altos los incentivos para aprovechar esta oportunidad si se presenta. Por consiguiente, es frecuentemente que el funcionario estatal, en este caso el polic\u00eda, busque regular este delito con medios no estrictamente legales. Cabe aclarar que la regulaci\u00f3n que ejerce el Estado, en este caso la polic\u00eda, puede ser de manera coordinada o descoordinada, lo cual tendr\u00e1 diferentes implicaciones para los niveles de violencia criminal que enfrente la sociedad.<\/p>\n\n\n\n Variantes de regulaci\u00f3n del narcotr\u00e1fico<\/em><\/p>\n\n\n\n La regulaci\u00f3n estatal de la delincuencia organizada, en este caso del narcotr\u00e1fico, puede ser m\u00e1s o menos coordinada, sobre todo en cuanto al accionar de las fuerzas policiales. El grado de coordinaci\u00f3n tiene implicaciones posteriores sobre los niveles de violencia asociada al narcotr\u00e1fico. La regulaci\u00f3n coordinada tiende a disminuir los niveles de violencia. Una mayor coordinaci\u00f3n implica que los agentes policiales que cobran una tasa de protecci\u00f3n a distribuidores de droga se auto-restrinjan en el monto del impuesto y de la violencia utilizada para cobrarlo. Con menos coordinaci\u00f3n, por el contrario, cada agente o unidad policial tiene el incentivo a buscar una mayor tajada para s\u00ed, en desmedro del equilibrio general de control del conflicto.<\/p>\n\n\n\n Las formas en que una mayor coordinaci\u00f3n disminuye la violencia son varias. Primero, le otorga previsibilidad a los vendedores, que saben cu\u00e1nto deben pagarle y con qu\u00e9 frecuencia a sus protectores para mantenerse en actividad. Por consiguiente, tienen menos incentivos para invadir los mercados de sus competidores o cometer otros delitos para acumular los fondos necesarios para el pago del canon de protecci\u00f3n. Segundo, se estabiliza el n\u00famero de actores en el mercado. De esta manera, cada uno puede estar controlando su parcela territorial o n\u00famero de clientes sin necesidad de captar otros mercados. Como la polic\u00eda restringe a los actores delictivos a su conf\u00edn territorial, no adquieren el poder necesario para confrontar a la polic\u00eda o a sus competidores. Tercero, es m\u00e1s probable que se mantenga estable el precio de la droga comerciada, lo cual genera menos necesidades a los consumidores de cometer delitos, algunos de \u00edndole violenta, para sostener su adicci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n Una regulaci\u00f3n no coordinada, por el contrario, contribuye al aumento de la violencia ligada al narcotr\u00e1fico, por los motivos inversos. En primer lugar, por supuesto, aumenta la probabilidad de que los traficantes respondan violentamente a la violencia policial, lo cual casi siempre genera da\u00f1os colaterales.[5]<\/a> En segundo lugar, le resta previsibilidad y credibilidad al accionar policial, tanto como protector de la delincuencia organizada como de agencia de aplicaci\u00f3n de la ley. Por ende, los traficantes est\u00e1n m\u00e1s predispuestos a incurrir en comportamientos predatorios contra sus competidores o contra la poblaci\u00f3n civil que los rodea. Por un lado, requieren de m\u00e1s recursos para cubrir la tasa de protecci\u00f3n policial. Por otro lado, pueden actuar violentamente contra la poblaci\u00f3n acus\u00e1ndolos de denunciarlos ante la polic\u00eda\u2014o preventivamente para disuadirlos de tales acciones. Finalmente, la represi\u00f3n violenta por parte del estado contra un grupo puede motivar a otros actores delictivos a emplear la violencia para eliminar a sus competidores y adue\u00f1arse de ese mercado (Vargas, 2016). La consecuencia agregada es un aumento de los niveles de violencia. Las pr\u00f3ximas secciones presentan la metodolog\u00eda empleada en este trabajo e ilustran este argumento a partir de los casos subnacionales de Argentina y Brasil.<\/p>\n\n\n\n Dise\u00f1o metodol\u00f3gico<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los hallazgos de este trabajo se basan fundamentalmente en evidencia de \u00edndole cualitativa. Entre 2013 y 2015, realic\u00e9 m\u00e1s de 180 entrevistas a pol\u00edticos provinciales y locales de distintos partidos, polic\u00edas de distinto grado y jerarqu\u00eda, jueces y fiscales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y expertos acad\u00e9micos sobre narcotr\u00e1fico.[6]<\/a> Tambi\u00e9n obtuve informaci\u00f3n confirmatoria de peri\u00f3dicos nacionales y locales, informes de gobierno y organizaciones no gubernamentales y bibliograf\u00eda secundaria. Estos datos cualitativos permitieron evaluar los distintos patrones de respuestas estatales y su grado de coordinaci\u00f3n, as\u00ed como los mecanismos que conectan la coordinaci\u00f3n policial con la violencia criminal (Brady y Collier, 2010; Bennett y Checkel, 2015). A su vez, complement\u00e9 esta informaci\u00f3n cualitativa con datos estad\u00edsticos, particularmente indicadores de violencia criminal y policial, como la tasa de homicidios a nivel subnacional durante los \u00faltimos treinta a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Este trabajo emplea un estudio subnacional comparando cuatro casos de alta similitud. Estos Estados subnacionales exhiben m\u00faltiples semejanzas con respecto a sus fuerzas policiales y mercados ilegales. Por un lado, sus respectivas polic\u00edas exhiben altos niveles de deficiencia, corrupci\u00f3n y violencia institucional (Brinks, 2008), mientras que se caracterizan por ser puntos de tr\u00e1nsito internacional y consumo dom\u00e9stico.<\/p>\n\n\n\n Aplicar un dise\u00f1o comparativo subnacional permite controlar por variables de nivel nacional, como la legislaci\u00f3n sobre narcotr\u00e1fico y el rol de la polic\u00eda y la justicia federal con respecto a este mercado ilegal (Snyder, 2001). Aunque mi enfoque es sobre la polic\u00eda y el gobierno a nivel estadual, los efectos del narcotr\u00e1fico se sienten primordialmente en territorios locales, especialmente los barrios vulnerables de las ciudades metropolitanas, donde hay mayor distribuci\u00f3n minorista y disputas territoriales entre bandas dedicadas al negocio. Por ende, seleccion\u00e9 dentro de cada estado una ciudad para ilustrar a nivel micro los mecanismos de mi argumento. En Santa Fe, la evidencia se centra en la ciudad m\u00e1s importante, Rosario, mientras que en Buenos Aires me focalizo en el municipio de General San Mart\u00edn, un punto primario de tr\u00e1nsito de droga a la Ciudad de Buenos Aires. En los casos brasile\u00f1os, me concentr\u00e9 en las ciudades capitales de los Estados federativos de Rio de Janeiro y S\u00e3o Paulo, que son las m\u00e1s pobladas e importantes, adem\u00e1s de los centros pol\u00edticos y administrativos del Estado, donde est\u00e1 concentrado el esfuerzo estatal de seguridad p\u00fablica. <\/p>\n\n\n\n Regulaci\u00f3n subnacional en Argentina y Brasil: an\u00e1lisis de casos<\/strong><\/p>\n\n\n\n Reg\u00edmenes coordinados: S\u00e3o Paulo y Buenos Aires<\/em><\/p>\n\n\n\n En mayo de 2006, la principal facci\u00f3n criminal de S\u00e3o Paulo, el Primeiro Comando da Capital (PCC) llev\u00f3 a cabo un ataque coordinado desde varios presidios estaduales contra la polic\u00eda y la poblaci\u00f3n civil. Luego de que la ciudad entera quedara paralizada, la respuesta de la polic\u00eda fue a\u00fan m\u00e1s brutal. En total, fueron asesinadas m\u00e1s de 500 personas, la mayor\u00eda de esas muertes quedaron inmunes (Adorno y Salla, 2007).<\/p>\n\n\n\n A modo de frenar la violencia y a partir de entonces, el gobierno de S\u00e3o Paulo estableci\u00f3 un acuerdo informal con el PCC que rige desde entonces. El mismo preserv\u00f3 la hegemon\u00eda de la facci\u00f3n en las prisiones y en las calles (Dias, 2013). Por ende, el Comando se encarg\u00f3 de evitar las confrontaciones con la polic\u00eda y mantener relativamente bajos los niveles de violencia en la periferia de la ciudad. Como contrapartida, se redujo la violencia policial contra los miembros del grupo y los residentes de los barrios pobres que ellos habitan.<\/p>\n\n\n\n En las prisiones, el gobierno tom\u00f3 recaudos para evitar que el Comando se sintiera provocado y ordenara otro ataque. Entre algunas de las medidas tomadas, se descart\u00f3 la alternativa de transferir a los l\u00edderes del grupo a c\u00e1rceles federales, donde estar\u00edan m\u00e1s estrictamente vigilados. El gobierno tampoco opt\u00f3 por mandar a los l\u00edderes del PCC al r\u00e9gimen disciplinario diferenciado dentro de las c\u00e1rceles estaduales, lo cual tambi\u00e9n hubiera limitado su capacidad de control dentro de las prisiones (Dias, 2011). Por consiguiente, el Comando todav\u00eda tiene la capacidad de controlar sus operaciones en la calle, mediante celulares ingresados por sus familiares y abogados, con consentimiento de los guardias penitenciarios, a cambio de un beneficio material (Davis, 2012). El gobierno estadual tampoco bloque\u00f3 las se\u00f1ales de telefon\u00eda alrededor de las c\u00e1rceles para evitar que los miembros de la facci\u00f3n pudieran comunicarse con el mundo exterior. Un teniente de la Polic\u00eda Militar de S\u00e3o Paulo me lo explic\u00f3 de esta manera:<\/p>\n\n\n\n La PM nunca m\u00e1s incursion\u00f3 en una prisi\u00f3n o entr\u00f3 en una celda para buscar armas, drogas o tel\u00e9fonos celulares. Los presos tienen m\u00e1s libertad para tener estas cosas, para hablar por celular o para usar Internet dentro de las prisiones. Es parte del acuerdo con el gobierno. El estado se tir\u00f3 y la Polic\u00eda perdi\u00f3 como resultado.[7]<\/a><\/p>\n\n\n\n Estas concesiones carcelarias les permitieron a los miembros encarcelados del Comando mediar en disputas en la calle y juzgar a aquellos que hab\u00edan violado sus normas. En la calle, la polic\u00eda dej\u00f3 que el Comando mantuviera su control sobre la venta minorista de drogas, a cambio de su garant\u00eda de reducir los niveles de violencia. Con la anuencia de la polic\u00eda y la sociedad civil, el Comando construy\u00f3 un modelo propio de gobernanza local en los territorios que controla (Feltran, 2011; Denyer Willis, 2015). El entonces jefe de la divisi\u00f3n de delito complejo de la Polic\u00eda Civil ilustr\u00f3 c\u00f3mo funcionaba este sistema:<\/p>\n\n\n\n En otro caso, la Polic\u00eda mat\u00f3 cuatro individuos, incluyendo el hijo de uno de los l\u00edderes en prisi\u00f3n. Los amigos del muerto dijeron que iban a vengarse, pero desde la prisi\u00f3n dijeron que les importaba el dinero, no la venganza. Ten\u00edan que administrar el negocio [de la venta de droga], no meterse con la polic\u00eda.[8]<\/a><\/p>\n\n\n\n El resultado fue que se pudo mantener la baja tasa de homicidio que el Estado y la ciudad de S\u00e3o Paulo hab\u00edan logrado desde principios del siglo (Gr\u00e1fico 1). La misma permaneci\u00f3 durante a\u00f1os por debajo de los 10 homicidios por 100 mil habitantes, siendo una de las m\u00e1s bajas de todo Brasil. M\u00e1s a\u00fan, se mantuvo relativamente estable el n\u00famero de homicidios producto de la intervenci\u00f3n policial (gr\u00e1fico 2) y disminuy\u00f3 la ratio entre civiles muertos y heridos, lo cual suele ser tomado como indicador de abuso de la fuerza letal.<\/p>\n\n\n\n Gr\u00e1fico 1. Tasas de homicidio en S\u00e3o Paulo por regi\u00f3n (2001-2015)<\/p>\n\n\n\n Fuente: elaboraci\u00f3n del autor con datos de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica de S\u00e3o Paulo<\/p>\n\n\n\n Gr\u00e1fico 2. Evoluci\u00f3n de muertes producto de intervenci\u00f3n policial en S\u00e3o Paulo (1981-2014)<\/p>\n\n\n\n Fuente: Elaboraci\u00f3n del autor basado en datos del N\u00facleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de S\u00e3o Paulo (NEV-USP), la Secretar\u00eda de Seguridad de S\u00e3o Paulo, Caldeira (2000)y Pinheiro et al. (1991)<\/p>\n\n\n\n Como comprobaci\u00f3n de la importancia de este acuerdo, cuando el Estado de S\u00e3o Paulo decidi\u00f3 suspender temporariamente el acuerdo en mayo de 2012 hubo un aumento significativo de civiles y polic\u00edas muertos hasta noviembre, a partir de que el entonces Secretario de Seguridad decidiera usar a la ROTA, la tropa de elite de la polic\u00eda militar, para enfrentar al PCC. Este escuadr\u00f3n mat\u00f3 a 45 personas en la primera mitad de 2012, el doble que en el mismo per\u00edodo de 2010. A su vez, fueron asesinados 106 polic\u00edas, casi el doble que en 2011 (56), la mayor\u00eda de ellos fuera de servicio, v\u00edctimas de atentados del Comando (Willis, 2012). Esta confrontaci\u00f3n renovada dur\u00f3 hasta noviembre, cuando fue reemplazado el Secretario de Seguridad y se reestableci\u00f3 el acuerdo.<\/p>\n\n\n\n Este resultado se debi\u00f3 en gran parte a la coordinaci\u00f3n de la polic\u00eda estadual de SP. En particular, la polic\u00eda debi\u00f3 restringir su propensi\u00f3n a la violencia y a la corrupci\u00f3n extrema para no desestabilizar el acuerdo. Desde al menos 1997, el gobierno estadual promovi\u00f3 cambios tendientes a la profesionalizaci\u00f3n de la polic\u00eda, de modo tal de reducir sus niveles de abuso de la fuerza y violaciones de derechos humanos que fueron mantenidas por diferentes administraciones. Por ejemplo, el gobierno de Mario Covas (1995-2001) implement\u00f3 programas de reducci\u00f3n de la violencia y aprehensi\u00f3n de armas de fuego, un sistema de monitoreo de las acciones de la polic\u00eda en tiempo real y divisiones especializadas en la investigaci\u00f3n de homicidios y delito complejo. Tambi\u00e9n se cre\u00f3 una oficina de control externo de la violencia institucional y se ejerci\u00f3 un control m\u00e1s f\u00e9rreo de las acciones policiales para evitar v\u00edctimas fatales. Tal como me dijo un ex Secretario de Seguridad Estadual, los gestos del poder pol\u00edtico a la polic\u00eda son fundamentales:<\/p>\n\n\n\n Con la Polic\u00eda es as\u00ed: si hace un discurso que piensa que es solo para la multitud, pero la polic\u00eda lo escucha. Entonces, si dice: \u201c\u00a1La Polic\u00eda va a ser dura! \u00a1Va a combatir el delito!, el polic\u00eda en la calle piensa que lo est\u00e1n liberando y va adelante con todo.[9]<\/a> <\/p>\n\n\n\n Asimismo, la polic\u00eda de S\u00e3o Paulo se abstuvo de iniciar confrontaciones violentas con el PCC, para evitar que las mismas generaran una espiral de violencia que terminara con m\u00e1s polic\u00edas y civiles muertos. Varios polic\u00edas me comentaron que sus superiores y los gobernantes disfrazaban a los asesinatos de sus compa\u00f1eros a manos del PCC como homicidios en ocasi\u00f3n de robo para evitar que salieran a clamar venganza. Un teniente de la Polic\u00eda Militar me dec\u00eda:<\/p>\n\n\n\n Sol\u00eda ser que cuando un polic\u00eda era v\u00edctima de robo u homicidio, los de su Compa\u00f1\u00eda o Batall\u00f3n aumentaban su actividad para que el crimen no quedara impune. Hoy, esa informaci\u00f3n no se comunica, para que la polic\u00eda no act\u00fae. Los homicidios son disfrazados. Las tropas se sienten ignoradas y creen que los criminales act\u00faan con impunidad.[10]<\/a><\/p>\n\n\n\n De esta manera, la coordinaci\u00f3n interna de la polic\u00eda, sobre todo de sus contingentes militares, para evitar confrontaciones violentas con el PCC, contribuy\u00f3 a la estabilidad de la violencia criminal en S\u00e3o Paulo. En otras palabras, se trat\u00f3 de una regulaci\u00f3n basada en la negociaci\u00f3n y con baja conflictividad como resultado.<\/p>\n\n\n\n La polic\u00eda de la provincia de Buenos Aires lleg\u00f3 a un resultado similar, aunque por una v\u00eda distinta. Al asumir el poder en 2007, el gobernador Daniel Scioli desarm\u00f3 las reformas iniciadas por su antecesor, las cuales intentaban restringir los negocios ilegales de la polic\u00eda.[11]<\/a> Lo que sigui\u00f3 fue una politizaci\u00f3n de la polic\u00eda que habr\u00eda incluido la centralizaci\u00f3n de la recaudaci\u00f3n de actividades delictivas en las arcas del gobierno provincial.<\/p>\n\n\n\n Esta visi\u00f3n, si bien no ha sido confirmada por una investigaci\u00f3n judicial, es compartida por todo el arco pol\u00edtico opositor. Un diputado estadual de una facci\u00f3n rival dentro del partido de gobierno afirm\u00f3 en nuestra entrevista que \u201cel sciolismo se empez\u00f3 a financiar con plata de la corrupci\u00f3n policial. El gran salto en la magnitud de financiamiento de la polic\u00eda ocurre cuando el sciolismo ordena mayores niveles de contribuci\u00f3n. Esto coincide con su c\u00e1lculo en ese momento [2011] de romper con la presidenta Cristina [Kirchner]\u201d.[12]<\/a> Otro legislador opositor agregaba que entre \u201centre el ministro de seguridad y los intendentes municipales est\u00e1n discutiendo qui\u00e9n se queda con la plata\u201d.[13]<\/a> Gran parte de estos fondos provendr\u00eda de los \u201cimpuestos\u201d que cobraba la polic\u00eda para proteger vendedores minoristas de drogas en el Conurbano Bonaerense.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n desarrollada sugiere que la protecci\u00f3n policial se ejerci\u00f3 de modo coordinado, en el sentido de que el sistema de recaudaci\u00f3n permeaba la organizaci\u00f3n policial y moldeaba el comportamiento de sus miembros. Uno de los legisladores de la oposici\u00f3n narr\u00f3 un episodio que ilustra c\u00f3mo el entonces subjefe de la polic\u00eda supervisaba que sus oficiales no molestaran a narcotraficantes de envergadura:<\/p>\n\n\n\n Yo he tenido el testimonio de un polic\u00eda que se enter\u00f3 de que hab\u00eda una negociaci\u00f3n por droga en el taller; eval\u00faa en ese momento que si da aviso a la justicia federal le sacaban el caso y se arruinaba entonces decidi\u00f3 allanar sin la orden, porque como era un taller, por la ley de desarmaderos estaba habilitado a entrar in fraganti. Entra al galp\u00f3n, reducen a los dos custodios armados y lo ven a Sancho [el narcotraficante] en el fondo hablando por tel\u00e9fono inmutable. Empieza a caminar hacia el fondo del sal\u00f3n y a la mitad le suena el Handy: [reproduce el di\u00e1logo] \u2018Ya lo llamo jefe que estoy en un operativo.\u2019 Del otro lado: \u2018Levanta de donde est\u00e1s.\u2019 \u2018No, pero jefe\u2019 \u2013 \u2018Levant\u00e1 ya de donde est\u00e1s.\u2019 Se tuvo que ir. Era el actual jefe de polic\u00eda en el otro lado y era con quien estaba hablando Sancho, en ese momento, el n\u00famero dos de la fuerza. Est\u00e1 absolutamente corrompido de arriba hacia abajo y abajo no est\u00e1 tan generalizado, pero se cumplen \u00f3rdenes.[14]<\/a> <\/p>\n\n\n\n Asimismo, otros entrevistados sugirieron que el gobierno provincial ubicaba comisarios funcionales en los puntos clave que le aseguraran la debida recaudaci\u00f3n del narcotr\u00e1fico. Un integrante de la c\u00fapula policial, ya retirado, me lo explic\u00f3 en estos t\u00e9rminos: \u201cCuando volv\u00ed de vacaciones, renunci\u00e9 porque me hab\u00edan puesto tres comisarios en la zona de San Mart\u00edn, por pedidos pol\u00edticos. Eran justo las comisar\u00edas por donde pasa la droga que entra al norte del Gran Buenos Aires. No se puede poner a un zorro a cuidar a las gallinas\u201d.[15]<\/a><\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s de monitorear las rutas de ingreso de la droga, la polic\u00eda proteg\u00eda a distribuidores minoristas avis\u00e1ndoles de pr\u00f3ximos allanamientos e incluso vendi\u00e9ndoles la misma droga que secuestraban. Una investigaci\u00f3n de la Polic\u00eda Federal descubri\u00f3 que un grupo de polic\u00edas de distinto grado recib\u00edan entre 500 y 3000 d\u00f3lares por mes para proteger a una banda de narcotraficantes (Di Nicola, 2015).<\/p>\n\n\n\n La muestra m\u00e1s cabal de involucramiento policial sist\u00e9mico en el narcotr\u00e1fico ocurri\u00f3 en el Caso Candela, acontecido en agosto de 2011. Luego de que una nena de nueve a\u00f1os de un municipio pobre del Gran Buenos Aires fuera secuestrada y asesinada, una Comisi\u00f3n Legislativa que revis\u00f3 el caso concluy\u00f3 que la polic\u00eda y el poder judicial manipularon la investigaci\u00f3n para que no transcendieran los v\u00ednculos de protecci\u00f3n policial al grupo de narcotraficantes que operaba en esa zona (Sain, 2017).[16]<\/a> Si bien la Comisi\u00f3n recomend\u00f3 la destituci\u00f3n del jefe de la polic\u00eda y varias autoridades policiales, la mayor\u00eda mantuvo sus cargos, lo cual demuestra el escaso poder de presi\u00f3n que ten\u00eda el poder legislativo en este momento.<\/p>\n\n\n\n El gobierno provincial rara vez manifest\u00f3 preocupaci\u00f3n por la corrupci\u00f3n policial, al menos en lo que respecta a sus respuestas institucionales. La Oficina de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, si bien no depend\u00eda de la polic\u00eda, no ten\u00eda un rol investigativo, mucho menos cuando se trataba de cuestiones graves.[17]<\/a> La justicia frecuentemente operaba en connivencia con la polic\u00eda, como demostraron el caso anteriormente citado y el de un fiscal de otro municipio, procesado por encubrir a narcotraficantes. Finalmente, a diferencia de gestiones anteriores, tampoco se realizaron purgas masivas de la polic\u00eda para remover a jerarcas presuntamente vinculados a negocios ilegales. <\/p>\n\n\n\n Sin embargo, durante este per\u00edodo, la violencia en la Provincia se mantuvo estable. Los homicidios dolosos aumentaron solo un 5 por ciento entre 2008 y 2015, la mitad del crecimiento a nivel nacional, e incluso descendieron un 10 por ciento entre 2009 y 2012.[18]<\/a> Asimismo, los homicidios en ocasi\u00f3n de robo disminuyeron un 24 por ciento en este \u00faltimo per\u00edodo. Este descenso es llamativo trat\u00e1ndose de un mercado de venta de droga extremadamente fragmentado y de varios municipios con alta marginalidad social. A diferencia de Rosario, donde los conflictos interpersonales escalaban a guerras entre bandas, no hubo tales experiencias en Buenos Aires durante este per\u00edodo. Esto contrasta tambi\u00e9n con la situaci\u00f3n anterior de proliferaci\u00f3n de secuestros y asesinatos de individuos vinculados a la actividad durante la d\u00e9cada anterior. Este caso demuestra que, cuando existe coordinaci\u00f3n intra-agencial, aunque sea con la finalidad de recaudar fondos ilegales, puede controlarse la violencia, al menos en el corto plazo.<\/p>\n\n\n\n Reg\u00edmenes no coordinados: R\u00edo de Janeiro y Rosario<\/em><\/p>\n\n\n\n Contrario a lo que ocurri\u00f3 en S\u00e3o Paulo y Buenos Aires, las ciudades de Rio de Janeiro y Rosario se caracterizan principalmente por una regulaci\u00f3n no coordinada del narcotr\u00e1fico, basada en la aplicaci\u00f3n indiscriminada, arbitraria y fragmentada de la violencia y la corrupci\u00f3n por parte de la polic\u00eda. Esto gener\u00f3 un aumento sustantivo de sus respectivos niveles de violencia: en el caso de Rio de Janeiro, desde la democratizaci\u00f3n hasta, al menos, fines de la primera d\u00e9cada del 2000; en el caso de Santa Fe, entre mediados del 2000 y la actualidad. En el primer caso, esto se debe a los m\u00faltiples ciclos de reformas fallidas por parte del gobierno estadual. En el segundo, se relaciona fundamentalmente con el desgobierno pol\u00edtico de la polic\u00eda durante las administraciones socialistas que gobernaron desde 2007.<\/p>\n\n\n\n En Rio de Janeiro, sobre todo antes de la implementaci\u00f3n del programa de Unidades de Polic\u00eda Pacificadora (UPP), la polic\u00eda enfrentaba al narcotr\u00e1fico, sobre todo a su manifestaci\u00f3n de venta minorista en las favelas de la ciudad, mediante una combinaci\u00f3n arbitraria de violencia y corrupci\u00f3n. Durante d\u00e9cadas, la acci\u00f3n de la Polic\u00eda Militar contra el narcotr\u00e1fico consist\u00eda en irrupciones espont\u00e1neas sin autorizaci\u00f3n pol\u00edtica en las favelas para arrestar o matar supuestos traficantes e intimidar a la poblaci\u00f3n. Tal como me dijo un ex capit\u00e1n de la BOPE, la tropa de elite de la Polic\u00eda Militar: \u201cNo hab\u00eda pol\u00edtica de seguridad, ni para la PM ni para la BOPE. Entr\u00e1bamos de noche, mat\u00e1bamos a dos o tres traficantes, incaut\u00e1bamos algunas armas y esa era nuestra medida de \u00e9xito.\u201d[19]<\/a><\/p>\n\n\n\n Mientras que en algunas ocasiones se trataba de enfrentamientos parejos, el n\u00famero de muertos civiles super\u00f3 ampliamente las bajas policiales durante este per\u00edodo (Cano, 1997). Esta alta tasa se deb\u00eda en parte a la presunci\u00f3n de culpabilidad que legitimaba la muerte de un residente de la favela a manos de la polic\u00eda, adem\u00e1s de las m\u00faltiples v\u00edctimas producto de balas perdidas.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, la polic\u00eda reiteradamente extorsionaba, amenazaba, torturaba e incluso secuestraba a miembros de las facciones criminales a cambio de un canon de protecci\u00f3n. Un ex miembro de una facci\u00f3n criminal me cont\u00f3 una experiencia de esta \u00edndole con la polic\u00eda:<\/p>\n\n\n\n Siempre hab\u00eda tiroteos con la polic\u00eda. Tambi\u00e9n la polic\u00eda entraba y secuestraba y extorsionaba a los bandidos. Una vez me agarraron y me sacaron 350 mil reales. La \u00faltima vez, cuando estaba fuera del crimen, me prendieron y s\u00f3lo ten\u00eda para darles 20 mil reales, lo \u00faltimo que me quedaba. Tuve que llamar a su hermano para decirle d\u00f3nde estaba el dinero y que lo trajera a la delegaci\u00f3n para que me liberaran. Una vez el comandante del batall\u00f3n le dijo que si volv\u00eda a pasar por ah\u00ed lo iban a matar.[20]<\/a><\/p>\n\n\n\n Este comportamiento no contribu\u00eda a la estabilidad ni otorgaba horizontes claros de negocio a los traficantes, pues era realizado por m\u00faltiples entidades policiales sin coordinaci\u00f3n entre s\u00ed. La respuesta m\u00e1s frecuente de las facciones criminales ante el comportamiento predatorio de la polic\u00eda era, por ende, violenta. Como dec\u00eda el entrevistado anterior, \u201csiempre hab\u00eda tiroteos con la polic\u00eda\u201d. Esto deriv\u00f3 en que Rio sea, por a\u00f1os, una de las ciudades m\u00e1s violentas de Am\u00e9rica Latina, con tasas de homicidio superiores a 40 casos por 100 mil habitantes hasta bien entrado el siglo XXI (ver gr\u00e1fico 3). Si bien esta violencia disminuy\u00f3 con la implementaci\u00f3n de las Unidades de Polic\u00eda Pacificadora (UPP) en varias favelas de la ciudad de Rio, este esfuerzo estatal estaba restringido a ciertas partes de la ciudad y sufri\u00f3 fuertes golpes a su legitimidad luego de m\u00faltiples intervenciones violentas que recordaban al estilo de policiamiento anterior. En gran parte, esta falta de coordinaci\u00f3n interna dentro de la Polic\u00eda de Rio se debi\u00f3 a los ciclos de reformas parciales o inconclusas por parte de sucesivas administraciones estaduales, que alternaban programas de policiamiento comunitario y preocupaci\u00f3n por los derechos humanos con discursos punitivos que promet\u00edan liquidar a los traficantes y terminar con la violencia.<\/p>\n\n\n\n Gr\u00e1fico 3. Tasa de homic\u00eddios en Rio de Janeiro, por regi\u00f3n (1991-2015)<\/p>\n\n\n\n Fuente: elaboraci\u00f3n del autor del Instituto de Seguridad P\u00fablica de Rio de Janeiro<\/p>\n\n\n\n Mientras que la regulaci\u00f3n fragmentada por parte de la polic\u00eda en Rio de Janeiro se puede rastrear desde los a\u00f1os ochenta, en Rosario, la ciudad m\u00e1s importante de la provincia de Santa Fe en Argentina, este es un fen\u00f3meno m\u00e1s reciente. Rosario es un punto neur\u00e1lgico para la confluencia del tr\u00e1nsito de droga al resto del pa\u00eds y al exterior dadas sus conexiones fluviales y terrestres y su infraestructura portuaria.[21]<\/a> A partir de la d\u00e9cada del 2000, aument\u00f3 dram\u00e1ticamente el negocio del narcotr\u00e1fico en la ciudad; entre 2002 y 2012 el volumen de coca\u00edna incautada creci\u00f3 un 1300 por ciento.[22]<\/a> Bandas criminales afincadas en barrios vulnerables del \u00e1rea metropolitana aprovecharon para entrar en el negocio y comenzaron las disputas por el dominio del territorio.<\/p>\n\n\n\n El crecimiento del negocio present\u00f3 una gran oportunidad para la recaudaci\u00f3n policial que hasta entonces se hab\u00eda concentrado en el juego clandestino aunque ya hab\u00eda tenido conexiones con el incipiente mundo del narcotr\u00e1fico (Del Frade, 2000). Seg\u00fan diferentes actores pol\u00edticos y policiales, el gobierno santafesino no ten\u00eda inter\u00e9s en recaudar las ganancias il\u00edcitas de la polic\u00eda. Esto gener\u00f3 que los miembros de la fuerza comenzaran a administrar esos negocios para su exclusivo beneficio propio.<\/p>\n\n\n\n La regulaci\u00f3n del narcotr\u00e1fico por parte de la polic\u00eda santafesina imposibilit\u00f3 un equilibrio de mercado y contribuy\u00f3 al aumento de la violencia en Rosario. Sin la supervisi\u00f3n pol\u00edtica ni coordinaci\u00f3n interna de S\u00e3o Paulo o Buenos Aires, polic\u00edas de distintas unidades establecieron acuerdos fragmentados para proteger a distintas bandas involucradas en el narcotr\u00e1fico. Esto se evidenci\u00f3 en diferentes episodios que vinculaban a miembros de la fuerza con actores criminales. La modalidad principal de distribuci\u00f3n minorista de droga en Rosario son los denominados bunkers, construcciones precarias en barrios vulnerables custodiadas por miembros de las bandas criminales, muchas veces ni\u00f1os y adolescentes. \u00c9stos manejaban la venta minorista a cuenta de los grupos m\u00e1s poderosos. Un referente de movimientos sociales que trabaja en uno de estos barrios explicaba esta expansi\u00f3n horizontal del negocio del narcotr\u00e1fico y la violencia asociada al mismo producto de la (des)regulaci\u00f3n policial:<\/p>\n\n\n\n Hoy por hoy lo que ha pasado con el narcotr\u00e1fico producto de la desregulaci\u00f3n, del autogobierno factico de las fuerzas policiales es que el negocio se ha horizontalizado. Han proliferado peque\u00f1as pymes familiares que se dedican al negocio de la droga sin tener la cualidad de narcotraficantes de peso. Son peque\u00f1as familias que montaron un quiosquito en un barrio y que est\u00e1n en constante disputa con otras peque\u00f1as bandas y obviamente todas en profunda connivencia con la fuerza policial. Inclusive lo que se est\u00e1 tornando un problema para la fuerza policial es que se le est\u00e1 haciendo un serio problema regular todo eso. Porque al horizontalizarse esa econom\u00eda delictiva y al ser tan masivo, a la propia fuerza policial le es muy dif\u00edcil controlar ese territorio. El proceso que se est\u00e1 dando es de horizontalizaci\u00f3n de la violencia. Todo tipo de conflicto, en la mayor\u00eda de los casos, hoy se soluciona a los tiros.[23]<\/a><\/p>\n\n\n\n Otros referentes estatales mencionaron esta regulaci\u00f3n descentralizada por parte del Estado. Un juez federal, encargado de investigar el narcotr\u00e1fico en la zona, me dijo que \u201ccada polic\u00eda administraba dos o tres bunkers con lo cual, la corrupci\u00f3n policial, que siempre existi\u00f3, se volvi\u00f3 escandalosa\u201d.[24]<\/a> Un ex ministro de seguridad del propio gobierno socialista admiti\u00f3 que, anteriormente la corrupci\u00f3n policial estaba centralizada en los jerarcas de la organizaci\u00f3n, mientras que ahora \u201chasta el cabo Cacho te pide la guita\u201d.[25]<\/a><\/p>\n\n\n\n Esta regulaci\u00f3n ineficiente del mercado de venta de drogas se reflej\u00f3 en un incremento dram\u00e1tico de la violencia en la ciudad de Rosario. Mientras que en 2010 el registro era de 10 homicidios por 100 mil habitantes, en 2013 la tasa era m\u00e1s del doble (ver gr\u00e1fico 4). Algo parecido ocurri\u00f3 en la ciudad capital de Santa Fe, que en 2015 fue la ciudad m\u00e1s violenta del pa\u00eds, con m\u00e1s de 30 homicidios por 100 mil habitantes. Igualmente, llamativa fue la modalidad de varios de estos homicidios, cometidos por asesinos contratados versados en la materia (sicarios). <\/p>\n\n\n\n Gr\u00e1fico 4. Tasa de homicidios en el departamento de Rosario (2002-2015)<\/p>\n\n\n\n Fuente: Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, Provincia de Santa Fe<\/p>\n\n\n\n La corrupci\u00f3n policial no se agotaba en la protecci\u00f3n de bunkers. Algunos oficiales que colaboraban con una de las principales bandas les avisaban tanto de movimientos de las autoridades como de sus competidores. De esta forma tambi\u00e9n contribuyeron al aumento de la violencia. Por un lado, algunos integrantes de la polic\u00eda santafesina colaboraron en los homicidios que derivaron del asesinato de uno de los l\u00edderes de la principal banda de narcotraficantes, los Cantero, avis\u00e1ndoles del movimiento de sospechosos y testigos (De los Santos y Lascano, 2017). Por otro lado, la polic\u00eda autorizaba la invasi\u00f3n de bunkers manejados por competidores por parte de los Cantero, lo cual la banda realizaba de modo violento, incluso con muertes fatales.[26]<\/a> En definitiva, tanto en Rosario como en Rio de Janeiro, la corrupci\u00f3n policial no era una alternativa frente a la violencia criminal, sino que estaba directamente asociada a ella.<\/p>\n\n\n\n Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n El narcotr\u00e1fico es un mercado il\u00edcito que est\u00e1 presente en varias formas en la sociedad. Su naturaleza trasnacional no anula el impacto que tiene a nivel local, sobre todo en comunidades socialmente vulnerables. Frente a esta situaci\u00f3n, con recursos limitados y discreci\u00f3n para aplicar el marco jur\u00eddico vigente, las fuerzas policiales de pa\u00edses con instituciones formales d\u00e9biles regulan el tr\u00e1fico minorista. El grado de coordinaci\u00f3n de esta agencia estatal incide en el tipo de regulaci\u00f3n que llevan a cabo y los subsecuentes niveles de violencia asociados al narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n Uno de los corolarios de este trabajo es que un abordaje integral del narcotr\u00e1fico debe necesariamente tener en cuenta sus efectos en t\u00e9rminos de seguridad ciudadana. M\u00e1s a\u00fan, debe considerar cu\u00e1les son las consecuencias de distintas intervenciones del Estado en la regulaci\u00f3n de este mercado. Con frecuencia, como hemos visto en los casos de Rosario y Rio de Janeiro, las fuerzas policiales pueden agravar este problema en lugar de contribuir a resolverlo.<\/p>\n\n\n\n El otro corolario es que las pol\u00edticas p\u00fablicas que se formulen para combatir el narcotr\u00e1fico deben tener en cuenta la debilidad institucional del contexto en que se sit\u00faan. Esto no es meramente una cuesti\u00f3n de capacidad estatal, m\u00e1s all\u00e1 de los bajos salarios de la polic\u00eda, ya que se trata de las principales \u00e1reas metropolitanas del pa\u00eds, donde hay presencia estatal y, sobre todo, policial. M\u00e1s bien, como vimos, es frecuentemente una decisi\u00f3n estrat\u00e9gica de la pol\u00edtica y la polic\u00eda c\u00f3mo aborda este problema. El dilema es que actores con altos niveles de corrupci\u00f3n, como la polic\u00eda de Buenos Aires, pueden tener una regulaci\u00f3n efectiva en t\u00e9rminos de contener los niveles de violencia, al menos en el corto plazo, el cual es m\u00e1s redituable para los actores pol\u00edticos. A su vez, una reforma completa de la organizaci\u00f3n policial puede detonar una reacci\u00f3n de la fuerza que aumente los niveles de delito y violencia. Por consiguiente, los gobernantes pol\u00edticos deben tener el compromiso y las condiciones de encarar cambios profundos a mediano plazo si quieren evitar que sus fuerzas de seguridad terminen estableciendo v\u00ednculos asociativos con la delincuencia organizada.<\/p>\n\n\n\n Nota sobre el autor: <\/p>\n\n\n\n Hern\u00e1n Flom<\/em><\/strong>. Doctor en Ciencia Pol\u00edtica (Universidad de California, Berkeley). Posteriormente obtuvo una beca postdoctoral en el Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame. Investigador en temas de pol\u00edtica de seguridad y su vinculaci\u00f3n con el crimen organizado en Am\u00e9rica Latina. Email: <\/em>hernan.flom@gmail.com<\/em><\/a><\/p>\n\n\n\n Referencias <\/strong><\/p>\n\n\n\n Adorno, S\u00e9rgio, y Salla, Fernando (2007), \u201cCriminalidade Organizada Nas Pris\u00f5es e Os Ataques Do PCC\u201d, Revista Estudos Avan\u00e7ados<\/em> 21 (61), pp.7\u201329.<\/p>\n\n\n\n Baldwin, Robert, Cave, Martin y Lodge, Martin (2012), Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice<\/em>, 2nd ed. New York: Oxford University Press.<\/p>\n\n\n\n Bennett, Andrew, y Checkel, Jeffrey T. eds. (2015), Process Tracing: From Metaphor to Analytic Tool<\/em>. Strategies for Social Inquiry, Cambridge; New York: Cambridge University Press.<\/p>\n\n\n\n Brady, Henry y Collier, David eds. 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De igual manera, esto no quita que haya pol\u00edticas p\u00fablicas para abordar el narcotr\u00e1fico por fuera de la seguridad.<\/p>\n\n\n\n [2]<\/a> Podr\u00eda mencionarse tambi\u00e9n el lavado del dinero procedente de esta actividad.<\/p>\n\n\n\n [3]<\/a> A diferencia de Centroam\u00e9rica y M\u00e9xico, donde est\u00e1 m\u00e1s fuertemente asociada al control de rutas para el tr\u00e1nsito internacional.<\/p>\n\n\n\n [4]<\/a> Ortega (2018)muestra que los salarios de la polic\u00eda en Am\u00e9rica Latina son, en promedio, 16% m\u00e1s bajos que el resto de la administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n [5]<\/a> La ineficacia de la respuesta punitiva extrema qued\u00f3 evidenciada con el fracaso de la estrategia de descabezamiento empleado por el gobierno mexicano contra los c\u00e1rteles (Calderon et al. 2015). Asimismo, un trabajo reciente de Anneke Osse e Ignacio Cano encontr\u00f3 una correlaci\u00f3n directa entre la violencia policial y las tasas de homicidios totales de los pa\u00edses en Am\u00e9rica Latina (Osse and Cano 2017).<\/p>\n\n\n\n [6]<\/a> Los nombres de los entrevistados se omiten para garantizar su anonimidad.<\/p>\n\n\n\n [7]<\/a> Entrevista del autor con teniente de la Polic\u00eda Militar del Estado de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n [8]<\/a> Entrevista del autor con ex jefe de divisi\u00f3n de investigaci\u00f3n de delito complejo de la Polic\u00eda Civil de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n [9]<\/a> Entrevista del autor al ex Secretario de Seguridad de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n [10]<\/a> Entrevista del autor con teniente de la Polic\u00eda Militar de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n [11]<\/a> Entrevista del autor con el ex funcionario de alto rango del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n [12]<\/a> Entrevista del autor con diputado de la provincia de Buenos Aires #1.<\/p>\n\n\n\n [13]<\/a> Entrevista del autor con diputado de la provincia de Buenos Aires #2.<\/p>\n\n\n\n [14]<\/a> Entrevista del autor con diputado de la provincia de Buenos Aires #3.<\/p>\n\n\n\n [15]<\/a> Entrevista del autor con ex miembro de la c\u00fapula de la polic\u00eda de la provincia de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n [16]<\/a> Ver el informe de la comisi\u00f3n en http:\/\/www.senado-ba.gob.ar\/informe_candela.aspx<\/a>.<\/p>\n\n\n\n [17]<\/a> Entrevista del autor con funcionarios de la Auditor\u00eda General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.<\/p>\n\n\n\n [18]<\/a> Fuente: Ministerio de Seguridad de la Naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n [19]<\/a> Entrevista del autor con ex Capit\u00e1n del Batall\u00f3n de Operaciones Especiales (BOPE) de la Polic\u00eda Militar de Rio de Janeiro.<\/p>\n\n\n\n [20]<\/a> Entrevista del autor con miembro de organizaci\u00f3n no gubernamental, ex integrante de una facci\u00f3n criminal de Rio de Janeiro. Ver tambi\u00e9n Gay (2005).<\/p>\n\n\n\n [21]<\/a> Aproximadamente el 70 por ciento de la soja del pa\u00eds sale de puertos de Rosario.<\/p>\n\n\n\n [22]<\/a> Fuente: Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, 2013.<\/p>\n\n\n\n [23]<\/a> Entrevista con referente de movimiento social de Rosario.<\/p>\n\n\n\n [24]<\/a> Entrevista del autor con juez federal.<\/p>\n\n\n\n [25]<\/a> Entrevista del autor con ex ministro de seguridad de Santa Fe.<\/p>\n\n\n\n![\"\"\/](\"http:\/\/www.ugr.es\/~resi\/narcotrafico-cono-sur1.jpg\")
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