La responsabilidad de proteger. Una evolución desde el conflicto de Libia al conflicto de Siria

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Análisis GESI, 22/2016

Resumen: Como consecuencia de las denominadas “Primaveras árabes”, el papel de Naciones Unidas en la resolución de estas crisis, que como consecuencia de los alzamientos surgieron, se puso en duda.

El bloqueo en el Consejo de Seguridad, la falta de resoluciones claras por parte de la Asamblea General, impedían una respuesta rápida en aquellos lugares donde las revueltas desembocaron en guerras civiles. En este marco, y con el fin de dar una solución a estos problemas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió aplicar, por primera vez, el principio de “responsabilidad de proteger”. Una aplicación del principio, cuanto menos dudosa que ha derivado en la imposibilidad de resolución del caso sirio.  

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Introducción

A lo largo de la historia hemos podido observar como la naturaleza de los conflictos armados ha ido cambiando. En las últimas décadas se ha producido una reducción de los conflictos interestatales frente a un incremento de los conflictos intraestatales, es decir, en la actualidad la mayor parte de los conflictos armados se desarrollan dentro de las fronteras de un país. En la gran mayoría de estos conflictos se producen violaciones masivas de derechos humanos que no solo afectan a la propia población sino que, de hecho, constituyen una amenaza para la paz y seguridad global.

Ante esta situación, la comunidad internacional ha ido adoptando mecanismos y principios a través de los cuales trata de proteger a la población civil víctima del conflicto. Uno de ellos es la denominada “responsabilidad de proteger”, la cual ha supuesto un importante avance en este ámbito. Sin embargo, su aplicación práctica no es sencilla pues el hecho de que no se haya definido su naturaleza y no se haya fijado un criterio claro sobre cuando se ha de aplicar, dificultan su implementación.

Estas dificultades se pueden observar en dos casos recientes que han tenido y tienen en vilo a la comunidad internacional. Se trata de Siria y Libia, dos estados en los que, debido las revueltas de la “Primavera árabe”, la situación humanitaria es y ha sido dramática pues las violaciones de derechos humanos contra la población civil dentro de esas fronteras son continuas y han causado numerosas víctimas mortales y refugiados. De hecho, estos dos casos han puesto a prueba a la comunidad internacional y a la aplicación de la responsabilidad de proteger.

 

La responsabilidad de proteger en el marco de las Naciones Unidas: algunas cuestiones relevantes.

Tras el fin de la Guerra Fría, las Naciones Unidas tenían la esperanza de poder desempeñar finalmente el papel para el que había sido concebida la Organización. Sin embargo, con la llegada del nuevo siglo este optimismo se fue desvaneciendo, debido principalmente a la gran cantidad de conflictos internos y guerras que provocaban una violación continua de derechos humanos y sobre las cuales la ONU no pudo responder de manera adecuada.[1]

Es en todo este marco de confusión donde comienza a surgir la noción de “responsabilidad de proteger”. Si bien hasta el año 2001 no se concibe como tal, es importante destacar que ya en 1999, en una época sumergida en el conflicto de Kosovo, las Naciones Unidas comenzaron a remarcar la idea de que la responsabilidad primera en la promoción y protección a los derechos humanos correspondía a los Estados.[2] Sobre esta antesala, y gracias a la publicación del Informe elaborado en el 2001 por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados[3], el concepto de responsabilidad de proteger empezó a tomar forma. Este informe, que se sustentaba sobre la base del principio de soberanía estatal, sostenía que la protección de los ciudadanos frente a violaciones de derechos humanos correspondía, en primer lugar al estado interesado, y sólo si este no podía o no quería, la comunidad internacional tendría que actuar de manera subsidiaria. Pero sin duda, lo más relevante de este informe fue el giro que se dio a la visión tradicional del uso de la fuerza con base en razones humanitarias. En el mismo, se admitía la intervención armada en casos extremos; intervención que por otro lado, ya no se iba a llevar a cabo sólo por los Estados pues adquiría una relevancia importante en este aspecto la comunidad internacional, representada por el Consejo de Seguridad.[4]

Así, teniendo presente las disposiciones previstas en el Informe, la doctrina de la responsabilidad de proteger, se fue perfilando y consolidando paulatinamente en la comunidad internacional, a través de un proceso de iniciativa normativa concertada[5]. En esta amalgama de informes, documentos, etc., es necesario destacar el Documento Final de la Cumbre Mundial del 2005[6]. Dicho documento, aunque tiene una previsión más reducida que el Informe, si se destaca en él con claridad la responsabilidad que asume cada Estado de proteger a su población frente a los actos de genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica o los crímenes de lesa humanidad.[7] Pero además, al igual que en el Informe, se acordó que si un Estado no cumple con esa responsabilidad, la comunidad internacional estará obligada a ayudar en la protección de la población amenazada. En este sentido, y tal y como se prevé en el Documento Final, la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, “tiene la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones”.[8] En este documento, se establece que las medidas deberán adoptarse de manera colectiva, oportuna y decisiva, cooperando con las organizaciones regionales.

Lo cierto es que la implementación de estas medidas no fue fácil y por ello, el Secretario General, con el fin de facilitar la aplicación e implementación de este nuevo principio, ha ido elaborando a partir del 2009 distintos informes que tratan de aclarar las partes oscuras relativas a la responsabilidad de proteger.[9]

Tras este recorrido general, pero imprescindible, por la evolución de la responsabilidad de proteger, es necesario concluir este apartado con un problema de relieve en esta materia. Hay que tener en cuenta que hasta el momento no se ha podido aclarar la naturaleza de la responsabilidad de proteger, es decir, hasta la actualidad no ha sido posible determinar si nos encontramos ante obligaciones jurídicas precisas o si se trata tan sólo de orientaciones políticas que carecen de valor jurídico. Si bien es cierto que no hay una solución fijada al respecto, Castor Miguel Díaz da una solución que, a mi parecer, resulta bastante razonable en atención a la evolución del concepto:

“La conclusión más apropiada, a mi juicio, es que la responsabilidad de proteger está incorporada en instrumentos que si bien tienen, asimismo, un contenido político, son de naturaleza jurídica y que, por lo tanto, producen ciertos efectos jurídicos. Se precisa, es verdad, un mayor grado de aceptación de las obligaciones que dimanan de esta responsabilidad por parte de los Estados y del resto de los sujetos del derecho internacional (…).”[10]

De hecho, en los últimos años se ha visto el compromiso teórico de los Estados por dotar de contenido jurídico a la responsabilidad de proteger. Así, se puede observar en los casos de Libia y Siria que serán objeto análisis a continuación.

 

La responsabilidad de proteger y su aplicación en los conflictos de Libia y Siria

La intervención internacional en la crisis de Libia en el año 2011, constituyó el primer caso en el que el Consejo de Seguridad aplicaba explícitamente la doctrina sobre la responsabilidad de proteger para autorizar la intervención militar con fines humanitarios[11].

Como consecuencia de las revueltas civiles producidas en el marco de la “Primavera árabe”, el régimen libio, presidido en aquel momento por Gadafi, inició una brutal represión contra la población civil que desembocó en graves violaciones de derechos humanos. Esta situación puso en jaque a la comunidad internacional, especialmente a las Naciones Unidas, la cual empezó a adoptar medidas destinadas a la protección de civiles. En un primer momento, la Organización trató de alcanzar una solución política y pacífica, sin embargo, pronto se puso de manifiesto que no sería posible. Por ello, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, comenzó a imponer sanciones económico-financieras al régimen libio[12].

Ahora bien, fue con la Resolución 1973[13] cuando el Consejo de Seguridad, con el apoyo de la Liga Árabe, la Conferencia Islámica y la Unión Africana, aprobó una serie medidas contra Libia que tenían como principal objetivo conseguir la cesación del fuego y el respeto al derecho humanitario. El Consejo de Seguridad fundamentó las medidas adoptadas sobre la base de la responsabilidad de proteger. De esta forma puso de manifiesto la responsabilidad de proteger que tenían las autoridades libias en materia de derechos humanos, considerando que estos son sistemáticamente violados en el interior de sus fronteras, pudiendo constituir crímenes de lesa humanidad.[14] Como ya se ha analizado en el apartado anterior, la no protección de un Estado a su población frente a un crimen de lesa humanidad deriva en la intervención subsidiaria de la comunidad internacional. Así, con el fin de proteger a los civiles, el Consejo de Seguridad actuó en virtud del artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas y autorizó la adopción de las medidas necesarias, incluyendo el uso de la fuerza,  para cumplir con ese fin[15].

En este sentido hay que destacar que si bien al día siguiente de la adopción de la Resolución, el régimen libio anunció un alto el fuego en todos los frentes para dar así cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 1º de la misma[16], días después comenzaron las operaciones militares contra Libia bajo el pretexto de que el régimen de Gadafi no había respetado el alto al fuego y era necesario proteger a los civiles de esa situación. En este caso puede afirmarse que la intervención militar estaba justificada pues se utilizó como último recurso tras haber fracasado todas las medidas anteriores adoptadas en ese marco de la responsabilidad de proteger.[17] Ahora bien, lo cierto es que la forma en la que se llevó a cabo fue puesta en duda por países como Rusia, el cual entendió que los bombardeos masivos llevados a cabo por la OTAN sobrepasaban las disposiciones de la Resolución 1973 para proteger a los civiles libios. Este hecho, será uno de los principales aspectos que dificultaría la adopción de una resolución válida y efectiva para Siria.

Como se puede observar, en el caso de Libia la actuación de la comunidad internacional se ha caracterizado por un amplio consenso e institucionalización de las decisiones adoptadas, no solo en el seno de las Naciones Unidas, sino también en organizaciones internacionales de carácter regional. Uno de los ejemplos más claros de este consenso lo encontramos en el ámbito del Consejo de Seguridad, ya que a diferencia de lo que sucedería en Siria, en la crisis de Libia, no se ejerció el derecho de veto. Ciertamente, Rusia y China no estaban de acuerdo con las medidas que se iban a adoptar contra Libia pues tenían ciertos intereses en la región, sin embargo no ejercieron su derecho de veto sino que simplemente se abstuvieron en la votación, lo que permitió la adopción de la Resolución. Este consenso internacional se debió principalmente a la mala situación política y geoestratégica que atravesaba Libia en el plano internacional.[18]

En definitiva, tal y como afirma Encarnación Fernández, en el caso de Libia “se han hecho evidentes esfuerzos por cumplir con las exigencias de la doctrina de la responsabilidad de proteger en los términos en los que se encuentra establecida en la actualidad (…)”[19]

La actuación del Consejo de Seguridad en el precedente caso de Libia se contrapone a la pasividad presentada en el caso de Siria; al mismo tiempo, lo ocurrido en aquel caso está sirviendo para justificar las posiciones actuales de algunos miembros permanentes del Consejo[20]. En Siria, al igual que sucedió en Libia, la guerra civil comienza como consecuencia de las revueltas populares derivadas de la “Primavera árabe”. Tras las mismas, el régimen de Bashar al Assad, inició una campaña de represión contra esas revueltas populares, llegando a utilizar incluso armas químicas. Sin duda, estas actuaciones suponen un grave ataque a los derechos humanos e, indirectamente, a la paz internacional. Efectivamente ante esta situación, las Naciones Unidas podían haber actuado de manera similar que en la crisis de Libia, y si fuera necesario utilizar la fuerza. Sin embargo la realidad ha sido muy distinta.

Aunque las Naciones Unidas condenaron las graves violaciones de derechos humanos y consecuentes muertes de civiles que se estaban produciendo, únicamente se limitó a establecer algunas medidas de carácter diplomático y otras económico-financieras. Medidas que por otro lado, fueron principalmente impulsadas por la Asamblea General ante la inacción del Consejo de Seguridad, pero que apenas tuvieron repercusión en la crisis siria[21]. Frente a esa pasividad, empezaron a actuar organizaciones regionales como la Liga Árabe o incluso la Unión Europea.

Viendo esta situación, es necesario plantearse la siguiente cuestión: ¿por qué el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha permitido ni permite la aprobación de resoluciones que permitan hacer aplicable el principio de responsabilidad de proteger en el caso sirio? No se debe olvidar, que la comunidad internacional, representada por Naciones Unidas, tiene la obligación subsidiaria de proteger a los civiles de un estado en caso de que este no pueda o no quiera hacerlo. Partiendo de esta base y dado que el régimen sirio es el que está llevando a cabo esas violaciones, las Naciones Unidas tendrían que actuar, adoptando todas las medidas necesarias, incluso la fuerza, para evitar esa situación. Si bien la teoría está clara, lo cierto es que su aplicación práctica no lo está tanto pues en el caso de Siria la protección a los derechos humanos se ha subordinado a los intereses políticos, económicos y geoestratégicos de algunos de los estados permanentes del Consejo de Seguridad.

Concretamente, Rusia y China han vetado en tres ocasiones la aprobación de una resolución basada en el principio de responsabilidad de proteger. Hay que tener en cuenta que la posición política internacional y geoestratégica de Siria no se encontraba en una situación tan precaria como el régimen de Libia. Es decir, Siria mantenía fuertes relaciones comerciales y políticas con Irán, China y Rusia. Por ello, aunque en la decisión del veto subyacen intereses propios de los dos estados permanentes, la justificación oficial se asentó principalmente sobre la base de que, si bien, la intervención armada en Libia estaba justificada, las formas en las que se llevó a cabo no fueron las adecuadas[22].

En definitiva, en la crisis siria, la actuación de Naciones Unidas no ha sido las más adecuada puesto que el Consejo de Seguridad ha antepuesto los intereses de sus miembros a la protección de las víctimas civiles sirias. Este hecho, unido a su inacción y a la falta de consenso, a pesar de las presiones de otras organizaciones regionales, han puesto en entredicho la capacidad de Naciones Unidas para hacer frente y solucionar casos que en definitiva suponen una amenaza para la paz global.

 

Conclusiones

Considerando, como he mencionado, la responsabilidad de proteger como un instrumento jurídico enmarcado en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, sería lógico pensar que siempre que se den los requisitos previstos para su aplicación, ésta será aplicada por los organismos correspondientes ya que al producir efectos jurídicos es vinculante y de obligado cumplimiento para los Estados. Sin embargo, las normas de Derecho Internacional y especialmente, las normas de Derecho Internacional Humanitario, expresan el “deber ser” pero no siempre representan el “ser”. Es decir, tenemos que tener en cuenta que en el ámbito internacional las principales relaciones se forjan entre Estados que ante todo tratan de proteger sus intereses y su soberanía, por ello y aunque es cierto que se comprometen con la comunidad internacional a través de Tratados, Cartas, etc. no siempre llevan a cabo ese compromiso, sobre todo si la actuación que se ha de ejecutar conforme a la normativa internacional perjudica sus intereses.

Esta controversia se ha podido observar en el análisis comparado de los casos de Libia y Siria. En un extremo, tenemos a Libia, Estado donde ningún país tiene intereses (salvo Rusia y China, pero tampoco de forma que una intervención en ese país pueda afectar a los mismos) sino que, al contrario, muchos estados de la comunidad internacional se presentan como opuestos al régimen libio por diferentes cuestiones. En otro extremo, tenemos a Siria, un país donde sí existen importantes lazos comerciales, económicos y políticos con otros Estados, de forma que una intervención armada en ese país podría perjudicar gravemente a los intereses personales de dichos estados. Como vemos, nos encontramos ante posiciones políticas y geoestratégicas diferentes, lo que ha permitido que bajo una misma situación de guerra civil y violaciones masivas de derechos humanos, la actuación de la comunidad internacional haya sido radicalmente distinta pues en Libia se aplica el principio de responsabilidad de proteger y consecuentemente el uso de la fuerza militar, mientras que en Siria este hecho no ha sido aún posible.

Objetivamente hablando, la actuación de la comunidad internacional y concretamente, de Naciones Unidas, es un tanto hipócrita pues los mecanismos existentes para adoptar resoluciones que pueden ser decisivas para poner fin a un conflicto en el que millones de personas inocentes se ven afectadas, están en la mayor parte de los casos subordinadas al interés estatal de cada Estado. Es más, esta hipocresía se pone de manifiesto en la forma de actuar del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este órgano tiene la misión principal de garantizar la paz y la seguridad internacional adoptando las medidas necesarias, incluso el uso de la fuerza,  para hacerlo efectivo y así se reconoce en la propia Carta de Naciones Unidas. Pues bien, el hecho de que en el seno de este órgano existan Estados con derecho de veto, es a mi juicio, irresponsable pues cada vez que alguno de ellos tenga intereses personales en otro Estado, aunque en éste se estén produciendo atrocidades, no va a ser posible adoptar medidas objetivas. En definitiva, aunque sea demasiado radical, la realidad nos ha demostrado que la protección y el bienestar de las personas, así como el respeto a sus derechos humanos, están subordinados a los intereses de los Estados.

Viendo que la realidad existente que nos presenta el ámbito internacional no es muy satisfactoria, y que nos encontramos en un mundo globalizado en el que los conflictos están a la orden del día y además el ataque por medio de agentes no estatales es cada vez una amenaza más específica, considero que es necesario llevar a cabo una reforma del sistema vigente. Si bien resulta una utopía, creo que la primera reforma que se ha de llevar a cabo para conseguir una aplicación totalmente eficaz y objetiva de las normas de Derecho Internacional se ha de hacer dentro de cada propio Estado. Sería conveniente que los mismos se plantearan las cuestiones internacionales desde un punto de vista racional y siempre teniendo presente que la protección de civiles ante amenazas que pongan en peligro su vida o derecho es el punto de partida para adoptar cualquier medida, independientemente de si esta puede conllevar una pérdida de intereses estatales. Por otro lado, no debemos dejar al margen la actuación de Naciones Unidas. Se puede afirmar que dicha organización internacional ostenta el mayor poder dentro de la comunidad internacional y por ello no se pueden permitir situaciones de bloqueo dentro de la misma que impidan una actuación conjunta de la comunidad, sobre todo, si la mayor parte de ella está de acuerdo. Para ello, el primer paso sería eliminar el derecho de veto de los Estados permanentes del Consejo de Seguridad pues solo así se garantizaría la objetividad de las decisiones y una mayor facilidad para su adopción ante casos tan extremos como el de Siria.

En conclusión, si bien las medidas presentadas para resolver el problema existente en el ámbito de aplicabilidad del Derecho Internacional resultan un tanto utópicas, nos permiten reflexionar sobre la realidad práctica del derecho internacional y de las injusticias y atrocidades que se cometen en nombre de los intereses de cada estado. No se puede dejar de actuar ante situaciones humanitarias tan horribles simplemente porque algunos Estados tengan intereses personales en aquel lugar. Hablamos de personas, de seres vivos, no de objetos.

 

Virginia Lastra Echarandio es Graduada en Derecho por la Universidad de Deusto y  Máster en paz, seguridad y defensa por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Este análisis se ha realizado en el marco de los estudios de dicho Máster.

 

Referencias bibliográficas

ARREDONDO, Ricardo (2009). La responsabilidad de proteger: de la noción a la acción. Pensamiento propio, núm. 29, pp. 185-208.

BERMEJO, Romualdo (2011). La protección de la población civil en Libia como coartada para derrocar un gobierno: un mal inicio para la responsabilidad de proteger. Anuario Español de Derecho Internacional, núm. 27, pp. 9- 55.

DÍAZ, Cástor Miguel (2012). La responsabilidad de proteger en el derecho internacional contemporáneo: entre lo conceptual y la práctica internacional. Revista electrónica de estudios internacionales, núm. 24.

FERNÁNDEZ, Encarnación (2011). Intervención en Libia: la responsabilidad de proteger  a debate. Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, núm.22, pp. 76-113.

GARCÍA, Rafael (2006). La “responsabilidad de proteger”: un nuevo papel para Naciones Unidas en la gestión de la seguridad internacional. Revista electrónica de estudios internacionales, núm. 11.

GUTIERREZ, Cesáreo (2014). La responsabilidad de proteger y el derecho de veto en el Consejo de Seguridad: algunos ejemplos recientes. Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, núm. 3/2014

MARRERO, Inmaculada (2013). La responsabilidad de proteger de la comunidad internacional en los casos de Libia y Siria: análisis comparativo. Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales, núm. 22, pp. 127-148.

SÁENZ DE SANTA MARÍA, Paz (2012). Naciones Unidas ante el conflicto de Siria. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Documento de Opinión 93/2012.

Documentos oficiales

Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (2001). La responsabilidad de proteger.

Organización de Naciones Unidas, resolución 60/1 de la Asamblea General sobre “Documento Final de la Cumbre Mundial 2005”, doc. A/RES/60/1, de 24 de octubre de 2005

Organización de Naciones Unidas, informe del Secretario General sobre “Hacer efectiva la responsabilidad de proteger”, doc. A/63/677, 12 de enero de 2009

Organización de Naciones Unidas, informe del Secretario General sobre “Alerta temprana y evaluación y la responsabilidad de proteger”, doc. A/64/864, 14 de julio de 2010.

Organización de Naciones Unidas, Resolución del Consejo de Seguridad 1973 (2011).


[1] GARCÍA, Rafael (2006). La “responsabilidad de proteger”: un nuevo papel para Naciones Unidas en la gestión de la seguridad internacional. Revista electrónica de estudios internacionales, núm. 11, p. 1.

[2] ARREDONDO, Ricardo (2009). La responsabilidad de proteger: de la noción a la acción. Pensamiento propio, núm. 29, pp. 185-208. Véase pp. 187-188.

[3] Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (2001). La responsabilidad de proteger. Disponible versión española en:

  http://www.ceipaz.org/images/contenido/La%20responsabilidad%20de%20proteger_ESP.pdf.

[4] Ibíd, Véase principalmente prefacio y segundo capítulo.

[5] FERNÁNDEZ, Encarnación (2011). Intervención en Libia: la responsabilidad de proteger  a debate. Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, núm.22, pp. 76-113. Véase p. 96

[6] Organización de Naciones Unidas, resolución 60/1 de la Asamblea General sobre “Documento Final de la Cumbre Mundial 2005”, doc. A/RES/60/1, de 24 de octubre de 2005

[7] Ibíd. Párrafo 138

[8] Ibíd. Párrafo 139

[9] Entre los informes: Organización de Naciones Unidas, informe del Secretario General sobre “Hacer efectiva la responsabilidad de proteger”, doc. A/63/677, 12 de enero de 2009// Organización de Naciones Unidas, informe del Secretario General sobre “Alerta temprana y evaluación y la responsabilidad de proteger”, doc. A/64/864, 14 de julio de 2010”.

[10] DÍAZ, Cástor Miguel (2012). La responsabilidad de proteger en el derecho internacional contemporáneo: entre lo conceptual y la práctica internacional. Revista electrónica de estudios internacionales, núm. 24, pp.12-13.

[11]FERNÁNDEZ, Encarnación (2011). Intervención en Libia… Véase p. 102

[12]MARRERO, Inmaculada (2013). La responsabilidad de proteger de la comunidad internacional en los casos de Libia y Siria: análisis comparativo. Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales, núm. 22, pp. 127-148. Véase pp. 131-132.

[13] Organización de Naciones Unidas, Resolución del Consejo de Seguridad 1973 (2011)

[14] BERMEJO, Romualdo (2011). La protección de la población civil en Libia como coartada para derrocar un gobierno: un mal inicio para la responsabilidad de proteger. Anuario Español de Derecho Internacional, núm 27, pp. 9- 55. Véase p. 44

[15] Algunas de las medidas, como el embargo de armas o el establecimiento de una zona de exclusión aérea, ya habían sido previstas anteriormente en la Resolución 1970 pero se mantuvieron y reforzaron con la Resolución 1973.

[16] Este párrafo exigía  que “se establezca de inmediato una cesación del fuego y se ponga fin completamente a la violencia y a todos los ataques y abusos contra civiles.

[17] BERMEJO, Romualdo (2011). La protección de la población civil en Libia… Véase pp. 32 y ss

[18] MARRERO, Inmaculada (2013). La responsabilidad de proteger de la comunidad… Véase pp. 132-133.

[19]  FERNÁNDEZ, Encarnación (2011). Intervención en Libia… Véase pp.110-111

[20] SÁENZ DE SANTA MARÍA, Paz (2012). Naciones Unidas ante el conflicto de Siria. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Documento de Opinión 93/2012, p. 2

[21] MARRERO, Inmaculada (2013). La responsabilidad de proteger de la comunidad… Véase pp. 135-138

[22] GUTIERREZ, Cesáreo (2014). La responsabilidad de proteger y el derecho de veto en el Consejo de Seguridad: algunos ejemplos recientes. Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, núm. 3/2014

 

Editado por: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI). Lugar de edición: Granada (España). ISSN: 2340-8421.

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