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Contrabando, tráfico de drogas y la configuración de circuitos institucionales para su protección en México

Contraband, Drug Trafficking and the Configuration of Institutional Circuits for their Protection in Mexico

Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social -Golfo, México

Resumen: En este artículo se analizó la evolución, a lo largo del siglo XX, de redes criminales que tenían participación en tráficos ilícitos -contrabando de armas, bienes y drogas psicoactivas ilegales- en los estados mexicanos de Nuevo León y Tamaulipas, en la frontera con Texas, Estados Unidos. A partir de la información contenida en documentos gubernamentales que se encuentran en el Archivo General de la Nación (AGN) de México, cortes penales federales de Estados Unidos y fuentes hemerográficas, se muestra el rol central que tuvieron actores institucionales federales y estatales para consolidar a estas redes y sus actividades ilegales a través de la garantía a su impunidad. Estos actores, junto con sus socios en los ámbitos empresariales y delictivos, configuraron circuitos institucionales para proteger semejantes tráficos y permitir la integración de capitales ilícitos en la economía formal.

Abstract: In this article analyses the evolution, throughout the XX century, of criminal networks that had participation in illicit trafficking goods and illegal psychoactive drugs- in the Mexican states of Nuevo León and Tamaulipas, in the border with Texas, United States. Based on the information contained in government documents found in the General Archive of the Nation (AGN) of Mexico, federal criminal courts of the United States and newspaper sources, I show the central role played by federal and state institutional actors to consolidate these networks and their illegal activities through the guarantee of impunity. These actors, along with their partners in the business and criminal fields, set up institutional circuits to protect such traffics and allow the integration of illicit capital in the formal economy.

A finales de los 1950s y principios de los 1960s, Robert Dahl y C. Wright Mills, distinguidos exponentes de la ciencia política y la sociología, respectivamente, debatieron sobre la forma en que se alcanzaban las decisiones políticas en Estados Unidos (Dahl y Levy, 2009). Mientras que Mills abogaba por una percepción elitista, según la cual, estos procesos eran en general controlados por una élite de poder (Mills, 2013 [1956]), Dahl sostenía el argumento de la existencia de una multiplicidad de grupos que ejercían un proceso complejo de pesos y contrapesos mediados por el gobierno, para determinar, de manera plural, el sentido último de la decisión (Dahl, 1974 [1961]). La concepción de Dahl fue la más favorecida dentro de ciencia política estadounidense -su libro Who Governs ganó el Premio Woodrow Wilson de la Asociación Americana de Ciencia Política en 1962- y, en buena medida, ha permeado de manera lineal las premisas con las que esa disciplina ha sido empleada para analizar los procesos políticos de otros países, con la presunción tácita de Estados y regímenes democráticos-liberales por la mera celebración de procesos electorales periódicos más o menos competidos. La noción de que todas las decisiones de interés público son la derivación de actores y procesos sujetos a reglas de pluralidad, legalidad y visibilidad ha penetrado con frecuencia estos análisis, que suelen dar por sentada su vigencia sin mayor cuestionamiento.

Décadas después, autores como Charles Tilly (1985) realizaron otros análisis sobre el Estado, en los que éste aparece lejano a semejantes premisas ideales. Según este enfoque, el Estado, en su dimensión histórica, no ha surgido como resultado de un pacto civil, sino de la gradual consolidación del monopolio de la violencia de actores que no persiguieron necesariamente un interés público, sino el beneficio sustantivo de sus propios intereses y de aquellos que se les asociaron en el financiamiento de sus pretensiones guerreras. No en balde, comparó esta lógica de construcción del Estado con la propia de la delincuencia organizada. Desde este enfoque, las estructuras de regulación que el Estado articula no necesariamente constituyen una garantía de igualdad en la aplicación de la norma, sino elementos discrecionales que permiten la continuidad de ese beneficio sesgado hacia grupos y actores específicos.

La incorporación de un enfoque más descarnado del Estado, que recupera el análisis de la constitución y evolución de alianzas específicas de grupos de individuos para beneficiar sus propios intereses en función de su control de circuitos institucionales regulatorios, puede brindar nuevos elementos a la comprensión de hechos que muestran profundas contradicciones respecto a lo que formalmente cabría esperar de un Estado que funciona en condiciones propias del tipo liberal-democrático ideal. Es el caso, por ejemplo, de la protección y el auspicio de actividades prohibidas, por parte de aquellos actores institucionales formalmente encargados de reprimirlas. Tal contradicción pone en entredicho el apego a la legalidad, el sentido de la regulación y el interés público que se persigue con la gestión institucional de semejantes funcionarios.

La constatación de semejantes procesos suele escapar al escrutinio público: quienes participan en ellos procuran evitar su visibilidad, como medida imprescindible para evitar presiones sociales que clamen por su castigo y permanecer impunes. Esta condición ha representado una dificultad para el análisis politológico más difundido en la actualidad para adaptar premisas y metodologías para comprender y analizar semejante fenómeno. Aquellas corrientes de la ciencia política que privilegian la aplicación exclusiva de métodos cuantitativos para indagar hechos susceptibles de ser medidos en función de preferencias, percepciones y/o correlaciones estadísticas suelen pasar por alto estos hechos o sugerir que no pueden ser analizados “científicamente”.

Otra metodología de la disciplina puede ofrecer, en cambio, elementos de análisis relevantes para la comprensión de hechos semejantes. En las páginas siguientes, desde el enfoque del institucionalismo histórico, se analizará evidencia sobre un caso mexicano, referente a la articulación de redes de poder que medraban de actividades formalmente ilegales -el contrabando y el tráfico de drogas- y las protegían a partir de su rol e influencia institucionales, a lo largo del siglo XX.

La región noreste de México está conformada por tres estados: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se ubican en la franja fronteriza con Texas, en el suroeste de Estados Unidos. La historia de esta región muestra una fuerte interconexión entre los estados que la integran, que traspasa no sólo los límites de la división política interna, sino incluso las propias fronteras nacionales, por los estrechos lazos con grupos y comunidades texanas.

A lo largo del tiempo, la región noreste de México ha sido un punto de internamiento del contrabando de armas y bienes comerciales de origen estadounidense, al tiempo que es también una plataforma permanente para la introducir en ese país otros bienes que han estado sujetos a regímenes restrictivos: primero alcohol, y después drogas psicoactivas.

Entre las redes criminales más poderosas que operaron el tráfico ilícito de sustancias en esta región, una de ellas fue bautizada por los medios de comunicación como el Cártel del Golfo, hacia mediados de los 1990s (Figueroa, 1996)^{^[1]}. En los años 1980s y 1990s, esta estructura delictiva tuvo por figura principal a un individuo originario de Matamoros, Tamaulipas, de nombre Juan García Abrego, quien junto con otros individuos de su confianza introdujo grandes cantidades de droga a Estados Unidos, especialmente mariguana y cocaína.^{^[2]} No obstante, esta red criminal era una derivación genealógica de actores más antiguos que habían participado en el contrabando de bienes y sustancias proscritas desde los años 1930s, en esa misma región, con el tío de García Abrego, Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas (Juan N. Guerra), como operador más connotado.

Los inicios de esta red delictiva pueden rastrearse hasta los años de la prohibición estadounidense del alcohol, cuando algunos contrabandistas aprovecharon para trasladar bebidas embriagantes hacia ese país y, en el viaje de retorno, armas a México. Estas prácticas se extendieron a lo largo de los años 1930s, pues la Prohibición perduró en las leyes estatales de Texas por más tiempo que la cancelación de la Ley Volstead. A fines de esta década, la constante en su desarrollo era la relación de protección que proporcionaban de manera discrecional los altos mandos del nuevo aparato militar surgido tras el triunfo de la Revolución Mexicana, en beneficio de algunos contrabandistas con los que entablaron relaciones cercanas.

Al paso del tiempo, muchos de estos militares se convirtieron en comandantes de Zona Militar -la principal autoridad castrense dentro de cada entidad federativa-, legisladores, gobernadores, altos funcionarios del ejecutivo federal y poderosos empresarios. A pesar de ello, mantuvieron su relación irregular con los tráficos ilícitos, como una forma de continuar enriqueciéndose.

Hacia los años 1950s-1970s, tuvo lugar un gradual reemplazo generacional, con políticos y funcionarios más jóvenes que desarrollaron sus carreras bajo el cobijo de los anteriores, heredando de ellos sus intereses irregulares. Diversos funcionarios, del rango de secretarios y subsecretarios de Estado en dependencias del ejecutivo federal a cargo de la hacienda pública, las aduanas, la seguridad y la procuración de justicia, dieron continuidad a la protección de actividades ilegales y a la configuración de circuitos institucionales para garantizar impunidad a quienes las operaban en sociedad con ellos.

A finales de los años 1980s y principios de los 1990s, la red criminal que sería conocida como el “Cártel del Golfo” estaba ya del todo dedicada al tráfico de drogas; en especial de cocaína sudamericana hacia Estados Unidos. Y una vez más, contó con el apoyo de una nueva generación de funcionarios: los herederos de los actores que brindaban semejante protección en la etapa precedente, a veces vinculados con ellos por parentesco directo.

Al término de la década de los 1930s, México enfrentaba el riesgo de un nuevo estallido de violencia, apenas un par de décadas después del término de la Revolución. El gobierno del General Lázaro Cárdenas había aplicado los postulados de distribución de la tierra contenidos en la reforma agraria y nacionalizado la industria petrolera en el país. Tales medidas causaron un choque directo de la administración con los intereses de los sectores más conservadores de la sociedad mexicana: empresarios que habían alcanzado su bonanza original antes de la Revolución, compañías petroleras extranjeras, e incluso con generales revolucionarios enriquecidos a partir del reemplazo de la antigua élite porfirista.

Entre los primeros, el grupo más recalcitrante y poderoso estaba asentado en Monterrey, el polo industrial del norte del país. Su núcleo estaba conformado a partir de una red de parentescos que unía a las familias Garza y Sada, propietarios de la Cervecería Cuauhtémoc.^{^[3]} La tensión estuvo al borde de la ruptura en la sucesión presidencial de 1940. Con la expectativa de detener y revertir las políticas de Cárdenas, los Garza-Sada y sus aliados en el noreste del país apoyaron la candidatura presidencial del General Juan Andrew Almazán, que hasta entonces había fungido como el comandante de la 7ª Zona Militar, asentada en las inmediaciones de Monterrey (Saragoza, 2008: 166-170).

Pretendieron alcanzar su propósito no sólo a través de maniobras políticas y electorales: también pusieron en marcha los preparativos para una rebelión armada que encaminada a derrocar el gobierno de Cárdenas. Con este fin, articularon operaciones de contrabando masivo de armas, enviadas desde Estados Unidos, por la Standard Oil Company de California, una de las empresas petroleras afectadas por la expropiación cardenista. Una parte de las armas era destinada a Monterrey y otras ciudades del norte del país. En el noreste, la introducción de pertrechos bélicos tenía también lugar por Tamaulipas, en la frontera con Texas, donde algunos militares subordinados de Almazán participaban en el contrabando. Entre ellos, un personaje que entonces tenía el rango de Teniente Coronel, de nombre Tiburcio Garza Zamora. Informes enviados al Presidente Cárdenas identificaban al referido militar como el mando castrense que controlaba a los contrabandistas en esa región fronteriza (AGN, LCR, 564.3/10).^{^[4]}

Las aspiraciones políticas de Almazán no se concretaron y los antiguos subordinados militares que habían respaldado su movimiento buscaron reconciliarse con el oficialismo. En su ocaso, el gobierno de Cárdenas los reubicó para evitar que mantuvieran sus espacios de poder o los colocó bajo supervisión de comandantes leales, sin ejercer mayor castigo en contra de ellos. La administración tampoco hizo mayor esfuerzo por evitar la continuidad de los contrabandos en las zonas donde tenían lugar, con los que estaban involucrados los personajes en cuestión; simplemente reemplazó a quienes operaban como sus reguladores fácticos. El nuevo gobierno, a cargo del General Manuel Ávila Camacho, permitió que los desafectos se establecieran de nuevo en sus zonas de influencia y adoptó esta misma lógica de simple cambio de reguladores fácticos. En la región de interés, informes gubernamentales dieron cuenta de que el nuevo gobernador de Nuevo León, el General Bonifacio Salinas Leal, había reemplazado a Tiburcio Garza Zamora en el control irregular de los contrabandistas y aseguraban que este último había ya perdido su influencia sobre ellos (AGN, IPS, Box 127, Exp. 30: 32-33).^{^[5]} No obstante, Garza Zamora se convirtió, en los años siguientes, en cercano amigo y colaborador de Salinas Leal, con quien integró una camarilla de militares y políticos que tuvieron amplia incidencia sobre los estados de Tamaulipas y Nuevo León en las décadas siguientes. En 1946, ya concluida su administración en Nuevo León, el General Salinas Leal fue designado comandante militar a cargo de Tamaulipas, y en esa calidad mantuvo a Garza Zamora como uno de sus subordinados más cercanos. En ese encargo, Salinas Leal suplía a otro de sus amigos, el General Anacleto Guerrero Guajardo, a quien había sucedido también como gobernador en su natal Nuevo León (El Norte, 1946: 1).

En 1946, el gobierno de Miguel Alemán Valdés, un civil con formación de abogado, marcó el final de las presidencias encabezadas por militares. Múltiples fuentes muestran la participación de su círculo inmediato en diversas prácticas de corrupción. Por ejemplo, según documentos de agencias del gobierno estadounidense, personajes que mantenían una estrecha amistad y sociedad con Alemán estaban involucrados en el tráfico de drogas. Era el caso de Carlos I. Serrano, Enrique Parra Hernández o Jorge Pasquel (Niblo, 2001: 178, 212-215 and 344-347; NARA, DEA, SFBNDD, RG 170 Box 22; NARA, DEA, SFBNDD, RG 170 Box 23).^{^[6]}

En 1947, el Presidente Alemán maniobró, a través del referido Carlos I. Serrano, para derrocar al gobernador de Tamaulipas y reemplazarlo con quien entonces fungía como Subsecretario de Defensa, el General Raúl Gárate Legleu. En ese estado, Alemán, Serrano y Gárate Legleu se aliaron con el Comandante de Zona Militar, Bonifacio Salinas Leal y su subordinado Tiburcio Garza Zamora, a cargo del puesto militar en Reynosa, Tamaulipas. En conjunto, controlaban a la administración, el congreso y el poder judicial de la entidad federativa. Este control se tradujo, por ejemplo, en el nombramiento directo, por parte de Alemán, de otros tantos personajes con quienes tenía amistad o parentesco para encargarse de las oficinas de aduanas ubicadas en el estado (Flores, 2013: 133-139).

En ese mismo año, en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, Juan N. Guerra, un contrabandista con pésima fama pública, atrajo la atención de las autoridades y medios de comunicación, tras asesinar a su esposa (El Mundo, 1947: 1; Noticiero, 1947: 1; Brownsville Herald, 1947: 1).

A pesar del testimonio de los testigos presenciales del asesinato, Juan N. Guerra fue liberado por las autoridades judiciales estatales. Sus relaciones con las mismas eran notables. En 1956, un cercano colaborador del exgobernador Gárate Legleu, el juez Venustiano Guerra, futuro presidente del congreso estatal y del comité estatal del partido oficial; Partido Revolucionario Institucional (PRI) estuvo presente en la boda de una hermana de Guerra (Noticiero Diario de la Tarde, 1956: 5). Un año más tarde, Guerra figuraba entre los invitados a la fiesta de cumpleaños del excomandante militar en Tamaulipas y exgobernador de Nuevo León, el General Anacleto Guerrero. En el convivio, departió con el nuevo comandante militar de la entidad, General Domingo Martínez, con el General Tiburcio Garza Zamora; con el jefe de la Oficina Federal de Hacienda de Reynosa, Guillermo García; con oficiales de Aduanas, como Francisco Yarritou; con el alcalde de Monterrey, José Luis Lozano, y otros integrantes de los gobiernos del estado, e incluso de la administración y el legislativo federales (El Porvenir, 1957: 2).

En 1960, un informe escrito por el Coronel Manuel Rangel Escamilla, Director Federal de Seguridad –una institución federal dedicada a tareas policiales y de inteligencia de la época– establecía que Juan N. Guerra y su hermano, Roberto Guerra, estaban considerados como los más conspicuos contrabandistas de armas, bienes comerciales y drogas psicoactivas en el norte del país (AGN, DFS, Versión pública del expediente de Octavio Villa Coss: 9-16).

Roberto Guerra ejerció una participación política más visible: encabezó una organización local del PRI que maniobró, junto con el General Tiburcio Garza Zamora, para apoyar la precandidatura de Raúl Morales Farías –el abogado de Juan N. Guerra– al gobierno de Tamaulipas. Roberto Guerra Cárdenas formaba parte de la camarilla política integrada por los generales Raúl Gárate Legleu, Bonifacio Salinas Leal, Tiburcio Garza Zamora y el empresario Lauro Villalón –un exdiputado federal, banquero y cuñado del General Aarón Sáenz Garza- según señalaron otros documentos de la DFS (AGN, DFS, Versión pública del expediente de Raúl Gárate Legleu: 10-21). Esta camarilla apoyó a Praxedis Balboa Gojón, como candidato para encabezar la administración estatal en el periodo 1963-1969. Tras el triunfo de Balboa, Roberto Guerra fue designado titular de la Oficina Fiscal del Estado (Solorio, 1997: 360).

En 1960, Juan N. Guerra, había matado de nuevo, por hechos relacionados con el contrabando. En esta ocasión, la víctima era el Teniente Coronel Octavio Villa Coss, que se desempeñaba al frente de un servicio de supervisión de las unidades de vigilancia aduanal. Villa Coss había detenido un camión que transportaba contrabando de naturaleza incierta: unas fuentes señalaron que se trataba de café, mientras que otras aseguraron que se trataba de drogas (El Porvenir, 1960a: 8; El Porvenir, 1960b: 8).

El camión era oficialmente empleado para la distribución de la cerveza Carta Blanca –el producto emblemático de la Cervecería Cuauhtémoc, de la red familiar Garza-Sada– y pertenecía a Roberto Guerra. Los hermanos Guerra y el General Tiburcio Garza Zamora –el antiguo protector de los contrabandos y participante de la introducción ilegal de armas para apoyar la rebelión de Almazán– eran todos distribuidores exclusivos de los productos de esta empresa (AGN, DFS, Versión pública del expediente de Tiburcio Garza Zamora: 49; AGN, DFS, Versión pública del expediente de Octavio Villa Coss: 9-16).

El crimen atrajo la atención de los medios de comunicación locales, e incluso de los nacionales, pues Villa Coss era hijo del legendario revolucionario Francisco Villa. Desde la ciudad de México se envió un grupo especial de investigación, integrado por miembros del Estado Mayor Presidencial y otros oficiales que laboraban para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la dependencia a cargo de las aduanas.

Tras un corto periodo de tiempo en que se adoptaron medidas como censar a los contrabandistas ya en prisión o la puesta en marcha de campañas para convencer a la población de que entregara a la autoridad las armas de fuego que tuviera en posesión, el grupo especial se retiró. Antes de su partida, Juan N. Guerra se entrevistó con ellos, acompañado de Francisco Castellanos Tuexi, su abogado y antiguo jefe –Guerra se había desempeñado como agente de policía judicial invitado por un exgobernador tamaulipeco, designado Procurador General de Justicia del Distrito Federal en la administración de Ávila Camacho (1940-1946), que también fungió como administrador de la aduana de Matamoros–. Los militares recomendaron a Guerra no incurrir en escándalos ni hechos de violencia. Guerra había obtenido un amparo por parte de juzgados federales en Nuevo León (Noticiero Diario de la Tarde, 1960b:1 y 3).

Denuncias remitidas a la Presidencia de la República, informaban que el líder de las actividades de contrabando en la frontera tamaulipeca era el General Tiburcio Garza Zamora, quien, a lo largo de las investigaciones por el homicidio de Villa Coss, había mantenido oculto a Juan N. Guerra en un rancho propiedad del jefe militar, ubicado en el municipio de San Fernando, cercano a Matamoros (AGN, ALM, 541/248, páginas sin numerar).^{^[7]} El informante solicitaba a la Presidencia el envío de personal investigador de confianza, para que pudieran corroborar los datos que proporcionaba. La solicitud no fue atendida. De hecho, a pesar de que la agitación generada por estos eventos condujo a la depuración del personal en las oficinas de aduanas de Tamaulipas, aquellos que fueron reemplazados fueron funcionarios que no estaban involucrados en las pesquisas derivadas de los hechos de sangre. Éstos, por el contrario, fueron ratificados en sus cargos (Noticiero Diario de la Tarde, 1960a).

Aunque la Dirección Federal de Seguridad (DFS) no tenía dudas respecto a la responsabilidad de Juan N. Guerra en el asesinato de Villa Coss, según expuso su director, el Coronel Rangel Escamilla, no existieron investigaciones adicionales en su contra por el crimen, ni tampoco se indagaron las denuncias referentes a la protección que le brindaba el General Garza Zamora. Ninguno de estos hechos evitó que este último fuera nombrado Comandante de Zona Militar en Chihuahua y, después, en Nuevo León, en los años siguientes. Para entonces, a pesar de permanecer como militar en servicio, Tiburcio Garza Zamora ya se había convertido en un acaudalado empresario: era propietario de la compañía que brindaba electrificación a la ciudad de Reynosa, de un periódico, de la mayoría de expendios de licores y, en general, controlaba el aprovisionamiento de bebidas alcohólicas a la zona roja de la misma localidad. Además, era distribuidor exclusivo de la cerveza Carta Blanca, producida por la Cervecería Cuauhtémoc (AGN, DFS, Versión pública del expediente de Tiburcio Garza Zamora: 29-30, 58, 61-62).^{^[8]} De hecho, en los años 1950s, fundó en Tamaulipas una institución financiera: el Banco de Reynosa, en asociación con el General Aarón Sáenz Garza (Diario Oficial de la Federación, 1957: 2-3).

En la sucesión presidencial de 1970, la referida camarilla de militares y políticos apoyaron las aspiraciones del tamaulipeco Emilio Martínez Manautou, que fungía como Secretario de la Presidencia –una oficina de apoyo de coordinación y apoyo directo del Presidente de la República– en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). Sin embargo, la nominación del PRI recayó finalmente en Luis Echeverría Álvarez, Secretario de Gobernación de esa administración –con funciones equivalentes a un Ministerio del Interior, de la que dependía orgánicamente la DFS–.

Durante su campaña electoral en el noreste, Echeverría tuvo reuniones especiales con notables y relevantes figuras de la política local, incluyendo al General Tiburcio Garza Zamora, ya a cargo de la 7ª Zona Militar, con cuarteles cercanos a Monterrey. En una de esas reuniones, el candidato hizo referencia a su larga amistad con éste y con el General Bonifacio Salinas Leal y los ex gobernadores de Nuevo León Eduardo Livas Villarreal y José S. Vivanco (El Porvenir, 1970: 1 y 11, segunda sección). Estos últimos tenían estrecha relación con Garza Zamora y Salinas Leal: el primero fue secretario particular de Bonifacio Salinas (Camp, 2011: 538), mientras que el segundo alcanzó la gubernatura gracias a su apoyo.

Pocos días después de que Echeverría inició su mandato, en diciembre de 1970, el delegado de la DFS en Nuevo León escribió un informe dirigido al director, el Capitán Luis de la Barrera. Informaba de una reunión celebrada en Cerralvo, para organizar los tráficos ilícitos en la región, de conformidad con los lineamientos establecidos desde la Primera Zona Aduanal, con sede en Monterrey (AGN, DFS, Versión pública del expediente de Lino González Pérez: 9-10).^{^[9]}

Entre los asistentes figuraron Juventino González Ramos, que de acuerdo con la misma fuente acudía en representación del exgobernador Eduardo Livas Villarreal; también el Capitán Alfonso Domene, quien fungía como Segundo Comandante de la Primera Zona Aduanal, amigo cercano de su titular, el Comandante Fidel Cuéllar Treviño. Asistió José Cruz Contreras, quien se había desempeñado como alcalde de Reynosa. Además, estuvo presente Juan N. Guerra, a quien el informe describía como un connotado contrabandista, lenón y traficante de drogas, al tiempo que añadía que había sido contribuyente de la precampaña del ya referido Emilio Martínez Manautou, en su búsqueda de la nominación a la candidatura presidencial por el PRI. Como beneficiario de esas contribuciones económicas, el informe señalaba también a José Juan Domene, antiguo colaborador de Martínez Manautou y hermano del Capitán Alfonso Domene, que laboraba en la Primera Zona Aduanal. El reporte señalaba, incluso, que el titular de la misma, Fidel Cuéllar, era compadre de Juan N. Guerra (AGN, DFS, Versión pública del expediente de Lino González Pérez: 9-10).

En 1974, la DFS había integrado un grupo especial para investigar la introducción masiva de armas contrabandeadas, que tenía lugar a lo largo de la frontera norte. En el mes de julio, el grupo informó que, en general, la corrupción de funcionarios públicos era una constante a lo largo de la frontera, hecho que favorecía la continuidad del contrabando. Sin embargo, añadió que en el noreste esa corrupción estaba organizada con mayor complejidad (AGN, DFS, Versión pública del expediente de Francisco Guerra: 14).^{^[10]}

De acuerdo con el reporte, entre las instituciones federales afectadas por la corrupción asociada al contrabando y el tráfico de drogas, se contaba a las oficinas de aduanas y a la Policía Judicial Federal, que no solamente tenían conocimiento de la operación de los tráficos ilícitos, sino que les brindaban protección (AGN, DFS, Versión pública del expediente de Francisco Guerra: 3).

La Primera Zona Aduanal comprendía a los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas e incluso San Luis Potosí. Cada uno de estos estados tenía un Administrador de Aduanas, que dependía de los cuarteles centrales ubicados en Monterrey. Cada una de las Administraciones de Aduanas en las mencionadas entidades establecía diversos puntos de revisión en los cruces fronterizos, en diversas vías de comunicación internas, e incluso en distintas ciudades ubicadas en su territorio.

El titular de la Primera Zona Aduanal, como se ha mencionado ya, era el Comandante Fidel Cuéllar Treviño quien, según el informe del grupo especial de la DFS, se vanagloriaba de haber sido designado por instrucciones directas del Subsecretario de Investigación Fiscal, Enrique Cárdenas González y del propio Presidente Luis Echeverría (AGN, DFS, Versión pública del expediente de Francisco Guerra: 16).

De acuerdo con el reporte, Cuéllar había establecido un sistema de corrupción institucionalizada. Vale la pena referir brevemente algunos puntos de su integración. De los cinco comandantes que supervisaba de manera directa, cuatro habían sido designados por él mismo, mientras que el restante lo había sido por jerarquías superiores dentro de la Secretaría de Hacienda –que sólo podían ser el Director General de Aduanas, el Subsecretario Cárdenas González o el Secretario José López Portillo–. Entre el círculo de funcionarios cercanos a Cuéllar se incluían oficiales directamente señalados como partícipes en el contrabando de mercancías y en el tráfico de drogas. Es de destacar el oficial aduanal Ariel Guerra Barrera –quien fungía como el asistente personal del Comandante Fidel Cuéllar– y era considerado un traficante de drogas: era hermano de Héctor Santiago (a) “El Flaco” y Francisco Guerra Barrera (AGN, DFS, Versión pública del expediente de Francisco Guerra: 16-17), que operaban estos tráficos ilícitos en el municipio de Miguel Alemán, también en Tamaulipas. El reporte mencionaba también a Juan N. Guerra. Como se recordará, información previa de la DFS correspondiente a 1970, identificaba a éste como compadre del Comandante Fidel Cuéllar.

Fidel Cuéllar era también compadre de otro poderoso contrabandista y traficante de drogas vinculado con Juan N. Guerra. Su nombre era Juan González (a) El Chapeado, originario de Agualeguas, Nuevo León (AGN, DFS, Versión pública del expediente de Francisco Guerra: 25-26).

El Comandante Cuéllar había establecido un sistema clandestino de pagos periódicos a cambio de la protección al contrabando y el tráfico de drogas: un tráiler cargado debía pagar MXN$8,000 por viaje; una camioneta MXN$6,000 y un automóvil MXN$4,000. De acuerdo con el informe de la DFS, cada punto de revisión generaba MXN$20,000-MXN$25,000 diariamente, mismos que eran recolectados y distribuidos de manera proporcional entre el personal involucrado, incluyendo a agentes de la Policía Judicial Federal y del Ministerio Público Federal, para evitar que investigaran sobre estas irregularidades en las aduanas. Cuéllar pagaba mensualmente MXN$25,000 al Visitador General de Aduanas, un funcionario encargado de supervisar que no existieran prácticas corruptas dentro de la institución (AGN, DFS, Versión pública del expediente de Francisco Guerra: 18, 21-23).

Más allá de los nombramientos efectuados por Cuéllar, la articulación de ese sistema superaba a la Primera Zona Aduanal. En la Ciudad de México, el homólogo de Cuéllar era su amigo Feliciano Guerra, cercano también al Subsecretario Cárdenas González, quien le nombró en el cargo. A su vez, Feliciano Guerra tenía como encargado de la vigilancia operativa a un oficial de nombre Felipe García, que había estado involucrado en los hechos que condujeron al asesinato de Octavio Villa Coss en Matamoros, en 1960. También era allegado de Juan N. Guerra, quien cometió el crimen, según se vio con anterioridad (AGN, DFS, Versión pública del expediente de Francisco Guerra: 19-24).

Aunque el grupo especial de la DFS solicitó mayores recursos para profundizar las investigaciones, no se ubicó en el AGN información adicional que permita verificar la continuación de las pesquisas. Aparentemente el grupo fue disuelto y sus integrantes fueron destinados a otras tareas.

En contraste, dos años más tarde, en agosto de 1976, la prensa regiomontana consignó una nota donde informó de la celebración de la boda de la hija del Comandante Fidel Cuéllar, en el municipio de San Pedro Garza García, una zona privilegiada en el área metropolitana de Monterrey. Entre los invitados especiales figuraban el aún Presidente Luis Echeverría –quien fungió como padrino de boda–, Enrique Cárdenas González –quien había dejado de ser Subsecretario de Investigación Fiscal para convertirse en Gobernador de Tamaulipas–; el General Federico Amaya Rodríguez, Comandante de la 7ª Zona Militar en funciones; el exgobernador de Nuevo León, Eduardo Livas Villarreal; el Director General de Aduanas, Óscar Reyes Retana; la viuda del General Tiburcio Garza Zamora, fallecido pocos años antes; y Juan N. Guerra, quien desde mucho tiempo atrás había sido identificado plenamente por las instituciones de seguridad mexicanas como contrabandista y traficante de drogas (El Porvenir, 1976: 1 y 8, tercera sección).

De ninguna manera se debe asumir que la DFS estaba libre de corrupción relacionada con el tráfico de drogas, en esta época. En 1978, un comandante de la corporación, de nombre Rafael Chao López, generó un nuevo reporte sobre la operación de estas actividades y las personas involucradas en la región noreste. A pesar de que este nuevo documento mencionó a muchos de los traficantes mencionados en el anterior, no señaló a Juan N. Guerra (AGN, DSF, Versión pública del expediente de Héctor Guerra: 1-6).^{^[11]} Su redactor, el Comandante Chao López, reprimía y extorsionaba a otros grupos delictivos dedicados al trasiego de drogas, mientras brindaba ya protección a la red criminal liderada por Guerra, según consta en los testimonios vertidos en el juicio en contra del sobrino de éste, Juan García Abrego, quien entonces incursionaba en el tráfico de drogas dentro de la organización de su tío (US v. Juan García Abrego, doc. 336: 132-134 and doc. 338: 29-30).^{^[12]}

De acuerdo con el testimonio que rindió en el juicio en su contra un antiguo colaborador, García Abrego era ya considerado el principal jefe del tráfico de drogas en Matamoros y otros traficantes tenían que obtener su permiso para efectuar operaciones de tráfico de drogas en la zona. Por ejemplo, según esa fuente, García Abrego les cobraba USD$200,000 por cada aeronave cargada de cocaína que aterrizara en la zona bajo su control (US v. Juan García Abrego, doc.328: 262-264).

Durante esta época, Juan N. Guerra y Juan García Abrego tenían una situación cómoda en Tamaulipas, pues Emilio Martínez Manautou, -el antiguo amigo del primero, que recibía sus contribuciones económicas en respaldo a sus aspiraciones políticas con miras a la sucesión presidencial de 1970- gobernó la entidad entre 1981 y 1987. De hecho, en 1984, el Gobernador Martínez Manautou maniobró para que un sobrino de Juan N. Guerra fuera designado candidato del PRI a la alcaldía de Matamoros. Jesús Roberto Guerra Velasco, hijo de Roberto Guerra Cárdenas y primo de Juan García Abrego, fue presidente municipal de esa localidad entre 1984 y 1987.

Pero para Juan N. Guerra y García Abrego, el periodo de mayor afluencia estaba aún por venir, en el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Las dimensiones que cobró la red criminal de Juan N. Guerra y Juan García Abrego en el sexenio salinista se aprecian en diversa documentación basada en investigaciones realizadas tras el fin de ese gobierno. Por ejemplo, en 1995, el Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN), un organismo que dependía del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, redactó un documento titulado “Avances en el Análisis del Narcotráfico en México”, que se filtró a los medios de comunicación. Reputados periodistas de investigación publicaron trabajos donde se reproducían diversos extractos de la información ahí contenida, que daba cuenta de la protección al tráfico de drogas otorgada por altos funcionarios de esa administración y la participación de eminentes empresarios en el lavado de dinero procedente de esa actividad (Boyer, 2001: 116; Veledíaz, 1998: 26-33).

Entre los datos reproducidos en estas investigaciones se hacía referencia a vínculos añejos entre Juan N. Guerra y el Secretario Raúl Salinas Lozano, Secretario de Industria y Comercio del gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964), oriundo de Agualeguas, Nuevo León, y padre del Presidente Carlos Salinas de Gortari. La amistad entre Guerra y el funcionario se habría iniciado tras haber sido presentados por un asociado del primero, nacido en esa misma localidad: un personaje conocido como Juan González (a) El Chapeado. González, quien era una figura a la que misma DFS había identificado desde 1972 como un importante contrabandista de armas, con el nombre de Juan González Flores (AGN, DFS, Versión pública del expediente de Pedro Canavati, legajo único: 4).^{^[13]} Ligado a contrabandistas de la región de Mier y Miguel Alemán, Tamaulipas, Juan González Flores figuraba como miembro del consejo de administración de un flamante negocio automotriz que había sido inaugurado conjuntamente por los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas en 1960. Integrante de ese mismo consejo era Carlos Salinas Lozano, hermano del entonces Secretario de Industria y Comercio (El Porvenir, 1960c: 8). El negocio era propiedad de la familia de Germán Barrera González, amigo de Juan González Flores y, además un personaje que, según reconocía en sus propias memorias, había iniciado su fortuna como contrabandista de alcohol hacia Estados Unidos con la protección de los jefes militares encargados de la seguridad en la frontera norte mexicana (Barrera González, 1972: 9-13 y 44).

Por otra parte, en denuncias enviadas a la Presidencia de Adolfo López Mateos en contra de los operadores del contrabando, informantes diversos habían proporcionado incluso el domicilio de Juan González (a) El Chapeado: Tulancingo #1548, col. Las Mitras, en Monterrey (AGN, ALM, expediente 564.3/7).^{^[14]} Los antecedentes de ese inmueble, contenidos en el Registro Público de la Propiedad permiten vincular a un individuo de nombre Juan Manuel González Garza como su propietario (Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León).^{^[15]} Resulta interesante que el padrino de bodas del hijo de este personaje, en agosto de 1973, fuera precisamente el hermano del secretario Salinas Lozano: Carlos Salinas Lozano (El Porvenir, 1973: 7C). De manera que, fuera cual fuera el nombre real de Juan González (a) El Chapeado, el hermano del Secretario de Industria y Comercio del gobierno de López Mateos –y padre del futuro Presidente de la República en el sexenio 1988-1994– aparece ligado a ese circuito. Semejante hecho apunta hacia la confirmación de información publicada en medios impresos, que señalaron la amistad añeja entre Raúl Salinas Lozano y su familia con actores dedicados al tráfico de bienes y sustancias ilícitas, desde su paso por esa secretaría de Estado (El Norte 1995), aludida también en el informe del CIAN al que se hizo referencia más arriba.

Semejantes relaciones parecen haber tenido efectos en la administración 1988-1994. Por ejemplo, el antiguo jefe de ayudantes –que en el argot de la función pública mexicana hace referencia a guardaespaldas– del Secretario Raúl Salinas Lozano, de nombre Enrique Guinea Rivero (El Nacional, 1964: 6), fue nombrado Director General de Aduanas, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (El Nacional, 1988: 1). Según información de prensa, en esa posición, Guinea nombró comandantes aduanales que protegían las operaciones de Juan García Abrego y su asociado, Francisco Guerra Barrera –parte de la red de contrabandistas de bienes y drogas que operaban en Mier y Miguel Alemán, Tamaulipas, aludidos más arriba– (Reforma, 1996).

De acuerdo con lo expuesto por testigos durante el juicio de Juan García Abrego en 1996 –que se tradujo en una sentencia condenatoria en su contra–, entre estos comandantes aduanales figuraba un hijo de Francisco Galindo Ochoa, Director de Comunicación Social en el gobierno de José López Portillo (1976-1982) (US v. Juan García Abrego, doc. 338: 27-29). Un testigo refirió que García Abrego proporcionaba pagos a un hijo de este personaje, que fungía como funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR). Además, en el mismo juicio, un agente del Federal Bureau of Investigation (FBI) que realizó labores de infiltración del grupo delictivo expuso que gestionó la liberación del referido comandante aduanal hijo de Galindo Ochoa, a petición expresa de Juan García Abrego, tras que el funcionario había sido arrestado por un hecho menor en Brownsville, Texas. Acceder a la petición formaba parte de su estrategia para ganarse la confianza del jefe criminal (US v. Juan García Abrego, doc. 311: 54-55).

A pesar de que Galindo Ochoa no tuvo un cargo formal en el sexenio 1988-1994, formaba parte de circuitos políticos y empresariales directamente ligados a los más altos funcionarios de la época, incluyendo al Presidente Salinas de Gortari, a su hermano Raúl y al malogrado candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, que en esa administración se había desempeñado como presidente de ese partido y Secretario de Desarrollo Social. Estos políticos y otros tantos empresarios de renombre constituían un círculo al que se hizo referencia como el “Grupo de los Diez”. La participación de Galindo Ochoa puede verificarse en las indagaciones que la PGR realizó sobre el homicidio de Colosio, en el tomo “Entorno Político y Narcotráfico” (Procuraduría General de la República, 2000: 147, 322, 328-340).

Más aún, uno de los personajes que ejerciera el cargo de Subprocurador Antinarcóticos de la Procuraduría General de la República, durante la fase inicial de la administración de Salinas, Javier Coello Trejo, fue también explícitamente mencionado en el juicio a García Abrego como receptor de pagos periódicos que éste le enviaba a cambio de protección. Según la información contenida en los documentos judiciales del mismo, el subprocurador recibía los pagos en dinero u obsequios a través de sus subordinados, como era el caso del Comandante de la Policía Judicial Federal (PJF) Emilio López Parra y el Director de Enlace y Concertación de la Dirección General de Investigación de Narcóticos de la PGR, Luis Esteban García Villalón (US v. Juan García Abrego, doc. 336: 146, 153 y 246-247; también doc. 338: 25-26, 28, y 30-31) –sobrino del banquero Lauro Villalón Garza, integrante de la camarilla de generales a los que se ha hecho referencia previa, en relación a los años 1940s-1960s–.

El Presidente Salinas reemplazó al Procurador General varias veces durante su administración, e hizo lo propio con el funcionario encargado de la lucha antinarcóticos dentro de la institución. Hacia el final de su mandato, designó en ese encargo a Mario Ruiz Massieu, quien era hermano de José Francisco Ruiz Massieu, que en su momento había sido cuñado del propio Presidente, pues había contraído matrimonio con Adriana Salinas de Gortari (El Porvenir, 1971: 1 Tercera Sección).

Hacia el final del gobierno de Salinas, en 1994, ocurrieron diversos hechos de violencia con repercusiones políticas relevantes. Entre ellos, los asesinatos del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y del secretario general de ese partido, José Francisco Ruiz Massieu. La investigación del segundo de ellos fue encargado a su hermano, el subprocurador antinarcóticos de la PGR, Mario Ruiz Massieu, quien encabezó una fiscalía creada con ese propósito dentro de esa institución. Antes de finalizar la administración, Mario Ruiz Massieu renunció al cargo y declaró que había existido una conspiración dentro del gobierno para llevar a cabo el asesinato de su hermano. No obstante, a escasos meses de la conclusión de la administración salinista, fue detenido en un aeropuerto de Nueva Jersey, Estados Unidos, con dinero no declarado que excedía los límites permitidos por las autoridades de ese país. Tras su arresto, el Departamento de Justicia estadounidense inició un juicio para decomisar los recursos hallados en una cuenta de banco abierta en esa nación a nombre del exsubprocurador antinarcóticos mexicano, con fondos que en su mayor parte eran de origen ilícito, derivados de la protección al tráfico de drogas desde su encargo institucional (USA v. $9 041 598.68, doc. 1: 2).

En Estados Unidos, Ruiz Massieu había abierto una cuenta bancaria en diciembre de 1993, aún durante su encargo como subprocurador antinarcóticos de la PGR. Esa cuenta había recibido múltiples depósitos, realizados por otro funcionario de la procuraduría encargado nominalmente de detectar la corrupción dentro de la misma: el Visitador General Jorge Stergios. En la frontera, Stergios había declarado a las autoridades aduaneras estadounidenses la introducción de USD$ 416,771 a ese país. No obstante, la investigación mostró que este monto era solamente el 5% de la cantidad depositada en la cuenta de banco de Ruiz Massieu y que la cantidad total no podía derivarse de los salarios devengados por ninguno de los dos exfuncionarios públicos. Adicionalmente, los fiscales estadounidenses constataron que Stergios había visitado a ejecutivos del banco que administraba la cuenta, indagando cómo podría transferir los fondos a otro país sin dejar huella (USA v. $9 041 598.68, doc. 1: 1-7, 10-11).

Los fiscales estadounidenses reunieron distintas evidencias para probar el origen ilícito del dinero contenido en la cuenta de Mario Ruiz Massieu, en el juicio en cuestión. Entre ellas, los testimonios de testigos colaboradores. Uno de ellos, Marcos Torres, declaró haber presenciado personalmente el pago mensual de cantidades que oscilaban entre USD$ 15,000,000 y USD$ 20,000,000, que Juan García Abrego enviaba a Mario Ruiz Massieu a cambio de protección en sus operaciones de tráfico de drogas. Otra testigo colaboradora era una mujer, que ya estaba bajo custodia del gobierno estadounidense, tras ser arrestada por la introducción de varios kilogramos de cocaína, en 1992, en el Aeropuerto Newark, en Nueva Jersey. Su nombre era Magdalena Ruiz Pelayo. Ruiz Pelayo había sido detenida por operaciones de tráfico de drogas y entre sus co-acusados figuraba Carlos Enrique Cervantes de Gortari, primo de Carlos Salinas de Gortari (Los Angeles Times, 1997b). De hecho, Magdalena Ruiz Pelayo se había desempeñado por varios años como asistente personal de Raúl Salinas Lozano (New York Times, 1997), el padre de Salinas de Gortari y suegro de José Francisco Ruiz Massieu, el hermano asesinado del exsubprocurador antinarcóticos.

Magdalena Ruiz Pelayo aceptó testificar ante la Corte estadounidense en el juicio para incautar los recursos depositados en la cuenta de Mario Ruiz Massieu. Incluso, declaró en una prisión federal en la que se encontraba recluida, ante fiscales del Departamento de Justicia, un agente del FBI, oficiales de aduanas de ese país y su propio abogado, el 11 de julio de 1996. Ahí afirmó tener conocimiento directo de pagos personales enviados por Juan García Abrego a Mario Ruiz Massieu, a cambio de impunidad. Aseguró también que había entregado personalmente a José Francisco Ruiz Massieu recursos procedentes del tráfico de drogas, desde la época en que aquel fungía como Gobernador de Guerrero y hasta que ella fue arrestada, en 1992.

Ruiz Pelayo añadió que había entregado a Mario Ruiz Massieu, por órdenes de Raúl Salinas Lozano, cantidades que fluctuaban entre USD$ 300,000 y USD$ 1,000,000. Declaró estar segura de que el dinero provenía del tráfico de drogas porque había estado presente en múltiples reuniones en las que se hablaba de aeroplanos empleados para ese negocio y del ocultamiento de cocaína en latas de chiles. Afirmó que a esas reuniones asistieron Raúl Salinas Lozano, su hijo Raúl Salinas de Gortari; los hermanos Ruiz Massieu e incluso Juan García Abrego.

Para los fiscales que representaban al Estado en el juicio para incautar los depósitos en la cuenta de Ruiz Massieu, el testimonio de Ruiz Pelayo era clave. Por una vía indeterminada, el documento oficial donde se transcribía la información proporcionada se filtró a la prensa mexicana. Extractos del documento -que ya había sido presentado ante la jueza Nancy F. Atlas, encargada de juzgar el caso y la propia defensa de Ruiz Massieu- fueron publicados por un semanario nacional (Proceso, 1997). La transcripción oficial de la discusión que sostuvieron al respecto la jueza Atlas, la fiscal Melissa Anis y el abogado defensor Tony Canales -el mismo que defendió a García Abrego en 1996- da cuenta de que la información dada a conocer por el medio impreso era fidedigna y coincidía con el documento en poder de la Corte (United States of America v. $9 041 598.68, doc. 125: 16, 18, 29-30).

Dada la filtración, Ruiz Pelayo se mostró temerosa ante el hecho de testificar en el estrado en contra de Ruiz Massieu, pues temía por la seguridad de su familia en México. Aunque los fiscales no la llamaron a declarar, el documento que contenía su testimonio no fue desechado. El resto de la evidencia que presentaron fue suficiente para convencer al jurado de que la mayor parte de los recursos depositados en la cuenta de Mario Ruiz Massieu procedían del tráfico de drogas. Sólo USD$1,100,000 de los USD$9 041 598.68 tenían un origen distinto, según el veredicto que fue entregado a la jueza Atlas (USA v. $9 041 598.68, doc. 195: 1-7).

Con base en esta decisión, la jueza determinó el decomiso del dinero ilícito. En el documento donde se expone la sentencia, observó:

A Conspiracy Existed. The Court finds that Government proved by a preponderance of the credible evidence that during the period starting no later than 1990 through at least 1994, a conspiracy existed to distribute and to sell cocaine and marijuana in the United States by transporting the narcotics through Mexico and receiving payment for the sales in Mexico. Co-conspirators included certain officials within the PGR, including but not limited to Claimant Massieu, his subordinates (including Stergios and Adrian Carrera Fuentes), Roberto Loyo (who allegedly carried money to Claimant Massieu), various other named and unnamed officials working within the Mexican Federal Judicial Police (MFJP) with authority for investigating violations of and enforcing Mexico's narcotics laws, and other individuals with local law enforcement responsibilities. Co-conspirators also included various narcotics traffickers, including Juan Garcia Abrego, Adriano Felix, Amado Carrillo Fuentes, and individuals who worked for them. While the identities of many of the coconspirators was not established by the Government, unrebutted testimony at trial established that numerous officials, from the local police up through the highest ranks of the MFJP, including the Deputy Attorney General, received payments of cash in exchange for allowing the traffickers to transport narcotics during specified periods. The evidence established that the narcotics traffickers used cash obtained from the sale of narcotics in the United States to pay these officials (United States of America v. $9 041 598.68, doc. 214: 20-21).^{^[16]}

Mario Ruiz Massieu se suicidó mientras permanecía en custodia de agentes federales estadounidenses, en septiembre de 1999. Apenas un mes antes de ese suceso, la Corte Federal en Houston, Texas, había iniciado un nuevo caso penal en su contra, con 25 acusaciones por lavado de dinero (Texas City Sun, 1999: 6).

Por su parte, Juan García Abrego fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas y multado con USD$ 128,000,000 (Los Angeles Times, 1997a). Permaneció recluido 20 años en una prisión de máxima seguridad, antes de ser transferido a otra instalación penitenciaria menos dura (San Antonio Express News, 2016).

En contraste, Juan N. Guerra murió libre, en Matamoros, Tamaulipas, en julio de 2001. Su muerte fue anunciada por otro de sus sobrinos, César Dávila, entonces presidente de la Cámara de Comercio de esa localidad (El Universal, 2001). Aparte de Mario Ruiz Massieu, ningún otro actor institucional enfrentó juicio por los eventos relatados a lo largo de estas páginas, ni en México ni en Estados Unidos.

Toda la información expuesta arriba apunta a la existencia de redes de individuos que comparten intereses legales e ilegales y trabajan de manera conjunta para hacerlos prosperar a través de acciones concertadas entre integrantes del poder político, instituciones de seguridad, empresas y delincuentes en sentido tradicional. Este tipo de operaciones pone de manifiesto prácticas que van más allá de la mera corrupción administrativa, en la cual, sólo algunos individuos aislados y de bajo rango aceptan sobornos para permitir la comisión de algunos ilícitos. Por el contrario, los hechos relatados muestran una configuración compleja de circuitos institucionales para la protección de actividades criminales de gran envergadura, durante largos periodos de tiempo, con la coparticipación de actores integrados en las más altas jerarquías de decisión, tanto en los ámbitos institucionales regulatorios, como en empresas que podrían haber ayudado a la integración de recursos ilícitos en la economía legal.

¿Cuáles son las implicaciones que tiene para un país el hecho de que aquellos que se han encargado de diseñar y operar los entramados regulatorios del Estado de Derecho y de la economía, tengan al mismo tiempo vinculaciones e intereses irregulares e ilícitos que permanecen lejos del escrutinio público? ¿Más aún, que permanecen impunes ante los mecanismos de procuración y administración de justicia formalmente existentes, que de facto se han encontrado bajo su órbita de control? ¿Cómo se puede entender la coexistencia de una estrategia formal de un régimen punitivo internacional hacia algunas drogas psicoactivas, con amplios recursos invertidos en burocracias regulatorias con presencia trasnacional, que no detectan o no actúan regularmente en contra de acciones como las descritas?

En México, por ejemplo, varios de los actores a los que apunta la evidencia recopilada han tenido una relación privilegiada con otros tantos que ocupan las más altas esferas de decisión política y económica en sus respectivos países, en el mundo global (Concheiro, 1996).

Algunas sentencias condenatorias derivadas de juicios realizados en la Corte estadounidense permiten atisbar hechos sobre los cuales las investigaciones no han profundizado o no han resultado en las consecuentes acusaciones y enjuiciamientos penales. ¿Cómo explicar que prácticas como las expuestas aquí hayan perdurado por tanto tiempo, si en distintos momentos ya habían sido detectadas por las instituciones de seguridad, sin mayor consecuencia? ¿Cómo entender, a la luz de lo anterior, la insistencia en focalizar las estrategias de seguridad en el descabezamiento de organizaciones delictivas, limitando la concepción de su liderazgo a sus operadores directos, sin atender otras ramificaciones como las aquí señaladas?

Es obvio que un artículo de estas dimensiones no puede ofrecer respuestas a todas estas interrogantes. Pero sí permite mostrar vacíos cognitivos al respecto. En referencia a lo primero, que las metodologías más tradicionales de las ciencias sociales que dan por hecho una coincidencia estricta entre la realidad objetiva y su visibilidad pública pueden ser insuficientes para analizar funcionamientos institucionales, articulaciones de intereses y toma de decisiones donde semejante premisa no se cumple. El principio de la navaja de Ockham sólo tiene sentido ahí donde el objeto de estudio, sin importar la enorme complejidad que pueda tener, no cuenta con un propósito específico de falsear los hechos que el investigador intenta conectar. Esto no ocurre usualmente en el laboratorio, pero es hecho cotidiano en la indagación de delincuencia organizada, como cualquier fiscal con experiencia en la materia puede constatar. En este caso, los perpetradores hacen todo cuanto está en su mano por ocultar su responsabilidad, por transferirla a otros y por distanciarse de la comisión directa del delito. En la historia del mundo, las conspiraciones políticas han tenido un lugar manifiesto. Mostrar hechos que apuntan a una conspiración político-criminal no equivale a interpretar en función de ello todo hecho político que ocurre en un país o en el que pudieran intervenir algunos de los involucrados. En tal sentido, la herencia pluralista de Dahl, que abreva también de preferencias meta-teóricas, debe ponderarse. Si bien no todo hecho político es producto de un proceso semejante, hechos como los relatados difícilmente pueden inscribirse dentro de la lógica de la aplicación objetiva de la ley y la procuración del interés público. Asemejan más a una acción concertada de actores específicos para beneficiar sus propios intereses desde las posiciones de poder que desempeñan que, en el caso de la materia que ocupó estas páginas, ha traído graves consecuencias para la seguridad de la población mexicana. Negar la existencia de toda conspiración o la posibilidad de analizarla con rigor, porque las metodologías en boga no pueden medir sus hechos específicos, ni realizar con sus datos regresiones estadísticas es, en el mejor de los casos, ingenuo o estrecho de miras.

En todo caso, información como la expuesta permite asentar sobre la mesa de discusión aspectos sustanciales para entender a Estados que funcionan con regímenes formalmente liberales, pero que en los hechos muestran grandes hiatos frente a sus premisas usuales, como muestra la existencia de altos niveles de impunidad -particularmente benéfica hacia públicos o actores determinados- una inaplicación selectiva del Estado de Derecho y afectaciones notorias por fenómenos delictivos de gran escala.

Carlos Antonio Flores Pérez. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Maestro en Estudios Políticos y Sociales y Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Obtuvo estos grados en la UNAM, todos con Mención Honorífica. Profesor-Investigador en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de México, D.F. Ha sido profesor investigador asociado en la Universidad de Oslo y profesor visitante en la Universidad de Connecticut. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, categoría I. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Connecticut lo ha designado Research Affiliate. Su línea de investigación es la corrupción asociada al tráfico de drogas y la delincuencia organizada. Profesor-investigador, CIESAS-Golfo, México. cflores@ciesas.edu.mx

Boyer, Jean Francois (2001), La guerra perdida contra las drogas. Narcodependencia del mundo actual, México: Grijalbo.

Camp, Roderic Ai (2011), Mexican Political Biographies 1935-2009 4th Edition, Austin: University of Texas.

Concheiro Bórquez, Elvira (1996), El gran acuerdo. Gobierno y empresarios en la modernización salinista, México: UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas-Editorial Era.

Dahl, Robert (1974 [1961]), Who Governs. Democracy and Power in an American City, New Haven and London: Yale University Press.

Flores Pérez, Carlos Antonio (2013), Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas, México: CIESAS.

Mills, C. Wright (2013 [1956]), La élite del poder, México: Fondo de Cultura Económica.

National Security Archive (2006), LITEMPO: The CIA’ eyes in Tlatelolco. CIA spy operations in Mexico, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 204, October 18. Available online: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB204/, [accessed on March 31, 2018].

Niblo, Stephen R. (2001), Mexico in the 1940s. Modernity, Politics and Corruption, A Scholarly Resources Public Inc.

Procuraduría General de la República, Subprocuraduría Especial para el Caso Colosio (2000), Informe de la Investigación del Homicidio del Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Tomo IV. Entorno político y narcotráfico, PGR, México.

Saragoza, Alex M. (2008), La élite de Monterrey y el Estado mexicano 1880-1940, Nuevo León: Fondo Editorial de Nuevo León, Monterrey, México.

Solorio Martínez, José Ángel (1997), Grupos de gobierno: Tamaulipas 1919-1992, México: Amacalli Editores.

Tilly, Charles (1985), “War making and state making as organized crime” in Evans, Peter, Dietrich Rueschemeyer & Theda Skocpol Bringing the state back in, Cambridge: Cambridge University Press.

Veledíaz, Juan (1998), “La red política del narco: Carrillo Olea, Hank, Federico De la Madrid. Informe secreto de Inteligencia Militar”, Milenio semanal, 18 de mayo, Mexico City.

Vizcaya Canales, Isidro (1971), Los orígenes de la industrialización en Monterrey 1867-1920, Monterrey, Nuevo León, México: El Tecnológico, S. A.

Diario Oficial de la Federación (1957), “Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Autorización concedida a los señores Aarón Sáenz, Tiburcio Garza Zamora, Agustín Quiroga y Rolando Vega, para constituir la sociedad que se denominará Banco de Reynosa, S.A.”, 1 de julio, México, D.F., pp. 2-3.

El Mundo (1947), “Una tragedia impresionante registrada en H. Matamoros. La Sra. Gloria Landeros fue muerta a balazos por su marido”, 24 de julio, Tampico, Tamaulipas, p. 1.

El Nacional (1964), “Los Secretarios de Estado acudieron a las urnas”, 6 de julio, México D.F., p. 6.

El Norte (1946), “El Gral. A. Guerrero retírase del Ejército”, 9 de diciembre, Monterrey, Nuevo León, p. 1, sección 1.

¾ (1995), “Data de juventud amistad de los Salinas con capo”, 7 de junio, Monterrey, versión electrónica.

El Porvenir (1957), “Brillante festejo al General de División y Senador Anacleto Guerrero en su onomástico; Ambiente de franca cordialidad privó entre todos los asistentes al agasajo”, 14 de julio, Monterrey, p. 2.

¾ (1960a), “Surge una coartada en el crimen de Villa C. para ayudar a Guerra. Zeferino se presenta y señala presunto homicida”, 16 de abril, Monterrey, p. 8.

¾ (1960b), “Otros dos participantes en el crimen del Comandante Octavio Villa C., se amparan. Rechazó fuerte cantidad ofrecida por Juan Guerra”, 18 de abril, Monterrey, p. 8.

¾ (1960c), “Autos fronterizos afirma el avance de Ciudad Alemán. Abre sus puertas poderosa negociación. Dos Gobernadores y hombres de negocios de Nuevo León, Tamps, y Texas se reúnen”, 14 de diciembre, Monterrey, p. 8.

¾ (1966) “El Tesorero General del Estado en Apodaca”, 13 de mayo, Monterrey, p. 2B.

¾ (1970), “Ante la miseria del sur, arremete LE contra la deshonestidad”, 17 de abril, Monterrey, pp. 1 y 11, segunda sección.

¾ (1971), Columna de Sociales “42-13-95”, 19 de febrero, Monterrey, p. 1, tercera sección.

¾ (1973), “Emotivas ceremonias del enlace García-González”, 3 de agosto, Monterrey, p. 7 sección C.

¾ (1976), “Distinguida boda Cuéllar Mijares-Salazar”, 1 de agosto, Monterrey, pp. 1 y 8, tercera sección.

El Universal (2001), “Falleció el fundador del cártel del Golfo”, 12 de julio, México D.F. Disponible en línea: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/59269.html, [consultado el 2 de abril de 2018].

Noticiero (1947), “Comerciante de H. Matamoros que asesina a su joven esposa”, 24 de julio, Ciudad Victoria, Tamaulipas, p. 1.

Noticiero Diario de la Tarde (1956), “Elegante enlace del señor Edemir Hernández y la señorita Leonor Guerra”, 9 de abril, Matamoros, Tamaulipas, p. 5.

¾ (1960a), “Destituye la aduana a los mejores y escoge a los peores”, 2 de septiembre, Matamoros, Tamaulipas, pp. 1 y 4.

¾ (1960b), “Juan N. Guerra expresa sus deseos de respetar la ley. Acudió hoy ante los militares de la Presidencia”, 20 de septiembre, Matamoros, Tamaulipas, pp. 1 y 3.

Reforma (1996), “Involucran con narcos a ex vocero presidencial”, 16 de febrero, versión en línea (de paga).

Texas City Sun (1999), “Former Mexican prosecutor commits suicide in the US”, 16 de septiembre, p. 6.

The Brownsville Herald (1947), “Matamoros wife is shot to death”, 24 de julio, Brownsville, Texas, p. 1.

DFS, Versión pública del expediente de Tiburcio Garza Zamora: 29-30, 58, 61-62.

United States of America v. Juan García Abrego, CR. NO. H-93-167-SS, United Stated District Court, Southern District of Texas, Houston Division.

United States of America v. $9 041 598.68, H-95-3182, United States District Court, Southern District of Texas, Houston Division.

^{^[1]} En 1996, la periodista Yolanda Figueroa escribió la biografía delictiva de Juan García Abrego, un trabajo que tuvo por título “El Capo del Golfo”, razón por la que medios de comunicación e incluso autoridades comenzaron a denominar así a esta red delictiva, que en otros momentos era identificada como “Cártel de Matamoros” o “Cártel de Tamaulipas”. Cabe destacar que, en uno y otro caso, tales etiquetas fueron colocadas por actores externos a la red delictiva. No fue sino hasta la década de los 2000s que una nueva red criminal que se desarrolló en la misma región comenzó a autodenominarse también “Cártel del Golfo”. No obstante, no existe una relación gestacional directa entre esta última y aquella de la que aquí se trata.

^{^[2]} Entre los principales operadores que reconocían a García Abrego como líder de la red criminal se encontraban Óscar Malherbe, Luis Medrano, Carlos Reséndez Bertoloucci, José Luis Sosa Mayorga, José Pérez de la Rosa, Francisco Pérez Monroy y Óscar López Olivares.

^{^[3]} Para los propósitos de este trabajo, esta red de parentescos es identificada como “Garza-Sada”, dado el frecuente entrecruce de relaciones derivado de la unión original de las familias de Isaac Garza Garza y Francisco G. Sada Muguerza, en la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo de las décadas siguientes (Vizcaya, 1917: 85). Aunque dentro de la misma hay familias que explícitamente conjugan ambos apellidos, la red familiar no se limita a estas últimas.

^{^[4]} Ver Informe Confidencial A-2, 16 de agosto de 1939; también, una carta de Francisco R. Rodríguez a Lázaro Cárdenas, 25 de abril de 1938.

^{^[5]} Del Inspector PS-1 al Jefe de Informaciones Políticas y Sociales, 19 de junio de 1940, Monterrey, Nuevo León.

^{^[6]} De A.M. Monroy a Harry Anslinger, 22 de septiembre de 1946, Phoenix, Arizona. También Memorándum del agente secreto DJCTE2646987, 26 de enero de 1948.

^{^[7]} De celador aduanal anónimo al Presidente Adolfo López Mateos, 24 de abril de 1960. El rancho Hualala, propiedad de Tiburcio Garza Zamora, estaba ubicado en San Fernando, no en Reynosa, como señalaba la fuente.

^{^[8]} Memorandos de la DFS, 8 de junio de 1960 y 17 de julio de 1961. El periódico en cuestión era el Diario de Nuevo Laredo. En la misma versión pública contenida en el AGN se puede encontrar consultar también un informe de la DFS con los antecedentes personales del General Tiburcio Garza Zamora, fechado en 1962.

^{^[9]} Ricardo Condelle, delegado en Nuevo León, a Luis de la Barreda Moreno, titular de la DFS, 28 de diciembre de 1970, Monterrey, Nuevo León.

^{^[10]} DFS Informe “Indicador. Paso del contrabando de armas, municiones, drogas y mercancías varias”, 2 de julio de 1974, sin lugar.

^{^[11]} De Rafael Chao López al Director of Federal Security, “Se adjunta relación de personas conectadas con el narcotráfico y contrabando de artículos extranjeros, así como de robo de automóviles”, 24 de junio de 1978, Ciudad de México.

^{^[12]} Testimonio de Francisco Pérez Monroy, 3 de octubre de 1996, Houston, Texas; y testimonio de Carlos Reséndez Bertoloucci, 1 de octubre de 1996, Houston, Texas.

^{^[13]} Informe de investigación, 15 de noviembre de 1972, s. l.

^{^[14]} José Pérez Mendoza al Presidente Adolfo López Mateos, s. f., s. l. La fecha de entrada del documento en las oficinas de la Presidencia de la República es del 9 de julio de 1963.

^{^[15]}Registro Número 516 de 1958, Monterrey, Nuevo León, México.

^{^[16]} Además del subprocurador Ruiz Massieu, las otras personas mencionadas en la sentencia fueron Jorge Stergios, Visitador General de la PGR; Adrián Carrera Fuentes, Director General de la Policía Judicial Federal; Roberto Loyo, integrante de la Policía Judicial Federal. El nombre “Adriano” constituye un error, en lo que parece ser una referencia al apellido Arellano Félix, que es el de la familia que encabezaba el tráfico de drogas por Tijuana, Baja California, México, en esos años. Amado Carrillo Fuentes era otro poderoso traficante de drogas oriundo de Sinaloa, en la costa occidental mexicana.