Entre políticos y criminales: corrupción política en Colombia 2013-2018

PEDRO PIEDRAHITA BUSTAMANTE

Universidad de Medellín, Colombia

ANA LUCÍA PONCE

Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Ecuador

Title: Between Politicians and Criminals: Political Corruption in Colombia 2013-2018[1]

Resumen: La corrupción es un delito que genera afectaciones políticas, específicamente a la construcción del Estado y la democracia. Es decir, restringe las habilidades de las instituciones para lograr el objetivo de promover el bienestar general a través de la creación de poderes secretos que entorpecen la idea de la democracia como poder público que se realiza ante el público. Así, la corrupción política crea un poder secreto, controlado por funcionarios públicos y políticos profesionales que favorecen diversas redes criminales asociadas a otros delitos y afectan las instituciones y el principio de publicidad en la democracia. El objetivo de la investigación es analizar la corrupción política en Colombia entre 2013 y 2018 desde la perspectiva del Crimen Organizado Transnacional (COT). Para esto se considera que para abordar la corrupción política como delito transnacional es necesario superar el fenómeno de narcotización del delito y reconocer que la corrupción política es también un delito relevante, que funciona en red y que se asocia con otras dinámicas criminales para buscar beneficios económicos del Estado o afectarlo. El enfoque metodológico fue cualitativo y se utilizó el método fenomenológico-hermenéutico en el análisis de la información histórica recopilada desde el siglo XVI que sirvió de contexto para establecer la relación de la corrupción con otros delitos en el país y de los diferentes casos de corrupción analizados en el período de estudio. Se aclara que solo se tienen en cuenta aquellos casos que se ajustan al análisis de corrupción transnacional por los vínculos con otras redes. Se evidencia que entre 2013 y 2018 hubo casos de corrupción política con nexos criminales asociados al narcotráfico, el lavado de activos, la prostitución, entre otros. No obstante, varios de estos hechos no parecen tener la misma relevancia informativa que los típicos casos de soborno, financiación ilegal de campañas o carteles de contratación. Esto se entiende como una oportunidad para seguir profundizando en este tipo de investigaciones.

Palabras clave: Delincuencia organizada, Corrupción de funcionarios, Corrupción de servidores públicos, Violación de la ley, Seguridad del Estado.

Abstract: Corruption is a crime that generates political hardships, particularly to the construction of the State and democracy. The latter, since it restricts the ability of institutions to promote the general welfare through the creation of secret powers that hinder the idea of democracy as a public power that performs before the public. Thus, political corruption creates a secret power, controlled by public officials and professional politicians who favor diverse criminal networks associated with other crimes; affecting like this the institutions and the principle of publicity in democracy. The objective of the research is to analyze political corruption in Colombia between 2013 and 2018 from the perspective of Transnational Organized Crime (TOC). For this purpose, to address political corruption as a transnational crime, it is necessary to overcome the phenomenon of the narcotization of crime and recognize that political corruption is also a relevant crime; which functions in a network and is associated with other criminal dynamics to seek economic benefits for the State or to affect it. The methodological approach was qualitative and, the phenomenological-hermeneutical method was used in the analysis of historical information collected since the 16th century that served as a context to establish the relationship of corruption with other crimes in the country and the different cases of corruption analyzed in the period of study. Only those cases that fit the analysis of transnational corruption, because of links to other networks are considered. It is evident that between 2013 and 2018 there were cases of political corruption with criminal links associated with drug trafficking, money laundering, and prostitution, among others. However, several of these facts do not seem to have the same informational relevance as typical cases of bribery, illegal campaign financing, or contracting cartels. This is understood as an opportunity to continue deepening these types of investigations

Keywords: Organized crime, Corruption of officials, Corruption of public servants, Violation of the law, State security.

Recibido: 9 de noviembre de 2020. Aceptado: 23 de noviembre de 2020.

Para citar este artículo/To cite this article: Pedro Piedrahita Bustamante y Ana Lucía Ponce, «Entre políticos y criminales: corrupción política en Colombia 2013-2018», Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 6, No. 2, (2020), pp. 215-234. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.12.12

Introducción

El objetivo de la investigación es analizar la corrupción política en Colombia entre 2013 y 2018 desde la perspectiva del Crimen Organizado Transnacional (COT). En este sentido, se analiza este delito y sus relaciones con otros de carácter transnacional, al tiempo que se indican sus afectaciones para el Estado y la democracia, lo cual desde la perspectiva de (Bobbio, 2016) configura una democracia secreta, pues las actuaciones ilegales de funcionarios y políticos profesionales lleva a la creación de estructuras secretas que favorecen diversas redes criminales asociadas a otros delitos y afectan las instituciones y el principio de publicidad en la democracia[2].

En los últimos años se ha evidenciado con diferentes estudios teóricos y empíricos que una de las principales problemáticas para la seguridad y estabilidad de las democracias y los Estados en el mundo es la del COT (Bagley, 2008; Chabat, 2010; Devia y Ortega, 2019; Duque, 2007; Egenhoff y Stein, 2011; Galeano, 2018; Piedrahita, 2014; 2017; 2020a; 2020b; 2020c; Salinas y Riquelme, 2017; Sansó-Rubert, 2017). En particular en América Latina, los estudios se ha enfocado en analizar las dinámicas y efectos del narcotráfico en la región (Arango y Child, 1984; Estrada, Moscoso y Andrade, 2016; Henderson, 2012; Ovalle, 2010; Pontón, 2013; Raffo y Gómez, 2017; Rincón, 2009; Tokatlian, 1997), tema que para Piedrahita (2020a: 65-66) ha generado un efecto que denomina “la narcotización del delito”, el cual consiste en un particular interés y protagonismo del narcotráfico en las investigaciones y discusiones políticas al ser considerado como el principal delito y factor para explicar la violencia homicida. En otras palabras, el narcotráfico termina siendo un paradigma que se entiende a partir de la excesiva atención de académicos y tomadores de decisión sobre el fenómeno, generando una confusión que lleva a considerar al narcotráfico como sinónimo de delito y, en particular, que su manifestación transnacional solo está asociada al tráfico de drogas.    

Esta narcotización del delito conduce a que se pasen por alto otro tipo de delitos, como lo es la corrupción política. Esto se ha evidenciado por ejemplo en cómo este presenta un bajo interés por parte de los Estados desde una dimensión transnacional y es abordado en general en toda América Latina como una afectación doméstica. Esto a pesar del alto deterioro de las instituciones y las afectaciones a la transparencia en la región (Piedrahita, 2020c: 122). Es por esto por lo que se adopta la perspectiva desarrollada por Piedrahita (2020b) quien consideró que la corrupción política hace parte de las dinámicas del COT en el sentido de que funciona en red y se asocia con otro tipo de delitos sea para beneficiarse de él o afectarlo.

Para delimitar el fenómeno se utilizó la definición de Nye (1967: 419) quien entendió la corrupción política como una desviación de la actuación de los funcionarios públicos con el propósito de tener ganancias económicas a través del incumplimiento de las normas y el uso de sus funciones de manera privada. De igual forma, se estudia la corrupción por considerar que es un delito que genera afectaciones políticas, específicamente a la construcción del Estado y la democracia. Es decir, restringe las habilidades reales y potenciales de las instituciones para lograr el objetivo de promover el bienestar general (Completa, 2017: 132), al tiempo que se establecen poderes secretos que entorpecen la idea de la democracia como poder público que se realiza ante el público (Bobbio, 2016: 34). Todo esto se realiza desde un enfoque cualitativo que utiliza el método fenomenológico-hermenéutico para el análisis del caso. La información se recopiló a partir de revisiones bibliográficas y una base de datos construida a partir de una revisión sistemática de prensa de diversos casos de corrupción en el país entre 2013 y 2018.

El artículo se compone de cuatro partes adicionales. Después de esta introducción se realiza un marco explicativo de la perspectiva (corrupción transnacional) utilizada para el análisis de la información; luego, se desarrolla la metodología y cada una de las fases de recopilación, sistematización y análisis de la información; en el tercer acápite se plantean los resultados, los cuales tienen dos partes: un acercamiento histórico a las dinámicas del contrabando, la corrupción política y el crimen organizado en Colombia; y, la recopilación de casos de corrupción y su análisis.  Por último, se indican algunas conclusiones sobre lo evidenciado.

Sobre las redes de corrupción transnacional

En un estudio en 20 países de América Latina, Piedrahita (2020d) evidenció que el delito de corrupción en la región no presenta registros significativos en materia legislativa ni de sentencias judiciales. Además, de ser en su mayoría, abordado como un problema doméstico. Agrega el autor que:

La corrupción presenta un bajo tratamiento, mientras que en los últimos años se ha observado en la región un deterioro en las instituciones y sus niveles de transparencia, debilitando aún más el Estado de derecho [29, p. 4], además que los países estudiados han adherido a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales en el punto 16.5 plantean la necesidad de reducir la corrupción como mecanismo para promocionar los derechos humanos, las libertades y la pobreza [30, p. 39]. (Piedrahita, 2020d: 122)

En particular en Suramérica, no existen registros legislativos ni sentencias judiciales que aborden la corrupción como un delito que trasciende fronteras y en Centroamérica son muy pocos. Esto lleva al interrogante sobre “¿es la corrupción una preocupación transnacional en la región?” (Piedrahita, 2020d: 134). Bajo este contexto, el autor desarrolló posteriormente una explicación teórica sobre los vínculos de la corrupción con el COT y cómo genera afectaciones a la construcción del Estado y la democracia a partir de lo que denominó “la hibridación del delito y la política” (Piedrahita, 2020b: 239). Para el profesor, la corrupción evidencia la infiltración del delito en la esfera pública y que es un fenómeno más complejo que la simple dicotomía entre la esfera pública o privada. Es decir, la corrupción política transnacional no es un simple asunto de un grupo de privados que buscan beneficios económicos (Piedrahita, 2020b: 240).

Así entonces, este delito se entiende como el comportamiento secreto (desviado) de funcionarios públicos y políticos profesionales que afecta el principio de publicidad de la democracia creando un para-Estado que busca oportunidades del mismo Estado o afectarlo. En otras palabras, la corrupción política es un poder invisible cuyos actos secretos evitan responsabilidades políticas y que busca beneficios ilícitos (Piedrahita, 2020b: 240). En este orden de ideas, se pueden identificar dos tipos de redes transnacionales de corrupción: una que funciona contra el Estado, conformada por funcionarios híbridos que benefician a nodos de otras redes criminales, es decir su accionar favorece otras redes que pueden ser, por ejemplo, de narcotráfico, contrabando o lavado de activos (Piedrahita, 2020b: 242). Y el otro tipo de red es la que se beneficia del Estado, también compuesta de funcionarios híbridos que buscan beneficios particulares, tiene fines específicos pero que termina cercana a nodos que financian campañas electorales y empresarios que sobornan. Un ejemplo de red que se beneficia del Estado se entiende con el caso Odebrecht (Piedrahita, 2020b: 243). La diferencia entre los dos tipos de redes está en el nivel de hibridación: “en la primera los híbridos se mueven entre la esfera pública y el delito; y, en la segunda, entre la esfera pública y la privada. Incurriendo ambos, por supuesto, en delitos tipificados en las legislaciones de los Estados” (Piedrahita, 2020b: 242).

Metodología

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y un método fenomenológico-hermenéutico el cual permite la comprensión del fenómeno criminal y su interpretación desde nuevas perspectivas. Las fuentes utilizadas son de carácter secundario, donde se destacan: artículos científicos y libros sobre la historia de la corrupción en Colombia; informes internacionales sobre corrupción; y, una base de datos que se construyó entre enero de 2019 y junio de 2020 a partir de una revisión sistemática en periódicos nacionales y locales; los datos fueron recopilados a partir del siguiente criterio: casos de corrupción en Colombia entre 2013 y 2018; y, funcionarios vinculados con redes transnacionales del delito cuyas actuaciones favorecen la realización de otros delitos domésticos y transnacionales.

La primera fase de la investigación consistió en realizar un rastreo bibliográfico de carácter histórico, a partir del cual se construyó un contexto para comprender las relaciones de la corrupción con otros delitos. Asimismo, en esta fase se construyó la base de datos ya mencionada a partir de las categorías: corrupción, corrupción política, afectaciones políticas (a la democracia y al Estado). La segunda fase fue la de análisis de información desde la perspectiva del COT, en la cual se utilizó la perspectiva desarrollada por Piedrahita (2020b). En esta fase, también se tuvieron en cuenta las perspectivas de Bobbio y Completa (2017).

Con todo, se analiza la corrupción política en Colombia entre 2013 y 2018 siguiendo la perspectiva del COT planteada por Piedrahita (2020b), la cual lleva a plantear una serie de afectaciones al Estado y la democracia que evidencian la configuración de una democracia secreta, es decir, una red funcionarios y políticos que favorecen delitos asociados a la criminalidad transnacional.

Resultados

Contexto histórico: contrabando, corrupción y crimen organizado

Sobre las dinámicas de la criminalidad en el país, Piedrahita (2014) realizó algunas aproximaciones describiendo los impactos y relaciones de diversas redes transnacionales con criminales colombianos. En su momento, el autor construyó un análisis a partir de varios antecedentes históricos asociados al narcotráfico en las décadas del 60 y 70 con la bonanza de la marihuana (Piedrahita, 2014: 132) y, posteriormente en la década del 80 con el auge de la cocaína en cabeza de los carteles de Cali y Medellín (Piedrahita, 2014: 133). Sin embargo, para comprender mejor las dinámicas del COT y su nexo con la corrupción política en Colombia, es necesario ampliar la perspectiva histórica con el propósito de dilucidar nuevos elementos que permitan identificar nuevas relaciones.

En este sentido, un primer elemento es el papel que el contrabando tuvo desde la época colonial en el país. De acuerdo con Laurent (2008: 4) desde el siglo XVI el contrabando fue un fenómeno generalizado que incluso tenía una función social y económica y presentaba cierta tolerancia de las autoridades. Al respecto Cadavid (1977: 23) evidenció cómo a través del contrabando, diversos grupos en el territorio mantuvieron un orden en los mercados ilegales en contraposición del monopolio que realizaba Felipe II a través de la prohibición de cualquier tipo de comercio por fuera del control portuario desde Cartagena. Las transacciones del contrabando para esta época se realizaban con zonas del Caribe como Aruba y Curazao [Holanda]; Jamaica y la Isla de Margarita [Inglaterra]; y, Haití [Francia].

En el siglo XVII, según Palacios y Safford (2012), el sistema de comercio legal de la Monarquía Católica no era suficiente para abastecer las necesidades de la población y, además, los precios no eran competitivos frente a los productos que comerciaban sus rivales europeos en el Caribe, por lo que “el contrabando fue desplazando cada vez más el comercio legítimo, hecho que se reflejó en la disminución de las flotas españolas hacia América a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII” (Palacios y Safford, 2012: 128). Este comportamiento se observó especialmente en zonas como la Guajira, Santa Marta e incluso en provincias del mismo puerto de Cartagena como lo era Tolú y otras zonas como Sabanilla en Barranquilla en la desembocadura del río Magdalena, las cuales se erigieron como epicentros del contrabando que se realizaba con “la complicidad de gobernadores y agentes de aduana corruptos” (Palacios y Safford, 2012: 129).

Así entonces, desde la época colonial el contrabando y la corrupción han mantenido en el país una relación permanente que se explica a partir del bajo control estatal que ha hecho de la corrupción una parte del orden social a pesar del orden legal, lo cual lleva a considerar a este fenómeno como una cuestión política (Escalante, 1989: 344). En este sentido, Fajardo (2002) señala que las diversas élites políticas y coloniales establecieron un status quo a partir de la manipulación jurídica que potenciaba el contrabando, haciendo de la corrupción una cuestión generalizada, institucionalizada y legitimada “al tiempo que el empleo en la burocracia colonial se convirtió en una fuente principal de ingreso y posición social” (Fajardo, 2002: 25). El efecto de esto ha sido la reproducción de un orden de ilegalidad desde las mismas instituciones que se mantiene hasta la actualidad.

Durante el siglo XVIII, la situación de la corrupción tuvo manifestaciones alarmantes. Al respecto, afirma Fajardo (2002) que la Monarquía vendió a particulares derechos de administración sobre el consulado de Cartagena, de esta forma los comerciantes más ricos compraron al Rey el derecho a formar tribunales que terminó siendo una especie de fraternidad mediante el cual los poderosos privados se apropiaron de una institución que en principio tenía un carácter público (Fajardo, 2002: 27). Así entonces, “España no ofreció la justicia como un servicio público disponible sin costo a toda la sociedad colonial, sino como una valiosa prerrogativa subastada por la Corona a sus favoritos” (Fajardo, 2002: 28). En otras palabras, los comerciantes más acaudalados eran los mismos encargados de impartir justicia sobre temas concernientes al comercio ultramarino. Tal y como lo demuestra Laurent (2008) en siglo XVIII el contrabando tuvo gran importancia en el comercio neogranadino al tiempo que se veían impulsado por la corrupción del sistema legal colonial. En este tiempo una de las mercancías más contrabandeadas era la mano de obra esclava (Laurent, 2008: 4).

En la primera mitad del siglo XIX las dinámicas del contrabando estuvieron asociadas al tráfico de tabaco, oro, algodón y diversos productos agrícolas. Asimismo, según Laurent (2008) las incautaciones de productos extranjeros fueron permanente, como las manufacturas para el hogar, alimentos, tabaco, licores, pólvora, entre otros (Laurent, 2008: 85). No obstante, durante este período la corrupción de funcionarios de la hacienda pública fue recurrente a pesar de las drásticas sanciones dependiendo del rol del funcionario en la comisión del delito de contrabando, como: primero, destitución e inhabilidad para ocupar el cargo; segundo, 10 años de prisión; tercero, 10 años de prisión y la pérdida de sus bienes; y cuarto, sanciones económicas y prisión por reincidencia (2008: 190). Según la autora, en esta época la corrupción era generalizada y seguía su camino dado que existía una brecha entre las sanciones establecidas en las normas y su aplicación efectiva, pues era difícil aportar pruebas sobre los hechos de corrupción (Laurent, 2008: 190).

Más complejo aún, era que la corrupción no se limitaba a las relaciones con el contrabando, sino que también se asociaba a la misma inaplicabilidad de las sanciones establecidas en las normas. En otras palabras, el contrabando era efectivo no solo por funcionarios de aduanas corruptos, sino también porque existían funcionarios corruptos en la justicia, donde además se presentaba la intervención de personas influyentes en la política y en la economía (Laurent, 2008: 194).

Para la segunda parte del siglo XIX, el contrabando se daba principalmente con productos como la sal, productos agrícolas, alimentos, textiles, papel y libros (Laurent, 2008: 270-90). A pesar de las constantes incautaciones, durante este período las sanciones a funcionarios corruptos fueron mínimas, a pesar de las constante denuncias de los mismos colegas y comerciantes. Todo esto, permite comprender que “la corrupción y el soborno eran recursos frecuentemente utilizados para lograr la introducción de mercancías de contrabando en los múltiples puertos terrestres, fluviales y marítimos de la República” (Laurent, 2008: 518).

A partir de la observación de los flujos del contrabando en contraste con los del narcotráfico en el siglo XX, varios investigadores han afirmado que la expansión del narcotráfico en Colombia se dio gracias al terreno abonado de las rutas coloniales del contrabando e incluso, gracias a su aceptación cultural en diversas regiones (Laurent, 2008: 6). Un ejemplo de esto es cómo algunos contrabandistas a mediados del siglo XX encontraron en el negocio de las drogas una oportunidad para ampliar sus negocios. Al respecto, Cardona (2007) evidenció que para 1958 en la ciudad de Medellín ya se generaban dinámicas de criminalidad transnacional a través de un grupo denominado “Medellín-Habana Connection” el cual fue descubierto por las autoridades del país con apoyo del FBI, cuando encontraron en el barrio El Poblado de la ciudad, un laboratorio clandestino que procesaba heroína, morfina y cocaína las cuales eran enviadas a Cuba. Agrega la autora que:

A partir de 1955 varios contrabandistas antioqueños que operaban a través de Panamá y el Caribe, descubrieron el negocio de los narcóticos y se aventuraron en él. Conocían rutas seguras, tenían dinero suficiente para invertir, mantenían contactos con la mafia cubana y estaban relacionados con químicos en condiciones de ayudar en el montaje de laboratorios para producir heroína, morfina y cocaína. A expensas de la violencia política y de la dictadura militar, que constituían la principal preocupación de la opinión pública, se fueron organizando aquellos grupos para la producción de drogas alucinógenas e hicieron de Medellín su epicentro. (Cardona, 2007: 4)

Según informaron los periódicos de la época, la red tenía conexiones para la distribución internacional de la droga y tenía la capacidad de fabricar cinco libras de heroína al año que representaba $350.000 USD (Cardona, 2007). Estos datos aportados por la investigadora permiten ubicar las relaciones internacionales del narcotráfico en el país mucho antes de los hitos tradicionales de los 80 y 90 en cabeza de los carteles de la droga.

Para 1960 inició una fase criminal asociada a la marihuana, conocida como la bonanza marimbera. Según Medina (2012) esta etapa agravó los problemas sociales del país, marcados por la ausencia del Estado y la corrupción institucional en las regiones donde el negocio marimbero se consolidó (Medina, 2012: 148). Los cultivos de marihuana eran comunes desde 1920 en la sierra nevada de Santa Marta; allí el negocio creció de la mano del contrabando y por la llegada de ciudadanos estadounidenses en el contexto de la Alianza para el Progreso a través de los cuerpos de paz, quienes conocieron la marihuana y la coca, adquirieron adicciones y luego las llevaron a su país. Los cuerpos de paz desempeñaron un papel clave en la publicidad del uso de la marihuana colombiana con especies como “punto rojo y Santa Martha Golden”. En este punto, los tráficos de marihuana siguieron las mismas rutas de contrabando “hacia Panamá, Centroamérica y el Caribe” (Medina, 2012: 149).

Durante 1970, la bonanza marimbera fue controlada por traficantes estadounidenses, aunque el producto era colombiano y el “80% de los agricultores de la costa Atlántica cultivaban marihuana” (Medina, 2012: 150). Según datos de la Agencia Nacional de Instituciones Financieras (ANIF, 1979 citado en Medina, 2012: 150) para el cierre de la década la marihuana representaba el 39% de las exportaciones nacionales y las ganancias representaban el 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Mucho de este dinero fue lavado fácilmente por las mismas disposiciones del gobierno nacional a través de la denominada “ventanilla siniestra” del Banco de la República y a través de la subfacturación de exportaciones, tema que sigue siendo recurrente en la actualidad. Al respecto, afirma Montoya (2017) que en esta época las reservas internacionales del país tuvieron un increíble ascenso sustentado en el mecanismo de la ventanilla siniestra, el cual permitió cambiar dólares por pesos sin tener en cuenta su origen. En pocas palabras, fue la institucionalización del lavado de dinero de las exportaciones de contrabando, marihuana y cocaína (Montoya, 2017: 258-259). Para Medina (2012: 150) estas decisiones, estimularon y aumentaron la corrupción política “consiguiendo que el dinero dejara ciega tanto a la policía como a la justicia”.

En este contexto, la corrupción llegó a niveles tan altos que los mismos indígenas solicitaron préstamos a la caja agraria para sembrar marihuana y “se decía que los barcos que llegaban a los puertos de Estados Unidos provenientes de los muelles de la United Fruit llevaban tanta marihuana como banano”[3] (Henderson, 2012: 62). De igual forma, desde el aeropuerto de Santa Marta salían aviones cargados de marihuana con la complicidad de los gerentes que “apagaban las luces cuando el avión de un contrabandista aterrizaba o despegaba, y todos los que trabajaban allí, incluyendo miembros de la Policía y del Ejército, eran generosamente recompensados por su ayuda” (Henderson, 2012: 68).

Para finales de los 70 la bonanza marimbera cayó e inició una nueva fase criminal en Colombia asociada a la bonanza coquera en el Amazonas, la cual fue aprovechada por grupos del departamento del Valle del Cauca que crearon redes con países centroamericanos para ingresar cocaína a Estados Unidos (Medina, 2012: 152; Henderson, 2012: 71). Así, sólo fue hasta la década de los 80 que el fenómeno criminal se empezó a expandir y se da inicio a una etapa del delito transnacional, donde emergieron grandes carteles de las drogas como el de Cali y Medellín que entraron a abastecer el mercado de consumidores en Norteamérica. El auge de la cocaína también tuvo relación con la tradición del contrabando en el país. Por ejemplo, Alfredo Gómez quien fue uno de los principales contrabandistas ubicado en Medellín, utilizó las numerosas pistas clandestinas para contrabandear cocaína chilena y pasta de coca boliviana (Henderson, 2012: 79).

En los 80 el negocio de la cocaína creció de manera acelerada. Tanto Medina (2012) como Henderson (2012) consideran que este comportamiento se favoreció porque: primero, el gobierno estaba concentrado en la lucha contra las guerrillas; segundo, el narcotráfico encontró complicidad en amplios sectores sociales[4] e institucionales, donde servidores públicos y autoridades favorecieron su expansión, al recibir sus altos réditos; y, tercero, por el alto consumo de drogas que se presentaba en el mundo (Medina, 2012: 152). De esta forma, el crimen organizado encontró formas de introducirse en la economía nacional a través de actividades legales como la propiedad raíz, la ganadería el comercio, etc., al tiempo que también hizo parte de la expansión de la violencia y del control de los organismos de seguridad y justicia “comprometiendo a la clase política local y regional mediante el soborno, la corrupción y el clientelismo” (Medina, 2012: 153).

En este período surgieron los grandes carteles de la droga, lo cual añadió un nuevo ingrediente a la compleja situación del país. De este modo, entre narcotraficantes y grupos armados ilegales creció un negocio criminal en Colombia al tiempo que se fortalecieron otros delitos como el secuestro, la extorsión, el lavado de activos y el tráfico de personas y armas (Piedrahita, 2014: 133). En este contexto, hay que destacar el papel de los carteles de la droga con la corrupción. Por ejemplo, el cartel de Medellín logró infiltrar amplios sectores sociales y empresariales de la ciudad a través del testaferrato y el control de diversos sectores de la economía lo que generó la corrupción a gran escala en las instituciones del Estado, partidos políticos y organismos de seguridad del Estado (Medina, 2012: 155). No obstante, dicho cartel también se dedicó a la financiación de grupos armados ilegales y al desarrollo de la violencia y al terrorismo, mientras otros, como los carteles de Cali y Norte del Valle tuvieron altos niveles de especialización y mimetización con la sociedad y clase política del país.

El funcionamiento de estos dos carteles era muy diferente respecto al de Medellín. El de Cali, en particular, desarrolló sofisticados mecanismos de lavado de activos a través de una red de empresas nacionales e internacionales lo que les permitió a los Rodríguez Orejuela tener amplias relaciones con funcionarios públicos de alto nivel y con sectores empresariales de todo el país. Es por esto por lo que este cartel prefirió la corrupción y el soborno que el asesinato; compraban jueces, policías y financiaban campañas políticas (Medina, 2012: 159). Esta misma línea la siguió en cartel del Norte del Valle que, aprovechó el contexto de crisis social y económica de las regiones intermedias entre el Valle del Cauca y Antioquia y aunado a la complacencia de las élites políticas locales, logró construir complejas redes del delito en estas zonas (Medina, 2012: 161).

De acuerdo con Piedrahita (2014) a partir de los 90 el crimen organizado en Colombia se consolidó y expandió su funcionamiento a través de redes transnacionales que ya no solo se concentraban en el narcotráfico sino en todo tipo de actividades ilegales que generan amplios réditos económicos. Desde este período hasta los primeros años del siglo XXI se empezaron a evidenciar los vínculos de criminales colombianos con redes del COT en Europa, Oriente Medio, América Latina y Norteamérica (Piedrahita, 2014: 132-136). Todo esto ha dejado en evidencia que el conflicto y la violencia en el país es mucho más compleja que el simple enfrentamiento de estructuras armadas del Estado, guerrillas y paramilitares. El país se ha configurado como un importante epicentro del delito transnacional, pero su desarrollo ha sido posible también gracias a la connivencia de amplios sectores institucionales.

En este orden de ideas y de acuerdo con Rincón (2018) el crimen organizado y la corrupción son fenómenos estrechamente relacionados porque: primero, las mismas actuaciones del Estado favorecen en ocasiones la creación de mercados criminales (por ejemplo el manejo de las drogas); segundo, en determinados casos los organismos de seguridad del Estado encargados de luchas contra el delito apoyan a los delincuentes con armas, personas y protección en los territorios; y, tercero, porque la corrupción es en algunos casos el requisito sine qua non el crimen organizado no podría formarse ni operar.

Con todo, lo que se logra evidenciar con este contexto histórico es que las diversas manifestaciones del delito en Colombia han tenido relaciones con la corrupción política. En otras palabras, la corrupción ha sido propulsora de otros delitos en el país, sucedió con el contrabando, la marihuana, la cocaína, etc. Esta relación entre ambos fenómenos sugiere que el problema es más amplio de lo que algunos políticos profesionales buscan sugerir con discursos marcados por la paradoja entre buenos (gobierno) y malos (criminales). Los elementos históricos aquí señalados permiten establecer entonces dos líneas explicativas: en Colombia existen prácticas comerciales habituadas al contrabando, al tiempo que se dan manejos de agentes públicos corruptos que las favorecen; segundo, a partir del contrabando surgieron factores de ampliación o especialización hacia otros delitos como el narcotráfico. Ambas han estado marcadas por la presencia de la corrupción política.

Políticos y criminales

La relación entre política y delito en Colombia ha tenido diversas etapas. En el apartado anterior se establecieron nexos existentes desde la colonia, los cuales inician por las dinámicas del contrabando, pasando por el narcotráfico. No obstante, de acuerdo con Garay et al. (2008) y Ferreira (2015) para el final del siglo XX y principios del XXI se pueden establecer varias etapas del relacionamiento del crimen organizado con la corrupción política a través del ingreso de dineros ilegales en el sistema político (Pamplona y Piedrahita, 2020: 69). La primera etapa es la de participación directa, que se evidenció cuando Pablo Escobar fue electo congresista en Colombia[5]; la segunda, es la financiación de políticos de alto nivel, ejemplo de ello fue cuando el cartel de Cali financió la campaña del expresidente Ernesto Samper[6]; la tercera, fue la de la influencia y condicionamiento de la elección de congresistas, caso que fue conocido como la “parapolítica”[7] (Garay et al., 2008: 110). Y, una cuarta etapa, fue la financiación de campañas a nivel local, modalidad que “implica la dispersión de los recursos lo que permite conquistar amplio poder territorial para proteger las actividades criminales” (Garay et al., 2008: 301-302).

El interés del crimen organizado en ingresar a la política se debe a sus propias dinámicas de funcionamiento, pues necesitan de información para la protección de sus actividades y el control de los cuerpos de policía, funcionarios, y puestos de frontera para mantener la operación. Pero también buscan contraprestaciones a través de contratos, permisos y hasta nombramientos (Ferreira, 2015: 302). Según Garay y Salcedo-Albarán (2018) los vínculos entre criminalidad y corrupción política explican la “reconfiguración cooptada del Estado” donde se generan alianzas y acuerdos entre agentes del Estado y grupos legales e ilegales creando relaciones bidireccionales desde adentro y fuera del Estado, marcadas por el uso de la intimidación, la violencia, el soborno, la extorsión para interferir, filtrar y cooptar la gestión pública (Garay y Salcedo-Albarán, 2018: 50-51).

De tal forma, esta cooptación del Estado por parte de actores ilegales modifica el Estado desde dentro, influyendo y modificando la creación normativa y su aplicación para el aseguramiento de sus actividades e intereses económicos y criminales. Todo esto es lo que se denomina captura del Estado, la cual se entiende como la “corrupción a gran escala que debilita la estructura económica de un país porque distorsiona la formulación de leyes, normas, decretos reglas y regulaciones” (Garay et al., 2008: 15). En este punto, es relevante lo planteado por Inkster y Comolli (2013: 41) cuando afirman que el funcionamiento del COT depende de los niveles de interacción entre la economía legal e ilegal, en donde aparecen los delitos de corrupción y el lavado de activos como ejes claves de su funcionamiento. Esta actividad particular que plantea las relaciones entre actores legales (públicos) e ilegales (crimen organizado en general) lo explican los autores a partir de una escala de relacionamiento (ver tabla 1).

Tabla 1. Escala de relacionamiento entre el Estado y el Crimen Organizado

Fuente: elaboración propia a partir de Peter Lupka, citado en Inkster & Comolli (2013: 41)

Para comprender este relacionamiento en Colombia, es relevante el trabajo desarrollado por la Misión de Observación Electoral en Colombia (MOE, 2018), a partir del cual se pueden identificar varias tipologías que utilizan los políticos corruptos para obtener réditos económicos. El análisis se realizó a partir de 15 000 sentencias en las cuales se identificaron 60 modalidades de corrupción que fueron agrupadas en nueve tipologías: 1. Usar el cargo para beneficiarse a sí mismo, a su familia o a sus amigos; 2. Pagar contratos por obras o servicios no prestados o entregados; 3. Permitir actos de corrupción por descuido o falta de vigilancia; 4. Contratar a dedo; 5. Aliarse con grupos ilegales para cometer actos de corrupción; 6. Expedir normas contrarias a la ley para obtener beneficios; 7. Entregarle contratos a familiares y/o amigos inhabilitados para contratar; 8. Incluir sobrecostos en los contratos públicos; y, 9. Pedir sobornos a cambio de contratos (MOE, 2018: 10).

De estas tipologías, la que interesa para el objetivo de este trabajo es la cinco, en la cual la MOE (2018) encontró 54 registros desde 2006 en las sentencias judiciales, que demuestran la relación entre políticos y criminales en delitos como “concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación y concusión” (MOE, 2018: 96). Pero además se hallaron otros “delitos relacionados contra la vida, la integridad personal, el derecho internacional humanitario y la libertad individual, como el homicidio, tortura, desplazamiento forzado o secuestro” (MOE, 2018: 97). En la tabla 2 se sistematizan las condenas generadas por estos hechos donde políticos profesionales se aliaron con grupos ilegales a cambio de apoyo electoral, lo cual, posteriormente, generó la injerencia de criminales en asuntos sociales, políticos y económicos y la captura de rentas públicas.

Tabla 2. Condenas por corrupción a políticos asociados con grupos armados ilegales en Colombia (2006-2018)

Fuente: elaboración propia con base en datos de la MOE (2018: 97)

Los casos de corrupción en la contratación pública y en los procesos electorales en el país son abundantes. Basta con revisar los informes anuales de transparencia por Colombia. No obstante, los casos de corrupción asociada al crimen organizado transnacional no se encuentran de forma recurrente en este tipo de informes. Al revisar los medios informativos del país, se lograron evidenciar varios casos en el período de estudio. Por ejemplo, para el año 2013 se hallaron varios casos de corrupción al interior de la Policía Nacional, de los cuales se derivaron 235 capturas (El Tiempo, 2013a). De estos, llama la atención la captura de 10 uniformados que colaboraban con redes de narcotráfico en el departamento del Cauca (El Tiempo, 2013b). Todo esto, estuvo acompañado de un ambiente de pesimismo frente a la institución al revelarse un estudio de opinión donde el 30% de los colombianos manifestaron haber pagado sobornos a policías.  

Para 2014 se destacan hechos donde gobernadores de Departamento fueron vinculados a procesos por corrupción. El más relevante fue la captura en octubre del gobernador de La Guajira quien además fue acusado por la presunta participación en varios homicidios (Semana, 2014). Según las investigaciones de la fundación Paz y Reconciliación la carrera de este político inició en la década de los 90 cuando se vinculó a algunas estructuras paramilitares aliadas con traficantes de armas, drogas y gasolina de contrabando de Venezuela (PARES, 2015). Durante este año también se realizó el desmantelamiento de una red de tráfico de armas en el Ejército que abastecía a integrantes de bandas criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC). La red era liderada por un coronel preso por un caso de ejecución extrajudicial, cuatro militares activos, cuatro retirados, un expolicía y tres civiles (Semana, 2014a).

En 2015, fueron capturados funcionarios de Migración Colombia y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. La red operaba desde los tiempos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y se dedicaba a facilitar el ingreso y salida del país de personas con antecedentes judiciales. Un hecho importante fue el de una mujer que tenía antecedentes penales por vínculos con grupos terroristas e ingresó al país sin problemas. La red ofrecía además servicios de falsificación de documentos, eliminación de antecedentes penales, alianzas con redes de trata de personas, paso de maletas cargadas de dinero ilegal (Martínez, 2015).

Otro hecho de corrupción ocurrió en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en donde las autoridades identificaron una red que se dedicaba a realizar recobros de IVA a través de exportaciones de chatarra y, aunque el nodo principal de la red era un empresario, contaba con la colaboración de funcionarios de la entidad que le ayudaban a realizar las solicitudes de devolución de impuestos a través de empresas exportadoras ficticias. En la investigación se vincularon otros delitos como el contrabando y lavado de dinero de grupos ilegales. De otra parte, se destaca el caso del exdirector de Aduanas en los puertos de Cartagena y Buenaventura, quien fue acusado de tener nexos con redes de contrabando entre 2003 y 2009 de los cuales se originó un incremento patrimonial del 580% sin justificación (Bargent, 2015).

Durante 2016 las autoridades detuvieron ocho funcionarios de la DIAN asociados al caso de corrupción de la chatarra del año anterior. Estos fueron acusados de un desfalco en Santa Marta por más de 32 000 millones de pesos (Solano, 2016). En otros casos, se vincularon a miembros de Policía con redes de narcotráfico en Bogotá, donde capturaron 31 personas entre ellas 14 policías que hacían parte de una red dedicada al tráfico de drogas en el centro de la capital. Según las investigaciones, los policías corruptos se encargaban de brindar protección a los narcotraficantes y facilitaban la distribución de drogas en diferentes lugares, incluidos colegios (La Opinión, 2016).

Para mediados de año, la Fiscalía dio a conocer una investigación en contra de un coronel de la Policía en Bogotá asociado a redes de narcotráfico que operaban en el centro de la ciudad. De igual forma, las autoridades señalaron que existían pruebas sobre la existencia de una nómina paralela por parte del crimen organizado que incluía policías y agentes del CTI para permitir la operación con narcóticos y prostitución (El Tiempo, 2016). Asimismo, fueron capturados cuatro policías por nexos con las AGC, quienes, según los investigadores judiciales coordinaban varios laboratorios para el procesamiento de droga en Cauca, Valle del Cauca y en Magdalena, donde cargaban luego la droga en contenedores con destino a Europa (El Espectador, 2016b).

De otra parte, se halló la existencia de otra red de corrupción donde el fiscal del municipio de Valledupar fue acusado de pertenecer desde 2006 al grupo armado ilegal de Los Rastrojos, el cual delinque en la zona de frontera con Venezuela. Además del fiscal, también fueron capturados dos miembros del CTI que se dedicaban a la extorsión de comerciantes a través de falsos allanamientos. La Policía judicial informó que el fiscal se encargaba de suministrar información confidencial de expedientes en contra de los miembros del grupo ilegal en los departamentos de Cesar, Santander, y Norte de Santander; asimismo informaron que el funcionario usaba su cargo para transportar droga a distintas partes del país (El Espectador, 2016).

El 2017 fue un año marcado por un particular escándalo de corrupción: fue capturado el fiscal anticorrupción del país por delitos de corrupción. El fiscal hacía parte de una red que cobraba sobornos a políticos presos, para dilatar sus procesos y evitar las audiencias de formulación de cargos. Como el soborno se cometió en los Estados Unidos (EE.UU), fue pedido en extradición por un juez de la Florida por el delito de “conspiración para lavar dinero con el fin de promover el soborno de los extranjeros” (El Tiempo, 2017a). En efecto, el fiscal fue extraditado a EE. UU y en 2019 fue condenado a cuatro años de prisión y se comprometió a dar información de otros casos más de corrupción que vinculan a otros políticos y magistrados de altas cortes del país.

Otro hecho similar en la justicia ocurrió en el departamento del Meta, donde fueron capturadas 24 personas, entre ellas seis jueces de control de garantías, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y abogados litigantes por concierto para delinquir y prevaricato por acción y omisión. Estos hacían parte de una red que favorecía a través de suspensiones condicionadas de penas y detención domiciliaria a personas que habían sido condenadas por homicidio, concierto para delinquir y narcotráfico. Los miembros de la red operaban desde el año 2013 en los departamentos del Meta y Cundinamarca (El Tiempo, 2017b).

En este mismo año, en la ciudad de Medellín fue capturado el secretario de seguridad de la administración del alcalde Federico Gutiérrez, por vínculos con la red del crimen organizado La Oficina. Según los medios de comunicación, la Fiscalía lo consideraba un “asesor y estratega” de esta red del COT y era conocido como “el ingeniero” entre las bandas y su papel era buscar sometimientos favorables para los principales jefes del crimen en la ciudad, al tiempo que él resultaría beneficiado por disminuir algunos de los indicadores de inseguridad de la ciudad (El Tiempo, 2017c). El acusado finalmente llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a 33 meses de prisión; a finales de 2019 quedó libre.

Para 2018 se destacan tres casos de redes de corrupción. La primera se conoció con la captura de un funcionario de la DIAN que era uno de los nodos principales de una red de contrabando que defraudó al Estado por más de 130 mil millones entre 2011 y 2016. El funcionario, que además había sido parte del extinto DAS, permitió el ingreso ilegal de mercancías al país y facilitó información privilegiada sobre operativos y verificaciones que realizaban las autoridades para combatir el contrabando (El Heraldo, 2018). El segundo, fue el caso de un juez en el departamento del Valle del Cauca capturado por ser parte de la red “los tutelantes” que favorecían a criminales a través de sus fallos (El Tiempo, 2018a). El tercero, ocurrió en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, donde en el municipio de Cáceres, fue capturado el alcalde por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y por nexos con cabecillas de las AGC (El Tiempo, 2018b).

De todos estos casos recopilados entre 2013 y 2018 se puede observar que se ajustan a las dos tipologías de redes de corrupción transnacional, pues algunas tenían como objetivo apropiarse y beneficiarse de recursos del Estado, pero otras buscaban afectar directamente a las instituciones. También se observa que en cada uno de los casos aparece el funcionario o político híbrido, el corrupto, que desempeña su rol de facilitador para la apropiación de recursos o como apoyo de otras redes de narcotráfico y contrabando. Ahora bien, como se afirmó arriba, el problema de las redes de corrupción política radica en que generan afectaciones políticas, en particular a la construcción de la democracia y el Estado, esto se puede observar por ejemplo en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en el país, donde se evidencia para el período estudiado, que el país mantiene un promedio de 36 puntos (ver tabla 3). Al comparar este comportamiento con los promedios por regiones en el mundo se evidencia que los niveles de transparencia en Colombia están por debajo de América, Asia Pacífico y Europa, mientras que sus resultados son similares a los de regiones como Medio Oriente, Norte de África, África Subsahariana, Europa Oriental y Asia Central, donde en general no hay gobiernos democráticos (ver tabla 4).

Tabla 3. Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en Colombia

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Transparencia Internacional

Tabla 4. Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) por regiones

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Transparencia Internacional

Estos datos dan cuenta del problema de corrupción política del país. En informes recientes de Transparencia Internacional se evidenció cómo estas dinámicas tienen un efecto en los ciudadanos, pues no solo consideran que la corrupción dificulta el acceso a mejores servicios sociales básicos por parte del Estado, sino que, además, nueve de cada diez colombianos manifestaron que no confían en su gobierno, en los tribunales de justicia ni en la policía (Pring y Vrushi, 2019: 11). De igual forma, casi seis de cada 10 colombianos consideran que la corrupción en el país sigue aumentando, mientras el 16% reconoce haber pagado sobornos a funcionarios públicos y el 40% manifestó haber recibido ofrecimientos de dinero por su voto en las elecciones.

Para finalizar, hay que aclarar de nuevo que estos casos solo tienen el propósito de analizar las dinámicas de la corrupción política asociada a otros delitos y redes criminales. Son muchos más los casos de corrupción, pero desde esta perspectiva son pocos los que se encuentran, pues en general son casos que no tienen el mismo cubrimiento mediático que otros asociados a la compra de votos, la apropiación de dineros por parte de funcionarios o los casos de contratación de grandes obras. No obstante, lo que sí se logra evidenciar es que estas redes de corrupción muestran unos niveles altos de relacionamiento del Estado con el crimen organizado que se mueve entre relaciones parasitarias y simbióticas lo cual genera, como lo afirmó Piedrahita (2020b), el principal efecto de la corrupción política: que los ciudadanos no logren establecer cuál es la diferencia entre un político y un criminal.

Conclusiones

Los resultados de la investigación evidencian las dimensiones del problema de corrupción política en Colombia en el período 2013-2018 y los nexos históricos que desde la colonia se tejen entre funcionarios públicos, políticos profesionales y el delito. En este sentido y bajo la perspectiva del COT también se demuestra que la corrupción política no se limita a las dinámicas del soborno, sino que implica una serie de relaciones con el crimen organizado en delitos como la financiación ilegal de campañas, lavado de activos, prostitución, narcotráfico y contrabando.

Se evidenció también que el fenómeno estudiado ha creado ordenes paralelos que llevan a plantear relaciones parasitarias y simbióticas. Es decir, los casos aportados de la revisión sistemática de prensa permiten establecer nexos que van desde el soborno pero que pueden llegar a la misma dependencia entre los actores legales e ilegales. Esto en simultáneo, muestra de la existencia de redes de corrupción que se ajustan a las tipologías de ir contra el Estado o beneficiarse del Estado.

Finalmente, se concluye que la relevancia informativa de este tipo de casos de corrupción política no es igual a la de los típicos casos de soborno, financiación ilegal de campañas o carteles de contratación. Esto permite concluir que los fenómenos de redes de corrupción asociados al COT apenas están siendo observados en el país. Por tanto, surge una oportunidad para seguir profundizando en este tipo de investigaciones.

Nota sobre los autores:

Pedro Piedrahita Bustamante es Doctor Cum Laude en Derecho Internacional (Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid). Magíster en Seguridad y Defensa (Escuela Superior de Guerra de Bogotá́). Politólogo (Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín). Actualmente es el director de la Maestría en Estudios Políticos y Constitucionales de la Universidad de Medellín, Colombia, donde además es profesor investigador y miembro del Grupo de Investigación en Conflicto y Paz (A1). Correo electrónico: ppiedrahita@udem.edu.co

Ana Lucía Ponce es Doctora en Administración Estratégica de Empresas (Pontificia Universidad Católica de Perú). Magister en Gestión Empresarial (Universidad Regional Autónoma de los Andes). Ingeniera en Banca y Finanzas (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo). Actualmente Profesora Investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Autora de diversos artículos y libros materia de Administración Empresarial y Gestión Pública. Correo electrónico: aniluponce@gmail.com

El artículo es resultado del proyecto de investigación: Afectaciones de la corrupción en Colombia y Ecuador para el período 2013-2018, cofinanciado por la Universidad de Medellín, Colombia y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Quito, Ecuador.

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[1] El artículo es resultado del proyecto de investigación: Afectaciones políticas de la corrupción en Colombia y Ecuador para el período 2013-2018, cofinanciado por la Universidad de Medellín, Colombia y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Quito, Ecuador.

[2] Según Bobbio (2016) el principio de la publicidad en la democracia se entiende en dos dimensiones: primero, la democracia es el poder que se ejerce en público; y, segundo, bajo el control del público, es decir de la ciudadanía. La importancia de su perspectiva es que permite comprender las dinámicas del delito más allá de la dicotomía público-privado introduciendo un nuevo elemento como lo es el secreto.

[3] En este contexto para el 1 de julio de 1973 el gobierno de Richard Nixon creó la Drug Enforcement Administration (DEA) (Henderson, 2012: 64).

[4] Tanto clases bajas, medias y altas se mostraron dispuestas a participar de las dinámicas del narcotráfico al recibir de distintas formas sus dineros. Para ampliar información ver Henderson (2012: 103-107).

[5] Para ampliar información sobre el tema ver: (Garay et al., 2008: 101-106).

[6] Para ampliar información sobre el tema ver: (Garay et al. 2008, 107-110). También, Henderson (2012) describe la reunión que tuvo López Michelsen con miembros del cartel de Medellín para financiar su campaña de 1982; esta reunión fue organizada por Samper quien era el jefe de campaña de López (103).

[7] Según declaraciones de unos de los máximos jefes de los paramilitares en Colombia, Salvatore Mancuso, este grupo armado ilegal llegó a control el 35% de los congresistas del país.