De la fragmentación de las estructuras criminales a una proto-mafia: un análisis del Primeiro Comando da Capital (PCC) en Sudamérica

CAROLINA SAMPÓ

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y técnicas (Conicet) – IRI, Universidad Nacional de La Plata. Universidad de Buenos Aires, Argentina

MARCOS ALAN FERREIRA

Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Title: From the Fragmentation of Criminal Structures to a Proto-Mafia: An Analysis of the Primeiro Comando da Capital (PCC) in South America[1]

Resumen: Este artículo examina cómo el Primeiro Comando da Capital (PCC) se estructura como un modelo particular de organización criminal en Sudamérica, entre lo que podría considerarse un cartel de tercera generación y una proto-mafia. Tras el fin de los grandes carteles colombianos, las organizaciones criminales debieron modificar la forma en la que se estructuraban. Estos cambios, se tradujeron en una marcada fragmentación que generó una multiplicidad de organizaciones pequeñas en Sudamérica que lograron ingresar al mercado del tráfico de droga, impulsadas por la “democratización” de la cocaína. Sin embargo, en la última década en Brasil se ha visto el proceso contrario. Mientras que en Latinoamérica se pasó de la concentración a la fragmentación – de la existencia de los carteles a la proliferación de un gran número de estructuras criminales pequeñas-, en Brasil, el PCC ha dejado de estar fragmentado para concentrarse y multiplicar su poder, a partir de su presencia y fortaleza en todo el territorio nacional, pero también gracias a su transnacionalización hacia países productores de drogas como Paraguay, Bolivia y Perú. Cabe preguntarnos entonces si estamos frente al surgimiento de una nueva generación de estructuras criminales, que se auto-perciben como empresas transnacionales y que adoptan una forma distinta a la de los carteles tradicionales, mucho más flexible y capaz de adaptarse frente al cambio, lo que las vuelve similar a una mafia, aunque no se han consolidado como tales aún.  

Palabras claves: Carteles, Narcotráfico, Primeiro Comando da Capital (PCC), Organizaciones criminales, Mafia, Sudamérica.

Abstract: This article examines how the Primeiro Comando da Capital (PCC) is structured as a particular model of criminal organization in South America, between what could be labelled as a third generation cartel and a proto-mafia. After the end of Colombian cartels, criminal organizations had to change the way they were structured. These changes resulted in a marked fragmentation that generated a multiplicity of small organizations in South America that managed to enter the drug trafficking market, driven by the “democratization” of cocaine. However, in the last decade Brazil has seen the opposite process. While in Latin America there was a shift from concentration to fragmentation – from the existence of cartels to the proliferation of a large number of small criminal structures – in Brazil, the PCC has ceased to be fragmented to concentrate and multiply its power, based on its presence and strength throughout the national territory, but also thanks to its transnationalization towards drug-producing countries such as Paraguay, Bolivia and Peru. The article examines if we are facing the emergence of a new generation of criminal structures, which perceive themselves as transnational companies and which adopt a different form than traditional cartels, much more flexible and capable of adapting to change, which makes them similar to a mafia, although they have not yet established themselves as such.

Keywords: Cartels, Narcotraffic, Primeiro Comando da Capital (PCC), Criminal Organizations, Mafia, South America.

Recibido: 8 de octubre de 2020. Aceptado: 29 de octubre de 2020.

Para citar este artículo/To cite this article: Carolina Sampó y Marcos Alan Ferreira, «De la fragmentación de las estructuras criminales a una proto-mafia: un análisis del Primeiro Comando da Capital (PCC) en Sudamérica», Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 6, No. 2, (2020), pp. 101-115. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.12.6

Introducción

Las actividades del crimen organizado en América Latina se han convertido en sinónimo de tráfico de drogas. Sin embargo, aunque es cierto que el narcotráfico es el negocio ilícito que tracciona al resto de las actividades desarrolladas por las organizaciones criminales, es necesario no perder de vista que existen otras manifestaciones del crimen organizado que incrementan la recaudación de quienes manejan las economías ilegales. Tal como destacara Naranjo en un informe de la Organización de Estados Americanos (Naranjo, 2012), en América Latina, además del tráfico de drogas es necesario considerar: el tráfico y la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de dinero y el tráfico de recursos naturales. Aunque el listado no es exhaustivo, pretende poner de manifiesto a aquellas manifestaciones del crimen organizado que son más corrientes en nuestra región.

En este contexto de diversificación de actividades, las organizaciones criminales preeminentes desde principios del siglo XXI han demostrado una importante flexibilidad y capacidad de adaptación, principalmente en torno a su estructuración. Una vez erradicados los grandes cárteles colombianos, Sudamérica se ha visto penetrada por organizaciones de menor envergadura que hacían pensar que los cárteles habían dejado de existir para siempre.

Sin embargo, a partir de la conducta desarrollada por el PCC tanto en la búsqueda de hegemonía interna como en procurar controlar actividades ilícitas en países vecinos como Paraguay, Bolivia y Perú, es posible pensar que la tendencia se ha revertido. Es por eso que este trabajo buscará corroborar si el PCC inaugura una nueva generación de organizaciones criminales, que no sólo se dedican al tráfico de drogas, sino que funcionan como empresas ilícitas transnacionales, similares a una proto-mafia, buscando sacar el mayor provecho posible de los negocios que se les presentan.

Para ello, el presente artículo se dividirá en cuatro secciones. Primero, conceptualizaremos las estructuras criminales para entender posteriormente cómo podemos clasificar al PCC. Luego, trabajaremos sobre la fragmentación de las estructuras criminales desde la caída de los carteles de Cali y Medellín, al tiempo que analizaremos la incidencia de lo que se denomina la “democratización de la cocaína” a la luz de las tipologías de las organizaciones criminales. En tercer lugar, nos centraremos en la evolución del PCC, particularmente en su estrategia expansiva tanto dentro como fuera de Brasil, que da cuenta de la territorialización basada en la construcción de una cultura social de ilegalidad, similar a la de una (proto) mafia. Finalmente, en las conclusiones, contrastaremos la hipótesis planteada con la evidencia presentada en las secciones anteriores.    

Conceptualizando las estructuras criminales del tráfico de drogas: de pandillas callejeras a (proto) mafias

Las organizaciones criminales latinoamericanas han servido de ejemplo empírico para fundamentar conceptualmente a las estructuras criminales (Lessing, 2020; Sullivan & Bunker, 2002). En particular, se discute mucho sobre cómo las organizaciones pasan de tener características de pandillas callejeras, basadas en la organización de la violencia y las redes ilícitas para la venta de drogas en un territorio muy restringido, a lograr posteriormente un carácter más amplio que repercuta en diversos agentes sociales (ver Sullivan & Bunker, 2002).

El alcance y la forma de una organización pueden entenderse dentro de un continuo (Morselli, 2009). Como conceptualiza Carlo Morselli (2009: 1) “van desde simples decisiones de co-infracción para aprovechar una oportunidad criminal atractiva y disponible hasta diseños sofisticados para monopolizar un mercado o territorio geográfico determinado”. En el caso del tráfico de drogas, estas organizaciones pueden evolucionar de una banda o pandilla callejera que vende pequeñas cantidades de estupefacientes a una red de manejos ilícitos (Morselli, 2009) hasta adquirir características de complejos carteles (Sullivan & Bunker, 2002) o incluso alcanzar niveles de organizaciones transnacionales que van más allá de la idea de un cártel, con capacidad para dominar territorios de gran extensión como Brasil y sus países vecinos (Ferreira, 2019); un modelo similar, pero no en su totalidad, a lo que se conceptualiza como mafia.

En el caso de las pandillas, estarían conectadas con los problemas sociales existentes en un determinado contexto social (Hauck & Peterke, 2010). Ellas externalizan respuestas a la violencia cultural, estructural y directa que experimentan las poblaciones marginadas. En Brasil, hay muchos términos para describir a las pandillas: facciones, cuadrillas, bandas, movimientos o colectivos (Batista & Burgos, 2008). Se puede decir que, en su origen, el PCC era una pandilla – o mejor aún, una facción ampliamente difundida por los medios de comunicación – que se organizaba en torno a la reivindicación de los Derechos Humanos en las violentas prisiones del estado de São Paulo durante los años 90. Esta facción evolucionó, como veremos más adelante, hasta constituirse en una proto-mafia.

En general, se observa que las organizaciones criminales transnacionales, como se ha visto en los casos de los carteles colombianos y mexicanos, se caracterizan por detentar una estructura en redes (Sullivan & Bunker, 2002). Tres obras importantes en la conceptualización de las estructuras criminales son las de Sullivan y Bunker (2002), Sampó y Quirós (2018) y Jaspers (2019). En esta literatura, los autores presentan las diferentes fases de un cártel. Inicialmente, un cártel puede entenderse como una organización en la que los participantes se aseguran que un conjunto de «empresas» acepten acuerdos ilegales, ya implícita o explícitamente (Jaspers, 2019). El cártel monitorea los precios, a los consumidores, los procedimientos y el cumplimiento de las normas del mercado ilícito que maneja (Jaspers, 2019).

Sampó y Quirós (2018) destacan que los cárteles son grandes organizaciones criminales dedicadas especialmente al narcotráfico. Están concentradas territorialmente y se caracterizan por el uso de la violencia, que tiene como fin conquistar y luego administrar las actividades ilícitas que desarrollan. Además, son organizaciones piramidales que cuentan con avanzados sistemas de producción, transporte, logística y seguridad. Los cárteles, proveen bienes públicos que el Estado es incapaz de brindar y se basan en relaciones de lealdad y códigos de silencio. Además, subcontratan organizaciones más pequeñas pero sus redes son laxas (Sampó y Quirós, 2018: 341).

Sullivan y Bunker (2002) van más allá, mostrando en detalle las distintas etapas de los cárteles. Utilizando como ejemplo la Colombia de los años ochenta, los autores indican que el modelo de Medellín sería un cartel de primera fase. Caracterizado por ser un agresor competitivo, con limitados vínculos transnacionales y con otras organizaciones. Una segunda fase se caracteriza por lo que fue el Cártel de Cali, también en la década de 1980. En esta fase, vemos una estructura en red más jerárquica, con mayor sofisticación para la corrupción y con vínculos con el mundo exterior. En esta segunda fase, el uso de la tecnología avanza hacia dispositivos de inteligencia que superan a las armas para un uso más agresivo. Finalmente, en la tercera fase, el cártel se posiciona como un desafío al Estado, cooptando las instituciones estatales de manera notable (se plantea como el sucesor criminal del Estado). Aquí, se desborda en un tipo de gobierno criminal como el conceptualizado por Lessing (2020), que funciona en paralelo al Estado pero de manera simbiótica con él (Sullivan & Bunker, 2002). Un tipo de modelo aquí podría ser los cárteles mexicanos como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una última clasificación para las estructuras criminales serían las mafias. El primer estadio de las mafias – o proto-mafias – está caracterizado por los elementos que constituyen a un cártel de tercera generación, conjuntamente con lazos sociales – co-sanguineos (mafia italiana) o forjados en una cultura de lealtad construida dentro de un código criminal (mafia japonesa o rusa), respetados por una población dada (Dimico, Isopi & Olsson, 2017). Más adelante, aunque la literatura sobre las mafias es numerosa (véase, por ejemplo, Arlachi, 1983; Naylor, 2017), de manera sintética se refiere a la influencia de los grupos de presión, asociaciones secretas e instituciones estatales que se desvían del Estado de Derecho. Además, indica fuertes relaciones entre los políticos, el mercado y el crimen en una atmósfera difusa de ilegalidad, deshonestidad y corrupción (Lupo, 2011: 2).

Aunque originalmente su estructura se basa en lazos consanguíneos, hay otras posibilidades. En casos como el de la mafia rusa, serbia y japonesa, su base estructural está aún más vinculada con el control territorial y con compartir un código cultural común, con el uso estratégico de la violencia y el uso de herramientas de control social en los territorios bajo su control. Las mafias, sostiene Sergi (2017: 35) son actores económicos impulsados por la búsqueda del rédito económico y, al mismo tiempo, actores sociales conservadores.  Con el fin de mantener sus privilegiadas posiciones y controlar a sus competidores, los grupos mafiosos se valen del control territorial (explotación socio-cultural), los lazos con la sociedad (proximidad política/gobernanza criminal), el secreto y la confianza (protección a partir de la reputación) y del movimiento de los grupos y las actividades que constituyen una identidad que abarca distintos territorios (Sergi, 2017: 38-46).

En el caso del PCC, como veremos a continuación, no podemos decir que hablemos de una mafia. Sin embargo, no seria exagerado decir que estamos frente a una proto-mafia, similar a la mafia siciliana en su origen (Lupo, 2011), en la que se entremezclan características muy marcadas correspondientes a un cartel de tercera generación, con una conducta que desafía al Estado, típica de sofisticadas organizaciones mafiosas.

La fragmentación de las estructuras criminales y la “democratización” de la cocaína

Lejos de la época en que los cárteles dominaban el tráfico de drogas, el escenario actual se caracteriza por altos niveles de fragmentación y diversificación. Por un lado, las organizaciones criminales, que comercializan mercancías ilegales, difieren fuertemente en tamaño y forma de organización. Por otro lado, aunque el tráfico de drogas continúa siendo la principal actividad del crimen organizado en la región, existen otras manifestaciones de la criminalidad que conviven con ella.

Estas manifestaciones, difieren de acuerdo al espacio geográfico en que se asientan las organizaciones criminales. En consecuencia, algunas organizaciones suman al tráfico de drogas, el tráfico y la trata de personas, el tráfico de mercancías ilegales y falsificaciones, el contrabando de armas, las extorsiones, los sofisticados robos a bancos, el contrabando de electrónicos y hasta el control del estacionamiento en espacios públicos (como ha demostrado el PCC en ciudades del estado de São Paulo). Al mismo tiempo, todas estas actividades dependen del lavado de dinero a fin de ingresar en la economia licita, los dividendos provenientes de actividades ilícitas.

La fragmentación, se ha generado principalmente como resultado de la presión de los Estados por sobre las organizaciones criminales, fomentando la desestructuración y el descabezamiento de esas estructuras ilícitas que dominaban la escena a fines del siglo pasado. De esta forma, en Colombia, el escenario que antes de los acuerdos de paz estaba dominado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se ha fragmentado en al menos una decena de organizaciones criminales más pequeñas que se encargan de proveer la cocaína a quienes quieren distribuirla en Norteamérica, África Occidental, Norteamérica e incluso Asia y Oceanía (McDermott, 2018). No es raro, incluso, que la droga sea comercializada en conjunto con sofisticadas organizaciones brasileñas, como son los casos del PCC y la Familia do Norte (Ferreira e Framento, 2020).

En este sentido, nos parece importante entender dos fenómenos que se han dado en paralelo: por un lado, la mutación de las estructuras criminales colombianas, que obedece a factores endógenos, relacionada especialmente a las políticas represivas establecidas desde el Estado; y, por el otro lado, el crecimiento exponencial del cultivo de la hoja de coca que ha crecido el 76% entre 2013 y 2016 (UNODC, 2019: 29).

De acuerdo con McDermott (2018: 27), el proceso de fragmentación comenzó en realidad con la desarticulación de los cárteles de Medellín y Cali a mediados de los años 90`s. Esas estructuras criminales, que participaban de todas las fases de producción y distribución de cocaína, se caracterizaban por contar con un liderazgo fuerte y una consecuente estructura piramidal. Como destacan Sampó y Quirós (2018: 341), los carteles estaban concentrados territorialmente y se caracterizaban por el uso de la violencia como medio para conquistar y administrar las actividades ilícitas que llevaban adelante. Además, funcionaban como empresas transnacionales, cuyo objetivo central era la obtención de réditos económicos, aunque concentraban sus esfuerzos en el tráfico de drogas.

Desde 1995 hasta el año 2008, el modelo de explotación de la cocaína se volvió más descentralizado. En lugar de los grandes carteles surgieron federaciones de narcotraficantes que controlaban distintas etapas del proceso de producción y distribución de la droga, donde no había un líder claramente identificable, lo que generó rispideces dentro de estos conglomerados (McDermott, 2018). En una tercera etapa, que surgió después de la extradición de los altos mandos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a Estados Unidos, entre los años 2008 y 2017, fue posible identificar el accionar de una multiplicidad de Bandas Criminales o BACRIM, comandadas por mandos medios y enfrentadas entre sí en búsqueda del control territorial. Esas BACRIM luego quedaron agrupadas en dos grandes organizaciones: los Urabeños y los Rastrojos, aunque estos últimos se desarticularon dejando el control de la producción y distribución nacional en manos exclusivas de los Urabeños (McDermott, 2018). Finalmente, como ya hemos destacado, la firma del acuerdo de paz en Colombia dio lugar a una nueva etapa en el tráfico de cocaína, caracterizada por una fuertísima fragmentación y dispersión dentro del territorio.

Los cambios en las estructuras criminales colombianas encargadas de la producción y distribución de cocaína, tuvieron impacto directo en el alcance y comportamiento de las estructuras criminales de los países vecinos. Asimismo, el crecimiento exponencial de la superficie cultivada con hoja de coca – especialmente en Colombia – ha permitido la “democratización” de la cocaína, incentivando la producción y distribución por parte de grupos que tradicionalmente se centraban en el microtráfico y les compraban el producto ya terminado a las organizaciones colombianas. El caso más paradigmático parece ser el de las organizaciones brasileñas, que crecieron a la sombra de la desarticulación de las grandes estructuras colombianas.

Desde principios de siglo, el Comando Vermelho (CV) y el PCC, manejan el tráfico de drogas en territorio brasileño. Sin embargo, en los últimos años, además de haberse enfrentado entre sí por el control del mercado ilícito de drogas, se han internacionalizado ganando un rol preponderante en Paraguay y Bolivia, incluso incursionando en Colombia, negociando directamente la compra de cocaína. A ellos se les ha sumado la Familia Do Norte (FDN), ubicada estratégicamente en el Estado de Amazonas, capaz de controlar la ruta de Solimões que conecta la frontera de Perú y Colombia con el Norte y Nordeste Brasileño. Entre estas tres organizaciones, sin embargo, es el PCC el que se ha caracterizado por desarrollar una estrategia fuertemente expansiva – cargada de violencia para la expansión, pero caracterizada por la pacificación territorial al volverse la organización hegemónica de un territorio – tanto dentro como fuera de Brasil, constituyéndose como la organización criminal de referencia. El fuerte incremento en el número de sus miembros, asi como la cantidad de prisiones que controlan, da cuenta de esa estrategia.

En paralelo, el mercado de las drogas no ha parado de crecer. En la actualidad, asistimos no solo a la coexistencia de drogas provenientes de plantas y sintéticas, sino también a un crecimiento en su consumo, sin que se trate de un juego de suma cero – es decir, que una gane una porción del mercado solo si la otra la pierde. Como plantea el anteúltimo reporte de drogas de Naciones Unidas, tanto la gama de drogas ofrecida, como los mercados en los que se ofrecen, han crecido y se han diversificado como nunca antes (UNODC, 2019: 1).

En resumen, el mercado de la cocaína a cambiado no sólo porque las organizaciones criminales que manejan su producción, traslado y distribución, se han fragmentado, sino también porque el incremento del cultivo de hoja de coca ha permitido una mayor producción de cocaína, democratizando su comercialización. Sin embargo, en los últimos dos o tres años, ha aparecido un nuevo actor de alcance regional – El Primeiro Comando da Capital – que parece venir a desafiar la lógica de la fragmentación y que podría constituir una nueva generación de carteles o una (proto)mafia, ya no dedicada exclusivamente al tráfico de drogas.

El rol del Primeiro Comando da Capital (PCC) en el mercado de la cocaína: ¿características de una estructura (proto)mafiosa?

El PCC, que surgió dentro de la “Casa de Custodia Taubaté” en San Pablo durante los años 90s en respuesta a los excesos sufridos por los detenidos en esas instalaciones, se transformó profundamente en los últimos 10 a 15 años. Como destaca Ferreira (2019), esa transformación se visibilizó en el año 2006, cuando una oleada de violencia azotó a la ciudad de San Pablo, dando como resultado más de 450 muertos entre policías, civiles y criminales, dejando de manifiesto tanto el poder que el PCC podía proyectar hacia la ciudad, aun estando centrado en las prisiones, como la capacidad de negociación y chantaje que había adquirido frente a las autoridades. A pesar de que ya en el 2001, se había organizado una mega-rebelión que tuvo lugar en 21 prisiones a la vez e involucró a unos 28 mil detenidos, esa muestra de poder no había excedido los límites de las cárceles (Ferreira, 2019). Fue entonces en el 2006 que quedó clara la imposibilidad de distinguir entre estado de guerra y estado de paz, en aquellos lugares donde el PCC había ganado terreno, en especial, allí donde peleaba por alcanzar la hegemonía.

En consecuencia, a partir del año 2006, el PCC cambió tanto su relación con el exterior de las prisiones, como su forma de organización. Esa organización, dejó de ser una estructura piramidal clásica que contaba con un líder y fue reemplazada por una estructura en la que existen varias instancias (Ferreira, 2019). En lugar de poder identificar a un líder, se creó la “sintonía general fina” que está compuesta por cinco miembros. Debajo de ellos se ubican las “torres”, que son los miembros de la organización que se encargan de controlar el código de área territorial en el que viven. Debajo de las “torres” aparecen las “disciplinas”, en aquellas áreas que son grandes y hacen difícil el control por parte de las “torres”, configurando una estructura compleja en la que coexisten líderes y miembros del PCC. En este contexto, es importante destacar que las posiciones son intercambiables y que todos los miembros del PCC están preparados para ejercer el liderazgo (Ferreira, 2019: 10-11). Sin duda, esa posibilidad es central para garantizar el continuo funcionamiento de la organización, más allá de las eventuales detenciones de miembros en libertad o del endurecimiento de las políticas de encarcelamiento.

Su emplazamiento en San Pablo como cuartel central, le permitió al PCC controlar una de las dos rutas de exportación de productos ilegales más importantes de Brasil: la rota Caipira, que viene de Bolivia, pasa por Paraguay y deja el continente americano a través del puerto de Santos. Esa ruta, es central para el tráfico de cocaína hacia África, Europa e incluso Asia (Sampaio, 2017). Adicionalmente, es necesario destacar el crecimiento exponencial de la organización tanto dentro, como fuera de las prisiones: según Coutinho (2019) el PCC ejerce el control sobre el 90% de la población carcelaria brasileña y cuenta con más de 29 mil miembros (Veiga, 2018). Además, está presente en los 27 Estados brasileños, cuenta con una fuerte hegemonía en un gran número de ellos (Paes e Nunes, 2018) y mueve más de 200 millones de reales anuales que, según fuentes oficiales, provienen en un 80% del tráfico de drogas (Hisayasu, 2016). De acuerdo con Paes y Nunes (2018), el PCC tiene alta o muy alta influencia en 8 Estados estratégicamente ubicados, considerando que se trata de San Pablo, Paraná y Mato Grosso do Sul (en la frontera con Paraguay), Roraima y Acre (en la frontera con Venezuela y Perú, respectivamente) y Piauí, Alagoas y Sergipe, con salida al océano Atlántico.

La federalización del PCC, así como su transnacionalización, tuvo un papel central en la proyección de la organización y en la expansión de sus negocios. La federalización, por un lado, le permitió aliarse con organizaciones criminales locales capaces de proveerles el apoyo logístico necesario para expandir su negocio a todos los Estados de Brasil[2], especialmente en los Estados que eran manejados por el CV o la FDN, y, por el otro lado, posibilitó su presencia en prácticamente la totalidad de las prisiones de país. Además, fue artífice de la transnacionalización ya que, como destaca Ferreira (2019), el PCC se expandió primero hacia Estados cercanos a San Pablo, especialmente a aquellos que compartían frontera con Paraguay, Perú y Colombia, para luego traspasar las fronteras de Brasil.

Esa transnacionalización tuvo que ver con la búsqueda de la reducción de costos en las distintas etapas de la producción de drogas, particularmente de marihuana y cocaína, y con la intención de ampliar el mercado existente. Asimismo, reprodujo la lógica de expansión utilizada al interior de Brasil, acentuando el rol de las prisiones como bases de apoyo central del PCC[3]. En ese sentido, sostiene Gurgel de Oliveira (2013), las prisiones se convirtieron en el lugar de anclaje de la organización, que actúa mucho más allá de sus límites. Asimismo, la organización se constituyó en un espacio de pertenencia y protección para los presos, al tiempo que engrosar sus filas sirvió para garantizar la expansión de la estructura criminal y sus negocios. Más allá de un simple negocio, la organización se fundamenta en fuertes lazos de hermandad entre sus miembros dentro de un código de ética llamado “proceder”, que permite al PCC regular las relaciones sociales tanto dentro como fuera de las prisiones. Este “proceder” es supervisado por otras herramientas sociales de control como son los dos tribules del crimen que juzgan casos de detenidos, enemigos y personas comunes que desprecian los códigos del PCC (ver Feltran, 2018; Lessing, 2020; Manso e Días, 2018).

Esta estructura, que combina intereses económicos y regulación social, permitió la fuerte expansión del PCC. Al controlar vidas, negocios ilegales y prisiones, la organización es capaz de actuar con un alto grado de complejidad que le permite incluso dominar las prisiones de países vecinos como Paraguay. En este sentido, el PCC se ha complejizado a tal punto que es capaz de crear regímenes normativos de control social (Feltran, 2020), que se superponen al Estado brasileño, y lo mismo pasa en países vecinos como Paraguay, dejando de estar limitado a la estructuración y el control del mercado de la cocaína.

Por empezar, cuando el PCC rompió su pacto de no agresión con el CV y desarrolló una agresiva política de expansión nacional y transnacional, buscó ampliar no solamente el mercado al que proveía, sino que también se propuso mejorar su capacidad de negociación con quienes les proveían la droga. De esa forma, su posicionamiento primero en Paraguay y luego en Bolivia, da cuenta de cómo el PCC buscó garantizar su control frente a la provisión de marihuana y cocaína, respectivamente, acercándose a la cadena de suministros. En este sentido, es fácil trazar el paralelismo con los antiguos carteles de drogas y su capacidad tanto de controlar todo el proceso de producción y distribución de droga, como con el control territorial que ejercían en los enclaves geopolíticos centrales para el correcto desarrollo de su negocio.

El desembarco del PCC en Paraguay, le permitió crear un hub desde el que se maneja no sólo el tráfico de marihuana, sino también el acopio y tráfico de cocaína proveniente de Bolivia y Perú, principalmente (UNODC, 2018). Como resalta Coutinho (2019: 63) los embajadores del PCC operan en Paraguay participando directamente de la producción y el envio de marihuana a Brasil, mientras que en Bolivia se han convertido en clientes principales de los productores de cocaína, constituyéndose en distribuidores prácticamente exclusivos de su producción.

Como ya mencionamos, el PCC controla la “Rota Caipira” es decir la ruta que va desde Perú y Bolivia, pasando por Paraguay hacia Brasil y de allí se distribuye internamente o es exportada a través del puerto de Santos (Sampó, 2019). Algunos autores como Hisayasu (2016) sostienen que el PCC está presente en seis países de la región – Venezuela, Argentina, Colombia y Perú, además de los ya mencionados Bolivia y Paraguay – y en dos de la Unión Europea, Portugal y Holanda. Este dato es llamativo considerando cómo el PCC ha tenido que librar una cruenta batalla dentro de propio Brasil (reflejada en las constantes masacres que tienen lugar en los presidios, en especial en el norte de Brasil); en consecuencia, parece poco probable que pueda buscar establecerse más allá de las fronteras regionales. Fuentes policiales afirman que el PCC tiene cada vez más capacidad para exportar cocaína, pero no está claro quién se encarga del transporte del estupefaciente una vez que se abandonan los puertos brasileños, aunque existen indicios de que son organizaciones europeas las que se hacen cargo de la logística para asegurar que la droga llegue a su destino final.

No obstante, hoy la organización parece estar en camino de volverse una organización mafiosa. Según el Ministerio Público de San Pablo, lo que faltaría sería una mejor capacidad para lavar dinero (Adorno, Costa e Militão, 2019). Sin embargo, investigaciones más recientes muestra que esta capacidad ha crecido rápidamente. El periodista Luis Adorno, especialista en PCC y director de un documental sobre la organización titulado “PCC – Primeiro Cartel da Capital” recientemente publicó:

Los investigadores de las policías civil y federal, por medio de FICCO (Fuerza integrada de combate al crimen organizado), indentificaron por lo menos seis elementos de vinculación entre la conducta del PCC, en Brasil, y la de la mafia en Italia: la existencia de un “código”, un “manual”, como ya fue posible notar la presencia de un “estatuto” de la facción; el control remoto de las actividades criminales, con ordenes provenientes de diversas localidades, inclusive de dentro del sistema carcelario; la hegemonía por el territorio brasileño; la expansión hacia los paises vecinos y las disputas sangrientas por el monopolio de la producción y distribución de la droga; la exquisita ingeniería financiera del blanqueo de dinero; la asistencia a los miembros y a las familias con el pago de subsidios, un área conocida como «sector de ayuda», (Adorno, 2020)[4].

Considerando que hablamos de una organización en franca expansión, aunque frecuentemente atacada por enemigos (Ferreira e Framento, 2020), tal vez sea demasiado pronto para pensar en el PCC como una organización puramente mafiosa. No obstante, considerando los elementos citados por Adorno (2020) asi como las características de una proto-mafia (Dimico, Isopi & Olsson, 2017; Lupo, 2011) y de la mafia (Sergi, 2017), no sería exagerado pensar que la organización va en camino a constituirse como una mafia.

Una proto-mafia tiene como característica el respeto de la población local frente a la violencia del Estado (Dimico, Isopi & Olsson, 2017) – de la misma manera que en la Italia del siglo XIX el mafioso tenia el respeto popular frente a las atrocidades dos campieri e compagnia d´armi. El respeto a la proto-mafia da lugar a la gobernanza criminal (Lessing & Willis, 2019; Lessing, 2020), legitimada por la proximidad entre el criminal y la población que tienen en común la idea de ser olvidados por el Estado (Feltran, 2020; Willis, 2015). Hablamos en el caso del PCC de una organización basada en elementos de hermandad (véase Feltran, 2018; 2020), a menudo forjados en las relaciones construidas en el sistema penitenciario que se reflejan en las calles (Butler, Slade & Nunes, 2018), que luego se consolidan en un fuerte control territorial, obtenido a través de herramientas sociales de control y desarrollo de mercados ilícitos.

En resumen, tenemos aquí control territorial, herramientas de control social (como los debates y el control del comportamiento en las prisiones presentado por Butler, Slade & Nunes, 2018), vínculos espurios con agentes del Estado – a partir de la corrupción – y respeto de la población local que legitima la gobernanza criminal y acepta los regímenes normativos de control social del PCC en determinados territorios (Feltran, 2020). Se asoma además una diversidad de negocios ilícitos conducidos por el PCC, aunque el tráfico de drogas continúa siendo el principal recurso, no es el único. Es por eso que creemos es necesario superar la idea de que el PCC es un cartel, para ser entendido como una proto-mafia, no muy distante de los modelos ampliamente estudiados en criminología como las mafias rusas o japonesas.

Consideraciones finales

Si bien es cierto que en los últimos 20 años el mercado de la droga ha cambiado considerablemente, todo parece indicar que en la actualidad estamos frente a un incipiente modelo de organización criminal y manejo del mercado, con fuertes características de cartel, aunque también de mafia. Eso sitúa al PCC en una zona gris en la literatura sobre las estructuras criminales, que podemos denominar proto-mafiosa.

Aunque los carteles colombianos, que dominaron la producción y distribución de la cocaína antes de que fueran desarticulados como resultado de la presión del Estado, parecen haber desaparecido para siempre, ciertos parámetros se repiten en algunas organizaciones actuales.

Luego del fin de los carteles de Cali y Medellín, en Colombia y en el resto de América Latina se produjo un proceso de fragmentación que, aunque se desarrolló paulatinamente, fue acentuándose hasta alcanzar a todas las organizaciones criminales conocidas de la región. En consecuencia, de organizaciones piramidales y jerárquicas, que reconocían a un claro líder, que se proyectaba por fuera de la organización, y que controlaban todas las etapas de la producción y la distribución de drogas, contando con un fuerte anclaje territorial, se pasó a organizaciones mucho más pequeñas. Estas últimas, además de ser horizontales y no reconocer claramente a un líder, eran estructuras mucho más pequeñas que controlaban solo una de las etapas del proceso de producción o distribución de la droga. Estas características, surgidas por la presión del Estado, las hacían mucho más difíciles de identificar, las volvían más escurridizas. Al verse reducido el riesgo que debían enfrentar, la merma en las ganancias producidas en el negocio de la cocaína como resultado de la incorporación de actores a la cadena de producción, parecía un precio justo a pagar.

En este contexto, los grandes carteles – pocos e identificables – dieron paso a un sin número de organizaciones criminales dirigidas por líderes muy difíciles de identificar, que se dedicaban solo a alguna de las etapas de la producción y distribución de la droga, incapaces de controlar todo el proceso, pero que diversificaron sus negocios incorporando otras actividades lucrativas a su abanico de inversiones. Esas actividades han sido identificadas principalmente como tráfico y trata de personas, lavado de dinero, tráfico de armas pequeñas y livianas, explotación ilegal de recursos naturales y tráfico de flora y fauna, además de extorsiones y grandes robos, entre otros.

Sin embargo, en los últimos dos o tres años el PCC, una organización brasileña que se dedicaba a la distribución de la droga básicamente dentro de Brasil, aunque también a su exportación a través del puerto de Santos, comenzó a cambiar su patrón de comportamiento. El PCC ya no se dedica exclusivamente al tráfico de drogas. Los grandes robos, las extorsiones, los secuestros e incluso el tráfico de armas y el lavado de dinero reportan importantes ganancias para las arcas de la organización  dando cuenta de que se trata de una empresa transnacional que tiene como bien último generar mayores ganancias. Es por eso que ha pasado de ser un cártel de droga a ser algo diferente, no fácilmente identificable, que coincide con las características de un cártel pero también con las de una mafia, en lo referente a los vínculos de relación entre sus miembros. Sin embargo, creemos que aun no ha podido constituirse como mafia porque carece de algunos de los atributos típicos, el más importante de ellos, la búsqueda del poder (no sólo del redito económico) como fin último.

Por otra parte, aunque no existe un sólo líder fácilmente identificable, el PCC cuenta con una “sintonía general final” que es un grupo de lideres que se encargan de tomar decisiones que serán ejecutadas por eslabones inferiores que dan vida a la organización criminal en las cárceles y en las calles. La estructura, sigue siendo jerárquica, aunque en cada uno de los escalones de la pirámide parece haber una serie de miembros entre los cuales si existe una cierta horizontalidad. Además, el uso de la violencia, aunque parece estar más centrado en las prisiones, es un recurso constante para el mantenimiento y la expansión del mercado por parte del PCC, como se ha visto en el caso de la violencia extrema desplegada en el norte de Brasil desde el año 2017.

En resumen, si se toma el PCC como ejemplo, aunque presenta sutiles diferencias, estamos en condiciones de afirmar que se trata de una organización que parece ser un cartel de nueva generación, pero que también combina características propias de la mafia. Es por eso que categorizamos al PCC como una proto-mafia, capaz de avanzar y convertirse en una de las organizaciones criminales más grandes del mundo. En este sentido, su evolución dependerá de las decisiones que se tomen en la cúpula. Si, el poder pasa a ser el fin último de sus actividades y funciona como herramienta para garantizar el rédito económico, entonces estaremos frente a la constitución de una nueva mafia.

El PCC ha crecido exponencialmente tanto dentro como fuera de Brasil gracias a su presencia en las cárceles y a la “ideología” que pregona tanto dentro como fuera de ellas. Sin embargo, y a pesar de ese costado atractivo y atrayente, es necesario no perder de vista que se trata de una empresa transnacional que procura sacar el mayor rédito posible de sus negocios ilícitos. Para ello, se vale de un ejercito de hombres, encarcelados y/o necesitados que le dan sustento y vida, al tiempo que le proveen la logística necesaria para seguir funcionando. Sin ellos, el PCC no tiene futuro. El problema es que ellos, los “bautizados”, que no han parado de crecer en Brasil y han empezado a aparecer en Paraguay, dejan en claro que el PCC ha llegado para quedarse. Y su identificación con el PCC, basada en una ética titulada “proceder”, crea un modelo de hermandad basado en una cultura común, similar a las mafias europeas y japonesas.

Queda entonces por ver si el PCC va a ser la única organización de la región que acuñe esta estructura o si estamos ‘solamente’ frente a una nueva generación de grandes carteles de tercera generación que se harán cargo del manejo de las economías ilegales, con especial énfasis en el tráfico de drogas. En este sentido, la ruptura del acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano, deja entrever la posibilidad de que se reactive uno de los grandes actores vinculados al tráfico de cocaína en la región. ¿Se convertirán en una proto-mafia? ¿Adoptará este el modelo elegido por el PCC? ¿El PCC cambiará sus motivaciones económicas para perseguir principalmente la constitución y el mantenimiento del poder? Aunque queda mucho por ver, es necesario prestar atención a cómo se desarrollan las estructuras criminales, si se pretende combatirlas.

Nota sobre los autores:

Carolina Sampó es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (Cecot) del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Profesora Adjunta de la Universidad de Buenos Aires. https://orcid.org/0000-0002-4756-2620 Correo electrónico: carosampo@gmail.com

Marcos Alan Ferreira es Profesor Asociado en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidade Federal da Paraíba (UFPB, Brasil) y de la Maestría en Desarrollo Social de la Universidad Núr (Bolívia). Investigador Becario del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/Brasil). https://orcid.org/0000-0002-3196-6508 Correo electrónico: marcosferreira@ccsa.ufpb.br

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[1] Este trabajo se produjo en el marco del proyecto UBACyT 20020190200243BA denominado «El surgimiento de nuevas estructuras criminales en Sudamérica: La dinámica del crimen organizado en Argentina y Brasil (2015 – 2019)».

[2] Según Hisayusu (2016) el PCC buscó alianzas con traficantes locales a los que cooptó ofreciéndoles protección, en una primera instancia, para que luego fueran absorbidos por el PCC en pleno crecimiento como organización criminal.

[3] La transnacionalización comenzó con la llegada de detenidos que formaban parte del PCC a cárceles en los países vecinos (França e Krüger, 2018).

[4] Traducción propia del texto original publicado en portugués.