Atrapados en el tiempo con la Defensa Nacional

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Como cada año, el pasado 2 de febrero se celebró el Día de la Marmota para determinar cuánto queda de invierno. Originaria de Norteamérica, esta tradición fue popularizada mundialmente por la película Atrapado en el Tiempo (1993), donde el protagonista permanece en un bucle temporal, repitiendo el mismo día una y otra vez hasta que no resuelve con éxito ciertos asuntos personales.

Una situación similar se está produciendo en la Defensa española tras el arranque del nuevo ciclo inversor. Parece que nos hemos quedado atrapados en el tiempo, volviendo a la década de 1990 para repetir los mismos errores que han hipotecado las cuentas presentes del Ministerio de Defensa y comprometido las capacidades futuras. Y todo ello en un entorno estratégico más volátil que el de la inmediata posguerra fría y sin ningún estudio exhaustivo –más allá de la Revisión Estratégica de la Defensa, presentada hace más de 15 años– sobre el panorama de seguridad nacional.

Tras acceder al cargo, la ministra Margarita Robles reconoció lo evidente: que España no alcanzaría un 2% del PIB de gasto en defensa en el horizonte 2024 y que tampoco se invertirían 30.000 millones de euros en material militar. A su vez, mientras mostraba sus reservas a dar luz verde a los programas ya comprometidos por Pedro Morenés y María Dolores de Cospedal, también reconocía la necesidad de modernizar ciertos sistemas y apostaba por elaborar un estudio serio y riguroso que sirviera para determinar las necesidades futuras de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, tampoco sorprendió cuando el nuevo Gobierno –posiblemente forzado por la perspectiva de tener que hacer frente a despidos en las empresas, movilizaciones en los astilleros o el pago de millonarias indemnizaciones– aprobó estos compromisos adquiridos durante los años anteriores por un valor superior a los 12.000 millones de euros.

Calificados por la ministra Robles como un gasto social y militar, este montante servirá para adquirir, en los próximos 15 años, cinco fragatas F-110, 348 vehículos 8×8, 23 helicópteros NH-90, 4 submarinos S-80, la modernización de 70 aviones de combate Eurofighter y 17 helicópteros Chinook o el lanzamiento de dos satélites militares. Cuando entren en servicio, los nuevos materiales reemplazarán a sistemas que ya han sobrepasado los límites de su vida operativa o son completamente obsoletos (como los 8×8 que sustituirán finalmente a los vetustos BMR, cuyas limitaciones se observaron en los Balcanes hace 20 años) y reforzarán ciertas capacidades militares consideradas prioritarias en el planeamiento de la Defensa. Aunque la ministra mostraba con orgullo su compromiso con la Defensa nacional y su inversión en armamento “política y socialmente aceptable”, su silencio acerca de elaborar una nueva Directiva de Defensa Nacional que sustituya la que presentó Morenés hace un lustro, la estructura del Presupuesto de defensa para 2019 y su aparente disposición a reducir las partidas de su Departamento en favor de la Sanidad o Educación sugieren lo contrario.

Sin entrar a valorar este último punto, sí convendría hacer un pequeño inciso sobre estos compromisos de gasto. El Gobierno no ha realizado ninguna inversión, sino que suscribirá un contrato –una vez se garantice la reserva de crédito– con las empresas para que produzcan estos materiales, cuya recepción y entrada en servicio se dilatará algo más de una décadaY, mientras esto no suceda, su financiación se realizará mediante pagos aplazados con anticipos a cargo del Ministerio de Industria.

Este modelo se planteó a mediados de la década de 1990 como una solución eventual para garantizar la obtención del nuevo material militar (que continuamos pagando en la actualidad) en un periodo de crisis económica y debía haberse reemplazado tan pronto aumentara la liquidez del Ministerio de Defensa. No obstante, esta fórmula –que los distintos ejecutivos han conservado porque permitía mantener el Presupuesto militar artificialmente bajo y, así, evitar tomar cualquier decisión que pudiera generar controversias políticas mientras pasaban la responsabilidad a los sucesores que tuvieran que hacer frente a la recepción de los materiales– se ha mantenido intacta hasta hoy.

Este sistema es uno de los principales responsables de la inviabilidad económica de nuestra programación de Defensa, con una deuda pendiente que asciende a más de 14.000 millones de euros, a los que probablemente se sumarán los 12.000 millones comprometidos por Robles. En otras palabras, estamos asumiendo una cuantiosa hipoteca que no sabemos cómo pagar, que algunas de las soluciones de contingencia (como valerse de reales decretos para pagar las deudas) fueron anuladas por el Tribunal Constitucional porque los pagos podían calendarizarse, los gobiernos son renuentes a tramitarlos de la forma más lógica (vía Presupuestos) para no incrementar el gasto militar y no parece existir voluntad política para tramitar una ley de programación. Y, sin solventar ninguno de estos problemas, firmaremos una nueva hipoteca que tampoco sabemos cómo pagar ni tampoco a cuánto ascenderá la factura final.

Además, en el próximo lustro otros sistemas llegarán al límite de su vida operativa –especialmente, los aviones de entrenamiento, de patrulla marítima y cazabombarderos– y deberá plantearse su reemplazo.

Paralelamente, varias de las plataformas que ahora se han comprometido se seleccionaron años atrás, bien porque apoyaban el mantenimiento de una capacidad militar o bien porque constituían la sustitución lógica de otros sistemas más anticuados pero sin una finalidad clara. Sin embargo, no puede descartarse que, cuando entren en servicio, algunas de ellas hayan quedado superadas por innovaciones disruptivas, no sean las más adecuadas para un entorno operativo en constante evolución o que se hayan identificado otras capacidades más prioritarias. Y todo ello sucederá en un escenario financiero que arroja pocas esperanzas, por lo que se debería ser muy consciente de lo que ello puede implicar y de las dolorosas decisiones que deberán tomarse. Además, también observaremos –como ya sucedió en los años anteriores– que se reducirá el sostenimiento de los sistemas que ya están en servicio en beneficio de la inversión, acortando a su vez la vida útil de otras plataformas.

Para otro artículo dejaremos los aspectos relacionados con el urgente replanteamiento de la Defensa nacional debido a la necesidad de superar el paradigma mental de la Guerra Fría, evaluar los efectos estratégicos que se están produciendo en la estructura de poder internacional e identificar el cambiante entorno de riesgos y amenazas que pueden afectar directamente nuestro país.

Pero, mientras el mundo está en plena transformación, nuestra Defensa permanece atrapada en el tiempo, repitiendo los mismos errores del pasado que nos han llevado a la situación actual e hipotecando el futuro con grandes sistemas de armas que no podemos sufragar y difícilmente podremos mantener, mientras descuidamos capacidades que, quizás, serán más importantes en los años venideros. Sin un marco de inversión estable, un escenario económico previsible, un mínimo consenso político o una revisión en profundidad de las necesidades estratégicas terminaremos con un Ejército vacío y seguiremos anclados en tiempos pasados que, quizás, no fueron mejores.

Guillem Colom es Profesor de Ciencia Política en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), co-director de Thiber y miembro del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI) de la Universidad de Granada.

Este post ha sido publicado previamente en Agenda Pública - El País como parte de la colaboración existente entre GESI y Agenda Pública para analizar cuestiones relacionadas con seguridad y Defensa.