CARLOS ECHEVERRÍA JESÚS
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España
Title: Relations between Spain and Morocco and Algeria and their Consequences for Ceuta and Melilla
Resumen: Marruecos reclama a sus vecinos España y Argelia territorios que considera propios. Ceuta, Melilla, los Peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas y las islas Chafarinas a España y lo que denomina el Sáhara Oriental a Argelia. La percepción marroquí de su déficit territorial es y seguirá siendo un obstáculo para la consolidación de unas relaciones estables entre los tres Estados en la región.
Palabras clave: Argelia; España; Marruecos; Sáhara Occidental; Sáhara Oriental; Territorios españoles en el norte de África.
Abstract: Morocco claims territories belonging to Spain and Algeria. Ceuta, Melilla, the Vélez de la Gomera and Alhucemas Rocks and the Chafarinas islands, from Spain, and the so-called Eastern Sahara from Algeria. Morocco considers that the Kingdom suffers a “territorial deficit”, and this perception remains today and will remain in the future as an obstacle for the consolidation of stable relations in the region.
Keywords: Algeria; Spain; Morocco; Western Sahara; Eastern Sahara; Spanish territories in north Africa.
Para citar este artículo/To cite this article: Carlos Echeverría Jesús, <<Relaciones de España con Marruecos y Argelia y consecuencias para Ceuta y Melilla>>, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 11, No. 1, (2025), pp. 63-75. DOI: http://dx.doi.org.10.18847/1.21.5
Introducción
Las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, por un lado, y España y Argelia por otro, se ven afectadas históricamente tanto por desafíos como por oportunidades. Son desafíos importantes desde el punto de vista español tanto la reivindicación marroquí de Ceuta, Melilla, los peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas y las islas Chafarinas como las tensiones que afectan a las relaciones entre Marruecos y Argelia, alimentadas en parte estas últimas por reivindicaciones territoriales que Marruecos alimenta también en relación con su vecino argelino, y lo hace en aras a conseguir asegurarse lo que considera como sus “fronteras auténticas”.
En el presente artículo estudiaremos cómo dicha reivindicación marroquí de territorios de sus vecinos ha venido obstaculizando en tiempos recientes, y lo puede seguir haciendo en el futuro si dicha reivindicación perdura y lo previsible es que perdure, el establecimiento de unas relaciones estables entre los tres Estados en la subregión del Mediterráneo Occidental. Antes que la consideración geográfica del Mediterráneo Occidental se puede hablar de una visión generosa de la “región del Estrecho” en la línea definida por el Profesor de la Universidad de Cádiz Alejandro del Valle Gálvez que incluiría en la misma, junto con España, a Argelia, Marruecos, el Sáhara Occidental y, eventualmente, también Mauritania (Del Valle Gálvez, 2021: 2). En el presente artículo veremos cómo una política exterior y de seguridad marroquí cada vez más asertiva está contribuyendo a incrementar la tensión en la región tratada, llevando a los territorios españoles a una situación que exige de esfuerzos añadidos para su consolidación política, económica y de seguridad, tanto en clave española como europea. Esta última dimensión es muy importante que sea aclarada desde un principio pues dichos territorios son tanto españoles como europeos, y constituyen de hecho la frontera exterior común de la Unión Europea (UE) en el continente africano.
La intensificación de las reivindicaciones marroquíes
Marruecos ha intensificado en tiempos recientes sus reclamaciones por diversas vías de territorios que pertenecen histórica y jurídicamente a sus dos vecinos más inmediatos. Y lo ha hecho a la vez viendo cómo desde que el rey Mohamed VI decide reintegrar a su país en la organización continental africana, reingresando en enero de 2017 a la Unión Africana (UA) – y ello tras abandonar su predecesora la Organización para la Unidad Africana (OUA) en 1984 –, la tensión con sus vecinos por temas territoriales no ha hecho sino incrementarse.
Dicha tensión se agrava por su actitud en relación con el territorio no autónomo del Sáhara Occidental que Marruecos ocupa en un 80 por ciento de su extensión controlando también la totalidad de su costa, ocupación que tiene consecuencias negativas para las relaciones tanto con España como con Argelia, y también porque desde entonces la reivindicación con distintos instrumentos de los territorios españoles y argelinos se va a ir haciendo cada vez más persistente. En este punto es importante destacar que, históricamente, Marruecos no ha logrado atraer a su exigencia reivindicatoria de territorios españoles a sus vecinos inmediatos (Argelia) o próximos (Mauritania, que sí tiene frontera terrestre con el territorio del Sáhara Occidental pero no con Marruecos), pertenecientes todos ellos al ámbito árabe, musulmán y africano, pero víctimas también ellos mismos del irredentismo marroquí (Smail, 2017). Para el caso de Mauritania recordemos que Marruecos tardó diez años en reconocer a Mauritania como Estado independiente desde que este país magrebí y saheliano alcanzara su independencia de Francia en 1960.
Del sorpresivo cierre de la aduana de Melilla en 2018 al cierre de las fronteras con Ceuta y Melilla
Antes y después del estallido de la pandemia de la COVID-19 Marruecos aceleraba sus políticas tendentes a reforzar posiciones en relación con sus dos vecinos terrestres con respecto a los que mantiene actitudes irrendentistas. Y lo hacía a través de herramientas muy variadas que vienen ubicándose tanto en la dimensión diplomática tradicional como, y cada vez más, en una actuación en la “zona gris” que supone un cambio claro de paradigma (Araluce, 2023). El cierre sorpresivo en el verano de 2018 de la aduana entre Melilla y Marruecos, tras más de un siglo de funcionamiento normal de la misma, fue una medida inamistosa que hemos de ubicar en el marco de la progresiva hostilidad mostrada por Marruecos en relación con las Ciudades y demás territorios españoles en el norte de África. La aduana fue creada por el Tratado Hispano-marroquí de Fez firmado en 1866 y había funcionado de forma ininterrumpida desde entonces. Dicho cierre sirvió para alimentar reflexiones interesantes sobre el futuro económico y de todo tipo de Melilla ante dicha actitud marroquí, que en lo que a la posibilidad de explorar un reforzamiento de las relaciones hispano-argelinas en dichas latitudes incluyó el pensar en recuperar la antigua línea marítima entre Melilla y Orán e incluso la posibilidad de contar con imames argelinos en lugar de los marroquíes que habitualmente se ocupan del culto en esta ciudad española (Moreno, 2019). Esta última posibilidad, la de depender menos en lo religioso del vecino marroquí y diversificar el origen de los imames con Argelia, ha llegado a ser acariciada en algunos momentos, pero lo apabullante del empuje marroquí en esta dimensión – que no solo afecta a Melilla y a otras localidades españolas sino también a un importante abanico de países europeos y no europeos – ha impedido hasta ahora ponerla en práctica. A título de ejemplo, y para confirmar las tendencias, recordemos cómo durante el Ramadán de 2023 Marruecos envió 274 imames a catorce países de Europa y de América, a saber: Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Noruega, Reino Unido y Suecia (Zuloaga, 2023).
En esta misma línea, y dos años después, 2020 sería un año particularmente preocupante dado que Marruecos no solo continuaba su esfuerzo para presionar sobre las Ciudades cerrando unilateralmente en marzo las fronteras con las mismas, sino que también aprovechaba la dinámica política interna en los EE.UU. en la recta final del primer mandato presidencial de Donald J. Trump para atraer a este aliado tradicional en apoyo a sus posiciones (Coronado, 2020). Y debemos también destacar cómo Marruecos había comenzado ese año 2020 ahondando en su empeño de lograr la extensión unilateral de su espacio marítimo, algo que hacía oficial al publicar en marzo en su Boletín Oficial sendas leyes, aprobadas como proyecto en enero y que tras pasar el trámite parlamentario eran firmadas por el entonces Jefe del Gobierno el 6 de marzo: la Normativa 37.17 sobre delimitación de aguas territoriales y la Normativa 38.17 sobre delimitación de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en aguas del Atlántico Oriental. En cuanto al cierre de las fronteras y la cancelación de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que eliminaba de un plumazo la útil actividad del comercio informal diario a través de las fronteras y cuyo efecto se sentía en localidades próximas a Ceuta como Fnideq/Castillejos, M’diq o incluso Tetuán para el caso de Ceuta y en Nador para el caso de Melilla, este se hizo con la excusa de frenar la propagación del coronavirus pero indicaba con claridad que estábamos ante una nueva fase de la implementación de la política marroquí de presión sobre las Ciudades (Kozlowski, 2021). Ello llevó al desarrollo de protestas entre mayo y junio en localidades afectadas, muy visibles en Fnideq/Castillejos, si bien la situación sería pronto reconducida por las autoridades poniendo freno a las protestas y haciendo promesas en relación con la sustitución de aquella actividad económica transfronteriza por dinámicas económicas autóctonas.
Ante tal deriva el 1 de septiembre de 2020 se publicaba el primer Informe del recién creado Observatorio de Ceuta y Melilla titulado Ceuta y Melilla o cómo convertir una grave crisis en la mejor de las oportunidades, explicándose en él la situación generada entre el cierre de la aduana de Melilla en 2018 y el cierre de las fronteras con la excusa de la pandemia en 2020, pasando entre medias por el cierre del paso fronterizo peatonal de Tarajal II en Ceuta o la susodicha aprobación de la susodicha legislación sobre límites marítimos (Chandiramani Ramesh y Bustillo Gálvez, 2020: 8-9).
La agudización de las herramientas híbridas de presión por parte de Marruecos
Marruecos es un Estado que viene demostrando desde hace lustros e incluso décadas sus habilidades para utilizar estrategias híbridas para tratar de alcanzar sus ambiciones, que no son pocas (Jordán, 2018; 2020). Y animado por la coyuntura de aparente debilidad de sus dos vecinos a los que exige territorios Marruecos aceleraba a partir de 2020 y como ya hemos visto sus reivindicaciones apoyándose en distintas estrategias de este tipo (Echeverría, 2020a: 6). Aprovechaba lo que consideraba un momento de debilidad argelina que tenía como reflejo principal la enfermedad del presidente Abdelmadjid Tebboune, aquejado de COVID-19 e internado en un hospital en Alemania. En los cálculos marroquíes esa supuesta debilidad vendría de más atrás en el tiempo, reflejada en la crisis de los últimos años de la presidencia de su predecesor Abdelaziz Buteflika, en el estallido de las protestas del Hirak y en sus múltiples consecuencias políticas y judiciales. Marruecos creía pues llegado el momento de optar a “recuperar” según su planteamiento las provincias argelinas de Bechar y de Tinduf que Francia habría entregado injustamente a Argelia, y siempre según la percepción marroquí, en aplicación de los Acuerdos de Evian de 1963, firmados un año después de la independencia argelina.
En cuanto a la también percibida como debilidad española en tiempos de pandemia Marruecos decidía cerrar las fronteras con Ceuta y Melilla, con vistas a estrangular económicamente a ambas Ciudades Autónomas, a la vez que abría también otro frente extendiendo sus aguas desafiando a España en el frente mediterráneo y sobre todo en el Atlántico. En diciembre de 2020 el entonces primer ministro marroquí, el islamista Saadeddine El Othmani, verbalizaba en una televisión egipcia, y en lengua árabe su reivindicación haciendo también referencia a sus aparentes avances en relación con su intenso de absorber el territorio no autónomo del Sáhara Occidental contando para ello con el aparente apoyo de petromonarquías como Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait, así como el del propio Egipto. Ahondar en las estrategias híbridas contra España se haría un hábito en la gestión marroquí de su vecindad con España a partir de entonces, llevando a la creación de una zona gris, práctica denunciada por el Observatorio de Ceuta y Melilla desde su creación en 2020 (Baqués et al., 2021).
El Observatorio de Ceuta y Melilla, además de llamar la atención con su denuncia de tal praxis hostil por parte de Marruecos ahondó y ahonda en la necesidad de extraer algo también positivo de la misma, y que es el percibir dicha actitud como una invitación tácita a que las Ciudades Autónomas y los demás territorios españoles se reinventen a sí mismos, asumiendo que Marruecos no solo les invita, sino que les obliga a la redefinición en todos los ámbitos de su futuro (Echeverría, 2020b).
El telón de fondo de la agudización de las reclamaciones territoriales marroquíes en relación tanto con España como con Argelia estaba también definido por un vertiginoso proceso de adquisición de diversos sistemas de armas por parte de Marruecos que, si bien se interpretaba tradicionalmente en relación con su tensión permanente con Argelia, ahora debería de ser también analizado en el contexto agudizado de su tensión con España (Colom, Pulido y Guillamó, 2021: 4).
El siguiente paso dado por Marruecos para presionar a España fue la invasión que supuso la entrada de más de doce mil marroquíes de todas las edades y de forma irregular en Ceuta en mayo de 2021. Dicho acto inamistoso y herramienta híbrida de manual servía a Rabat para mostrar su irritación con la llegada a España de forma clandestina del líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, para ser tratado de la COVID-19 en un hospital de Logroño (Echeverría, 2021b; The Economist, 2021). La torpeza demostrada por las autoridades españolas trayendo a dicha persona en secreto – cuando tanto antes como después otros cuadros del Frente Polisario han recibido atención médica en España como miembros que son de un movimiento de liberación nacional reconocido internacionalmente, incluso por el propio Marruecos y en las diversas fases de la exploración de la solución del conflicto – puso en bandeja en Marruecos el poder agudizar el uso de sus herramientas híbridas.
Esta acumulación de actos de presión marroquí llevaba también a un incremento en la atención nacional e internacional por los territorios y por los acontecimientos que en ellos se venían produciendo, y con ello a la necesidad de corregir errores cometidos por algunos observadores y analistas (Le Monde, 2021). El más común era y es el de denominarlos como “enclaves”, cuando un enclave para serlo debe de estar totalmente rodeado de territorio de otro Estado y ello no se cumple ni para las Ciudades ni para los peñones y las islas pues son todos territorios abiertos al mar (Graham, 2021). Y por supuesto Ceuta y Melilla tampoco son “ciudades ocupadas”, ni “presidios” ni “colonias”, debiendo recordarse que tras la independencia de Marruecos en 1956 el Decreto de 21 de marzo de 1958 establecía que “los Territorios Españoles en el norte de África, denominados Plazas de Soberanía, constituyen una unidad geográfica e histórica y son parte esencial e integrante de la Nación” (Echeverría, 2021a: 7).
Tras la marcha de Brahim Ghali a Argelia desde España y con el telón de fondo de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argelia y Marruecos decidida por el primero y anunciada en el discurso del Ministro argelino de Asuntos Exteriores Ramtane Lamanra pronunciado el 24 de agosto de ese año 2021, la tensión bilateral no haría sino incrementarse y se agudizaría entre Argelia y España a raíz de la sorpresiva publicación de una carta firmada por el Presidente Pedro Sánchez el 14 de marzo de ese año 2022 y en la que este consideraba la fórmula de la autonomía para el territorio del Sáhara Occidental como “la más seria, creíble y realista” para la resolución del conflicto. Se descartaba de esta forma la posible celebración de un referéndum de autodeterminación como herramienta considerada desde 1990 como la que permitiría resolver el tema pendiente de definir el estatuto definitivo del territorio, y se rompía con una posición prudente por parte de España que durante décadas había permitido mantener un equilibrio en la relación con los dos Estados magrebíes implicados (Echeverría, 2022). Este arriesgado paso que algunos definían como hecho a cambio de que Marruecos reconociera a partir de ahí la integridad territorial de España, en una interpretación equivocada de raíz, no solo supuso una nueva concesión española a Marruecos de la mano de su jefe de Gobierno, sino que abría la más que previsible crisis bilateral con Argelia mientras en nada se beneficiaba, sino más bien todo lo contrario, a los territorios españoles en el norte de África (Echeverría, 2024: 38-39).
La supuesta “nueva relación” entre España y Marruecos definida en positivo por el Gobierno español desde entonces se basaría entre otros hitos en la susodicha carta y en la Declaración Común de 7 de abril de 2022, hecha en Rabat por el presidente Sánchez y por el Rey Mohamed VI. Pero ni una ni otra han conseguido frenar la continuación del lanzamiento de estrategias híbridas marroquíes contra las Ciudades Autónomas, y sí han servido en cambio para enrarecer de forma acelerada las relaciones con Argelia (El País, 2022). Ejemplo de lo primero sería el dramático intento de asalto masivo de la valla de Melilla por casi dos mil irregulares que se producía el 24 de junio de 2022, que provocó un número de fallecidos desconocido hasta entonces y que supuso una confirmación de que la supuesta nueva etapa en las relaciones hispano-marroquíes no tenía como reflejo un apoyo más leal de Marruecos a España en el control de la frontera. Además, Marruecos seguía manteniendo su actitud inamistosa con España utilizando tan luctuoso hecho para afirmar ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que Marruecos tiene “puntos de paso con España” pero no fronteras internacionales (Orfao, 2022). Tal declaración debe de sumarse a la anteriormente evocada del entonces Primer Ministro El Othmani, hecha en El Cairo en diciembre de 2020, así como a la posterior hecha en abril de 2023 por Enaam Mayara, Presidente de la Cámara de Consejeros (Senado) y marroquí de origen saharaui, quien animaba a todo marroquí instalado en España a coadyuvar a defender los intereses del Reino, destacando entre ellos la idea de la marroquinidad tanto del Sáhara Occidental como de los territorios españoles en el norte de África y, por supuesto, la del Sáhara Oriental, es decir, las regiones occidentales de Argelia. Y en tales dinámicas engañosas cabe destacar también la carta enviada al susodicho Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos calificando de “territorios que siguen ocupados por el Estado español” no solo a Ceuta y Melilla y “cinco islotes, entre ellos Perejil” sino que incluía escandalosamente a las Islas Canarias como en otras ocasiones también supuestas organizaciones no gubernamentales han incluido en sus ceremonias de confusión a la isla de Alborán (El Faro de Ceuta, 2023; Echeverría, 2021a: 40).
Y todo ello se producía en un año 2022 que, en lo que a Argelia respecta, este Estado magrebí vivía inmerso en la celebración del 60º aniversario de su independencia durante la que se trató de desarrollar una aproximación pragmática a Francia mientras en paralelo se reforzaban las relaciones con Italia que venía a reemplazar a España en capítulos importantes. En relación con Francia el historiador francés de origen argelino Benjamin Stora entregaba al presidente Abdelmadjid Tebboune en la emblemática fecha del 5 de julio, aniversario de la independencia, un mensaje personal de su homólogo Emmanuel Macron como reflejo de dicha aproximación pragmática. Con Italia, las relaciones eran y son mucho más fáciles y se estaban mimando en este caso aprovechando el enfriamiento con España producido por el cambio de posición en relación con el conflicto del Sáhara Occidental, y se centraba dicha aproximación en el estratégico sector energético. La visita de Mario Draghi a Argel el 11 de abril de aquel año sirvió de marco para la firma de un gran acuerdo gasístico entre la italiana ENI y la argelina Sonatrach, acto oficial durante el que las autoridades argelinas evocaron la figura de Enrico Mattei, antiguo presidente de la ENI y considerado amigo de Argelia y de su Revolución, y que da nombre al primero de los gasoductos que conectan Argelia con Europa, a través de Túnez, y que con las medidas de retorsión aplicadas a España iba a verse reforzado.
Argelia pasó a recanalizar gas natural hasta entonces exportado a España y a través de ella a otros destinos europeos a través del Gasoducto Magreb-Europa (GME), y que a partir de entonces llegaría a Italia a través del gasoducto Enrico Mattei. El GME había sido cerrado por decisión argelina como una de las más inmediatas medidas de retorsión contra España, y a la altura de marzo de 2022 Italia había pasado a recibir ya de Argelia el 55 por ciento del gas natural que consumía.
El 8 de junio de 2022 Argelia daba un paso más en sus medidas de retorsión suspendiendo el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado en Madrid en 2002, y dicho proceso de deterioro de las relaciones bilaterales se iba haciendo cada vez más visible en diversos ámbitos. El más destacable era sin duda el de la reducción del gas natural argelino importado por España – pasando nuestras importaciones del 42,7 por ciento del total recibido en 2021 a tan solo el 24,8 por ciento en 2022 -, porque aunque se hubiera mantenido en servicio el gasoducto directo Medgaz, que conecta la costa argelina con Almería, el 16 de abril de ese año y tan solo un mes después de la publicación de la carta firmada por el Presidente Sánchez, el flujo por dicho gasoducto se había reducido drásticamente debido según Argelia a “problemas técnicos” (Segovia, 2023).
Cuando a fines de junio de 2022 España anunciaba que comenzaba a fluir gas natural adquirido por Marruecos en los mercados internacionales, desde España y por el GME en sentido inverso al tradicional, Argelia declaraba que vigilaría estrechamente que no hubiera ni una molécula de gas de origen argelino en dichos flujos. Y fines de junio de 2022 era un momento en el que otro acontecimiento ponía en evidencia las tensiones entre Argelia y Marruecos con consecuencias para los territorios españoles en el norte de África, cuando Marruecos trató de instrumentalizar contra Argelia la susodicha avalancha de 2.000 subsaharianos que intentaron entrar con gran violencia en Melilla en el salto más dramático producido hasta la fecha y que se saldó con decenas de muertos. Rabat acusó sin pudor alguno a Argelia de estar detrás de tan dramático suceso por haber canalizado irregulares hacia la frontera noroccidental marroquí como herramienta de presión, pero de haber sido esto cierto Marruecos quedaría en cualquier caso en evidencia por no controlar un tramo muy sensible de una frontera común con Argelia que lleva cerrada desde 1994, y también quedaría en entredicho ante España al mostrar que tampoco controlaba una zona tan estratégica como es la región comprendida entre Uxda y Nador.
Consecuencia negativa adicional para España sería la agudización de una tendencia que, aunque ya empezaba a hacerse visible en 2021 y por ello era anterior al estallido de la crisis bilateral en marzo de 2022, situaba a los argelinos como comunidad cada vez más numerosa de irregulares llegados a España, tendencia que no haría sino crecer a partir de entonces ante lo que se ha venido interpretando como, por un lado, una “relajación” del control argelino de sus costas más occidentales con su epicentro en la región/wilaya de Orán, y por otro un debilitamiento de la colaboración de Argelia en relación con la readmisión de los argelinos llegados de forma irregular a España, hándicap este último que se arrastra hasta la actualidad (Macías, 2025). De los 41.945 irregulares llegados a España por mar en 2021 el 40 por ciento eran marroquíes y el 30 por ciento argelinos y en 2022 el 38 de los llegados por esa vía eran marroquíes y el 25 por ciento argelinos (Le Figaro, 2023). Argelia decidía interrumpir las repatriaciones de súbditos argelinos llegados irregularmente a España desde el 2 de abril de 2022 y los flujos de irregulares que desde las costas argelinas llegan a las Islas Baleares y al levante español no han hecho sino incrementarse en los tres últimos años, partiendo ya no solo de la región de Orán sino también de localidades como Dellys o Tipaza, cada vez más orientales en la costa argelina. Si en 2022 llegaban a Baleares y desde la costa argelina 1.892 irregulares, la cifra para 2023 alcanzaba ya los 2.278 pero el salto principal se sufriría en 2024 cuando la cifra alcanzó ya los 6.000, un 163 por ciento más que el año anterior. Dicha tendencia lleva al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Baleares a pedirle al Gobierno central no solo que considere esta ruta como “ruta consolidada” de acceso de flujos migratorios irregulares, categoría en la que está el archipiélago canario desde hace años, sino a que normalice cuanto antes las relaciones con Argelia (Cembrero, 2024).
A modo de conclusión: presente y futuro en los frentes argelino-marroquí y el hispano-marroquí
Argelia y España, como estamos viendo, están sufriendo y desde hace años el redimensionamiento de las ambiciones marroquíes en el contexto regional, y que se centran no solo en términos irredentos en relación con territorios de sus vecinos sino también en intentos de superar en términos de liderazgo a ambos a la vez que intenta atraer a grandes potencias a su causa (La Vanguardia, 2022). Su osadía es tal que tal rivalidad se traslada también a la dimensión energética, en la que Argelia ha tenido tradicionalmente y por motivos obvios el liderazgo (Moreno, 2024).
Argelia es gran productor de hidrocarburos y aparte de sus propios recursos es el impulsor desde hace décadas del proyecto de gasoducto Trans-Saharian Gas Pipeline (TSGP) entre Nigeria y Argelia que, aunque vulnerable por la inestabilidad del Sahel pues atravesaría Níger, aparece en principio como el más viable si lo comparamos con el proyecto más reciente y en principio menos atractivo liderado por Marruecos. Juega a favor del proyecto argelino el que tramos importantes de sus 4.200 kilómetros ya están construidos tanto en Argelia como en Nigeria, y su coste se cifraba en 2023 en unos 13.000 millones de dólares. El plan marroquí denominado Nigeria-Moroco Gas Pipeline (NMGP) es más complejo por implicar a un número mayor de Estados a través de más de 7.000 kilómetros (5.660 por mar y 1.700 por tierra) y por supuesto más caro (25.000 millones de dólares estimados), y de realización más lenta. El TSGP podría estar ultimado para fines de esta década, entre 2027 y 2030 si se tomara ya la decisión de completarlo, mientras que el NMGP podría estar terminado hacia 2046, es decir, no antes de veinte años. Lo cierto es que hay serias dudas en relación con ambos proyectos, pero lo que sí parece cada vez más claro es que las últimas dinámicas de Marruecos en términos de injerencia agresiva en el Sahel Occidental no solo están provocando dificultades para Argelia sino que, ofreciendo a los países sahelianos de interior – Malí, Burkina Faso, Níger e incluso Chad – una salida al océano Atlántico, a través además del territorio no autónomo del Sáhara Occidental, constituye esta una estrategia más de presión de Rabat que agudiza hoy y seguirá agudizando en los próximos años las tensiones argelino-marroquíes (Esteller, 2024; Counterinternational, 2024).
El dramático paso adelante dado en 2024 por el presidente Macron reconociendo la marroquinidad del Sáhara Occidental, y ello en el marco de un régimen presidencialista como es el francés va mucho más allá de lo que en un régimen parlamentario como es el español supuso y aún supone la carta firmada por el presidente Sánchez, ha llevado a Argelia a ablandar su relación con España, al menos en algunas dimensiones (Carrión, 2024). Ya contribuyó a ello la intervención del Presidente Sánchez en el marco de la inauguración de la Sesión Anual de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2023, con un discurso en el que se parecía evocar la posición equidistante de otrora, pero luego llegarían el susodicho cambio postura de Francia y, conforme avanzamos hacia la actualidad, los cambios globales propiciados por la inauguración el 20 de enero de 2025 de una segunda legislatura del Presidente Donald J. Trump, que Marruecos considera como propicia para coadyuvar a reforzar sus intereses regionales.
Mientras Marruecos consolida sus relaciones con Francia y con Alemania e Italia lo hace con Argelia, España queda en medio sometida al impacto que sus decisiones de política exterior, alterando recientemente una posición prudente y equilibrada que había sido mantenida durante décadas y en relación con el conflicto no resuelto del Sáhara Occidental, tiene para sus relaciones tanto con Rabat como con Argel (Algerie Patriotique, 2024; El Faro de Ceuta, 2024; France 24, 2024). En la dimensión de la defensa, el esfuerzo principal para garantizar su integridad territorial corresponde ante todo a España, y tan solo una vez dicha voluntad esté bien elaborada y transmitida a terceros implicados (Marruecos) en el marco de la definición clara de sus intereses, de la de las amenazas que penden sobre ellos y del diseño de una estrategia creíble para defender aquellos frente a estas, podría mirar España a otros Estados europeos, socios y aliados, además de a los EEUU y a organizaciones internacionales como la UE o la OTAN en clave de interés para que coadyuven a apoyar si se hiciera necesario dicha integridad y a neutralizar amenazas foráneas.
En términos puramente nacionales y locales Ceuta y Melilla celebran en 2025 los treinta años de los Estatutos que hicieron de ellas Ciudades Autónomas, un híbrido entre un Ayuntamiento y una Comunidad Autónoma, y es este un buen momento para hacer balance de su incardinación tanto en el marco general del Estado autonómico (Hernández Lafuente, 2023) como en la dimensión de la UE y de otras organizaciones internacionales europeas. Por ello tienen que hacer valer mejor, en coordinación con el Estado central, su pertenencia a España y su exigente papel de frontera exterior de la UE con Marruecos, un estatuto que evocando de nuevo al Profesor Alejandro del Valle, como hiciéramos al principio de este artículo, queda bien reflejado en la denominación de “ciudades de la UE de frontera exterior en África” (Del Valle Gálvez et al., 2022: 7), y ello es más urgente que nunca ante la provocadora actitud marroquí que venimos ilustrando en este artículo.
El listado de estrategias híbridas utilizadas desde antiguo y hasta la actualidad por Marruecos es larga y sofisticada. Muy veterana, y eficaz, es la instrumentalización de los flujos migratorios irregulares pues tras la apariencia de esforzarse a veces en su contención en realidad dosifica estos en los diversos frentes que controla, tanto en aguas del Mediterráneo como del Atlántico y en las vallas de Ceuta y Melilla (El Periódico de Ceuta, 2025; Algerie Patriotique, 2025). Más recientemente viene jugando con la apertura o no de las aduanas con las Ciudades Autónomas – en realidad tendríamos que hablar de apertura tan solo para el caso de Ceuta pues en el de Melilla estaríamos ante la reapertura de una veterana aduana -, en un proceso largo y tedioso aderezado con obstáculos técnicos que tratan de ocultar los políticos, y de aduanas que distan mucho de ser tales aduanas propiamente dichas (Echeverría, 2025: 6). Y en todo tiempo sigue manteniendo su engañoso discurso calificando a los territorios de lo que no son – “ciudades ocupadas”, “enclaves”, “presidios” o incluso “colonias” -, generando confusión dentro y fuera de España. Desafía pues de forma permanente unos territorios que trata de que parezcan un problema con España, y obvia toda relación con Europa y la UE en su estéril esfuerzo de discutir lo indiscutible, a saber, que son territorios también comunitarios y por tanto límite exterior de la UE. Con esta última actitud se pone a la altura de otros Estados vecinos de la UE como Bielorrusia o Turquía que también instrumentalizan flujos migratorios como herramientas de presión política (Bermejo, Sierras y Ávila, 2020).
Pero a pesar de todo ello Ceuta y Melilla tienen que ser puestas en valor como los escenarios multiculturales de convivencia que ambas Ciudades Autónomas son (Rontomé, 2023), además de ciudades democráticas en el norte de África, y como escenarios que lo pueden ser si se trabaja por ello de prosperidad económica, tanto las Ciudades como los demás territorios (Sánchez de la Cruz, 2023; 2024).
Con la UE, y antes con las Comunidades Europeas, Marruecos ha tenido siempre unas relaciones caracterizadas por un hondo interés de interacción que le llevó incluso a solicitar la adhesión, formalmente y en 1987, como también hiciera y en el mismo año Turquía, algo vetado desde el principio para Marruecos – mientras que Turquía sí consiguió que se le reconociera en 1999 el estatuto de Estado candidato a la adhesión – y que le ha animado y hasta hoy a esforzarse por tener una relación diferente por privilegiada a la que tienen otros socios mediterráneos y no mediterráneos de la Unión. En esa línea disfruta de un Estatuto Avanzado con la UE desde 2008, reforzado en 2019, pero tal situación privilegiada que disfruta debería de llevarle en términos de respeto a corregir su comportamiento en relación con algunos Estados miembros y en particular con España, irrespetuoso a juzgar por las demandas territoriales aquí tratadas, por los desafíos permanentes a las fronteras exteriores y por su actitud de rechazo a las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, y en particular a las más recientes y firmes vigentes desde 2024 (Monzón y Raya, 2024; Libremercado, 2024). El órgano judicial de la Unión dictaba sendas sentencias el 4 de octubre de 2024 confirmando la anulación de los acuerdos agrícolas y pesqueros con Marruecos, y ello como como colofón a una saga de iniciativas legales lanzadas por el Frente Polisario y otros actores que defienden el proceso de autodeterminación en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental. Aunque el Derecho Comunitario tiene primacía y aplicación directa sobre el derecho interno de los Estados miembros, y aunque es un error de bulto confundir dicho Derecho Comunitario y su elaboración, así como las sentencias que dicta el Tribunal de Justicia de la UE, con uno o con todos los Estados miembros de la Unión, la rechazable actitud marroquí presionando a España y a otros Estados miembros, y que para el caso de España se ha venido materializando en el tiempo en distintas estrategias híbridas utilizadas a modo de herramientas de presión o de castigo, importante será que, conocidas esas prácticas y conocidas por uno de los destinatarios de las mismas, España, la vigencia de su uso – en particular a modo de presión permanente contra los territorios españoles en el norte de África -, se adopten las políticas y se alimenten las actitudes que lleven a la neutralización de las mismas.
Sobre el autor:
Carlos Echeverría Jesús es Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y director del Observatorio de Ceuta y Melilla (Instituto de Seguridad y Cultura). En septiembre de 2024 recibió la Medalla de Oro de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Referencias
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